Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 21/26 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 63/2018 (DV RRII P) dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2010 a 2015, con más sus intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en el artículo 46 y 47 inc. c) y d) Ley 11.683. En primer lugar plantea la nulidad del acto recurrido, sostiene que la actora tuvo un acceso limitado y parcial al expediente administrativo, y que numerosas notificaciones cursadas a su domicilio fiscal (aquellas que fueran consignadas como de imposible entrega) en verdad jamás estuvieron ni remotamente cerca de ingresar a su esfera de conocimiento, por lo que la totalidad del proceso se encuentra viciado y trunca la motivación del acto. La actora plantea la prescripción del período fiscal 2010, señala la inexistencia de actos suspensivos o interruptivos anteriores al 1/1/2017, razón por la cual sostiene que debe declararse la prescripción de toda acción con respecto al periodo 2010. Argumenta que no existe solución distinta dentro del ordenamiento jurídico vigente.
Afirma que la totalidad de la suma que el Fisco determina como un incremento patrimonial no justificado ($764.272) es el resultado de distintas donaciones recibidas del extranjero (el contribuyente es nacional de la República del Líbano) como también el fruto de un ahorro producto de actividades desarrolladas en el extranjero; en concreto, se trata de una operación de compraventa inmobiliaria celebrada en el año 2009 en la ciudad de Tripoli, República del Líbano; por las características de la región, y la realidad socioeconómica de aquel país, genera que el pago de la operación deba fraccionarse: de allí que parte del capital se haya recibido (dada la participación del contribuyente en el inmueble) oportunamente (y así fuera declarado), y luego, a partir del periodo 2011, la remisión de lo restante fuera a través de donaciones efectuadas por el resto de los participantes de la operación, habida cuenta de la relación comercial anterior. La operación, de importante volumen, fue concertada con el comprador Ali Ramez.
Señala que las medidas de prueba propuestas constituyen un indubitable ejercicio, a la vez que una garantía, del derecho a defensa en juicio y al debido proceso; el contribuyente asigna a las mismas el carácter de esencial acto a los efectos de demostrar la realidad de los hechos.
Manifiesta que con respecto a las deducciones que fueran realizadas con motivo de los pagos cursados a obra social y prepaga por el conjunto del grupo familiar de este contribuyente (esposa e hijos), concretamente, al programa de salud del Hospital Aleman, se incluye documental que respalda el carácter de asociado y se requiere se libre oficio a dicha entidad a los efectos que informe a este expediente la totalidad de pagos realizados durante los periodos en referencia.
Con respecto al resultado exento como diferencia por operaciones de cambio, afirma que el contribuyente resalta que la exención no fue rebatida por el Fisco, como así tampoco los montos; meramente se limitó a declarar que la documentación no había sido acompañada, cuando, en verdad, dicha información, en virtud de lo declarado por la recurrente, ya obra en el registro de la Administración. Destaca que estos fondos, además de exentos, son los mismos que el Fisco desestimara como exentos por su carácter de donación: así las cosas, el Fisco incurre en acto evidentemente inconstitucional, ya que pretende que se tribute dos veces, por el mismo periodo y el mismo tributo, por el mismo hecho.
Se agravia en cuanto a la sancion aplicada, sostiene que no hay motivo ni remotamente suficiente para decretar con razón que hubo dolo de su parte, o que, de corresponder, la sanción aplicable puede ser otra que aquella determinada por el articulo 45 de la ley 11.683.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 36/56 el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar manifiesta que respecto al planteo de prescripción de la recurrente resulta preciso indicar que contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la suspensión del plazo de la prescripción de la Ley 26.860 no es solamente para los contribuyentes acogidos a los términos de dichas normas. Frente a los argumentos trazados, se hace necesario establecer liminarmente que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente (CSJN, entre otros, 218:56; 299:167), es decir que ante una ley cuya literalidad no ofrece dudas, no debe recurrirse a otras fuentes para su entendimiento, pretendiendo hacerle decir a la norma lo que no dice.
Con respecto al planteo de nulidad manifiesta que el análisis de lo polemizado a la luz de la normativa vigente en la materia, permite sostener que no existen vicios que tornen nulo el procedimiento, habiendo sido efectuado de conformidad con las normas aplicables a la especie, no existiendo agravio concreto del contribuyente que vulnere garantía constitucional alguna. Sostiene que la defensa de nulidad importa la privación de efecto de los actas que adolecen de algún vicio y que por-ello carecen de aptitud para cumplir con el fin al que se encuentran destinados. Alega que las notificaciones realizadas por el personal actuante del Organismo han sido efectuadas ajustándose a derecho, y el recurrente ha tornado conocimiento de las mismas. Señala que las manifestaciones venidas por la recurrente a fin de invalidar las notificaciones que se le cursaran en el transcurso de la fiscalización practicada carecen de sustento factico y legal; razón por la cual no corresponde acceder al agravio opuesto a ese respecto. Con respecto al fondo de la cuestión manifiesta que la recurrente no aporta prueba fehaciente de sus dichos, solo se limita a criticar el accionar fiscalizador observando supuestos errores que habría cometido el Organismo Recaudador, más no aporta prueba alguna que justifique el incremento patrimonial detectado por la fiscalización. Reitera que la apelante no ha producido prueba alguna que contradiga las serias inconsistencias detalladas por lo que solo cabe concluir que la decisión tomada por el Juez Administrativo en cuanto a la determinación del incremento patrimonial no justificado y la impugnación de deducciones generales resulta acertada. Señala que la ausencia de soportes probatorios como en este caso, torna ineficaz la construcción teórica desarrollada en la defensa ya que correspondía a la contribuyente aportar los elementos que pusieran de relevancia la impropiedad de la pretensión fiscal, circunstancia que no se verifica en el presente caso. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad por el cual se estaría supuestamente gravando 2 veces un mismo concepto, remarca que la contraparte no aporta ningún tipo de documentación fehaciente en respaldo de sus dichos; es decir, que dichas diferencias de cambio se encuentran vinculadas al dinero recibido del exterior.
Con respecto a la aplicación de multa sostiene que la materialidad de los hechos fue acreditada con los instrumentos obrantes en los antecedentes administrativos que se acompañan, encontrándose el elemento dolo perfectamente probado, al haberse comprobado que los montos declarados por la quejosa en sus declaraciones juradas son inexactos, constituyendo ello, una maniobra (mediante el engaño) que ha incidido gravemente en la oportuna determinación de la materia imponible.
Con respecto a los intereses resarcitorios sostiene que deben ser confirmados, conforme lo dispone el articulo 37 de la ley ritual, es la falta de pago total o parcial de tributos, pagos a cuenta o intereses capitalizados, la que da lugar al devengamiento de los intereses resarcitorios.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. A fs. 87 se celebra la audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la Ley 11683, texto según Ley N° 27.430, donde se resuelve abrir la causa a prueba ordenándose producir prueba informativa. A fs. 88 se da por decaído el derecho a producir las pruebas informativas a Hospital Aleman ordenada y no producida. A fs. 91 se elevan los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 96 se llaman los autos a sentencia.
IV. En cuanto al planteo de nulidad articulado por la actora cabe señalar en primer lugar que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. En cuanto a los argumentos de la actora relativo a las anomalías de las notificaciones efectuadas por lo fiscalización actuante con anterioridad al 31/10/17, las cuales sostiene que no habrían llegado a su conocimiento, corresponde destacar que le asiste razón al criterio esbozado por el Fisco Nacional ya que conforme surge de las actuaciones administrativas obran las actas de notificación cursadas en el domicilio fiscal sito en la calle Soler N° 4875 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el artículo 100, inciso b), de la Ley de Procedimientos Tributarios.
Asimismo es dable señalar que en fecha 12/07/16 el contribuyente solicitó a la inspección actuante una prórroga con el fin de cumplimentar con lo requerido oportunamente -foja 8 del cuerpo Ganancias O.I. 1487406-. Al cumplimentar dicho requerimiento la recurrente adjuntó, entre otras cosas, copia de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales y copias de constancias de dinero recibido del exterior. (Foja 18 del cuerpo Ganancias O.I. 1487406.)
En tal sentido corresponde concluir que las notificaciones realizadas por el Fisco Nacional han sido efectuadas ajustándose a derecho tomando la recurrente conocimiento de las mismas.
En este sentido la doctrina de nuestro más Alto Tribunal (fallos 205:549; 247:52; 267:393, entre otros) ha expuesto que “cuando la restricción de la defensa ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esta restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional procura de justicia”. Que es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que en principio corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar si la acción del fisco para determinar tributos y aplicar sanciones por el período fiscal 2010, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que, la ley 11.683, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Cabe dejar sentado que conforme se desprende de las constancias de autos en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2010, el término comienza a computarse desde el 01/01/2012.
Que, teniendo en cuenta lo indicado supra, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción.
Que la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. En cuanto al planteo que efectúa la actora con relación a las manifestaciones vertidas por algunos legisladores durante el debate en la Cámara de Diputados de la que terminara siendo la Ley 26860, cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado "Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470).”
“Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
De esa forma, el plazo prescriptivo se prolongó hasta el día 01/01/2018, fecha en que hubiera fenecido de no haber sido notificada previamente la resolución de vista del procedimiento de determinación oficiosa de tributos, hecho que acaeció en autos con fecha 31/10/2017. (Cuerpo Ganancias fs. 345/346 A.A.)
Que, en efecto, cabe recordar además que el artículo agregado a continuación del art. 65 establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir los impuestos por el período fiscal 2010 y aplicar sanciones, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de la resolución que diera origen al procedimiento determinativo ni al momento del dictado del acto determinativo recurrido.
Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora. Con costas.
V. Que a raíz de la fiscalización se constató que de conformidad con lo dispuesto por las Ordenes de Intervención Nros. 1487406 y 1559912, se procedió a verificar la real situación del responsable frente al Impuesto a las Ganancias, constatándose según el Fisco Nacional que omitió declarar rentas gravadas por el citado impuesto en los períodos fiscales 2010 a 2015, computó deducciones improcedentemente en los períodos fiscales 2011 a 2015; dejando de ingresar el gravamen en su justa medida.
Cabe dejar constancia que el personal fiscalizador cursó sendos requerimientos al responsable solicitándole que aporte -entre otros elementos- declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias; respecto al dinero en efectivo declarado en la declaración jurada rectificativa del período fiscal 2010 se le solicitó que informe el origen de dichos fondos y que aporte la documentación de respaldo de su ingreso al patrimonio y comprobantes del Impuesto inmobiliario (fs. 3 y 8 del cuerno Ganancias 0.1. 1559912, fs. 3 y 13 del cuerpo Ganancias O.I. 1487406).
La auditoría interviniente procedió a analizar las declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias presentadas por la recurrente en los períodos Fiscales. 2010 a 2015.
Corresponde entonces detallar las circunstancias observadas en cada periodo fiscal.
En el período fiscal 2010 se detectó en primer lugar que el contribuyente presentó una declaración jurada rectificativa incrementando el dinero en efectivo al cierre -$ 764.272- respecto a lo declarado en su declaración jurada original $ 17.200- originándose una diferencia de $ 747.072 (fs.19 y 46 del cuerpo Ganancias O.I. 1.559.912).
Posteriormente, y ante la requisitoria efectuada por los agentes fiscalizadores, el responsable manifestó que "...recibí dinero de empresas familiares ( ... ) originarias del Líbano mediante la visita de familiares al país y mediante Western Union ( ... ).". Aportó constancias de remesas que se habrían efectuado por Western Union en el año 2012 por montos de $ 12.682,53 y de $29.470,32 (fs. 10, 11 y 18 a 20 del cuerpo Ganancias). Al respecto, cabe indicar que el personal verificador consideró que con la prueba arrimada, el inspeccionado no probó el origen de la diferencia cuestionada -un monto de $ 747.072-. En efecto, las constancias exhibidas no corresponden al período fiscal 2010.
Por lo tanto, la auditoria interviniente consideró a la suma de $ 747.072 como un incremento patrimonial no justificado. Dicho monto con más un diez por ciento (10%). en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, representa una ganancia neta obtenida por el contribuyente durante el ejercicio en que tal aumento se produjo -2010-, gravada por el impuesto de marras, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, inciso f), de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones).
Por otra parte, los agentes verificadores detectaron que el contribuyente declaró bajo el concepto de "Bienes recibidos por herencia, legado o donación" la suma de $ 11.790 la cual no fue justificada con documentación fehaciente. Así pues, la auditoria interviniente consideró que dicho importe representa rentas gravadas omitidas. Por último, cabe señalar que la auditoría interviniente detectó que en las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, el responsable declaró bajo el concepto de "Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados" las sumas de $ 22.790, $ 15.980, $ 127.050, $ 120.190 y $ 79.895, respectivamente; y bajo el concepto de "Bienes recibidos por herencia, legado o donación" las sumas de $ 24.000, $ 29.820, $ 30.000, $ 48.000 y $ 90.000, respectivamente. Ninguno de los montos declarados bajo dichos conceptos fueron justificados con documentación fehaciente, motivo por el cual el área fiscalizadora los consideró rentas gravadas omitidas.
Por otra parte que el personal fiscalizador le solicitó al contribuyente que aporte los comprobantes respaldatorios de lo computado en concepto de deducciones generales, incumpliendo con lo peticionado. En definitiva consideró que resultaba improcedente el computo de las sumas de $ 24.000, $ 47.040, $ 36.000, $ 48.000 y $45.000 deducidas por el responsable en los períodos fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, toda vez que no aporto la documentación de respaldo respectiva.
A su vez, al proyectar las liquidaciones del impuesto de marras la auditoría interviniente consideró las deducciones personales verificadas -a fs. 243, 249 y 295 a.a.-.
Los cargos e impugnaciones formulados encuentran su fundamento en la aplicación del artículo 49 -inciso e)- de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), el artículo 27 del Decreto N° 1344/98, reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y los artículos 18, inciso f), y 33 de la Ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones).
VI. Que en primer lugar, corresponde detallar los cargos imputados por la fiscalización actuante: a) la auditoría interviniente consideró a la suma de $ 747.072 como un incremento patrimonial no justificado, atento que con la prueba arrimada, la actora no probó el origen de la diferencia cuestionada. b) Omitió declarar rentas gravadas por el citado impuesto en los periodos fiscales 2010 a 2015, y c) Computó deducciones improcedentemente en los periodos fiscales 2011 a 2015; dejando de ingresar el gravamen en su justa medida Que en lo relativo al primero de los ajustes corresponde señalar que el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en la presunción establecida por el artículo 18 inc. f) de la Ley 11.683.
Que el legislador, ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo al recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo.
Corresponde señalar que en el período fiscal 2010 el Fisco Nacional detectó que la recurrente presentó una declaración jurada rectificativa incrementando el dinero en efectivo al cierre -$ 764.272- respecto a lo declarado en su declaración jurada original -$ 17.200- originándose una diferencia de $ 747.072 (fs. 19 y 46 del cuerpo Ganancias O.I. 1.559.912).
Ante requerimiento de la fiscalización actuante efectuado a la recurrente, a los efectos de probar dichas diferencias la misma manifestó que “...recibí dinero de empresas familiares (...) originarias del Líbano mediante la visita de familiares al país y mediante Western Union (...).". Aportó constancias de remesas que se habrían efectuado por Western Union en el año 2012 por montos de $ 12.862,53 y de $29.470,32” (fs. 10, 11 y 18 20 del cuerpo Ganancias.)
Corresponde señalar que la recurrente no probó en sede administrativa ni tampoco en esta instancia del tribunal el origen de la diferencia cuestionada. En tal sentido es dable señalar que las constancias exhibidas (Cuerpo I Ganancias A.A. fs. 10/12) no corresponden al período fiscal 2010, por lo cual corresponde confirmar el criterio fiscal.
Por otro lado la fiscalización actuante detectó que en las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, la recurrente declaró bajo el concepto de "Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados" las sumas de $ 22.790, $ 15.980, $ 127.050, $ 120.190 y $ 79.895, respectivamente; y bajo el concepto de "Bienes recibidos por herencia, legado o donación" las sumas de $ 24.000, $ 29.820, $ 30.000, $48.000 y $90.000, respectivamente, no aportando la actora documentación fehaciente a los efectos de justificar dichas sumas.
Asimismo en lo atinente al cargo relativo a la impugnación de lo computado en concepto de deducciones generales corresponde destacar que la inspección actuante le solicitó a la recurrente que aporte los comprobantes respaldatorios, no cumplimentado la actora lo peticionado en sede administrativa ni tampoco en esta instancia, por lo cual corresponde considerar improcedente el cómputo de las sumas de $ 24.000, $47.040, $ 36.000, $48.000 y $45.000 deducidas en los períodos fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, toda vez que no aportó la documentación de respaldo respectiva.
Corresponde señalar que la recurrente manifiesta que dichas deducciones responden a pagos efectuados a obras sociales. En tal sentido la misma no aportó a la fiscalización interviniente como así tampoco instó la producción de dicha prueba ante esta instancia dándosele por decaído el derecho a producir dicha prueba a fs. 88 . Por lo tanto, corresponde desestimar los agravios opuestos en este tópico.
Que en efecto, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que cabe destacar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos, al contribuyente que impugna las liquidaciones hechas en la Entidad Recaudadora le corresponde probar los errores que le atribuye.
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal, siendo esto último lo que no ha ocurrido en la especie.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Que como ya se ha dicho al respecto, “Quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (cfr. Fallos 331:881), básica regla que en la especie no podría ser dejada de lado, pues ni el carácter inquisitivo ni el principio de búsqueda de la verdad material que informan el procedimiento que se desarrolla ante este Tribunal implican o suponen negar su existencia, ya que aquellos principios hallan su límite en otros de similar gravitación como lo son el de la igualdad entre las partes en el proceso y el de imparcialidad del juzgador. Atento lo expuesto corresponde confirmar el acto apelado. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de la resolución en crisis. Que con relación a la multa por defraudación debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sancion aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello; SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.23 13:57:40 ART Date: 2022.08.23 13:58:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.24 11:11:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.24 11:11:35 -03:00
Fin de la sentencia