Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 29.897-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución n° 249/11 (AD CORI), recaída en la actuación SIGEA n° 12808-210-2009.
2Costas a la demandada.
I. Que a fs. 4/13 vta., se presenta la firma CUMI S.A. mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 249/11 (AD CORI), de fecha 29/12/11, dictada por Administrador de la Aduana de Comodoro Rivadavia, recaída en el SIGEA n° 12808-210-2009, en cuanto le formula cargo por la presunta infracción al art. 970 del C.A. al amparo de las D.I.T. 06 014 IT01 000042 R y 06 014 IT01 000043 S, intimándosele el pago de una multa de $ 269.920,61 y la suma de $ 424.384,46 en concepto de tributos. En primer término, efectúa una reseña de los antecedentes que dieron origen al dictado de la resolución apelada. Expresa que a partir de los pedidos de prórroga referentes a las importaciones temporales el servicio aduanero ilegítimamente ordenó la instrucción de sumario por la infracción del artículo 970 del Código Aduanero.
Manifiesta que no puede ponerse en tela de juicio la validez del acto administrativo que concedió la importación temporal. Agrega que la decisión tomada por la Aduana es arbitraria por ser contraria a un principio jurídico que afirma que todo acto jurídico tiene presunción de legitimidad, hasta tanto no se declare la nulidad. Sostiene que la resolución aduanera tiene efectos retroactivos al afirmar que nunca se debió beneficiar a la firma con el régimen de importación temporal. Expresa que esa retroactividad afecta a derechos legítimamente adquiridos. Asimismo, agrega que resulta improcedente que la Administración tome la falta de pago de alquileres como causal de incumplimiento del régimen de importación temporal, y menos aún, como falta de acreditación de la propiedad de los bienes importados temporalmente.
Se refiere a la Nota Externa n° 27/09. Sostiene que es improcedente tomar la disolución societaria como causal de incumplimiento al régimen de importación temporal. Manifiesta que la Aduana cae en un error de interpretación en cuanto sostiene que existe poca claridad en la identidad del exportador en base a lo obrante en la factura proforma. Agrega que el contrato es el único documento idóneo para acreditar la identidad del exportador. Expresa que se ha cumplido con la exigencia de la normativa aduanera en cuanto a la acreditación de propiedad de la mercadería. Considera que el silencio de la Administración del pedido de prórroga de las importaciones temporales deviene en un consentimiento tácito.
Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas II.- Que, a fs. 45/53, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Manifiesta que en el régimen de importación temporal la mercadería ingresada queda sometida, desde su libramiento, al cumplimiento de reexportarla antes del vencimiento del plazo. Sostiene que la factura proforma es un instrumento dotado de “autenticidad” y, como tal, compromete la responsabilidad del declarante.
Agrega que no ha quedado demostrada la propiedad de la mercadería objeto de la importación temporal. Expresa que la recurrente declaró y presentó como fundamento de la operación un “contrato de locación”, por ende, la prueba necesaria para demostrar la titularidad de la mercadería importada temporalmente es ese contrato. Agrega que no habiéndose demostrado el cumplimiento contractual, así como la existencia de reclamos o de otros tipos de acuerdos oponibles a terceros no se puede acreditar la veracidad de la situación jurídica declarada. Manifiesta que la recurrente no cumplió con su obligación de acreditar que la propiedad de la mercadería involucrada correspondía a una persona residente en el exterior, distinta del importador, tal como lo exige la Disposición n° 34/98 en concordancia con el C.A.
Expresa que es notoria la vinculación de las personas físicas que habrían conformado la voluntad societaria de las tres firmas involucradas al tiempo de celebrarse el contrato de locación. Hace referencia a la teoría del levantamiento del velo societario y aclara que dicha teoría no es exclusiva del derecho penal. Plantea que la recurrente mediante una apariencia de legalidad de la operación aduanera se sustrajo al pago de los tributos que hubieran correspondido por la importación definitiva. Manifiesta que la actora no contaba con ningún derecho adquirido. Indica que la carga de la prueba recae sobre la importadora. Agrega que el planteo de prórroga fue extemporáneo toda vez que medio condena por el art. 970 del C.A., por tanto, debe interpretarse como negativa.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 54, se abre la causa a prueba. A fs. 105, se clausura el período de prueba (producida a fs. 81/102). y se elevan los autos a la Sala “F”. A fs. 110, se pone la causa para alegar. A fs. 113, se deja constancia que ninguna de las partes hizo uso del derecho conferido. A fs. 114 se llaman autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA n° 12808-210-2009 se inician a fs. 1 con la solicitud de prórroga de la D.I.T. n° 06 014 IT01 000042 R, con fecha 26/09/09; a fs. 5, se agrega la carpeta contenedora de la D.I.T. n° 06 014 IT01 000042 R; a fs. 8, obra la solicitud de prórroga de la D.I.T. n° 06 014 IT01 000043 S, con fecha 26/09/09; a fs. 13; se agrega la carpeta contenedora de la D.I.T. n° 06 014 IT01 000043 S y, fa. 16/18, obra Nota n° 119/09 de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación. A fs. 80/83, obra Dictamen Jurídico n°177/09. A fs. 85/87, obra la Resolución n° 121/09 denegando las prórrogas solicitadas por la recurrente. A fs. 92/94, con fecha 10/05/10, obra la Resolución n° 55/10 instruyendo sumario y rechazando los pedidos de prórroga. A fs. 98, obra liquidación de la multa y los tributos; a fs. 97 y 119, con fecha 9/06/10, se corre vista de todo lo actuado a la recurrente y a la aseguradora y, a fs. 105/110 vta. y 135/136, se presentan la recurrente y la aseguradora realizando su descargo. A fs. 221/228, obra Dictamen Jurídico n° 124/11. Finalmente, a fs. 229/236, en fecha 29/12/11, se dicta la Resolución n° 249/11 (AD CORI), apelada en autos.
V. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos y multa reclamados a la firma importadora, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
Que mediante las D.I.T. nº 06 014 IT01 000042 R y 06 014 IT01 000043 S se documentó, en fecha 06/10/06, ante la Aduana de Comodoro Rivadavia, la importación temporaria de 1 unidad de “-Los demás VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O MERCANCÍAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES [AUXILIO MECÁNICO], CAMIONES GRÚA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES TALLER, COCHESRADIOLÓGICOS).”, que ubico en la P.A. 8705.90.90.900X, con un valor FOB de U$S 47.100 y una unidad de “Con capacidad de izaje de diez (10) t o más, medidas sobre la vertical que pasa a un mínimo de tres metros del centro de rotación de la grúa y cuando esta forma un ángulo de 0° a 180° con el eje del vehículo portante Los demás -Camiones grúa VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O MERCANCÍAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES [AUXILIO MECÁNICO], CAMIONES GRÚA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES TALLER, COCHES…”, que ubico en la P.A. 8705.10.90.100Q, con un valor FOB DE U$S 70.000. Ambas destinaciones, de acuerdo a lo que informa la aduana a fs. 7 de las actuaciones administrativas, fueron expresamente autorizadas por el plazo allí consignado, en atención a lo dispuesto en el art. 31, ap. 1º, inc. a), del Decreto 1001/82, operando el vencimiento del plazo de permanencia el 29/09/09.
Que de la compulsa de las actuaciones administrativas se desprende que la firma recurrente, con fecha 26/08/09, solicitó al servicio aduanero que le conceda la prórroga prevista en el artículo 266 del Código Aduanero, para las destinaciones nº 06 014 IT01 000042 R y 06 014 IT01 000043 S (vide fs. 1 y 8 de las act. adm.).
Que la Sección Fiscalización y Valoración de Importación, mediante Nota n° 119/09, consideró que no correspondía hacer lugar a las prórrogas solicitadas, fundando dicho proceder en que existían motivos para dudar del otorgamiento del régimen, toda vez que de las investigaciones relacionadas al contrato de locación, presentado por la firma recurrente a los efectos de acreditar la propiedad de la mercadería, se desprende que tal instrumento adolecía de una serie de inconsistencias, tales como: la falta de comprobantes de los cánones locativos, la inexistencia de la persona jurídica que aparece como locador y la notoria vinculación de las personas físicas que conforman la voluntad societaria de las tres firmas involucradas en el contrato, que daban lugar a presumir que la propiedad de la mercadería importada temporalmente no pertenecía a una persona residente en el exterior, distinta del importador, de acuerdo a lo requerido por la Disposición n° 34/98 y la Nota Externa n° 27/09.
Que, sobre esta base, la Aduana de Comodoro Rivadavia dicta las Resoluciones n° 121/09 y 55/10, denegando las prórrogas solicitadas e instruyendo la apertura de sumario, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
Que en oportunidad de la corrida de vista, la parte actora argumentó, al igual que en esta instancia, que la revisión del régimen de importación temporal oportunamente otorgado a la firma resulta ser violatorio de los derechos legítimamente adquiridos, al dictarse un acto que retrotrae sus efectos al momento del otorgamiento del régimen.
VI. Que, bajo tales postulados, cabe precisar que la figura infraccional del artículo 970 del Código Aduanero sanciona a quienes no cumplieren con las obligaciones asumidas, como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación o exportación temporaria. En lo que refiere específicamente a la importación temporaria - situación de hecho que atañe al caso-, el incumplimiento del régimen consiste en no reexportar la mercadería en el mismo estado o luego de un proceso de transformación, antes del vencimiento del plazo que fuere otorgado al efecto.
Que, precisamente, en el esquema del Código Aduanero la infracción está estructurada sobre la base de la inobservancia de las obligaciones inherentes al régimen, siendo que las referidas obligaciones consisten en desarrollar conductas determinadas y en el plazo que se otorga al efecto. Tal como se señala la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “en el artículo 970 se establece el tipo penal correspondiente a la violación del régimen de importación o exportación temporaria, que se sanciona con pena de multa”.
Que, por lo tanto, cabe colegir que la norma en cuestión pretende evitar que al amparo del régimen de destinación suspensiva -sea de importación o exportación- se eluda el pago de los derechos aduaneros que correspondieren abonar si la mercadería fuere importada o exportada en forma definitiva; siendo que el tipo infraccional aquí analizado no reprime conductas vinculadas al incumplimiento de requisitos formales y/o sustanciales relacionados con el otorgamiento del régimen de destinación suspensiva.
Que, al respecto, se observa que los hechos expresados en la instrucción sumaria del expediente administrativo (confr. fs. 92/94 de las act. adm), están relacionados con inconsistencias suscitadas respecto del otorgamiento del régimen de importación temporaria, objeto de investigación por parte del servicio aduanero en las actuaciones administrativas, pero tales inconsistencias no conforman el elemento del tipo infraccional requerido para la figura del artículo 970 de la ley 22.415.
En efecto, en tal sentido corresponde destacar que para proceder a la apertura de sumario establecida en el artículo 1094 del Código Aduanero se requiere que la determinación de los hechos que se reputan, sean plenamente constitutivos de la infracción.
Que, en suma, sin perjuicio de que la imputación infraccional pudiere haber variado durante la sustanciación del procedimiento o dejarse sin efecto, lo cierto es que la Aduana -mediante una resolución que no se ajusta a la plataforma fáctica ni jurídica de la litis- procedió a condenar a la firma CUMI S.A., por aplicación del artículo 970 del Código adjetivo, al considerar que no había quedado demostrado que la propiedad de la mercadería importada temporalmente pertenezca a una persona residente en el exterior distinta del importador, como así tampoco se había demostrado la veracidad de la figura jurídica con la que se pretendió avalar la importación temporal objeto de autos.
VII. Que el principio de congruencia exige que medie identidad entre la calificación jurídica del hecho y el sustrato fáctico sobre el cual se sustenta la imputación, como postulado ineludible para que la parte imputada pueda hacer valer sus derechos fundamentales, en el marco de un procedimiento administrativo infraccional. En efecto, el Alto Tribunal ha explicado que el carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos: de ahí que lo esencial sea "que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias" (Fallos: 315:106; 329:5903; 338:552 y CSJ 001460/2016/CS001 “Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción”, sentencia del 5/8/2021). En definitiva, las calificaciones jurídicas infraccionales representan situaciones fácticas reales, por lo que el juicio de reproche y la posterior la condena se deben efectuar sobre la base de hechos jurídicamente relevantes, que permita colegir la atribución jurídica del tipo infraccional correspondiente, a los fines de resguardar el derecho de defensa en juicio, que deriva como pauta lógica, del principio de congruencia.
Por lo tanto, los hechos por los que se atribuye la calificación jurídica del art. 970 del Código Aduanero en el presente caso, y por el que se la condena a la firma recurrente al pago de una multa más los correspondientes tributos aduaneros, no pueden considerarse constituyentes del tipo infraccional legalmente atribuido, siendo que los fundamentos de la condena se construyen sobre la base de una falta de cumplimiento de los requisitos formales para el otorgamiento del régimen de importación suspensiva que debiere haber cumplido la importadora, como una “prueba válida” para la autorización del régimen mencionado.
Que, atento a ello, corresponde tener por no configurada la infracción prevista en el artículo 970 del C.A., habida cuenta que no existe congruencia entre el contenido de la figura infraccional endilgada y el hecho fáctico reclamado por el servicio aduanero, afectando el derecho de defensa en juicio de la recurrente previsto en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 18 de la Constitución Nacional.
VIII. Que, bajo tales premisas, la solución que se adopta en la litis, se ajusta a reiterada jurisprudencia y resulta acorde con los más elementales principios del derecho procesal, que tienen incidencia en la garantía constitucional de la defensa en juicio, y en su expresión del derecho al debido proceso.
Es decir, no se obstaculiza ni entorpece la labor recaudatoria cuando se exige que ésta sea desarrollada de modo tal que permita al contribuyente ejercer su defensa en debida forma.
En efecto, el derecho de defensa, consagrado constitucionalmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, tiene un criterio amplio de aplicación tanto en el marco jurisprudencial como en doctrina, y se traduce en dos facetas, cuyas expresiones son, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, como así también el derecho a obtener una resolución legítima y fundada.
Y tales cláusulas son complementadas por los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos (con alcance a las personas colectivas), en cuanto consagran el principio de tutela judicial efectiva (art. 8, inciso 1°, y art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica). Dicha norma, que reconoce expresamente el llamado “debido proceso legal”, ostenta indudable rango constitucional en nuestro ordenamiento, y contiene el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (vide, Opinión Consultiva N° 9, CADH, párrafo 28, del 6 de octubre de 1987), por lo que su estricta observancia deviene inexcusable, tanto en la esfera administrativa como en la jurisdiccional.
Por lo tanto, la forma en que se resuelve es sin dudas la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los referidos artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
IX. Que, por último, no existe en nuestro ordenamiento prescripción legal alguna que excepcione al Estado de cumplir con la normativa aplicable a cada caso concreto pues, por el contrario, en el marco de un estado constitucional y democrático de derecho, con justicia social y plena vigencia, desarrollo y efectividad de los derechos humanos (que no son sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, todos los derechos que resultan fundamentales a la dignidad del hombre) siempre tiene que actuar -por intermedio de funcionarios públicos que deben honrar el cargo que desempeñan, al que corresponde servir-, con apego a la ley, suma responsabilidad social, y en un todo de acuerdo a un fuerte compromiso de excelsa justicia; extremo que no se verificaría de adoptarse un solución que convalidara un accionar administrativo no ajustado a derecho, por privilegiar un interés recaudatorio derivado de un acto insusceptible de generar efectos jurídicos, por lo que en esta sede no puede ser convalidado, por haberse violentado garantías constitucionales de la parte recurrente (confr. voto del Dr. Garbarino in re “Alpemar S.R.L.” (Expte. Nro. 29.897-A), del 28 de marzo de 2014, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación.
X. Que, en consecuencia, resultaría ajustado a derecho absolver a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, toda vez que el aspecto decisorio debe estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, careciendo la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a revocar la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
Por lo expuesto, SE
1. Revocar la Resolución n° 249/11 (AD CORI), recaída en la actuación SIGEA n° 12808-210-2009.
2. Costas a la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y, por Secretaría de Registro, a los Dres. Adrián Alejandro Raso y Gustavo Roldán, al domicilio sito en Avda. Córdoba 1309 Piso 6 Of. A, CABA. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2022.09.19 14:07:44 -03:00 Date: 2022.09.19 15:20:43 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.19 15:20:44 -03:00
Fin de la sentencia