Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 47.064-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $15.520 (Pesos quince mil quinientos veinte) por el patrocinio letrado y $ 6.208 (Pesos seis mil doscientos ocho) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en las dos primeras etapas en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-30195220-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 30 de Marzo de 2022 AGREGADO.
En la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EXPTE N° 47.064-I MONSANTO ARGENTINA S.R.L- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
El Dr. Martín dijo:
Que a fs. 29/58 Monsanto Argentina S.R.L interpone recurso de apelación contra la resolución Nº 136/2016 (DV DEOA) dictada el 28 de junio de 2016 por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, mediante la cual se determinó de oficio en conjunto con los intereses resarcitorios el saldo a favor del primer párrafo del artículo 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para los períodos fiscales 12/2008 a 08/2010; estableciéndose un impuesto a ingresar correspondiente al período fiscal 09/2010 y aplicándose una multa equivalente a tres veces el importe evadido en el último período, conforme lo dispuesto en el artículo 46 y 47 inc. b) de la Ley de Procedimiento Tributario. En primer término, expone que el fundamento de la resolución que apela radica en la impugnación de las operaciones respaldadas por las facturas de compra al proveedor Agro Costa del Uruguay S.R.L, el cual de acuerdo a la investigación llevada a cabo es de carácter apócrifo. Señala que de la documentación aportada en la etapa de inspección surge que las mercaderías involucradas en las operaciones cuestionadas realmente existieron, por lo que en este orden de ideas considera, que, si luego dicho proveedor no ingresó el débito fiscal adeudado, es erróneo el accionar del Fisco Nacional al imputarle los incumplimientos que éste realiza. En consecuencia, entiende que el hecho imponible nació para Agro Costa del Uruguay S.R.L con la entrega de la mercadería, independientemente del cumplimiento o no de las obligaciones fiscales del mismo; no alterando de ningún modo el cómputo del crédito fiscal. En virtud de ello, explica que el Fisco Nacional no habría dirigido ningún tipo de acción de cobro contra el proveedor en cuestión, que es quien incumplió las normas fiscales y adeudaría el tributo, sino que por el contrario eligió impugnar el crédito fiscal del eslabón más solvente y expuesto de la cadena de comercialización (Monsanto Argentina S.R.L). Destaca a su vez, que el proveedor impugnado no se encontraba incluido en la Base Apoc a la fecha de las operaciones.
Asimismo, plantea como defensa del fondo y para ser resuelta en oportunidad de dictar sentencia la excepción de prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar las citadas obligaciones fiscales de la sociedad. En este sentido, manifiesta que el plazo quinquenal para el período fiscal 2008 comenzó a correr el 1 de enero de 2010 finalizando el mismo el 1 de enero de 2015. Sostiene que no resulta aplicable la suspensión por un año que establece el art. 17 de la ley N° 26.860 (B.O. 3/6/2013), en atención a que la misma no alcanza a los contribuyentes que no se hayan adherido al régimen que contempla la mencionada ley. Funda su postura citando jurisprudencia y en consecuencia solicita que se declaren prescriptas las acciones y poderes del ente fiscal para determinar el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales cuestionados, con costas. Finalmente señala la improcedencia de la sanción aplicada, aduciendo ausencia de configuración del aspecto objetivo y subjetivo e indicando a su vez que no se perfecciona la “grave incidencia” que dispone el artículo 47 de la norma, toda vez que las operaciones en cuestión representan un porcentaje ínfimo en el conjunto de las operaciones que la sociedad realiza.
Respecto de los intereses resarcitorios se agravia de los mismos por considerar que el incumplimiento no le era imputable desde el aspecto subjetivo.
Por los motivos que expone, solicita que se revoque la resolución recurrida, en todas sus partes, con costas. Ofrece prueba documental y pericial contable. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 71/91vta., se presenta el Fisco Nacional contestando el traslado deducido en autos. En primer lugar, respecto al planteo de prescripción interpuesto por la actora como defensa del fondo, manifiesta que corresponde que dicha defensa sea tratada como una excepción de previo y especial pronunciamiento, conforme lo dispone el artículo 171 inc. g) de la ley N° 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones). En este sentido, menciona que el vencimiento de la declaración jurada del período fiscal 12/2008 operó el 1 de enero de 2009, comenzando a correr los cinco años de prescripción el 1 de enero de 2010; suspendiéndose dicho plazo el 3 de junio de 2013, -fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley N° 26.860-, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la mencionada norma, finalizando el plazo de prescripción el 31 de diciembre de 2015. En este orden de ideas destaca, que el 30 de diciembre de 2015 se notificó la resolución N° 336/2015 a través de la cual se corre vista en los términos del artículo 17 de la Ley de Procedimiento Tributario y se inicia el procedimiento de oficio.
En efecto, frente a los argumentos esgrimidos por la recurrente, señala que los mismos deben ser rechazados, toda vez que la norma legal establece con carácter general una suspensión de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo del agravio planteado por la actora, con expresa imposición de costas hacia ella. Posteriormente, respecto del resto de los agravios invocados por la actora, expone que a partir de las tareas desarrolladas en la etapa de inspección se constató la inexistencia de capacidad operativa de Agro Costa del Uruguay S.R.L, por lo que si el pretendido proveedor no es quien entregó los granos en parte de pago, por tratarse de un sujeto interpósito, no se perfeccionó el hecho imponible y por lo tanto no se da la concurrencia del aspecto material que habilita el cómputo del crédito fiscal.
Por consiguiente, advierte que para que una operación sea computable debe cumplir con los requisitos de existencia (aspecto material) y su correspondiente facturación (aspecto formal), hecho no sucedido en autos. En este orden de ideas, menciona que el mero cumplimiento de los aspectos formales en los comprobantes que pretenden respaldar las operaciones examinadas no prueba en modo alguno que quien figura como vendedor haya sido el verdadero sujeto de la relación comercial; por cuanto reunidos los elementos de juicio que acreditan el carácter apócrifo de aquel, devienen inconducentes las estructuras jurídicas articuladas. Por lo tanto, no sólo debe reunir los requisitos formales contemplados normativamente sino que además debe reflejar la real operación económica que pretender documentar.
Con respecto a la multa aplicada sostiene que la recurrente actuó con pleno conocimiento de su conducta, presentando declaraciones juradas engañosas y esta actitud subjetiva es lo que el derecho declara idóneo para acarrear responsabilidad penal para la configuración de la defraudación.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso interpuesto por la recurrente, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la parte actora. Se opone a la prueba ofrecida. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 106 se hace lugar a la prueba pericial contable, la cual luce agregada a fs. 123/130. En consecuencia a fs. 140 se declara cerrado el período de instrucción.
IV. Que conforme surge de la sentencia obrante a fs. 145 el Tribunal en Pleno resolvió no acumular los expedientes N° 47.064-I y 48.158-I, toda vez que no se verifica la existencia de premisas de hechos comunes y conexidad requeridas por el artículo 8 del Reglamento de Procedimientos.
V. Que a través de la PV-2021-115739861-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. y mediante el IF-2021-119019291-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar. En el RE-2021- 123364376-APN-SGAI#TFN obran los alegatos del Fisco Nacional y en el RE-2021-124846275-APN- SGAI#TFN los de la recurrente.
VI. Que ello así, en primer término, corresponde resolver en esta instancia la defensa de prescripción planteada por la recurrente como defensa del fondo a pesar que el Fisco Nacional lo requirió como de previo y especial pronunciamiento.
Que la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) dispone en los artículos 56, 57 y 58 que las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella prevista, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen o al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerados como hecho u omisión punible. Que en el caso de marras, la actora plantea la excepción de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar el tributo, al entender que el plazo de cinco años que contiene el artículo 56 de la ley de rito fiscal ya transcurrió. Que frente a ello, el organismo fiscal rechaza el planteo de prescripción, manifestando que resulta de aplicación la suspensión que se estableció por un año con carácter general en la ley Nº 26.860.
VII. Que por lo tanto se debe considerar si resulta aplicable alguna causal de suspensión y/o interrupción del curso de la prescripción.
Que el artículo 17 de la mencionada ley suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. Que la citada ley dispuso que entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir el 3 de junio de 2013. Por lo que, el término de la prescripción se extiende un año.
Que ello así, debe destacarse que teniendo en cuenta que el vencimiento de la declaración jurada por el período fiscal diciembre 2008 operó en enero 2009; el período quinquenal dispuesto por los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Procedimiento Tributario, inició recién a partir del 1 de enero de 2010; suspendiéndose el mismo un año conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la ley N° 26.860; por lo que los plazos vuelven a contarse a partir del 3 de junio de 2014, finalizando el mismo el 31 de diciembre de 2015. En esta línea de pensamiento, es importante resaltar que conforme surge a fs. 447 del cuerpo principal III de los antecedentes administrativos, con fecha 30 de diciembre de 2015 la actora fue notificada de la vista del proceso de determinación de oficio (Resolución N° 336/2015- 28/12/2015).
Que teniendo en cuenta que el artículo incorporado a continuación del Art. 65 de la ley N° 11.683 (t.o en 1998 y sus mod) dispone la suspensión por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, y toda vez que la resolución N° 136/2016 fue dictada el 28 de junio de 2016; corresponde afirmar que al dictado de la resolución apelada en autos el Fisco Nacional se encontraba facultado para determinar dichos tributos y para aplicar sanciones.
Que, por otra parte, la recurrente sostiene la inaplicabilidad de la suspensión al entender que afecta el principio de irretroactividad de la ley penal y de la ley penal más benigna. Dicho fundamento debe ser rechazado atento a lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Fallos 95:201, Fallos 21:275; 212:354 al indicar que “las normas procesales son de aplicación inmediata a partir de su entrada en vigencia” y “no existen derechos adquiridos a ser juzgados por determinado procedimiento”. En efecto, corresponde aplicar lo establecido en la ley N° 26.860 toda vez que la misma es de carácter general.
Que finalmente, debe señalarse que la restricción establecida por el artículo 185 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) que veda a este Tribunal la posibilidad de pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentarias, no permite receptar el planteo articulado en torno a la validez del artículo 17 de la ley N° 26.860.
En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción esgrimido por la recurrente.
VIII. Que corresponde considerar los distintos agravios planteados por la recurrente con relación a la determinación de oficio practicada, junto con la prueba pericial contable producida en autos.
Que, conforme surge de la resolución recurrida, los antecedentes administrativos y el informe final de inspección que se desprende de ellos, la actora cierra sus ejercicios económicos el 31 de diciembre de cada año, desarrollando las actividades de fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario. Que a los fines de entender las operaciones que se impugnan debe mencionarse la operatoria que surgió en autos. En este sentido, es preciso señalar que Monsanto Argentina S.R.L, vendió productos agroquímicos a Agro Costa del Uruguay S.R.L a cambio de granos; los cuales fueron posteriormente exportados, gracias a la tarea realizada por los corredores de granos, a las sociedades Vicentin S.A.I.C. y Bunge.
Que ello así, en las presentes actuaciones se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones efectuadas con el proveedor Agro Costa del Uruguay S.R.L, el cual atento a las irregularidades que presentaba fue declarado como apócrifo, impugnando el ente fiscal los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 12/2008 a 09/2010.
Que, en base a las tareas desarrolladas por el personal fiscalizador, cabe mencionar los principales incumplimientos incurridos por el proveedor apoc; entre los cuales figuran la no disponibilidad de bienes y cuentas bancarias a su nombre, la falta de presentación de declaraciones juradas o que las mismas fueron presentadas con datos erróneos, la no localización en el domicilio declarado, a pesar de las ingentes tareas llevados adelante por el personal fiscalizador.
Que si bien la recurrente sostiene en su escrito recursivo que dicho proveedor no se encontraba incluido en la Base Apoc a la fecha de las operaciones, teniendo las facturas impugnadas C.A.I vigente y cumpliendo los requisitos formales que de estas se desprenden, lo cierto es que esta circunstancia no implica que el proveedor posea capacidad operativa para operar. Por consiguiente, para que una factura posea entidad suficiente para generar un crédito fiscal, deben encontrar sustento en la realidad fáctica de las operaciones, es decir debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material, puesto que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
A dicha conclusión es posible arribar por estricta aplicación de lo que la doctrina ha dado en llamar la “concurrencia de los elementos materiales y formales del crédito fiscal”, según la cual “para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos materiales (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiera por expresa disposición legal). En tal sentido, la ley del IVA condiciona la procedencia del cómputo del crédito fiscal a la discriminación formal del tributo -salvo excepciones no aplicables al caso-, es decir, si no existe facturación del impuesto, no hay derecho a dicho cómputo. Con relación al aspecto formal aludido, el texto de la ley es claro en cuanto a que el crédito fiscal debe ser facturado ‘al responsable’, correspondiendo la imputación del mismo al sujeto pasivo a quien este le hubiese sido facturado” (cfr. TFN, Sala A, “Nachon Jorge Héctor c/DGI”, sentencia del 4/02/2013, cita on line Thomson Reuters AP/JUR/775/2013).
Que por lo tanto y sin perjuicio de que Agro Costa del Uruguay S.R.L fue incluida en la Base Apoc con fecha posterior a la realización de las operaciones (fs. 511 de los antecedentes administrativos), es importante destacar que en el caso en autos no resulta controvertida la existencia de la mercadería, la participación de los intermediarios, como así tampoco el destino final de los granos, sino que por el contrario se discute si la operación de venta de granos fue realizada por quien dice haberlo hecho.
En efecto, teniendo en cuenta que el proveedor en cuestión no es quien entregó los granos, por tratarse de un sujeto sin capacidad económica, no se perfeccionó el hecho imponible, por lo que tampoco se configuraría el aspecto material que posibilita el cómputo del crédito fiscal.
Que a su vez cabe señalar que la prueba pericial contable que luce agregada a fs. 123/129 vta, no logra aportar elementos probatorios adecuados a los fines de conmover el criterio adoptado por el Fisco Nacional. Por consiguiente, en virtud de lo expuesto corresponde confirmar el ajuste fiscal propuesto, con costas.
IX. Que resta referirse a la multa aplicada con sustento 46 y 47 inc. b) de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) Que el artículo 46 de la mencionada ley (texto vigente) dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Que en el caso en autos, el elemento objetivo requerido por la norma del art. 46 queda acreditado mediante la omisión de impuesto siendo el mismo declarado en menor medida, hecho que implica un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
Que respecto al elemento subjetivo, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
Que el considerando VIII.- demuestra la actitud dolosa de la recurrente al declarar impuesto en menor medida, advirtiendo a su vez que la prueba ofrecida en autos nada dice acerca del verdadero destinatario de dichas operaciones, motivo por el cual corresponde tener por configurado el elemento subjetivo de la sanción. Que en lo que respecta a las presunciones establecidas en el artículo 47, debe mencionarse que las mismas admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador. Por su parte, dicho artículo dispone que “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: b) la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.”
En efecto, se verifica que la actora no acompañó los elementos probatorios suficientes que permitan acceder al convencimiento de que la misma ha procedido conforme a derecho, sino que, por el contrario, las irregularidades pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que lleva a cabo.
Que, por lo tanto, al no haberse aportado elementos que justifiquen apartarse del encuadre jurídico dado por el juez administrativo a la conducta de la aquí apelante, corresponde disponer la confirmación de la multa aplicada. Las costas se imponen a la vencida..
X. Finalmente acerca de los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que los mismos han sido liquidados en conformidad con lo prescripto en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario y que la recurrente no planteo agravios concretos al respecto. En consecuencia corresponde disponer su confirmación.
XI.-Por los motivos enunciados en los considerandos VI a X corresponde rechazar el recurso planteado por el recurrente, con costas, tanto en lo que hace a la multa como a los intereses resarcitorios, y confirmar los ajustes planteados por el Fisco Nacional.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
La Dra. O´Donnell dijo:
Adhiero en lo sustancial al Voto del Vocal Instructor y a la decisión que propone, excepto en el Considerando VII, respecto de la prescripción de las facultades fiscales para imponer sanción por el período fiscal 09/2010, por aplicación del criterio sobre la incidencia del principio de la ley penal mas benigna sobre las leyes que establecen regímenes excepcionales de regularización de obligaciones fiscales adoptado por la Cámara que ejerce como tribunal de alzada al fallar en la causa “Acifer S.A”, sentencia del 14 de septiembre de 2004, entre otros y reiterado en fecha reciente en “Alvarez Hnos S.A”, del 23 de diciembre de 2021.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $15.520 (Pesos quince mil quinientos veinte) por el patrocinio letrado y $ 6.208 (Pesos seis mil doscientos ocho) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en las dos primeras etapas en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
3. Regular los honorarios del Dr. Leonardo Diego Pierini, por su actuación como perito contador designada a propuesta del Fisco en la suma de $ 4.233 (Pesos cuatro mil doscientos treinta y tres), los que quedan a cargo de la recurrente, en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos, el monto del litigio y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 6.320 (Pesos seis mil trescientos veinte)equivalente a 0,85 (85/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria – y por la representación procesal , la suma de $2.528 (Pesos dos mil quinientos veintiocho) equivalente a 0,34 (34/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 04/22 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.03.30 09:01:44 -03:00 Date: 2022.03.30 10:16:48 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.30 11:19:26 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.30 11:19:25 -03:00
Fin de la sentencia