Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
I. Que mediante IF-2019-49484793-APN-SGAI#TFN el Sr. Efraín Videla interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 840/2019 (DV JBBL) emitida en fecha 03 de abril de 2019 por la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP, mediante la cual se le aplicó una multa por el monto de $179.662,36 (pesos ciento setenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos con 36/100), equivalente a un cuarto (1/4) del mínimo legal, consistente en dos veces el monto evadido en concepto de impuesto a las ganancias, período fiscal 2008, tipificando su conducta en las previsiones de los artículos 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y modificatorias).
Que mediante sentencia de fecha 03/11/2021 (INLEG-2021-106342866-APN-VOCIV#TFN) se rechazó el planteo de prescripción de la acción inherente a la multa aplicada por el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2008.
En lo relativo al fondo de la controversia, la recurrente manifiesta que el Fisco le habría aplicado una sanción de defraudación sin acreditar la configuración de los elementos típicos requeridos por la norma. Asevera que de la prueba arrimada en el procedimiento -la que, dice, no fue debidamente valorada por el organismo fiscal- surge patente la inexistencia de la conducta dolosa que se le endilga.
Señala que los fundamentos para determinar la conducta dolosa se sustentan en que el organismo fiscal le endilga la presentación de declaraciones juradas engañosas, lo que caracteriza la evasión del impuesto. Insiste en que, en cuanto a la estimación del tributo, no se ha determinado deuda, pues a la fecha de la instrucción de sumario no se ha notificado ajuste alguno.
Formula reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se deje sin efecto la sanción aplicada, con costas.
II. Que mediante IF-2019-69930456-APN-DNTEID#JGM el representante fiscal contestó el traslado del recurso conferido.
Expresó que de las pruebas recabadas por la fiscalización y el análisis de las mismas, se concluye que lo informado por el contribuyente sobre las operaciones que se observaron, carece de sustento. En definitiva, la mayoría de las operaciones descriptas por el contribuyente no se condicen con la información obrante en los sistemas de la AFIP (E Fisco), lo que además resultó corroborado con la información remitida por las entidades bancarias circularizadas por la fiscalización. Frente a las inconsistencias detectadas, manifiesta que los datos inexactos que el contribuyente consignó en la declaración jurada original generaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible que debía ser declarada, toda vez que se pasó de un monto a ingresar a la AFIP de $ 0 (DDJJ original) a $619.331,93 (DDJJ rectificativa), lo que representó una evasión del 100% del tributo que lo alcanzaba.
Sostiene que el dolo ha sido debidamente acreditado en autos, todo lo cual ha quedado corroborado cuando el contribuyente presentó las declaraciones juradas rectificativas, consintiendo el ajuste, y por ende, su actuar malicioso. Destaca que el perjuicio efectivamente se produjo, desde el momento que el fisco se vio privado de disponer en el debido tiempo de la suma de impuesto que le correspondía, lo cual fue disminuido al confeccionar el contribuyente sus declaraciones juradas engañosas.
Insiste en que la presentación de las declaraciones juradas rectificativas no se debió a una libre elección del contribuyente, o sea a un acto voluntario, toda vez que se correspondió con el resultado del actuar del personal fiscalizador, que detectó las diferencias posteriormente reconocidas por el Sr. Videla.
En lo relativo a la ausencia de configuración del elemento subjetivo, manifiesta que el actuar doloso se presume salvo prueba en contrario, sin que se haya arrimado al procedimiento aquella que desarticule la presunción que ha sentado la AFIP. Frente a ello, insiste en que no caben dudas de que el responsable ha actuado con pleno conocimiento de la conducta en que incurría, y que es tal actuar lo que el derecho entiende idóneo para acarrear responsabilidad penal. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. Se opone a la prueba ofrecida por la actora y solicita se confirme la resolución apelada, con costas a la recurrente.
III. Que mediante IF-2020-75132186-APN-DTD#JGM la representación fiscal informa que la multa objeto de debate no se encuentra alcanzada por el beneficio de la condonación establecido en las leyes 27.541 y 27.562, y en la Resolución 4667/2020, toda vez que la actora no ha ingresado el impuesto que dio origen a la sanción impuesta.
No habiéndose manifestado al respecto la parte actora, mediante proveído del 05/11/2020 (PV-2020-75523228-APN- VOCIV#TFN) se tuvo presente lo manifestado por la demandada, prosiguiendo los autos según su estado.
IV. Que en fecha 21/02/2022 (PV-2022-16377666-APN-VOCIV#TFN) el Vocal instructor requirió a las partes que manifiesten si consideraban que la audiencia prevista en el art. 173 de la ley 11.683 resultaba inoficiosa, ello en atención al estado de autos, las presentaciones ya efectuadas por ambas partes y a la situación de emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia de COVID 19 y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
Que la referida intimación fue contestada únicamente por el Fisco Nacional (IF-2022-20543090-APN-DTD#JGM) ratificando su oposición a la prueba ofrecida por la actora.
Que mediante PV-2022-27399643-APN-VOCIV#TFN se decidió rechazar la prueba documental en poder de terceros cuya remisión se solicitaba y la prueba informativa por resultar ambas improcedentes, y la prueba de testigos por inconducente.
Que mediante PV-2022-29829833-APN-VOCIV#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “B” y pasaron los mismos a sentencia.
V. Que del Informe Final de Inspección (obrante en los antecedentes administrativos, actuación N° 16725-40-2019, Sumario N° BBS/79/2019, “Infracción art. 46 Ley.11683”, agregados por la demandada en soporte papel sin foliar), se desprende que la actividad principal del contribuyente es “servicios jurídicos”.
Que se verificaron las obligaciones relativas al impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales, periodos fiscales 2008 y 2009. Se señala que al inicio de la fiscalización, se encontraban presentadas las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2008 con un impuesto determinado de $52.357,69 y un saldo a favor del contribuyente de $68.581,70, como consecuencia del cómputo de retenciones sufridas y anticipos ingresados; para el periodo fiscal 2009 un impuesto determinado de $3.168,42, que con las retenciones sufridas y anticipos ingresados le queda un saldo a su favor de $7.336,71.
Dadas las revisiones efectuadas en el impuesto a las ganancias, se requirió la depuración de las acreditaciones bancarias por el año 2008 de todas las cuentas a su nombre en moneda de curso legal y/o extranjera, tanto a título personal como las que comparte la titularidad con su esposa, Sra. Lilian Noemí Díaz.
Que del relevamiento de la información obrante en el sistema E-Fisco, la documental aportada por el contribuyente y la obtenida en razón de la circularización a los bancos, se corroboró que lo informado por el responsable no tiene sustento y no logra avalar las operaciones que pretende justificar. En suma, las labores desplegadas por la fiscalización arriban a la conclusión de que el contribuyente ocultó ingresos gravados y computó gastos improcedentes, pues éstos no contaban con respaldo documental.
Que según emerge del citado informe, el contribuyente se allanó a la pretensión fiscal procediendo a rectificar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias períodos 2008 y 2009. La declaración jurada rectificativa del periodo 2008 arrojó un nuevo impuesto determinado de $740.271,32 y saldo a ingresar de $619.331,93, y la correspondiente al periodo fiscal 2009 arrojó nuevo impuesto determinado de $169.160,12 y saldo a ingresar de $164.627,44. Que en Nota de fecha 16/01/2019 (obrante en actuación Nro. 16725-40-2019) se deja constancia de que el contribuyente regularizó los saldos resultantes del referido ajuste, con la consolidación en fecha 31/07/2013 del Plan de Facilidades N° G558566 (en el marco de la R.G. N° 3451).
Que en fecha 18/06/2018, operó la caducidad del mencionado plan de pagos, motivo por el cual corresponde tener por condonada la sanción en relación al monto del ajuste efectivamente cancelado de acuerdo con la imputación de las cuotas pagas, determinándose la aplicación de la sanción correspondiente por la parte impaga, es decir por la suma $ 359.324,73. Que obra acreditado en los antecedentes administrativos que en fecha 30/12/2014 la AFIP formuló la denuncia penal por presunta comisión del delito de evasión simple, habiéndose dictado la sentencia de sobreseimiento en fecha 02/03/2018 en los autos caratulados “Videla, Efraín Orlando s/ Evasión simple tributaria” en trámite por ante el Juzgado Federal N° 1, Secretaría N°2 en lo Criminal y Correccional de Bahía Blanca. El sobreseimiento fue fundado en la operatividad del principio de la ley penal más benigna, atento a modificación del monto operada por la ley 27.430 que sancionó un nuevo Régimen Penal Tributario, derogando las disposiciones de la ley 24.769.
VI. Que en razón de lo ponderado, corresponde entrar en el análisis de la procedencia de la multa que el contribuyente apela en los presentes autos.
Que la sanción que se endilga encuentra sustento normativo en los arts. 46 y 47 inc. a), b) y c). Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que, en ese orden de ideas, en lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que la presentación de DDJJ rectificativas lo que revela, y así ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, es que el contribuyente primitivamente no ha declarado el impuesto en su justa medida, siendo dicha declaración defectuosa la que, al no haberse producido prueba en contrario, lleva a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se le endilga. Que, en cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 -como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Que por lo tanto, si se analizan las presunciones utilizadas en la especie, debe puntualizarse que en el inciso a) del art. 47 de la ley 11.683 “...no es la simple contradicción lo que funda el presupuesto de hecho, sino que la misma requiere ‘gravedad’…” (véase “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, Sala “B”, de fecha 11/02/2008, voto del Dr. Porta). Que con relación al inciso b) de dicho artículo, en el mismo precedente citado se señaló que no cualquier incidencia allanaría el camino hacia una presunción adecuadamente conformada, sino que es necesario que el juez administrativo fundamente que la merma de materia imponible reúne la calidad de “grave”. El inciso c) en realidad contiene una remisión al inciso a) (inexactitud en las declaraciones juradas) y al inciso b) (documentos que le sirvan de base), pero observado el fenómeno desde otra perspectiva: la disconformidad con las normas aplicables.
Que la mayoría de los agravios de la actora se relacionan con la cuestión de fondo que aquí no se encuentra en debate - aunque constituya el elemento objetivo de la multa-. No obstante ello, procede en esta instancia revisar la correcta activación de las presunciones que invoca el Organismo Fiscal, con carácter previo a invertir la carga de la prueba. Que en el presente caso se encuentra demostrada la grave incidencia que prescribe la citada norma, pues el ajuste se originó al haberse detectado la ocultación de ingresos gravados y el computo de gastos improcedentes y pasivos injustificados, determinándose la materia imponible que debía ser declarada, pasándose de un monto a ingresar a la AFIP de $ 0 (DDJJ original) a $619.331,93 (DDJJ rectificativa), lo que representa la patente intención de no reflejar la deuda fiscal. La circunstancia descripta demuestra plenamente la contradicción existente entre los documentos, con los datos que surgen de las DDJJ originales y la falta de asidero que tiene la objeción del responsable al respecto. Que, así las cosas, corresponde señalar que, siendo el apelante a quien le correspondía la demostración intergiversable de sus dichos, no ha logrado desvirtuar con sus probanzas las impugnaciones formuladas por el Fisco Nacional, por lo que cabe confirmar la multa apelada, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la multa en todos sus términos, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.05.03 15:27:27 ART Date: 2022.05.03 17:07:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.04 08:16:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.04 08:17:50 -03:00
Fin de la sentencia