Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.079-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Fallo N° 904/12 (AD ROSA), dictada en la Actuación N° 12551-237-2011. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-43221244-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Mayo de 2022 apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 32.993-A: “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 904/12 (AD ROSA), dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario, con fecha 17/12/2012, en la Actuación Nº 12551-237-2011, en cuanto condena a la firma Aceitera General Deheza S.A. y al despachante de aduana por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A., al pago de la suma de $ 3.223.217,95.- en concepto de multa.
II. Fundamentos del recurso:
Coactora ACEITERA GENERAL DEHEZA: A fs. 14/26 se presenta la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la referida resolución. Efectúa un breve relato de los antecedentes de la causa. Explica que con fecha 8/04/2011 se presentaron dos DJVE mediante las cuales se comprometió la exportación de 500 y 1000 toneladas, respectivamente, de mercadería clasificada en la PA 1508.10.00100J (aceite de maní) y que el precio oficial aplicable para ambas era de U$S 1.600 por tonelada, teniendo en cuenta la fecha de cierre de venta (07/04/11). Señala que el 12/04/2011 documentó ante la Aduana de Rosario los PE N° 11 052 EC01 3901 B y 3876 M declarando la exportación de 1.000 y 500 toneladas de aceite de maní, respectivamente.
No obstante, aclara que, por un error involuntario y evidente, en dichos permisos de embarque se imputaron incorrectamente las DJVE que correspondía aplicar en cada caso: al PE N° 3901 B, en el que se declaró la exportación de 1.000 toneladas de aceite de maní, se imputó la DJVE 4272 P que amparaba la venta al exterior de 500 toneladas de esa mercadería, mientras que en el PE N° 3876 M, en el que se declaró la exportación de 500 toneladas de aceite de maní, se imputó la DJVE 4270 N, que amparaba la venta al exterior de 1.000 toneladas de la mercadería. Agrega que, tras haber advertido el error, se embarcaron por el PE N° 3901 B, sólo 494,97 toneladas y para completar el embarque comprometido en la DJVE 4270 N, se registró otro PE con fecha 15/04/11, declarando la venta de las 500 toneladas restantes.
Argumenta que, aunque con pequeñas diferencias en las cantidades efectivamente cumplidas, se embarcaron las 1.500 toneladas de aceite de maní cuya venta al exterior se declarara mediante las DJVE 4272 P y 4270 N, por 500 y 1000 toneladas respectivamente. Afirma que la declaración de la mercadería fue veraz y que no existió una diferencia en la constatación que habilitara la imputación infraccional en los términos del art. 954 del C.A.. Sostiene que al contar la Empresa con los ROE que habilitaban la exportación de la mercadería en cuestión, no podía pesar sobre la misma una prohibición de exportación. Considera que la rectificación del permiso de embarque hubiese sido procedente si no se embarcaba correctamente la mercadería.
Manifiesta que la única infracción que podría imputársele es la prevista en el art. 995 del C.A. y que al respecto, pagó la multa mínima. Señala que el sólo hecho de declarar la exportación de una cantidad mayor a la comprometida en una DJVE registrada conforme a las disposiciones de la Ley 21.453, no constituye una infracción, y que lo que sí la configura (art. 969 del C.A. y al art. 9 de la Ley 21.453), es la conducta de no cumplir con el compromiso de exportar cierta cantidad de mercadería. Considera que el error incurrido no causó ningún perjuicio al servicio aduanero. Afirma que no se encuentra tipificada la conducta de embarcar mercadería no amparada por una DJVE como constitutiva de una infracción aduanera, no pudiéndose interpretar la existencia de una prohibición de exportación en los términos de la Ley 21.453.
Cita doctrina y jurisprudencia. Argumenta que para existir una prohibición de carácter económico, debe mediar una norma legal que expresamente lo disponga, y que en el año 2011 (fecha en que ocurrieran los hechos) no pesaba sobre la exportación de aceite de maní una prohibición relativa de exportación de carácter económico. Cita jurisprudencia de este Tribunal en la cual se resolvió que no existía infracción de declaración inexacta en los términos del art. 954 del C.A. y jurisprudencia de Cámara. Manifiesta que el hecho de optar por cumplir en menos el PE involucrado y documentar otro para la parte de la DJVE sobre 1.000 toneladas que no había sido embarcada, no reviste el carácter de infracción, dado que se trató de un mero error en la aplicación de las DJVE que fue solucionado con la opción habilitada por el art. 346 del C.A..
Cita jurisprudencia de la Corte y afirma que no existe un mínimo de culpa que le sea endilgable, sino que actuó con la mayor diligencia al advertir el error incurrido, embarcando la cantidad efectivamente cubierta por la DJVE. Subsidiariamente argumenta que podría imputarse la infracción formal prevista en el art. 995 del C.A., razón por la cual abonó en sede aduanera el monto de la multa mínima. Finalmente, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada. Coactora NORBERTO LUIS PONTORIERO: A fs. 28/36vta. se presenta el despachante, mediante gestor procesal en los términos del art. 48 del CPCCN (gestión que fuera ratificada a fs. 38 de autos), e interpone recurso de apelación contra la resolución referida en el Considerando I de la presente.
En primer lugar, efectúa una somera explicación de los antecedentes de la causa. De este modo afirma que lo que diera origen al sumario fue el hecho de la inversión en la aplicación de las DJVE a dos permisos de embarque. Manifiesta que dicho error fue advertido de inmediato y que fue solucionado embarcando para el permiso objeto de controversia, sólo las toneladas amparadas por la DJVE aplicada. Sostiene que la declaración de la mercadería fue veraz y que no existió una diferencia en la constatación que habilitara la imputación infraccional pretendida. Entiende que la existencia de ROEs o DJVE que habilitan la exportación de la totalidad de la mercadería, impide que la infracción pueda cometerse, a la par que no pesaba sobre la misma una prohibición de exportación.
Considera que a la luz de lo previsto en el art. 346 del C.A. y teniendo en cuenta la posibilidad de rectificar el permiso de embarque en caso de no embarcarse correctamente la mercadería, se torna improcedente la imputación de la infracción de declaración inexacta. Al respecto señala que como debían modificarse los datos de las dos DJVE aplicadas, se optó por embarcar sólo 5 toneladas de la mercadería declarada en el PE 3901 B aplicadas a la DJVE 4272, de conformidad a lo dispuesto por el art. 6 del C.A., y documentar el -nuevo- PE 4087 H, para completar la DJVE 4270 N. Argumenta que resultaba indistinto para el servicio aduanero la aplicación de una u otra DJVE para el caso del PE involucrado en autos, en tanto la valoración de la mercadería era idéntica, al igual que la liquidación de los tributos y los reintegros pertinentes.
Afirma que cumplía efectivamente con las instrucciones impartidas por la firma exportadora y que por ende corresponde su absolución. Cita los arts. 902 y 908 del C.A. y jurisprudencia que considera aplicable al caso. Finalmente ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 47/51 el representante fiscal contesta el traslado de los recursos interpuestos. En primer lugar, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y de derecho alegados por la contraria que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Prosigue efectuando un somero análisis de los hechos y pasa a contestar los agravios. Manifiesta que las consideraciones esgrimidas por la apelante en cuanto al error incurrido parece más bien un artilugio a fin de salir ileso de las consecuencias de su accionar. Considera que, de pasar inadvertido, pudieron haberse importado 475 toneladas de mercadería en demasía gozando del beneficio del régimen de la ley 21453. Cita los textos de los artículos 726 del C.A. y 6 de la Ley 21.453, destacando que el primero de ellos define la regla y el segundo la excepción. Afirma que la declaración que se hace usufructuando un régimen de excepción que no se tiene, resulta ser una declaración inexacta y que ello implica una transgresión a una prohibición relativa de carácter económico. Sostiene que en el caso no hubo un error, y que tampoco reviste importancia el hecho de que el mismo haya existido o no, en tanto considera que la declaración no fue veraz, que se hubiere podido producir una transgresión a una prohibición y que –finalmente- la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de sanción, salvo las excepciones previstas expresamente en el Código. Asegura que la apelante ha faltado en su declaración a los principios de veracidad y exactitud. Cita el texto del art. 954 y jurisprudencia que refiere al mismo. Considera que darle un sentido amplio al requisito de inadvertencia dejaría sin efecto el tipo penal, desvirtuando así la figura infraccional. Aduce que la apelante no cumplió con la carga de la prueba que hace a su exculpación y que sus consideraciones son rebatidas con la documental acompañada. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12551-237-2011 (Sumario N° 056/2011-7) se inician a fs. 1 con el Acta Denuncia de fecha 29/04/2011 contra la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. y el despachante NORBERTO PONTORIERO, en relación al PE N° 11 052 EC01 003901 B por presunta infracción al art. 954 inc. b) del C.A. por considerar que declara mercadería sin amparo de ROE –DJVE-. A fs. 2 luce el informe N° 3158/2011 de misma fecha que el Acta, el cual establece que “… el día 12 del cte, se presentó la destinación del asunto (DDT 11052 EC01 003901 B), realizado el control documental, se detecta la siguiente irregularidad: declara 1000 tn de aceite en bruto de maní a granel, amparadas solamente por la DECLARACIÓN JURADA DE VENTAS AL EXTERIOR LEY 21453 N° 11001DJVE004272 P, la cual solo cubre 500tn, con su respectivo ROE VERDE.
Esta situación fue notificada al documentante, autorizándolo a cargar hasta el límite de 525 tn la que se llevó a cabo el día 18 del cte. (…). La misma se denuncia por presunta infracción al art. 954 inc b) de la ley 22415.”, seguidamente se informa la cantidad en infracción (475 tn), el precio de venta (U$S 1692,20) y el valor en aduana de la mercadería en infracción (U$S 803.795). La foja siguiente –sin numeración visible- corresponde al sobre que contiene las copias autenticadas del permiso de embarque nro. 11 052 EC01 003901 B oficializado en fecha 12/04/2011, con la leyenda en su portada que reza “SE NOTIFICA QUE SE PERMITE CARGAR HASTA 525 tn (105%) de DJVE 4272 13/4/11”. A fs. 6/7, con fecha 2/5/2011, mediante resolución nro. 162/11, se resuelve instruir sumario por presunta infracción al art. 954 inc. b) del C.A., asimismo se le corre vista a la firma A.G.D y al despachante Norberto Pontoriero, informándoles el monto de la multa mínima ($ 3.223.217,95).
A fs. 8/16 se agregan planillas que arrojan el resultado de la consulta al Sistema Registral de la AFIP en relación a los denunciados. A fs. 22/28, con fecha 24/5/11, contesta la vista la firma A.G.D. (SIGEA N° 13289-11913-2011) y a fs. 38/40, con fecha 31/05/11, hace lo propio el despachante (SIGEA N° 13289-12351-2011). A fs. 33/34 luce la constancia de notificación al despachante de la instrucción de sumario y corrida de vista en fecha 12/5/11 y a fs. 35/36 luce la constancia de notificación (sin fecha consignada en el cartón del aviso de recibo del Correo Argentino) a la firma A.G.D.. A fs. 37, con fecha 10/6/11 se tuvo por presentada a la firma exportadora, por constituido el domicilio, por contestada la vista y se rechazó la prueba ofrecida.
A fs. 43/44, con fecha 12/07/11, mediante SIGEA N° 13289-16662-2011, A.G.D. interpone revocatoria. A fs. 45, con fecha 15/8/11, se tiene por presentado extemporáneamente al despachante. A fs. 46, con fecha 15/8/11 se rechazó la revocatoria presentada por A.G.D.. A fs. 47/55, con fecha 28/9/11, la firma exportadora acompaña copia de la siguiente documentación: PE N° 11 052 EC01 003876 M, PE N° 11 052 EC01 004087 H, ROE VERDE autorizando a exportar 1000 tn, DJVE 11 001 DJVE 004270 N, ROE VERDE autorizando a exportar 500 tn, y DJVE 11 001 DJVE 004272 P. A fs. 56, con fecha 6/10/11 se ordena el pase a los asesores letrados. A fs. 57/62, con fecha 7/9/12, se emitió el dictamen jurídico. A fs. 63/75 lucen los prints que arrojara de resultado la consulta al Registro General de Infractores.
A fs. 76/84 se dictó la Resolución Fallo N° 904/12 (AD ROSA), de fecha 17/12/12, apelada en autos.
V. Que corresponde resolver en autos si la resolución aquí apelada resulta ajustada a derecho, en cuanto condena a la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. y al despachante de aduana NORBERTO PONTORIERO por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., respecto de la destinación de exportación a consumo N° 11 052 EC01 003901 B, en razón de que el servicio aduanero detectó que de las 1.000 toneladas de aceite de maní allí declaradas, sólo 500 se encontrarían amparadas por la DJVE 11 001 DJVE 004272 P, asociada al referido permiso de embarque. Para así decidir, la resolución condenatoria sostiene que las mercaderías cuya venta no haya sido denunciada con la presentación de la DJVE no puede ser objeto de exportación, operando respecto de las mismas una prohibición relativa de carácter económico (arts. 608 inc. b y 609 inc. d del C.A.).
Que, por su parte, la actora manifiesta que en el caso se invirtieron erróneamente las DJVE Nros. 11001DJVE004272P y 11001DJVE004270N (mediante las cuales se comprometió la exportación de 500 y 1000 toneladas –respectivamente- de aceite de maní) aplicadas a los PE Nros. 11 052 EC01 003901 B y 11 052 EC01 000387 M (mediante los cuales se documentó la exportación de 1.000 y 500 toneladas, respectivamente). Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, en el caso de autos se trata de una operación de exportación de aceite de maní documentada por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. a través del permiso de embarque N° 11 052 EC01 003901 B. Mediante dicha destinación, oficializada el 12/04/2011, se declaró la exportación de 1.000 toneladas de la mercadería referida, consignando como fecha de cierre de venta el 07/04/2011 y en el campo “Documentos a Presentar”, la Declaración Jurada de Venta al Exterior N° 11001DJVE004272P. (ver copia autenticada del PE obrante en el sobre de fs. 4 de las act. adm.). Dicha DJVE, amparaba la exportación de 500 toneladas de aceite de maní, consignando como fecha de cierre de venta el 07/04/2011 y haciendo referencia al ROE VERDE 45. (ver copias autenticadas de la DJVE y del ROE VERDE agregadas en el sobre correspondiente al PE involucrado en autos, obrante a fs. 4 de las act. adm.) Que, conforme la imputación realizada por la Aduana, el hecho de que la actora declarara en el PE una cantidad mayor de mercadería (1.000 tn) que la amparada por la DJVE (500 tn) configuraría la infracción de declaración inexacta, en tanto considera que lo declarado difiere con el resultado de la comprobación y que dicha situación, a su vez, de haber pasado inadvertida, produciría una transgresión a una prohibición a la exportación. Que no se encuentra discutido en autos que la actora declaró en el PE involucrado (PE N° 11 052 EC01 003901 B) la cantidad de 1.000 toneladas de la mercadería en trato y que a tal fin, consignó la DJVE 11001DJVE004272P que amparaba 500 toneladas.
Que, no obstante la imputación efectuada por la Aduana, surge del reverso del PE involucrado que se cargaron 494,97 toneladas de aceite de maní clasificado en la PA 1508.10.00.100J, con lo cual, finalmente no se exportó una cantidad mayor a la amparada por la DJVE consignada en el PE en trato.
Que, de este modo, resta analizar si dicha cuestión fáctica, conlleva la configuración de la infracción de declaración inexacta descripta en el art. 954 inc. b) del C.A..
VI. Que el Código Aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas.
Específicamente, el art. 954, ap. 1, inc b) del C.A. dispone: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”. Por su parte, dicho cuerpo normativo, contempla en su Sección VIII a las prohibiciones a la importación y a la exportación, distinguiendo entre prohibiciones económicas y no económicas, así como entre prohibiciones absolutas y relativas.
Que, considero aplicable en este punto lo resuelto por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en una causa de análoga carátula a la de autos y que fuera citada por la coactora A.G.D S.A. en su recurso de apelación (Causa 27550/2012 ACEITEREA GENERAL DEHEZA SA (TF 27079-A) c/DGA, Sent. 25/04/2013). En dicha oportunidad, el Tribunal de Alzada resolvió revocar la sentencia de este Tribunal que había reencuadrado el hecho en la infracción que aquí se imputa (art. 954 inciso b), haciendo referencia al principio de legalidad en materia sancionatoria. A tal fin, considera que las prohibiciones a la exportación a las que hace referencia el inciso b) del artículo 954 del C.A. deben estar explícitamente establecidas en la norma y deben surgir claramente del derecho aplicable. En tal sentido, analizando el texto de la ley 21.453, concluye que “… no surge explícitamente ninguna prohibición relativa de carácter económico que permita tener por configurada la infracción aduanera referida. En efecto, el art. 2 de la ley señala que las ventas al exterior ‘deberán ser registradas, mediante declaración jurada, ante la Autoridad de Aplicación’ pero ello es a efectos de gozar del beneficio tributario consagrado por el art. 6 del mismo cuerpo legal, según el cual ‘serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible […] vigentes a la fecha de cierre de cada venta’. De ninguna norma de la ley 21.453 surge de forma explícita que la exportación de las mercaderías que no cuenten con la DJVE esté prohibida.”. Y agrega que la referida ley “… no establece sanciones para la exportación de productos que no cuenten con la DJVE. (…) no surge de la finalidad ni del mecanismo de la ley 21.453 que exista una prohibición explícita, con carácter relativo, a la exportaciones de los productos alcanzados por la ley.”. Asimismo, establece que tampoco surge de las normas reglamentarias dicha prohibición relativa.
Que, en consecuencia de lo expuesto no puede aseverarse que en el caso de autos se haya producido una transgresión a una prohibición a la exportación, conforme lo requerido en el inciso b) del artículo 954 del C.A..
VII. Que, por su parte, y conforme lo analizado en el considerando V de la presente, no se ha configurado la infracción de declaración inexacta en tanto, si bien surge una diferencia entre la cantidad de mercadería consignada en el PE (1.000 tn) y la previamente declarada en la DJVE (500 tn), no difiere con la cantidad efectivamente cargada y exportada (494,97 tn). A la vez que se trata de la misma fecha de cierre de venta y del mismo tipo de mercadería.
Que, atento a lo expuesto, considero que a pesar de haberse declarado en el permiso de embarque N° 11 052 EC01 003901 B una cantidad mayor a la consignada en la DJVE 11001DJVE004272P, imputada a tal PE, finalmente no resultó una carga mayor a la amparada por la DJVE. Por otro lado, de haberse registrado dicha diferencia por sobre el límite legalmente permitido (tolerancia del 5% conf. Res. AFIP 1365/2002), resultan de aplicación los argumentos empleados en la sentencia reseñada supra, en el sentido de que la ley 21.453 no prevé ninguna prohibición relativa de carácter económico a los fines de tener por configurada la infracción descripta en el art. 954 inc. b) del Código Aduanero.
VIII. Que, no obstante lo antes expuesto, corresponde reencuadrar el hecho en la figura del artículo 994 inciso a) del C.A., según el cual: “Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que pudieren corresponder, será sancionado con una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500) a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el que: a) Suministrare informes inexactos o falsos al servicio aduanero”. Ello, teniendo en cuenta que fueron informadas de manera inexacta por la firma exportadora las toneladas de aceite de maní en el permiso de embarque involucrado. De este modo, se propone fijar a la coactora ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. la multa aplicable en la suma de $ 10.000 (pesos diez mil).
IX. Que, corresponde ahora determinar la responsabilidad del despachante de aduana, coactora en estos autos, en relación a la infracción imputada.
Que, en la resolución recurrida, la imputación de la infracción al auxiliar del servicio aduanero se efectúa a la par de la del exportador, reduciéndose a un párrafo donde trata el fundamento específico basado en el art. 908 del Código Aduanero y en la solidaridad dispuesta en el art. 907 del mismo cuerpo legal.
Que la jurisprudencia acerca de la causal de exculpación del art. 908 del C.A. (el despachante no es responsable de la infracción cuando acredite haber cumplido con las obligaciones a su cargo) es conteste, en principio, en que esa causal se da cuando el despachante se ajusta –en la declaración– a las instrucciones de su comitente, y que ello es así cuando la declaración se ajusta a los datos de la documentación complementaria del despacho de importación/permiso de embarque.
Que, en el caso, y según resulta de la documentación obrante en el expediente administrativo, surge con suficiente certeza que el despachante de aduana, al efectuar la declaración de la mercadería, se ajustó a las instrucciones del exportador (esto es, a lo expresado por el mismo en la referida documentación), no advirtiéndose hechos personales (tales como dolo, negligencia, imprudencia o impericia, o incumplimiento de los deberes a su cargo) que puedan comprometer su responsabilidad. Por ello, corresponde aplicar la causal eximente del citado art. 908 del C.A..
Que resulta aplicable al caso la doctrina de la Corte Suprema, in re “Garibotti, Armando” (Fallos, 287:191), acerca de que queda, en principio, exento de responsabilidad el despachante de aduana que cumpliendo con las obligaciones a su cargo, se atiene a lo manifestado por el importador y a lo que resulte de la documentación complementaria, salvo que incurra en hechos personales que lo comprometan. Se produce, como ha dicho la CNCAF, Sala IV, in re “Nadia SCA”, del 28/4/83, “una inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al despachante la obligación de probar la existencia de causales de exculpación”. En igual sentido, la Sala 1 de la C. Nac. Cont. Adm. Fed. in re “De Fabrizis y D´Orsi SRL”, del 19/10/82, puntualizó que “los antecedentes absolutorios de la Cámara en esta materia exigen que la parte haya probado que cumplió con las obligaciones a su cargo, o que tal circunstancia se desprenda de los antecedentes administrativos tenidos a la vista al resolver”. Que, por lo demás, la Sala I de la CNCAF ha sostenido (15/5/2007, “Fernández, Hugo Abel”) que “no existe obligación legal que imponga al despachante comprobar la exactitud del valor consignado por el exportador a los fines de efectuar la declaración aduanera, sino como quedó dicho que el despachante cumple con las funciones a su cargo sí se ajusta a los datos contenidos en la factura tal como se observa en los hechos de autos” (confr. Fallos 287:191 ya citado).
Que, a mayor abundamiento, se ha producido en autos prueba conducente a demostrar la inocencia del despachante. De este modo, a fs. 66 de autos, la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. informó que “… el Sr. Norberto Luis Pontoriero ha documentado el permiso de embarque N° 11 052 EC01 3901 B, en un todo de acuerdo con las instrucciones que la empresa oportunamente le impartiera. …”.
Que, en esta tónica corresponde revocar la multa impuesta al despachante dado su estricta observancia a los deberes a su cargo.
X. Que, habiéndose propugnado en relación a la coactora ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., el reencuadre de la infracción originariamente imputada en la establecida por el art. 994 inciso a) del C.A., fijándose en consecuencia una multa de $ 10.000 (pesos diez mil), corresponde aplicar lo dispuesto en la Ley 27.541. Que, de conformidad con dicha ley (“Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, modificada por la Ley 27.562), en el art. 12 del Capítulo 1 “Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera” del Título IV “Obligaciones Tributarias” se establece que: “El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de julio de 2020, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal”.... “Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de julio de 2020, inclusive”.
Que la Resolución General 4816/2020, RESOG-2020-4816-E-AFIP-AFIP - “Procedimiento. Ley N° 27.541. Título IV, Capítulo 1. Ley N° 27.562. Ampliación del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. Su implementación” en su art 9 “Capítulo 9 - Deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial” en lo que aquí importa dispone: “... En los casos en que los únicos conceptos reclamados respondan a aquellos que resulten condonados conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, el representante fiscal o el juez administrativo interviniente -según el caso- solicitará el archivo de las actuaciones labradas para su aplicación”.
Asimismo, el art 24 del CAPÍTULO 13 - CONDONACIÓN DE MULTAS, de la mencionada resolución establece que: “El beneficio de liberación de multas y demás sanciones por incumplimiento de obligaciones formales susceptibles de ser subsanadas, procederá en la medida que no se encuentren firmes ni abonadas y se cumpla con el respectivo deber formal con anterioridad al 15 de diciembre de 2020”. “En el caso de infracciones aduaneras, el beneficio se aplicará a las multas automáticas por las infracciones formales tipificadas en los artículos 218, 220, 222, 320 y 395, y al universo de las infracciones previstas en los artículos 968, 972, 992, 994 y 995, en todos los casos del Código Aduanero”.
Que en el caso de autos, en tanto se dispone reencuadrar la infracción originariamente imputada en la establecida por el art. 994 inciso a) del C.A., fijándose en consecuencia una multa de $ 10.000, motivo por el cual, en virtud de lo normado en el art. 12 de la Ley 27.541 “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, modificada por la Ley 27.562 y, atento a que en el caso se trata de una multa por la comisión de una infracción formal (conforme resulta de la Resolución 4816/2020) presuntamente cometida con anterioridad al 31/07/2020, que no se encuentra firme ni abonada, corresponde declarar condonada la multa cuestionada en la causa, con costas por su orden (conf. art. 12 de la Resolución Gral. AFIP Nº 4816/2020).
XI. En consecuencia de lo antes expuesto, VOTO por:
1. Revocar la Resolución Fallo N° 904/12 (AD ROSA), dictada en la Actuación Nº 12551-237-2011, en cuanto condena a la firma Aceitera General Deheza S.A. y al despachante de aduana por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A., con costas al fisco.
2. Reencuadrar la conducta desplegada por la coactora Aceitera General Deheza S.A. en la infracción prevista y penada por el art. 994 inc. a) del C.A. y, a su vez, declarar condonada la multa aplicada cuyo monto asciende a la suma de diez mil pesos ($ 10.000.-). Costas por su orden.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Como bien surge del exhaustivo relato de los antecedentes de la causa que surge del voto preopinante del doctor Horacio Segura, en el sub lite, el ente recaudador considera incursa a la empresa exportadora y su despachante de aduana en la comisión de la infracción sancionada en el art. 954, ap. 1 inc b) del C.A, por cuanto se intentó exportar mercadería en demasía a la amparada por la declaración jurada de venta al exterior.
II. En las condiciones indicadas, tengo para mí que la cuestión planteada ha sido debidamente considerada en el voto de la doctora Cora Musso en los autos: “Aceitera General Deheza S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”; del 24 de febrero de 2012, Sala E, Expte. Nro. 27.079-A, publicado en:
http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=21545”. Es que, en efecto, la DJVE no agota sus efectos en la determinación del régimen tributario aplicable en los términos del art. 6° de la ley 21.453 sino que, en el marco de los deberes de colaboración, facilita el control de las cantidades a exportar autorizados por las DJVE vinculado al abastecimiento interno, tal como resulta de la Nota al Poder Ejecutivo que se acompañara al proyecto de la ley 21453.
III. En tales condiciones, encuentro que el acto administrativo ha de ser mantenido en esta instancia recursiva, puesto que pesaba sobre las exportaciones cuestionadas una prohibición relativa de carácter económica, toda vez que la mercadería a ser exportada, debe encontrarse autorizada mediante una DJVE. La situación endilgada encuadra en la infracción prevista en el inciso b) del art. 954 del C.A, en cuanto sanciona la declaración inexacta cuando produjere o pudiere producir una transgresión a una prohibición a la exportación.
IV. En los términos señalados, en relación a los errores involuntarios que aduce el recurrente para dispensarse de su responsabilidad sancionatoria, advierto que, a tenor de las características que son propias del derecho administrativo sancionador, no tienen peso para hundir a la decisión administrativa. Así lo considero, en lo fundamental, porque la tesis que sostiene la unidad del poder sancionatorio se da de bruces con la Constitución Nacional, habida cuenta de que la potestad penal es indelegable (art. 76, 99 inc.3 y 109) y, secundariamente, porque el legislador aduanero en línea con ese temperamento dispuso que el error no constituye eximente de sanción, salvo las excepciones expresamente previstas en el código. (art. 902). En atención a ello, cabe hacer notar que si la infracción aduanera fuera una especie de un poder sancionatorio que se reconduce bajo principios uniformes, el legislador nunca podría haber hacer caso omiso a la incidencia que tiene un error en la determinación de si una conducta es delictual. Al respecto, debe tenerse presente que cuando el articulo artículo 34, inciso 1º del Código Penal Argentino declama la no punibilidad de aquellas personas que desconozcan la naturaleza de la criminalidad del acto, no lo hace en el uso de su política criminal, sino por rigurosa necesidad de desarrollar y observar los principios constitucionales punitivos y de los que se desprende sin hesitación que el delito es una acción, típica, antijurídica y culpable.
V. En ese orden de ideas, la consideración anterior es fundamental para advertir que no es conveniente referir que en el ámbito administrativo sancionador ha de producirse una atenuación de los principios penales. Ello es así, toda vez que estos no son en rigor principios, es decir, mandatos que admiten su optimización en razón de las circunstancias, sino que son imperativos rígidos cuya observancia es inexcusable. En tal sentido, no cabe propiciar que puede existir la atenuación del principio del “acto” o de la “culpabilidad”, ya que su verificación resultaría inexcusable si la infracción administrativa resultase un desprendimiento de la potestad punitiva. Surge como lógica conclusión que la relación entre la sanción penal y la sanción administrativa no es de género a especie y los principios que la rigen no son los aceptados en la teoría del delito. Si coinciden los principios de configuración del sistema sancionador penal con los del derecho administrativo sancionador lo será porque eventualmente podrán compartir un componente retributivo.
VI. En efecto, si bien la sanción es un castigo, ya sea que la imponga la administración o la imponga un juez, no estamos en presencia de ejercicio de potestades que tienen un tronco común. Por ello mismo, cabe poner de relieve que las conductas consideradas como infracciones administrativas son expresión de la función administrativa y, en consecuencia, ante todo, las soluciones deben buscarse en el derecho público. A la sazón no resulta irrelevante quien impone el castigo, ya que la norma constitucional no habilita a elegir discrecionalmente entre la competencia sancionatoria de la administración y el ejercicio de las potestades punitivas de los jueces. Subsiguientemente, no existen tales principios comunes al ejercicio de la potestad sancionadora, sino que se trata de principios del derecho penal que se aplican al derecho administrativo los que deben incorporarse condicionada a la realización de un juicio de proporcionalidad. Conviene destacar, entonces, que la finalidad que cumple el derecho administrativo sancionador en el sistema jurídico no puede ser indiferente en la determinación del régimen jurídico.
VII. Así las cosas, el derecho administrativo sancionador propende a la protección de un único bien jurídico que es la protección de la función administrativa que, en este caso, se concreta en la tutela del principio de veracidad y exactitud de la declaración. Lo expuesto no implica desconocer una eventual faceta represiva del fenómeno administrativo sancionador, pero que tiene un rol absolutamente secundario y esto se pone en evidencia fácilmente a poco que se repara que la sanción administrativa se impone sin que exista ningún interés en el reproche moral al individuo, tanto es así que de corriente se aplican como en este caso a personas de existencia ideal carentes de toda actuación volitiva.
VIII. En consecuencia, para que una conducta pueda justificar una sanción administrativa no debe reunir las características que justifican la imposición de un castigo en concepto de delito. Así, en primer lugar, no debe existir una conducta, ya sea por acción u omisión. La responsabilidad puede serle imputada a sujetos carentes de voluntad. En efecto, no es de rigor el principio de imputación por el hecho en cuanto exige que, para imponer una sanción, exista una acción (o una omisión), ya que en derecho administrativo sancionador aún si no hay acción, puede haber una sanción. Por otra parte, la lesividad se presume iure et iure por incumplirse el mandato administrativo. En los ilícitos administrativos, la desobediencia apareja per se una situación de peligro que induce a crear la figura ilícita. Conviene destacar que el ilícito, dependiendo la figura examinada, podría quedar consumado aunque en el caso concreto no se haya producido ningún otro peligro que la mera desobediencia. En la misma sintonía, habida cuenta de que la responsabilidad puede ser endilgada sin acción, tampoco es de rigor el principio de personalidad de las penas en cuanto implica que únicamente pueden ser sancionados quienes hubieran realizado la conducta infractora, dado que en derecho administrativo sancionador es posible disociar el autor del hecho y la responsabilidad. Por tanto, no siendo aplicable este principio no puede excluirse la posibilidad de que se impongan sanciones en las cuales un sujeto (el responsable) responda por otro (el infractor).
IX. En línea con lo comentado, tampoco es menester el reconocimiento de la exigencia de dolo o cuando menos culpa para imponer una sanción administrativa. Existe la posibilidad de imponer sanciones de modo objetivo y, en consecuencia, no es menester hacer un reproche en base al dolo o la culpa del imputado.
X. Ello es así, habida cuenta de que el sentido primario de la autoridad administrativa sancionadora no es retributivo sino distributivo y es que pueda aplicarse una sanción proporcionada al incumplimiento objetivo de la norma. Sucede que destacar la aplicación de la sanción por la falta de culpa dejaría impune un sinfín de situaciones riesgosas que no deben ser soportadas por la comunidad y a cuya protección está obligado el legislador. Se insiste, al respecto, que la responsabilidad penal se enmarca en el principio de mínima intervención, por lo cual opera cuando los demás alternativas de control han fallado, no estando obligado a sancionar todas las conductas antisociales, pues la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que puede imponerse, habida cuenta de que imponer una pena implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad. En sintonía con ese carácter el derecho penal sólo se permite castigar al hombre por lo que hace y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. El principio según el cual no hay acción sin voluntad, exige la configuración del elemento subjetivo del delito, por lo que ningún comportamiento humano es valorado como acción, sino es realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De manera tal que la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad. La autoridad administrativa no dispone la sanción ni para reparar un daño ni exclusivamente para afligir meramente un castigo.
XI. En efecto, a diferencia del derecho penal, donde la regla general es que resulta menester un factor subjetivo de atribución, en el derecho administrativo bien podría resultar suficiente la inobservancia de la norma. Sobre el punto, conviene destacar que suele decirse que las normas sancionatorias administrativas presumen el actuar negligente del autor de la infracción. Esa galimatía se enuncia para seguir ligando al derecho administrativo sancionador con el principio de culpabilidad. Lo cierto es que no se alcanza a vislumbrar que la sanción administrativa podría ser aplicada aun cuando el resultado o riesgo prohibido se hubiera producido más allá de la diligencia debida del obligado por la norma administrativa. Atiéndase que los deberes impuestos por las normas administrativas razonablemente pueden ir más allá de situaciones en que el peligro no pueda ser conjurado ni aún extremando los deberes objetivos de cuidado.
XII. En ese orden de ideas, no puedo dejar de señalar que dicho criterio se alinea con la posibilidad que una sanción administrativa termine siendo impuesta por hechos de terceros. Efectivamente, conviene subrayar que en el ámbito punitivo es proporcional a sus fines que se responda por hechos propios, sin que quepa, con el fin de una más eficaz tutela de los intereses públicos, establecer responsabilidad alguna sancionable solidariamente por actos ajenos. Sin embargo, en el ámbito administrativo sancionador puede preverse la responsabilidad por el hecho de otro e inclusive establecer la responsabilidad solidaria. Sucede que no pocas veces quien ha cometido la infracción no es la misma persona obligada. Esa persona ha introducido un riesgo que motiva la activación de los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones. Como sucede en el caso de autos, pocas veces tiene sentido que la autoridad administrativa entrase a indagar si el obligado cumplió con la diligencia debida o bien incurrió en un error involuntario.
XIII. En orden a ello, debe considerarse que en el derecho tributario y en el derecho aduanero ha sido consagrada la responsabilidad sin culpa propia. Así la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), en el título I, capítulo VII, se ocupa de los Responsables de las sanciones. En el art. 54 se dispone la responsabilidad sancionatoria de las personas respecto de las cuales se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las leyes tributarias, sean o no personas de existencia visible, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes.
Otro tanto puede hacerse notar respecto de la solución prevista en la legislación aduanera, ya que, en efecto, si bien el Código Aduanero se aparta del texto del art. 166 bis de la Ley de Aduana, en cuanto consagraba que las infracciones aduaneras son de responsabilidad objetiva, al reformárselo, se dispuso en el artículo 902 que no se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en el mismo código. Al respecto, no puede obviarse que las personas son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las infracciones aduaneras que éstos cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
(art. 903). Asimismo cuando una persona de existencia ideal fuere condenada por alguna infracción e intimada al pago de las penas pecuniarias que se le hubieren impuesto, sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán solidariamente con aquélla por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición.( art. 904). Por su lado, el importador o el exportador será responsable por toda infracción aduanera que el despachante de Aduana, sus apoderados o dependientes cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones, en forma solidaria con éstos (art. 907). En el mismo instrumento legal se dispone que el despachante de Aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el art. 36, apart. 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo.
En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida (art.908). En toda infracción aduanera cometida por el transportista o por las personas por las cuales debiere responder el mismo, el Servicio Aduanero podrá dirigir la acción respectiva contra el agente de transporte aduanero que lo representare (art. 909) .
XIV. Por ello, estimo que no resulta admisible el agravio del recurrente fincado en el error involuntario, ya que la sanción prevista puede aplicarse frente al incumplimiento involuntario. A mi entender, la inteligencia expuesta es la que mejor se concilia con el principio según el cual el alcance de las leyes deben determinarse computando la totalidad de las normas que las integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 295:755; 302:661; y 307:871, entre otros). Contrariamente a lo manifestado por el recurrente, todo el esquema del código, como no podría ser de otra manera, gira en torno al cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. Tanto así que al establecer la norma que la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de pena en materia de infracciones aduaneras, el legislador relativiza el principio de culpabilidad que se consideró incorporado al Código Aduanero. Todo lo cual, conduce a concluir que la imposición de una sanción administrativa puede justificarse más allá de no verificarse una acción típica, antijurídica y culpable.
En consecuencia de lo antes expuesto, VOTO por:
Confirmar la Resolución Fallo N° 904/12 (AD ROSA), dictada en la Actuación N° 12551-237-2011. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Confirmar la Resolución Fallo N° 904/12 (AD ROSA), dictada en la Actuación N° 12551-237-2011. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2022.05.02 16:44:42 ART Date: 2022.05.02 17:00:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.03 09:52:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.03 09:52:54 -03:00
Fin de la sentencia