Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.956-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de conexidad del presente beneficio de litigar sin gastos junto con los beneficios iniciados en los expedientes: N° 39.956-A, N° 39.966-A, N° 39.962-A y N° 39.954-A, así como también junto con los doce (12) beneficios iniciados, en el marco de los restantes doce (12) Recurso de Apelación ya iniciados.
2Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora.
3Intimar a la actora para que dentro del quinto día ingrese la suma de $ 64.064,80 (SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS), bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
4Imponer costas a la actora solicitante.
I. Que, a fs. 63/72, la actora inicia, en los términos del Art. 1174 del Código Aduanero de la Nación, el Art. 9 de la Ley 25.964 y lo prescripto por los Arts. 78,79, 80 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, solicitud del beneficio de litigar sin gastos, toda vez que no posee los fondos necesarios para hacer frente a los futuros gastos que podría irrogar el recurso de apelación interpuesto en el cuerpo principal, así como también los restantes dieciséis (16) iniciados contra la Dirección General de Aduanas. Realiza una breve descripción de los hechos que derivaron en la interposición de un total de diecisiete (17) Recursos de Apelación, concluyendo que se verá obligada a ingresar la suma de aproximadamente UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.350.000) solamente en concepto de Tasa de Actuación.
Detalla los Números de Expediente y las Vocalías por las que tramitan los citados Recursos de Apelación y aclara que en dichos expedientes también ha incidado el correspondiente Beneficio de Litigar sin Gastos, solicitando la conexidad de la totalidad de los incidentes. Afirma que de negársele el presente beneficio se le impediría el acceso a la justicia, así como también se coartaría su derecho de defensa, y con ellos inevitablemente se vulnerarán elementales derechos y garantías constitucionales. Señala que los últimos ejercicios económicos de la empresa no han sido muy favorables desde el punto de vista económico-financiero, y que a ello se le suma una situación de recisión generalizada en el mercado interno, que es el ámbito donde la firma se desenvuelve casi exclusivamente.
Manifiesta que las ventas de la empresa se han desplomado en un setenta por ciento (70%) aproximadamente, y realiza una breve reseña de sus estados contables. Subraya que exigir el ingreso de la tasa de actuación, importará colocar a la empresa en un estado de cesación de pagos ya que no podrá hacer frente a sus obligaciones corrientes, encontrándose en la disyuntiva de ejercer su derecho de defensa o bien cerrar su actividad. Señala que el acceso a la justicia es uno de los derechos esenciales reconocidos constitucionalmente, y que la Constitución de la Nación Argentina reconoce a todos los habitantes de gozar de los derechos y garantías que ella enumera, por lo que no admite discriminar a los “pobres” al administrar justicia, afirmando que a todos reconoce el debido proceso legal.
Subraya que la difícil situación financiera que se encuentra atravesando, así como también los montos en juego en cada uno de los expedientes inciados, provocarían, en caso de tener que haver frente a los gastos y costas de los mismos, un grave menoscabo en el patrimonio, lo que llevaría a tener que indefectiblemente cerrar sus puertas. Destaca también, que para la concesión del beneficio de litigar sin gastos no es necesario que el solicitante pruebe un estado de indigencia, bastando con que demuestre la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos, a fin de hacer frente a los gastos causídicos, o de afrontar las erogaciones que demande el proceso de que se trate. Cita doctrina, jurisprudencia y normativa aplicable.
Solicita se declare la conexidad de los distintos beneficios de litigar sin gastos. Ofrece prueba pericial, testimonial y documental y finalmente solicita se otorgue el beneficio de litigar sin gastos.
II. Que, a fs. 74 se corre vista del pedido a los representantes de la D.G.I. y de la D.G.A. A fs. 75, el representante de la D.G.I. toma intervención y solicita nueva vista una vez producida la totalidad de la prueba ofrecida. A fs. 78, se presenta el representante de la DGA y solicita el rechazo del pedido de Beneficio de Litigar sin Gastos deducido por la firma “GASEI ARGENTINA SA”. Manifiesta que el estado concursal no es óbice per se para afrontar los gastos jurisdiccionales, remarcando que el concursado conserva la administración de su patrimonio, aunque con la vigilancia del síndico. Sostiene que la peticionante pretende la concesión del beneficio de litigar sin gastos con la sola mención de su estado concursal, si argumentar nada más para vigorizar su pretensión. Destaca que es la propia actora quien impulsa la instacia jurisdiccional debiendo haber previsto los gastos casuídicos que tal actividad conlleva. Afirma que para que proceda el beneficio, es necesario demostrar que no se está en condiciones de hacer frente a un proceso con los recursos normales. Finalmente recmarca que debe tenerse presente que aquel que reclame el beneficio no solo debe acreditar la carencia de recursos sino también la imposibilidad de obtenerlos y que el concursado conserva la administración de su patrimonio. Cita jurisprudencia y solicita se tenga por contestado el traslado en tiempo y forma, y se rechace el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la firma actora.
III. Que, a fs. 80, se tiene por acompañada la prueba testimonial y documental ofrecida por la actora y se hace lugar a la prueba pericial, para lo cual se desinsacula perito contador de la lista de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
IV. Que, a fs. 81, se procede a desinsacular perito contador, y a fs. 83 surge la designación de la Perito Contadora Verónica Alejandra Lladhon. A fs. 84 comparece la Perito Contadora para aceptar el cargo, solicitando el expediente y las actuaciones adminsitrativas en préstamo. A fs. 85 se tiene presente la aceptación del cargo y se concede en préstamo el expediente por el plazo de cinco días. A fs. 86 (con fecha 10/03/2020) la Perito procede a devolver el presente expediente, sin acompañar el informe percial que fuera encomendado.
V. Que a fs. 87, atento el estado de autos, se intima a la actora a que en el plazo de cinco (5) días manifieste interés en proseguir con la pericia contable ofrecida como prueba, bajo apercibimiento de dar por decaída la misma. A fs. 90, la actora manifiesta interés en proseguir adelante con la pericia contable ofrecida y solicita vista. A fs. 92 se intima a la Perito Contadora a que en el plazo de diez (10) días presente la pericia ordenada bajo apercibimiento de remoción. A fs. 94/95 y vta. la Perito Contadora presenta el informe, y a fs. 97 se corre traslado a las partes del informe pericial que fuera producido.
VI. Que la actora solicita, en virtud de las características particulares de la situación bajo estudio, donde debió presentar diecisiete (17) Recursos de Apelación (todos con la misma finalidad, causa, objeto y partes) y en mérito al principio de economía procesal, el presente beneficio de litigar sin gastos, sea declarado conexo con el iniciado bajo el Expte. N° 39.956-A, 39.966-A, 39.962-A y 39.954-A, así como también oportunamente se los acumule con los doce (12) beneficios de litigar sin gastos que se están presentando junto a este en cada uno de los restantes Recursos de Apelación ya iniciados y enumerados en el escrito en el que se solicita la concesión del beneficio.
VII. Que como es sabido el beneficio de litigar sin gastos, que tramita por incidente, sigue la suerte del expediente principal, al cual se encuentra vinculado, por lo que resulta inescindible del mismo, no pudiendo tramitar en forma autónoma. Tal como manifiesta la propia actora, interpuso sendos recursos de apelación que tramitan ante distintas Vocalías de este Tribunal, por lo que mal puede extraerse cada incidente del expediente principal al que se encuentra vinculado y que tramita por distintas Vocalías, para acumularlos todos al presente beneficio de litigar sin gastos, que tramita ante esta Vocalía y que, a su vez, está asociado a un expediente principal distinto que el de los demás beneficios.
Que, por su parte, el artículo 8 de la Acordada 840 (y modificatorias), no resulta aplicable al caso en cuestión, no sólo por referirse a la acumulación de expedientes principales, sino por el simple hecho de que los beneficios de litigar sin gastos, tal como ya se señalara, siguen la suerte del principal, por lo que, de acumularse los expedientes principales, los respectivos incidentes, seguirán su suerte. Caso contrario, permanecen con el expediente principal.
Que, asimismo, la competencia aduanera, en su mayoría, ya se ha expedido en numerosos precedentes, en el sentido de rechazar acumulaciones –en expedientes principales- por la sola existencia de identidad de objeto, causa y partes, lo que también refuerza la inaplicabilidad del artículo 8 de la Acordada 840 y modificatorias, tal como lo pretende la recurrente.
Que, en tal sentido, el voto mayoritario de los integrantes de la competencia aduanera sostuvo: “...Que si bien las referidas causas tramitan entre las mismas partes y la cuestión a resolver, es prima facie, similar en todas ellas, se trata de distintas resoluciones dictadas en diferentes expedientes administrativos, que aplican sanciones respecto de distintas destinaciones de importación temporaria. En conclusión, se está en presencia de diversas conductas penadas, independientes unas de otras. Por lo tanto, ante la ausencia de premisas de hecho comunes que impliquen una relación de conexidad entre las causas en cuestión, corresponde denegar las acumulaciones peticionadas, por ausencia del requisito exigido al efecto por el art. 8 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal Fiscal de la Nación...” (vid “Rojas Leal Guido René y Otro c/ DGA s/ recurso de apelación”, del 31/07/17; “Buratovich Hnos. SACAFIT c/ DGA s/ apelación”, del 2/5/16; “Agro Uranga S.A. C/ DGA s/ recurso de apelación”, del 3/2/14; “Aceitera General Deheza S.A. C/ DGA s/ recurso de apelación”, del 18/3/13, entre otros, voto mayoritario de los Dres. Basaldúa, Musso, Sarquis y Segura). Más aún, resulta en el caso aplicable dicho criterio, en atención a que estamos en presencia de beneficios de litigar sin gastos, originados como consecuencia de la existencia del expediente principal. Es decir, si dicho criterio no se aplica a los expedientes principales, menos aún puede resultar aplicable a los beneficios que se originan en su consecuencia. Que, por todo lo expuesto, corresponde rechazar el pedido de conexidad del presente beneficio de litigar sin gastos junto con los beneficios iniciados en los expedientes: N° 39.956-A, N° 39.966-A, N° 39.962-A y N° 39.954-A, así como también junto con los doce (12) beneficios iniciados, en el marco de los restantes doce (12) Recurso de Apelación ya iniciados.
VIII. Que el beneficio solicitado se encuentra encaminado a evitar el pago de la tasa de actuación establecida por la ley 25.964, debiendo resolverse aquí si por las circunstancias de hecho que invoca la actora le es aplicable la exención prevista en el art. 9º de dicha ley. Que, al respecto, alega la recurrente que se encuentra atravesando una delicada situación económico-financiera. Para acreditar dicho extremo, acompaña la prueba documental que obra a fs. 19/62 y vta., consistente en fotocopia de memoria y estados contables correspondientes a los ejercicios económicos 2017 y 2018. Asimismo, a fs. 13/18 acompaña la prueba testimonial que contiene la declaración de los testigos que fueran propuestos. Que la jurisprudencia de este Tribunal, al resolver peticiones análogas a la presente con la vigencia de la ley Nº 22.610, estableció que el presupuesto de hecho de la referida exención es la situación de pobreza en que debe encontrarse aquél a quien se conceda el beneficio de litigar sin gastos” (Sala “G”. “OLIMPIC ELECTRÓNICA S.A.”, 23/3/95; Sala “B”, “CUNNINGTON C.I.F.I.S.A.”, 26/8/96; Sala “F” “EMPRESA ARGENTINA DE CEMENTO ARMADO”, Expte. Nº 8320-A, 25/9/96) y caracterizó dicha situación de pobreza definiéndola como una incapacidad económica severa que impide afrontar el pago de la tasa, por lo que se va más allá de las dificultades financieras de la empresa, incluso las que podrían dar lugar al concurso preventivo. Ello porque cuando la solicitante es una persona jurídica que persigue fines de lucro, la intepretación debe ser aún más restrictiva que en el caso de las personas físicas (en el mismo sentido, CSJN, 29/10/96, “Estructura Taifa S.A.c/Provincia de Tucumán)
Que la situación económica que invoca la actora y a cuya acreditación se encontró encaminada la prueba arrimada en el presente, constituirían, en su caso, ciertas dificultades financieras, pero no evidenciarían una incapacidad económica severa que impida el pago de la tasa de actuación, ni puede inferirse de ellas que el pago de la suma correspondiente a dicha tasa impida la subsistencia de la sociedad, que ni siquiera se encuentra en estado de cesación de pagos. Al respecto, cabe señalar que, aún ese caso, por sí solo no habilitaría el beneficio, sino una reducción de la tasa (cfme. art, 9 in fine de la ley Nº 25.964), pero podría constituirse en un elemento indicativo más de la aludida situación de pobreza (en el mismo sentido, jurisprudencia cit.).
Que los estados contables y la declaración de los testigos propuestos agregados a la presente resultan insuficientes para alterar la conclusión a la que se arriba. En efecto, en primer lugar, se trata de una sociedad anónima, que, si bien experimentó un resultado negativo reflejado en su ganancia neta al 31/3/17, al cierre del ejercicio del año siguiente presentó un resultado positivo en dicho rubro (ganancias por $741.868), y en ambos ejercicios presentó resultados positivos en el patrimonio neto. Asimismo, la empresa se encuentra realizando acciones económicas y comerciales, lo que deja en evidencia su capacidad para generar ingresos que permitan hacer frente a todo tipo de deudas. De igual forma, del informe pericial presentado por la perito a fs. 94/95 y vta. se desprende que, si bien ha disminuido los últimos años, el patrimonio neto continúa siendo positivo. Asimismo, la perito informa que la actora podría hacer frente al pago de la tasa de actuación aunque quedaría en una situación “complicada”. Que estas circuntancias, lejos de permitir su acceso al beneficio que solicita, lo impide, porque tratándose de una persona jurídica cuyo objeto es la producción de bienes con propósito de lucro debe, entonces, promover los medios para alcanzar dicho objetivo y, llegado el caso, hacer valer judicialmente sus derechos y no, por el contrario, colocarse en una voluntaria situación de pobreza debido a su manifiesta inacción para eximirse de las obligaciones que a todo litigante le son impuestas. (En el mismo sentido, Cámara Nacional en lo Comercial, Sala E, 15/9/89, “Gualda S.A. c/Río Cereal S.A.”, entre otros)
Que corresponde agregar que todas las exenciones en materia tributaria deben ser interpretadas con criterio restrictivo a fin de no vulnerar el principio de igualdad ante las cargas públicas, de raigambre constitucional Que, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco se encuentra conculcado el derecho de defensa por cuanto el pago previo de la tasa de actuación no suspende el procedimiento, que continuará hasta su terminación, no obstante la ejecución de la deuda impaga (Sala “G”. “OLIMPIC ELECTRÓNICA S.A.”, 23/3/95).
Que, por lo expuesto, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por la actora e intimar el pago de la tasa de actuación determinada en el principal, bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
Por ello, SE
1. Rechazar el pedido de conexidad del presente beneficio de litigar sin gastos junto con los beneficios iniciados en los expedientes: N° 39.956-A, N° 39.966-A, N° 39.962-A y N° 39.954-A, así como también junto con los doce (12) beneficios iniciados, en el marco de los restantes doce (12) Recurso de Apelación ya iniciados.
2. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora.
3. Intimar a la actora para que dentro del quinto día ingrese la suma de $ 64.064,80 (SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS), bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
4. Imponer costas a la actora solicitante.
Regístrese, notifíquese a las CUIT del Dr. Marcelino A. Cornejo (30-58752434-8), del Dr. Rufino Beccar Varela (20-26401876-6) y de la DGA (33-69345023-9) y, firme que quede la presente, agréguese el incidente por cuerda al principal. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. Gonzalez Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación. (art. 1162 del Código Aduanero). Date: 2022.10.17 16:03:13 -03:00 Date: 2022.10.17 17:49:36 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.17 17:49:37 -03:00
Fin de la sentencia