Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaReencuadrar la conducta de la apelante en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), graduada en un tercio de su mínimo legal, costas en el orden causado.
I. Que, a fs. 28/43 la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76, inc. b) de la Ley N.°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución S/DI RMEN/537786/18, dictada el 27 de julio de 2018, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se resolvió aplicar una multa en los términos del artículo 46 y 47 inc. b de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), equivalente a un tercio del mínimo legal, en relación al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales julio a noviembre de 2016; enero, febrero, marzo y mayo de 2017.
Indica que, conforme a los proveedores impugnados: Marioti Gabriel-Peralta Carlos -Espinosa Liliana, Grupo INV. D.M.M. S.A.-Vargas Iris-Cofran S.A. – Fernandez Jorge Daniel- Nina S.A., es necesario recalcar que, al momento de contratar con ellos, SERVICIOS PINSAN SA, realizó la consulta a la base APOC de AFIP, y los mismos no se encontraban incluidos, prueba de ello que acompaña a la causa, donde surge que han sido incluidos mucho después de que emitieran las facturas cuestionadas.
Sostiene que, todas las operaciones fueron relevadas por la empresa al momento de contratar, es decir, se verificó la veracidad de los mismos a través de su inclusión en la misma, fue con posterioridad a la factura emitida, de acuerdo a la instrumental que acompaña a la causa. Esgrime que todas las operaciones están respaldadas bancariamente y cumplen con todos los requisitos exigidos por ley. Indica que, sin perjuicio de lo expresado por la AFIP durante la fiscalización, el total de las operaciones declaradas con los proveedores referenciados, son reales.
Manifiesta que, si se pretende que los propios contribuyentes se transformen en fiscalizadores de sus proveedores, se debería seguir proyectos de reforma en relación con este tema, en donde el contribuyente en general se transforme en un verdadero agente de retención. Lo cierto es que la única, con facultades otorgadas por la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), es la AFIP-DGI, y es este órgano recaudador quien debe controlar la conducta fiscal de los proveedores, como en este caso, y no el propio contribuyente inspeccionado, o luego sometido a un proceso de determinación de oficio. Señala que, todos son contribuyentes que se encuentran legalmente inscriptos ante la AFIP-DGI con su N° de CUIT, de conformidad con la constancia de inscripción que como prueba documental se encuentran en el legajo de inspección. Esta aseveración tiene una gran importancia, debido a que la propia autoridad competente que le da el alta impositiva, que le otorga un número de código único de identificación tributaria, que reconoce el domicilio fiscal que le otorga una C.A.I. (clave de autorización de impresión de facturas), es la misma que la impugna.
Expresa que, las operaciones realizadas con los contribuyentes señalados son reales, no revistiendo las mismas el carácter de apócrifa, y por lo tanto no puede encuadrarse la conducta de SERVICIOS PINSAN S.A., dentro de las previsiones del art. 46 y 47 inc b) de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
Indica que, notificada la instrucción, se alegó la defensa correspondiente y solicitó el cambio de encuadre por el establecido art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, debido a que, si bien ha existido la presentación de la declaración jurada rectificativa voluntariamente, no se cumplen los requisitos o elementos tipificantes de la figura de defraudación prevista por el art. 46 de la Ley 11.683.
Cita jurisprudencia, formula reserva del caso federal. Finalmente, solicita el encuadre legal dentro de las previsiones del artículo 45 de la Ley 11.683.
II. Que, a fs. 63/76vta se presenta el Fisco Nacional contestando el recurso interpuesto.
Indica que, el ajuste detectado provocó la aplicación de la multa discutida en autos, la que surge de las irregularidades verificadas, en donde se consignaron declaraciones inexactas en las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales julio a noviembre de 2016, enero, febrero, marzo y mayo de 2017. Verificando que, SERVICIOS PINSAN S.A. es usuaria de facturas de proveedores apócrifos.
En dicha verificación, se permitieron detectar la existencia de operaciones realizadas con los proveedores apócrifos: Mariotti, Gabriel; Peralta Carlos; Espinosa, Liliana; Grupo Inv. D.M.M. S.A.; Vargas, Iris; Cofran S.A.; y Fernandez, Jorge Daniel, por un total de $280.613,26.
También se detectaron operaciones con otro proveedor apócrifo: NINA S.A., por un total de $149.367,18. Señala que, a raíz de las irregularidades detectadas, se procedió oportunamente a confeccionar acta de fiscalización, comunicando los ajustes verificados al Sr. Hugo Nuñez en su calidad de presidente de SERVICIOS PINSAN S.A. Ante las inconsistencias, procedió a rectificar las declaraciones juradas del impuesto y por los auditados, conformando las actuaciones realizadas.
Indica que, al tratarse de graves irregularidades, reconocidas por SERVICIOS PINSAN S.A. en sus declaraciones juradas rectificativas, admite las correcciones efectuadas por el Fisco Nacional, reconociendo haber presentado declaraciones primitivas que no se correspondían en su calidad económica.
De esta manera se encuentra el aspecto material de la infracción imputada, en las previsiones de los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683.
Manifiesta que, SERVICIOS PINSAN S.A. intentó reducir su base imponible del tributo, a través de la utilización de facturas apócrifas. Indica que, el origen que da a la presente sanción ha sido expresamente aceptado por la contribuyente, habiendo presentado las correspondientes declaraciones juradas rectificativas.
Sostiene que, la contribuyente no dudó en rectificar sus declaraciones juradas y reconocer los ajustes detectados, pero ahora intenta desconocer lo actuado y abstraerse de la obligación de hacerse cargo de la sanción que le es aplicable, en virtud de del ilícito cometido, vulnerando con su accionar la doctrina de los actos propios, que ella invoca en su descargo. Conforme a lo argumentado por SERVICIOS PINSAN S.A., en referencia a la fecha de la incorporación a la base APOC de los proveedores impugnados, se puede observar en algunos casos, que la fecha de incorporación resulta posterior a la de la emisión de las facturas impugnadas.
Ello obedece que, como consecuencia de los continuos procesos de fiscalización por la AFIP, en cabeza de los usuarios de las facturas de compra , el alta en la base es un acto posterior, que surge como consecuencia de las tareas necesarias para merituar la veracidad de las operaciones y en su caso la incorporación en la base APOC, la verificación de la maniobra comprobada de utilización de comprobantes de compra carentes de veracidad material por parte del sujeto (cliente) usuario de los mismos.
Explica que, en algunos casos, respecto de un mismo proveedor apócrifo, existen sucesivas fechas de actualización de la referida base, toda vez que, nuevos procesos de fiscalización permitieron la ratificación de las causas y con ello retroalimentan la información de la base de datos.
Señala que, la base APOC, constituye una herramienta del Organismo sin tener carácter determinativo en cuanto al carácter apócrifo de los contribuyentes, por lo que se encuadra en cabeza de la fiscalizada acreditar la veracidad de las operaciones cuestionadas, lo cual no ha acontecido, por el contrario, conformó los ajustes de inspección basados en la mencionada aprocrifidad.
Indica que, las operaciones observadas no fueron justificadas por SERVICIOS PINSAN S.A., toda vez que no ha aportado pruebas demostrando la improcedencia del ajuste, sino que, por el contrario, conformó la liquidación practicada, reconociendo de esa manera las causas que motivaron el ajuste.
Como señala el acto administrativo, al habérsele solicitado a SERVICIOS PINSAN S.A. que aportara la documentación respaldatoria de las operaciones observadas, solo se limitó a exhibir los registros de IVA compras, no aportando ningún otro tipo de documentación de respaldo de cancelación de las mismas.
Indica que, el hecho que las declaraciones juradas rectificativas hayan sido presentadas luego del inicio de las tareas de fiscalización, no fue meramente “casual” pues- de así haber sido- SERVICIOS PINZAN S.A., las habría presentado sin atender las observaciones de la inspección. En efecto, no hay manifestación más cabal de la legitimidad del ajuste propuesto por la inspección que formular la declaración jurada en ese sentido.
Concluye diciendo que la voluntad de SERVICIOS PINSAN S.A., se perfiló a aternizar la maniobra en la clandestinidad y que dicha intención fue neutralizada por la intervención administrativa.
Manifiesta que, dirigió su intencionalidad hacia la omisión ardidosa de ingreso del tributo debido, provocando su propio enriquecimiento y el correlativo perjuicio patrimonial del Fisco Nacional.
Indica que, ante la observación de esas facturas por parte de la inspección, confirmó la pretensión fiscal. Destaca que, ni en el descargo sumarial, ni al interponer la demanda, aportó prueba alguna para desbaratar la presunción legal del dolo fiscal imputado.
Señala que el reencuadre de su conducta en los términos del art. 45 de la ley de rito, resulta improcedente, toda vez se observa la existencia de una maniobra ardiosa desplegada con intencionalidad provocando un daño en las cuentas fiscales. Cita jurisprudencia, acompaña las actuaciones administrativas, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, en virtud de la ampliación efectuada por la Ley 27.562 a la Ley 27.541 y siendo que la recurrente apela en las presentes actuaciones exclusivamente una sanción de multa, mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) aprobada mediante Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 (IF-2020-60084748- -APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- -APNTFN#MEC – B.O. 11/09/2020) se intima al Fisco Nacional a fin de que informe a este Tribunal si dicha sanción se encuentra alcanzada por los beneficios de la citada normativa (vide PV-2020-77495734-
APN-VOCVI#TFN).
Mediante RE-2020-80897353-APN-SGAI#TFN (conf. fs. 87/88 de las presentes actuaciones) la representación fiscal contesta la intimación cursada indicando que, conforme lo informado por el área competente de la AFIP-DGI, el contribuyente SERVICIOS PINSAN S.A. no ha regularizado las obligaciones fiscales conformadas, encontrándose impagas, no siendo de aplicación los beneficios establecidos por el art. 12 de la Ley 24.541 y sus modificaciones. Por su parte, mediante PV-2021-124431955-APN-VOCVI#TFN, este Tribunal dispuso correr vista a la recurrente de lo manifestado por el Fisco Nacional la cual no fue contestado por la parte actora.
IV. Que, habida cuenta de la manifestación efectuada por la representación fiscal respecto de la inaplicabilidad al caso de los beneficios de la Ley 27.541 por no encontrarse pago el impuesto que originó la presente sanción, la vocalía instructora dispuso continuar con la tramitación de los presentes actuados según su estado, notificando de ello a las partes. Una vez firme dicha providencia, no existiendo prueba a producir en esta instancia, inmediatamente se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, y seguidamente se pasan los mismos para sentencia.
V. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada en las presentes actuaciones. Ello así, surge del informe final de inspección (vide fs. 10/14 de las actuaciones administrativas que corren por cuerda) que el caso se origina según consulta de “usuarios de facturas apócrifas” siendo la recurrente, a entender del Fisco Nacional, uno de los distintos responsables, usuario de las mismas.
Señala que la recurrente es una persona jurídica que en el período verificado tenía como actividad principal “servicios personales”. Surge que “en el sistema e-fisco por el período a fiscalizar determinándose que el contribuyente había presentado las DDJJ del impuesto que nos ocupa en tiempo y forma (…) con relación al débito fiscal se procedió a controlar la correlación de las facturas registradas en los libros IVA Ventas de los meses solicitados y aportados por la contribuyente, además se verificó que los totales mensuales registrados son coincidentes con los montos declarados en las DDJJ de IVA presentadas, no habiendo observaciones que formular”.
Señala respecto de los créditos fiscales registrados en los Libros de IVA Compras con los declarados en el Impuesto al Valor Agregado, por cada período fiscal verificado que se detectaron créditos fiscales declarados de las facturas apócrifas y registrados en el libro IVA Compas correspondientes a: Mariotti, Gabriel; Peralta Carlos; Espinosa, Liliana; Grupo Inv. D.M.M. S.A.; Vargas, Iris; Cofran S.A.; y Fernandez, Jorge Daniel, por un total de $280.613,26 (...) Además se detectaron facturas de los siguientes proveedores: NINA S.A., por un total de $149.367,18. No surgiendo ningún otro detalle respecto de los proveedores involucrados.
Que, cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Tal como como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
En el particular, el Fisco Nacional aplica la presunción del art. 47 inciso b) de la ley de procedimiento fiscal, sin embargo, en los presentes actuados se encuentra una escueta descripción fáctica relacionada con las operaciones impugnadas, señalándose meramente que se impugnan las facturas con ciertos proveedores por ser apócrifos -base APOC-, sin explicar las razones ni fundar la calificación. Ello no permite advertir la existencia de un contexto concatenado de indicios serios, precisos y concordantes como para poder evaluar la razonabilidad y pertinencia de la calificación del proveedor como “apócrifo”.
Tampoco surge del informe de inspección ni de la resolución apelada una explicación acerca de la maniobra adidosa desplegada por la recurrente ni se formulan aprciaciones sobre la configuración de los hechos que sustente la presunción del art. 47 ley 11.683 (t.o. 1998) invocada en la especie.
El elemento intencional no puede inferirse sólo invocando el hecho de que la actora computó en forma improcedente los créditos fiscales provenientes de compras a proveedores observados presuntamente apócrifos. Concretamente no se evidencian en las presentes actuaciones los elementos que el Fisco Nacional tomó en consideración para calificar de apócrifo a tales contribuyentes.
VII. Que, no obstante, ello no implica que la conducta de la recurrente quede impune. La contribuyente ha aceptado su omisión en el ingreso debido del gravamen en cuestión, ello mediante la aceptación de los ajustes fiscales con la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, sin que en el caso se verifique la existencia de un error excusable de entidad suficiente como para eximirse de la sanción prevista en el artículo 45 de la ley 11683 (t.o. 1998). Ello así, corresponde reencuadrar de oficio la conducta de la recurrente en la infracción prevista en esa norma legal, en un tercio de su mínimo legal, de conformidad con lo establecido en el art. 49, primer párrafo de la Ley N° 11.683 (t.o. vigente a la fecha de la comisión de la infracción).
En cuanto a las costas, en atención a las particularidades de la presente causa, corresponde imponerlas en el orden causado (cf. art. 184 último párrafo in fine, ley 11.683).
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Reencuadrar la conducta de la apelante en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), graduada en un tercio de su mínimo legal, costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2022.11.14 17:18:26 ART Date: 2022.11.15 13:44:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.15 15:36:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.15 15:38:36 -03:00
Fin de la sentencia