Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 23.469-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar, parcialmente, la Resolución n° 6015/11 (DE PRLA), recaída en el expediente SIGEA n° 12210-2911- 2005, con las consideraciones expuestas en relación al Derecho Adicional y a las percepciones por el IVA Adicional y por el Impuesto a las Ganancias, declarando que el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.696,51.-), y el de tributos asciende a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.696,51.-) con más los intereses correspondientes. Costas por sus respectivos vencimientos.
I. Que a fs. 147/156 vta. se presenta la firma ABB S.A., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 6015/11 (DE PRLA), dictada en fecha 7/09/11, por el Jefe del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, recaída en el SIGEA 12210-2911-2005, en cuanto le formula cargos por la presunta infracción al art. 970 del C.A. al amparo de la D.I.T. 02 073 IT14 001325 E, intimándosele el pago de una multa de $ 34.676,60 y la suma de $ 26.834,74 por tributos. Efectúa una reseña de los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Afirma que el D.I.T. antes aludido fue cancelado en su totalidad, habiéndose realizado la exportación de la mercadería allí documentada con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia otorgado.
Manifiesta que la Aduana se basa en una errónea interpretación de los hechos y que la resolución carece de la debida fundamentación. Se agravia porque la Aduana omitió explicar las razones por las que condenó a la firma importadora. Asimismo, expresa que el servicio aduanero impulsó la investigación luego de 10 años. Plantea la nulidad de la resolución por cuanto afecta al derecho de defensa al no establecer el objeto de la investigación. Indica que fueron acompañados todos los C.T.C. y copias de las operaciones aduaneras donde se detalla ítem por ítem la mercadería incluida. Hace referencia a la Resolución n° 479/95. Plantea prescripción por aplicación de la doctrina del plazo razonable. Expresa que ha operado la extinción de la acción para la infracción imputada.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas II.- Que, a fs. 167/171, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Se refiere a los arts. 934 y siguientes del C.A. Expresa que el auto de apertura del sumario interrumpió la prescripción. Sostiene que la garantía prevista en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos es factible para los delitos del Código Penal donde podría haber una afectación a la libertad ambulatoria.
Manifiesta que no se ha regularizado la totalidad de la mercadería importada temporariamente. Sostiene que la carga de prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Expresa el carácter objetivo de la infracción. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que de las actuaciones administrativas SIGEA n° 12210-2911-2005 se inicia a fs. 1 con el acta de denuncia 536/05 y; a fs. 4, se agrega la carpeta de la destinación de importación temporaria n° 02 073 IT14 001325 E. A fs. 12, con fecha 27/10/06, se dispone la instrucción del sumario; a fs. 21, obra liquidación de multa y tributos; a fs. 22, se corre vista de todo lo actuado a la recurrente y se cita a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en su carácter de garante. A fs. 32/32 vta. y 26/27, se presentan la importadora y la aseguradora y realizan su descargo. A fa. 55 y 56, obra nueva liquidación. Finalmente, a fs. 57/59, en fecha 7/09/11, se dicta la resolución n° 6015/11, apelada en autos.
IV. Que, en primIer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad efectuado por la recurrente, vinculado a que el servicio aduanero habría dictado resolución en forma arbitraria y en violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Que, en tal sentido, corresponde destacar que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad, tanto de la firma importadora como de la aseguradora, en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado, por resultar el mismo improcedente, en razón de no existir la causa de nulidad invocada por la actora.
V. Que, sentado ello, corresponde tratar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas. Que la misma se rige por lo dispuesto en el art. 934 del C.A. Allí se establece un plazo de cinco años, el que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (conf. art. 935 del C.A.).
Que, por aplicación de la referida norma, resulta que, en el caso que nos ocupa, la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr el 1/01/04, toda vez que la infracción se produjo al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporariamente sin haberse cumplido con la obligación de reexportar, que en el presente, según la fecha denunciada por el servicio aduanero, habría operado el 25/05/03. Ello así, de no mediar ningún supuesto interruptivo o suspensivo de la prescripción, la misma habría operado el 31/12/08. Que, de las constancias administrativas se desprende que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario por supuesto incumplimiento de las obligaciones contraídas con relación al D.I.T. n° 02 073 IT14 0001325 E data de fecha 27/10/06 (vide fs. 12 de las Act. Adm.), siendo que dicho acto interrumpió el curso de la prescripción (conf. art. 937, inc. a), del C.A.).
Que también corresponde añadir que, reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución condenatoria n° 6015/11, de fecha 7/09/11, en los términos del artículo 937, inc. d), del Código Aduanero.
Que, de todo lo expuesto, se desprende con meridiana claridad que no se ha producido la pretendida prescripción de las acciones del Fisco para imponer multas, por lo que corresponde desestimar el planteo de la firma actora en tal sentido.
VI. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos y multa, reclamados a la firma importadora, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
Que, mediante el D.I.T involucrado en autos n° 02 073 IT14 0001325 E, la firma ABB S.A. documentó la importación temporaria, en los términos del decreto n° 1439/96, documentando en el ítem 1, la cantidad de 161 unidades de la mercadería referente a la P.A. 8538.90.90.000C y, mediante el ítem 2, la cantidad de 243 unidades de mercadería que ubicó en las P.A. 8536.50.90.100P, con valor FOB total de USD 16.870,48.
Que, ante todo corresponde señalar que, tratándose de un supuesto de importación temporaria, es indudable (tal como está establecido por pacífica jurisprudencia) que es al importador de la mercadería a quien le incumbe la carga de la prueba de haber cumplido la obligación de reexportar la mercadería en término.
Que no existiendo constancias de que se haya dado cumplimiento a la obligación contraída al documentar la importación temporaria, el servicio aduanero dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo, por la presunta comisión de la infracción al art. 970 del C.A., por la totalidad de la mercadería importada temporariamente.
Que, al contestar la corrida de vista en sede aduanera, la importadora denunció y adjuntó copia de los permisos de embarque n° 02 001 EC03 015507 C (22/07/02), 02 001 EC03 016803 C (8/07/02), 03 001 EC03 009040 G (15/04/03) y, de la importación a consumo n° 02 073 IC81 000088 T (14/06/02), argumentando que los mismos descargaban casi la totalidad de la mercadería importada. Asimismo, acompañó copia de los C.T.C. n° 1076/04 (S01:0204296/02), 1774/04 (S01:0204291/02), 1548/04 (S01:0189376/02) y 2253/04 (S01:0062043/03). Que, como consecuencia de ello, la Sección Procedimientos Técnicos informó, a fs. 52 de los antecedentes administrativos, la existencia de un saldo pendiente de reexportación en lo que respecta a 8 unidades correspondientes al ítem 1 y de 123 unidades correspondientes al ítem 2 del D.I.T. n° 02 073 IT14 001325 E. A dicho fin, tuvo en cuenta la copia de la destinación de importación a consumo acompañada por la actora. En base al resultado del informe efectuado, se practicó una nueva liquidación de tributos y multa, montos éstos que fueron recogidos por la resolución n° 6015/11, aquí en recurso.
Que en primer lugar, cabe advertir que del despacho de importación a consumo n° 02 073 IC81 000088 T no surge cancelación alguna de la mercadería referente al ítem 1, que de dicho despacho, solo surge la cancelación de 153 unidades referentes al ítem 2 de la D.I.T. en cuestión. Que si bien, la recurrente acompaña, conjuntamente con la importación a consumo, una lista con el “Detalle de Cancelación” referente a la D.I.T. este no es coincidente con el despacho propiamente dicho. Sin perjuicio de ello, corresponde estarse a la cantidad de insumos considerados por el servicio aduanero, es decir, 8 unidades, dado que considerar ahora la cantidad de 153 unidades, es decir, una cantidad mayor a la tenida en cuenta por la Aduana, constituiría indebida reformatio in pejus.
Que en cuanto al ítem 2 de la D.I.T., se observa del despacho de importación a consumo n° 02 073 IC81 000088 T la cancelación de una cantidad de 153 unidades, de un total de 243 unidades, por lo que corresponde tener como pendiente de reexportación un saldo de 90 unidades.
Que, siendo así, corresponde determine si los permisos de embarque n° 02 001 EC03 015507 C, 02 001 EC03 016803 C, 03 001 EC03 009040 G, agregados a fs. 9/128 de autos, constituyen documentos aptos para acreditar la reexportación de la mercadería considerada en infracción.
Que de la compulsa de la documentación referida, resulta imposible determinar e identificar la mercadería que se habría reexportado, debido a que los permisos de embarque no poseen su hoja de descarga correspondiente, simplemente se acompaña en ellos una lista denominada “Detalle de Cancelación”, agregada por la recurrente, que si bien, refieren a la D.I.T. en cuestión, los C.T.C. que estarían involucrados, se los menciona de manera genérica, no pudiéndose identificar a que producto de los detallados en los certificados corresponden las unidades exportadas y su respectiva relación insumo/producto.
Que, en síntesis, del análisis antes expuesto surge que no pueden ser tenidos en cuenta los permisos de embarque mencionados para acreditar la reexportación de D.I.T. en cuestión. Por lo tanto, en lo que refiere a los insumos sin reexportar de la D.I.T., quedarían sin reexportar 8 unidades del ítem 1 y 90 unidades del ítem 2.
VII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde referirse a la liquidación tributaria practicada en las actuaciones administrativas respecto de las sumas correspondientes al Derecho Adicional de Importación, como así también, a las percepciones por IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Que, en cuanto al reclamo de Derecho Adicional de Importación, corresponde tener en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en el fallo “IEF LATINOAMERICANA SA c/DGA s/recurso de apelación” (TF 16.912-A) y “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A)” al caso en cuestión.
Bajo tales premisas, la solución que se adopta resulta conforme a los fundamentos que expuse en la sentencia dictada en los autos “La Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, expediente Nº 23.469-A, Sala “E”, sentencia de fecha 31/07/12, en donde declarara la inconstitucionalidad de dicho derecho Adicional y a los cuales me remito en mérito a la brevedad, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental. En consecuencia, no cabe incluir el mismo en el monto reclamado a la empresa actora.
Que, asimismo, corresponde referirse a las percepciones del IVA adicional e Impuesto a las Ganancias que fuere exigida por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada.
En tal sentido, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”.
Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
VIII. Que, conforme a lo precedentemente resuelto en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio, se procede a practicar la siguiente liquidación:
TRIBUTOS
Valor en aduana de la mercadería en infracción ítem 1: $ 562,65 Derechos de importación (1,5%) $ 8,43 Tasa de estadística (0,5%) $ 2,81 Base imponible IVA $ 573,89 IVA (21%) .$ 120,51 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS (ítem 1): $ 131,75 Valor en aduana de la mercadería en infracción ítem 2: $ 5.830,34 Derechos de importación (19 %) $ 1.107,76 Tasa de estadistica (0 %) 0 Base imponible IVA $ 6938,10 IVA (21%) $ 1.457,00 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS (ítem 2): $ 2.564,76 TOTAL DE LOS TRIBUTOS DE AMBOS ÍTEMS: $ 2.696,51.-
MULTA
Valor en aduana de la mercadería en infracción ítem 1: $ 562,65 Derechos de importación (1,5%) $ 8,43 Tasa de estadística (0,5%) $ 2,81 Base imponible IVA $ 573,89 IVA (21%) $ 120,51 TOTAL DE LA MULTA ADEUDADA (ítem 1): $ 131,75 Valor en aduana de la mercadería en infracción ítem 2: $ 5.830,34 Derechos de importación (19 %) $ 1.107,76 Tasa de estadística (0 %) 0 Base imponible IVA $ 6938,10 IVA (21%) $ 1.457,00 TOTAL DE LA MULTA ADEUDADA (ítem 2): $ 2.564,76 TOTAL DE LA MULTA DE AMBOS ÍTEMS: $ 2.696,51.-
Que por ello corresponde declarar que, en estos autos, el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CIENCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.696,51.-)
y en concepto de tributos a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CIENCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.696,51.-) todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794 y concordantes del Código Aduanero.
IX. Que respecto del quantum de la multa impuesta en el caso de marras, debe contemplarse lo preceptuado por el art. 915 del C.A., que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor. En ese sentido, el servicio aduanero sancionó, a la firma importadora, al pago de una multa igual a cuatro veces y media (4 y 1/2) el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción.
Que, en cuanto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del C.A., contempla el supuesto de aquel que habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
Que, a su vez, el art. 928, inc. a), del C.A., establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso.
Que, en el caso que nos ocupa, la infracción fue configurada el día 25/05/03 fecha de vencimiento del plazo fijado para la regularización de la mercadería importada temporariamente al amparo de la destinación n° 02 073 IT14 001325 E. La condena impuesta por el servicio aduanero tuvo en cuenta los antecedentes infraccionales computables de la firma “ABB S.A.” relativos a las resoluciones n° 122/01, 73/01, 6019/00, 88/03, 247/03, 2529/02, 2655/07, 9530/07, 4342/08, 167/08, 4478/09, 974/09 y 7658/09 (a fs. 54 de los antecedentes administrativos) que quedaron firmes en las fechas 9/10/01, 27/11/02, 22/12/00, 24/04/03, 18/02/04, 22/08/06, 4/12/07, 22/02/09, 12/09/08, 19/04/07, 23/10/09, 22/10/07 y 12/02/10, respectivamente.
En virtud de ello, puede afirmarse que no se ha acreditado el estado de reincidencia de la firma actora, dado que dichas condenas, tomadas en consideración para la graduación de la multa, quedaron firmes con posterioridad a la fecha de configuración de la infracción de marras. En cuanto a las resoluciones n° 122/01 (9/10/01), 73/01(27/11/02) y 6019/00 (22/12/00) solo se acompañaron impresiones de pantalla del sistema, donde meramente constan las fechas de las resoluciones supuestamente firmes, sin otra mención al respecto, por lo que, en virtud de lo expuesto, no pueden considerarse tales antecedentes como aplicables o computables al caso. Así las cosas, en ejercicio de las facultades previstas en los arts. 915 y 916 del C.A, resulta procedente reducir la multa impuesta a una sola vez el importe de los tributos.
X. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar parcialmente la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Pablo Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Que, por ello, SE
Confirmar, parcialmente, la Resolución n° 6015/11 (DE PRLA), recaída en el expediente SIGEA n° 12210-2911- 2005, con las consideraciones expuestas en relación al Derecho Adicional y a las percepciones por el IVA Adicional y por el Impuesto a las Ganancias, declarando que el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.696,51.-), y el de tributos asciende a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.696,51.-) con más los intereses correspondientes. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), Dra. Ana Verónica Pampin (27-20015378-8), Dra. María Alejandra Fiandesio (27-22913547-9) y Dr. Julio Alfredo Vieito (20-14264354-6). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.11.15 17:07:53 -03:00 Date: 2022.11.15 19:31:20 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.15 19:31:21 -03:00
Fin de la sentencia