Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 160/179 y 381/421 la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nros 67/2017 y 68/2017 dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales enero 2012 a Febrero de 2014, Impuesto a las Ganancias período fiscal 2012, con más sus intereses resarcitorios y aplica multas con fundamento en el artículo 45 Ley 11.683.
Plantea la nulidad de las actuaciones. Afirma que si se analiza la resolución recurrida, se evidencia que no surgen elementos ni en los hechos ni en el derecho sobre los cuales pueda apoyarse la determinación del impuesto practicada por la AFIP DGI, ni la instrucción del sumario en cuestión. Ello atento no se aporta elemento alguno sobre los cuales pueda basarse la imputación penal en los términos del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificatorias), en tanto no se describen los hechos, ni el modus operandi, ni las acciones que habría desarrollado el sumariado para merecer sanción de tamaña gravedad.
Afirma que la resolución recurrida no aporta ni da detalles de los elementos tenidos en cuenta para aplicar la pretendida sanción. En función de lo expuesto, atento la falta de precisiones en relación a los hechos que motivaron la instrucción del sumario, y su correlación con las sanciones pretendidas, deberá declararse la nulidad de la vista conferida.
Agrega que, si bien la recurrente tuvo acceso a las actuaciones y obtuvo copia del informe final de inspección, del mismo surgen una serie de hechos que no se relacionan per se con la conducta típica enrostrada, prevista en el art. 45 de la ley 11683, puesto que no ha demostrado que exista una evasión determinada en el impuesto a las ganancias del período 2012 y en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales Marzo y Abril de 2012 y Diciembre de 2013, tal como pretende la AFIP DGI. Por lo cual tampoco corresponde la determinación impositiva, ya que no se dan los extremos exigidos por la legislación para la configuración del hecho imponible en el Impuesto a las ganancias e Impuesto al Valor Agregado.
En cuanto a la cuestión de fondo y con respecto al crédito con TRADIN ORGANIC USA, afirma que existen sobrados elementos de análisis para demostrar que las insignificantes diferencias de $ 3.681,32 en un crédito de un importe que resulta de diversas operaciones por un monto total que supera $ 1.300.000.-, se deben a diferencias de cotización, hecho que manifiesta quedará plenamente demostrado con la pericia contable que dice propondrá y, con los elementos existentes en el expediente, se determinará correctamente el saldo indicado. Con respecto a la deuda con el BANCO DE GALICIA, alega que la resolución recepta parcialmente las explicaciones brindadas, y no da ningún tipo de explicación de cuales son la diferencias que no ha podido verificar por lo que adjunta nuevamente las pruebas acompañadas y transcribe los fundamentos expresados en la contestación de la vista para una mejor interpretación en el momento del análisis.
Destaca que lo expresado en los considerandos de la resolución y en los argumentos del informe de inspección, no son coincidentes con la realidad, a efectos de poder dejar perfectamente aclarada la situación que plantea, adjunta detalle "DE LA APLICACIÓN Y COBRANZA DE LOS CHEQUES DIFERIDOS", es decir detalle de los Proveedores que recibieron los cheques diferidos que la Afip ajusta – y en ese detalle dice se observa orden de pago relacionando factura y número de cheque, amen de los datos del proveedor; también aclara que en ese detalle donde dice Foja, se refiere a la fs. del expediente de inspección donde está el extracto del banco en el que figura el pago del cheque, entiende que este medio de prueba es indubitable.
Manifiesta que es imperioso destacar que a fs. 429 del cuerpo 2 de ganancias en el informe final de inspección se expresa que... “de las deudas financieras detalladas en el Banco Galicia correspondiente a los cheques diferidos se encuentran detallados cheques de composición de la deuda, informados por el proveedor como composición de la deuda"... Afirma que esto no es como lo plantea inspección ya que los cheques en cuestión en la contabilidad de Reygraz deben estar como valores al cobro y nunca podrán netearse como pretende inspección, concluyendo que por lo expresado la deuda con esta firma es correcta y no corresponde ningún tipo de ajuste, por lo que deberá refornularse la determinación nuevamente. Resalta que el crédito de REYGRAZ INTERNACIONAL S.A. fue revertido el ajuste propuesto en la vista por la resolución que se apela, por ello entiende que se deberá valorar nuevamente las pruebas ofrecidas para arribar a una determinación correcta que garantice el resultado objetivo. En lo referido al crédito con el señor Francisco Prado, alega que es de fundamental importancia resaltar nuevamente la escasa valoración de las pruebas aportadas, que indica la misma resolución que son diversas, entre ellas hay certificaciones de profesionales en Ciencias Económicas debidamente legalizadas por sus respectivos consejos profesionales.
Destaca que las respectivas certificaciones indicadas, dan fe publica de lo referido en las mismas. Para obviarlas se debería fundamentar su inconsistencia, cosa que en autos no se ha expresado, ni analizado su contenido de lo que surge de la resolución que se apela por la presente. Sostiene que el representante de la Administración no entendió procedente analizarlas siquiera, documentación de tanta importancia, ya que se está certificando los montos que surgen de las respectivas contabilidades de las empresas vinculadas en esta operatoria. Destaca que al momento del análisis, entre las empresas Jugos del Sur S.A. y ADETECH S.A. nunca existió relación comercial alguna, por ello de ninguna manera esos fondos pueden ser considerados como gravados en este impuesto por ventas omitidas, ya que para pretender aseverar tal situación se debería proceder a demostrar la venta respectiva, hecho que no se ha probado por parte del organismo. Sin embargo, existen diversos motivos para probar la existencia de la deuda de Adetech S.A. con el señor Prado, lo que sí ha quedado probado es que la documentación que respalda esta situación no fue ni siquiera merituada por el organismo.
También se refiere a que no se aportaron Actas de ADETECH S.A. donde conste que el resto de sus socios decidan endeudarse con el señor Prado. Al respecto destaca que tomar deudas es un acto de administración que puede tomar la propia administración sin necesidad de autorización expresa del resto de los socios, ya que nada dice el estatuto social al respecto. No obstante ello, existe acta de directorio donde se dispone aceptar tal endeudamiento, por ello dentro de las pruebas manifiesta que se solicitará se oficie a ADETECH S.A. para que acompañe copia certificada de la misma, ya que los libros contables se encuentran en pruebas de otros trámites y no se disponen en este momento.
Alega que si se hubiera investigado el mayor de la cuenta de préstamos y/o aportes efectuados por el señor Francisco Prado, sí hubiera surgido que tales importes ingresaron al Banco Galicia de la sociedad y que en todos los casos esos fondos provienen de la sociedad JUGOS DEL SUR S.A., que como ya se dijo el señor Prado es socio y director. A efectos de demostrar esta situación se adjunta detalle de los fondos recibidos por ADETECH S.A. desde la firma JUGOS DEL SUR S.A. con certificación contable realizada por el Dr. Claudio A Achino en fecha 06 de Setiembre de 2016 y legalizada por el Consejo Profesional respectivo (de la que se acompaña copia simple por estar el original en la contestación de la vista del articulo 17 de la ley 11.683), donde sí se verifican los montos informados con los extractos de ese banco que obran en el cuerpo de la inspección se ve que todos esos montos son coincidentes.
Sostiene que también se adjunta el mismo detalle de los fondos enviados por JUGOS DEL SUR S.A. con todas las indicaciones y referencias de las Operaciones realizadas, con certificación contable realizada por el Dr. Francisco R. Guillen fecha 06 de Setiembre de 2016 y legalizada por el Consejo Profesional respectivo (de la que se acompaña copia simple por estar el original en la contestación de la vista del artículo 17 de la ley 11.683), donde los montos indicados son coincidentes con la certificación de ADETECH S.A. y con lo correspondiente al banco de Galicia también.
Respecto del IVA correspondiente al período enero a diciembre de 2013, se fundamenta la diferencia en que las acreditaciones bancarias superan a las ventas declaradas. Afirma que esta depuración no se corresponde con la realidad y por lo tanto se impugna en su totalidad, ya que la diferencia que existe se corresponde con los depósitos originados en anticipos por inversiones realizadas por la firma “Arbis SA”.
Afirma que durante el ejercicio 2013 la empresa Arbis SA cuyo presidente es el Sr. Francisco Prado asistió financieramente a la empresa Adetech SA en la forma e importes que se hallan informados en la certificación que acompaña.
Con respecto a la aplicación de multas por el art. 45 afirma que sin que exista una determinación del hecho imponible probado y determinado en la forma de liquidación del impuesto, de su ingreso, como así del sistema de presentación de declaraciones juradas, donde estén configurados los dos aspectos que resultan imprescindible, la presencia concurrente de los dos elementos mencionados (aspecto objetivo y aspecto subjetivo) para que se encuentren configurado el ilícito y sea posible la aplicación de sanción. Considera que es improcedente la aplicación de multas al caso de marras.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 192/204 y 410/421vta el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar manifiesta que la recurrente no ha aportado en todo el tiempo de la fiscalización, ni en esta instancia en la que intenta la revocación del acto resolutivo en crisis, ningún elemento probatorio idóneo que permita acceder a la convicción de que ha actuado con un total acatamiento a las normas que regulan su actividad. Alega que el acto administrativo en crisis es fruto de un proceso de fiscalización y determinación de deuda en el que se han visto observadas todas las instancias legalmente establecidas y todas las garantías que hacen al derecho de defensa de la administrada. En efecto, y como surge concretamente de los mentados antecedentes, la actora ha sido debidamente notificada de todas las actuaciones que se encontraban desarrollando los funcionarios fiscales en el marco de la inspección de que era objeto, habiendo visto plenamente respetado el derecho de defensa.
Asimismo destaca que de la lectura del acto administrativo apelado surge una acabada fundamentación de las causas y motivaciones que han llevado al Fisco Nacional a determinar la deuda en concepto de Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado, reuniendo de esta manera, todos los elementos que, para su validez, consagra la Ley de Procedimientos Administrativos.
Alega que para que un acto administrativo pueda ser invalidado por vicios que traigan acarreada su nulidad, el mismo debe carecer de alguno de los requisitos constitutivos del mismo, a punto tal de afectar los derechos de aquellos a quienes involucra.
En lo relativo al crédito con TRADIN ORGANIC USA señala que la actora manifestó que la diferencia detectada puede deberse a diferencias de cotización pero no aporta ninguna documentación a fin de respaldar sus dichos, por lo que se ratificó la proyección efectuada en la vista conferida.
Señala que en cuanto a la deuda declarada con PARKEY SA., a pesar de que en virtud de las inconsistencias detectadas, no pudo verificarse que la diferencia corresponda a adelantos sobre la factura Al-321, se observó en los resúmenes bancarios que PARKEY S.A. le depositó a ADETECH S.A., en los meses octubre y diciembre de 2012, dos cheques de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) y PESOS CIEN MIL ($ 100.000)
respectivamente, cuya sumatoria resulta coincidente con la diferencia reclamada, por lo que se consideró correcto el monto del pasivo declarado por la contribuyente, revirtiéndose el ajuste proyectado oportunamente. En referencia al pasivo declarado con REYGRAZ INTERNACIONAL S.A. manifiesta que se analizó nuevamente su composición, observando que no habían sido duplicados los cheques diferidos y que la pequeña diferencia subsistente se debe a que ADETECH S.A. registró una factura del 2012 en el 2013, por lo cual se revirtió el ajuste proyectado oportunamente.
Respecto a la deuda BANCO DE GALICIA, la recurrente aportó junto a su defensa el detalle de la aplicación y cobranza de la mayoría de los cheques diferidos y su documentación respaldatoria, los cuales fueron cotejados en los extractos bancarios obrantes en las actuaciones, por lo cual se corrigió el ajuste oportunamente proyectado en la medida de la documentación aportada.
En cuanto a la deuda con el Sr. Francisco PRADO, aportó en sede administrativa diversa documentación tendiente a demostrar la procedencia de los fondos aportados a ADETECH S.A. por parte de este socio pero no aportó Actas de Asamblea y/o Directorio de la empresa JUGOS DEL SUR S.A. -de la cual provendrían los fondos- en las que se haya tratado la necesidad de adelantar honorarios al Sr. PRADO o actas de ADETECH S.A. en las que el resto de sus socios decidan endeudarse con el Sr. PRADO.
Alega que tampoco aportó los Estados Contables de JUGOS DEL SUR S.A a fin de su cotejo con la declaración jurada presentada y para verificar la existencia del crédito con el Sr. PRADO y, a pesar de que en su defensa, ADETECH S.A. indica que JUGOS DEL SUR S.A presentó su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias el 29 de abril de 2013, se observa en los sistemas informáticos de la Administración, que el 14 de octubre de 2016 dicha empresa presentó declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2012 y que en el Detalle de Nóminas tanto de la declaración jurada original como en su rectificativa, no incluye ningún crédito con el Sr. PRADO.
Al respecto, afirma que se puso de resalto que nadie mejor que el propio Sr. Francisco PRADO, conoce el concepto y magnitud de los créditos a su favor con ADETECH S.A., y a pesar de ello, a la fecha del dictado del acto determinativo en crisis, continuaba sin presentar las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias, por lo que no pudo verificarse la existencia del Pasivo exteriorizado por ADETECH S.A. en el periodo fiscal 2012. En relación al período fiscal 2013, sostiene que si bien la actora manifestó que las diferencias entre las acreditaciones bancarias depuradas y las ventas declaradas en el período fiscal 2013, corresponden a depósitos originados en anticipos por inversiones realizadas por la firma Arbis SA contabilizados en esta última como Acredores varios, no aporta documentación alguna que permita relacionar que los depósitos en efectivo que aparecen en los extractos bancarios, efectivamente provengan de la firma Arbis SA, ni Actas de Asamblea y/o Directorio de la firma en la que se haya decidido invertir en Adetech Sa, y en su caso, la finalidad de la supuesta inversión ni los Estados Contables de la empresa.
Destaca la absoluta legalidad que refleja la aplicación de intereses resarcitorios en el supuesto determinativo de marras y el cálculo que de los mismos se ha realizado, en los términos del art. 37 de la Ley de Procedimiento Fiscal, lo que a todas luces indica la procedencia de su confirmación, con costas.
En cuanto a la conducta desplegado por la actora respecto del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2012 e Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales marzo y abril de 2012, el ilícito de omisión de impuesto previsto en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) requiere la concurrencia de dos aspectos, uno objetivo que se configura con la omisión del pago de impuestos, ya sea mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas o mediante la presentación de las declaraciones juradas inexactas, y otro subjetivo, que está dado por la existencia de culpa o negligencia en el accionar atribuible a la recurrente.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. A fs. 443 se celebra la audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la Ley 11683, texto según Ley N° 27.430, donde se resuelve abrir la causa a prueba ordenándose producir prueba informativa y pericial contable. A fs. 450 se da por decaído el derecho a producir las pruebas informativas a Jugos del Sur SA, Arbis SA y la prueba pericial contable ordenada y no producida. A fs. 453 se clausura el período de instrucción y se elevan los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 460 se llaman los autos a sentencia.
IV. En cuanto a los planteos de nulidad articulados por la actora, cabe señalar que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. En este sentido la doctrina de nuestro más Alto Tribunal (fallos 205:549; 247:52; 267:393, entre otros) ha expuesto que “cuando la restricción de la defensa ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esta restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional procura de justicia”. Que es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que a raíz de la fiscalización se constató que la actividad principal declarada ante la Administración Federal es la prestación de servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p., siendo su código el 742109 y declara además, como actividades secundarias la realización de actividades especializadas de construcción (código 439990) y la elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres (código 103020). Cierra sus ejercicios comerciales en el mes de diciembre de cada año. A raíz de la auditoría fiscal practicada, se analizó documentación obtenida de los sistemas informáticos de la Dirección General, de circularización a proveedores, clientes y bancos y aportada por la contribuyente. De la comparación de las respuestas brindadas por sus clientes se observó que la actora declaró un crédito con TRADING ORGANIC USA inferior al informado, por lo que se incrementó su importe por la diferencia detectada.
Respecto a la deuda declarada con PACKEY S.A. la recurrente aportó órdenes de pago mediante las que pretende probar que realizó adelantos de dinero sobre la factura A1-321. Sin embargo, se observó que una de las órdenes de pago que hace referencia a la factura AI-321 es de fecha anterior a la autorización de impresión de la citada factura, por lo que a la fecha de la orden de pago no podría conocerse el número de la factura ya que no se había solicitado autorización para imprimirla.
Por otra parte, en la mayoría de las órdenes de pago que aportó no indica el modo de pago. Además, en la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias 2012 presentada por PACKEY S.A. el 30 de septiembre de 2012, se observó que no declara ningún crédito con ADETECH SA, sino un pasivo financiero y no ha presentado declaración jurada de Impuesto a las Ganancias por el periodo 2013. Por lo expuesto se determinó un incremento patrimonial no justificado por la diferencia entre el pasivo declarado con PACKEY S.A. y su saldo inicial. Respecto del pasivo declarado con RALDAS S.R.L., este proveedor informó mediante circularización un monto levemente superior que el registrado por la contribuyente, por lo que se consignó el monto informado. Respecto del pasivo declarado por la actora con REYGRAZ INTERNACIONAL S.A., se observó que ADETECH S.A., registra y declara como deudas comerciales un monto menor que el informado por el proveedor circularizado. Sin embargo, dentro de las deudas financieras declaradas con el BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. correspondientes a cheques diferidos, se encuentran detallados cheques de REYGRAZ INTERNACIONAL S.A., informados por esta firma como composición de la deuda de ADETECH SA.. Por lo tanto, estos cheques diferidos se consideraron dentro del monto de pasivo declarado con este proveedor, impugnándose la diferencia subsistente.
Del detalle de la deuda financiera aportado por la recurrente, surge que se compone de cheques diferidos y transferencias bancarias originados en el 2012. Del análisis de la documentación aportada (órdenes de pago y facturas) y lo informado por los bancos circularizados en los resúmenes bancarios posteriores al cierre del ejercicio 2012, copia del anverso y reverso de una muestra de los cheques diferidos, y de lo informado por proveedores circularizados, se constató la correspondencia de una parte de los cheques diferidos. Respecto al resto de los cheques diferidos detallados, no aportó documentación de respaldo de haber sido emitidos con anterioridad al cierre del ejercicio y además se verificó la duplicación de la deuda comercial con REYGRAZ INTERNACIONAL S.A., ya que como se expuso en el párrafo precedente, esta deuda comercial se conforma en parte, con cheques diferidos incluidos en el detalle de las deudas bancarias aportado. Por lo expuesto se impugnó esta diferencia del pasivo declarado con el BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Además, en el rubro Otras Deudas, ADETECH S.A. incluyó una deuda a favor de su socio Sr. Francisco PRADO sin respaldo documental, ya que a fin de justificarla aportó un contrato de mutuo sin sellar y que carece de fecha cierta. Se constató además, que a la fecha en que supuestamente había firmado dicho contrato, el Sr. PRADO carecía de fondos suficientes para prestar ese dinero.
Por lo expuesto, de la sumatoria de los conceptos detallados ut supra, se generó una diferencia patrimonial no justificada y, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 18, inciso f) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), se le adicionó un diez (10%) por ciento, en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, que se consideró ventas omitidas en el Impuesto al Valor Agregado y en Ganancias se incrementó en dicha medida el resultado declarado en el ejercicio 2012.
Respecto de los períodos fiscales enero a diciembre de 2013, se detectó que las acreditaciones bancarias depuradas superan las ventas declaradas en el impuesto al valor agregado por lo que la diferencia se consideró ventas omitidas determinadas en función de lo establecido en el artículo 18, inciso g) de la Ley 11683 (acreditaciones bancarias superiores a las cobranzas). Se deja constancia que el pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal.
Respecto al crédito con TRADING ORGANIC USA, manifiesta que la diferencia detectada puede deberse a diferencias de cotización pero no aporta ninguna documentación a fin de respaldar sus dichos, por lo que se ratifica la proyección efectuada en la vista conferida.
En cuanto a la deuda declarada con PACKEY S.A., a pesar de que en virtud de las inconsistencias detectadas, no puede verificarse que la diferencia corresponda a adelantos sobre la factura A1-321, se observó en los resúmenes bancarios que PACKEY S.A. le depositó a ADETECH S.A., en los meses octubre y diciembre de 2012, dos cheques de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) y PESOS CIEN MIL ($ 100.000)
respectivamente, cuya sumatoria resulta coincidente con la diferencia reclamada, por lo que se considera correcto el monto del pasivo declarado por la recurrente, revirtiéndose el ajuste proyectado oportunamente. En referencia al pasivo declarado con REYGRAZ INTERNACIONAL S.A., se analizó nuevamente su composición, observando que no habían sido duplicados los cheques diferidos y que la pequeña diferencia subsistente se debe a que ADETECH S.A. registró una factura del 2012 en el 2013, por lo cual se revirtió el ajuste proyectado en la vista conferida.
Respecto a la deuda con BANCO DE GALICIA, la recurrente aportó junto a su defensa el detalle de la aplicación y cobranza de la mayoría de los cheques diferidos y su documentación respaldatoria, los cuales fueron cotejados y verificados en los extractos bancarios obrantes en las actuaciones, por lo cual se corrigió el ajuste oportunamente proyectado en la medida de la documentación aportada.
En cuanto a la deuda con el Sr. Francisco PRADO, aporta diversa documentación tendiente a demostrar la procedencia de los fondos aportados a ADETECH S.A. por parte de este socio, pero no aporta Actas de Asamblea y/o Directorio de la empresa JUGOS DEL SUR S.A. -de la cual provendrían los fondos- en las que se haya tratado la necesidad de adelantar honorarios al Sr. PRADO o actas de ADETECH S.A. en las que el resto de sus socios decidan endeudarse con el Sr. PRADO.
Al respecto, se pone de resalto que nadie mejor que el propio Sr. Francisco PRADO conoce el concepto y magnitud de los créditos a su favor con ADETECH S.A., y a pesar de ello, no presentó las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias, por lo que no puede verificarse la existencia del pasivo exteriorizado por ADETECH S.A. en el periodo fiscal 2012.
VI. Que en lo relativo al ajuste efectuado en el Impuesto a las Ganancias corresponde señalar que el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en una determinación de oficio practicada por el Organismo Fiscal con fundamento en la presunción establecida por el artículo 18 de la Ley 11.683.
Que en primer lugar debe señalarse que atento lo expresado en el Consierando IV el Fisco Nacional revirtió los ajustes en cuanto a la deuda declarada con Packey SA y Reygraz Internacional SA. Por lo cual este tribunal está llamado a resolver aquí sobre la impugnación que formulara la AFIP respecto del crédito con Trading Organic SA, la deuda con Banco Galicia, la deuda con el Sr. Francisco Prado y las diferencias entre las acreditaciones bancarias depuradas y las ventas declaradas en el período fiscal 2013 por lo que se consideró ventas omitidas determinadas en función de lo establecido en el artículo 18, inc. g) de la Ley 11.683.
Que el legislador, ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo.
Que en lo relativo al crédito con Trading Organic SA, la recurrente manifiesta que la diferencia detectada obedece a diferencia de cotización sin aportar documentación de respaldo alguna dándose por decaído el derecho a producir la prueba informativa y pericial contable a fs. 450 circunstancia esta que resta sustento a sus dichos. Asimismo en cuanto a la deuda del Banco Galicia corresponde señalar que le asiste razón al criterio utilizado por el Fisco Nacional por cuanto corrigió el ajuste en la medida de la documentación aportada por la recurrente cotejando el detalle de aplicación y cobranza de los cheques diferidos y su documentación respaldatoria con los extractos bancarios, circunstancia esta que se verifica a fs. 432 Cuerpo III Impuesto al Valor Agregado, fs. 398 Cuerpo II Impuesto al Valor Agregado y el Cuerpo Anexo I Circularización a Bancos.
En efecto, del análisis de la documentación aportada, este Tribunal advierte que la conclusión a la que arriba el Fisco Nacional es correcta, toda vez que del detalle de aplicación y cobranza de cheques diferidos que aporta la actora, el Juez Administrativo aceptó las operaciones allí expuestas, corrigiendo el ajuste, salvo en 4 casos: Telmex Argentina, Dra. Cintia Guiretti x LF Cabrera A, José Miguel Savocca, Marlew SA. por el cheque N° 1934249. Al respecto se advierte que ni la propia recurrente individualiza en dicho detalle el N° de foja en que se encontrarían dichos cheques en los resúmenes de cuentas aportados y al igual que el Fisco Nacional, este Tribunal tampoco ha podido vincularlos con documentación de respaldo ni con los resúmenes bancarios.
En cuanto a la deuda con el Sr. Francisco PRADO, la recurrente no aporta Actas de Asamblea y/o Directorio de la empresa JUGOS DEL SUR S.A. -de la cual provendrían los fondos- en las que se haya tratado la necesidad de adelantar honorarios al Sr. PRADO o actas de ADETECH S.A. en las que el resto de sus socios decidan endeudarse con el Sr. PRADO.
Tampoco aportó los Estados Contables de JUGOS DEL SUR S.A. a fin de su cotejo con la declaración jurada presentada y para verificar la existencia del crédito con el Sr. PRADO y, a pesar de que en su defensa, ADETECH S.A. indica que JUGOS DEL SUR S.A. presentó su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias el 29 de abril de 2013, se observa en los sistemas informáticos de la Repartición fiscal, que el 14 de octubre de 2016 dicha empresa presentó declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012 y que en el Detalle de Nóminas tanto de la declaración jurada original como en su rectificativa, no incluye ningún crédito con el Sr. PRADO.
Asimismo, corresponde señalar que el Sr. Francisco PRADO no presentó las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias, por lo que no puede verificarse la existencia del pasivo exteriorizado por ADETECH S.A. en el periodo fiscal 2012. Asimismo corresponde señalar que la actora no instó la producción de prueba informativa y pericial contable dándose por decaído el derecho a su producción.
En relación al periodo fiscal 2013, si bien manifiesta que las diferencias entre las acreditaciones bancarias depuradas y las ventas declaradas en el periodo fiscal 2013, corresponden a depósitos originados en anticipos por inversiones realizadas por la firma ARBIS S.A., contabilizados en esta última como Acreedores Varios, no aporta documentación alguna que permita relacionar que los depósitos en efectivo que aparecen en los extractos bancarios, efectivamente provengan de la firma ARBIS S.A., ni Actas de Asamblea y/o Directorio de esta firma en la que se haya decidido invertir en ADETECH S.A. y, en su caso la finalidad de la supuesta inversión ni los Estados Contables de esta empresa.
Además, se observa que el monto de acreditaciones bancarias cuyo origen distinto a ventas pretende demostrar, son por un monto significativamente inferior al proyectado por la inspección.
Que en efecto, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que cabe destacar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos, al contribuyente que impugna las liquidaciones hechas en la Entidad Recaudadora le corresponde probar los errores que le atribuye.
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal, siendo esto último lo que no ha ocurrido en la especie.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Que como ya se ha dicho al respecto, “Quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (cfr. Fallos 331:881), básica regla que en la especie no podría ser dejada de lado, pues ni el carácter inquisitivo ni el principio de búsqueda de la verdad material que informan el procedimiento que se desarrolla ante este Tribunal implican o suponen negar su existencia, ya que aquellos principios hallan su límite en otros de similar gravitación como lo son el de la igualdad entre las partes en el proceso y el de imparcialidad del juzgador. Atento lo expuesto corresponde confirmar los actos apelados. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de la resolución en crisis.
Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente una multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental.
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto en su justa medida, ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
No obstante ello, con relación al quantum de las multas aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó las mismas en el 80% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales por infracciones materiales previos, razón por la cual se estima procedente reducir las mismas al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual. Atento lo expuesto corresponde confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.04.11 13:04:36 ART Date: 2022.04.11 16:34:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.12 09:29:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.12 09:29:12 -03:00
Fin de la sentencia