Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nº 423/2012 (AD PASO) en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 08042LMAN002647G, mediante el cual se intima a las firmas EXPRESO ARACATUBA LTDA., TRANSEICH ASSEORIA e TRANSPORTES LTDA. y al Agente de Transporte Aduanero THONE FEDERICO al pago de la suma PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE con 54/00 ($26.427,54.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Cons. XV.-). Asimismo adeuda, al 30/06/2022, la suma de PESOS CIENTO TRINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES con 42/00 ($ 133.363,42.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado, en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
2Costas a cargo de las coactoras.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-96949032-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 13 de Septiembre de 2022 de apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 31.583-A: “EXPRESO ARACATUBA LTDA. y OTRO c/ DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Nro. 423/2012 (AD PASO), dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, por la que se resolvió rechazar el procedimiento de impugnación impetrado por EXPRESO ARACATUBA LTDA., TRANSEICH ASSEORIA e TRANSPORTES LTDA. y el Agente de Transporte Aduanero THONE FEDERICO, contra el cargo N° 08042LMAN002647G, formulado en concepto de tributos adeudados por la destinación suspensiva de tránsito de importación registrada bajo el MIC-DTA N° BR 203500811 (TRAS N° 113984E).
II. Fundamentos del recurso:
Coactora EXPRESO ARACATUBA LTDA.: A fs. 17/23vta. se presenta la coactora mediante apoderado y apela la resolución referida en el considerando anterior. En primer lugar, formula una breve reseña de los antecedentes del caso y, a continuación, pasa a tratar los agravios. Sostiene que se omitió considerar la excepción de falta de legitimación pasiva en tanto no fue quien documentó la destinación aduanera ni actuó como flete. Se agravia respecto de que no se hiciera lugar a la prueba informativa ofrecida en sede aduanera, vulnerándose así su derecho de defensa y del debido proceso. Señala que el faltante acaecido no obedece a negligencia alguna en el cumplimiento de los deberes de su guarda. Cita jurisprudencia y doctrina. Considera que con anterioridad a la formulación del cargo se debió requerir informe de la causa penal a los fines de lo dispuesto por el art. 782 del C.A.. Cita lo dispuesto por el artículo 312 del C.A.. Manifiesta que para que se produzca el nacimiento de la obligación tributaria es necesario el acaecimiento de un acto o hecho imponible que tenga relación económica con la transgresión. Afirma que en el caso no existe la circunstancia del aprovechamiento económico del ilícito prevista en el art. 782 del C.A., razón por la cual no estarían dados los requisitos para que se verifique el hecho imponible. Subsidiariamente plantea la improcedencia del monto del cargo en tanto entiende que al tratarse de mercadería de origen brasilero no correspondería el pago de derechos de importación y la tasa de estadística. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera y el cargo formulado.
Coactora Thone Federico: A fs. 55/60vta. se presenta el ATA mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución referida en el Considerando anterior. Comienza citando la resolución aduanera y seguidamente, pasa a desarrollar los agravios. Sostiene que la denegatoria de la prueba informativa ofrecida en instancia aduanera conlleva la vulneración de la garantía avalada constitucionalmente de defensa en juicio. Afirma que la aplicación lisa y llana de lo dispuesto en el art. 315 del C.A. significa una violación de los derechos constitucionales previstos en los artículos 16 y 17 de la C.N.. Señala que el pago de los tributos de importación es una responsabilidad que recae sobre el importador o de quien se beneficie con el ingreso de las mercaderías al país. Considera que el hecho delictivo de un tercero debe presentar el carácter de imprevisible e insuperable. Plantea la nulidad de la resolución aduanera por considerar que no se ha cumplido con el requerimiento en forma periódica de la causa judicial y en tanto no se le corrió vista de las actuaciones en virtud del art. 1063 del C.A. a fin de alegar sobre las pruebas producidas. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera con costas.
Coactora TRANSEICH ASSESSORIA e TRANSPORTES LTDA.: A fs. 91/96 se presenta la coactora mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución referida en el Considerando anterior. Esgrime idénticos agravios que los expuestos por la coactora Thone Federico en su recurso de apelación, a cuyo relato me remito en honor a la brevedad.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 111/117vta. se presenta la representante del fisco y contesta los recursos interpuestos por las coactoras. En primer lugar, niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por las coactoras que no fueran objeto de su expreso reconocimiento, y especialmente niega: 1. que no sean responsables de la obligación tributaria, 2. que haya existido caso fortuito o fuerza mayor, 3. que hayan actuado con diligencia para evitar el robo y que éste haya sido imprevisible, 4. que la mercadería no esté sujeta al pago de tributo alguno, 5. que la pretensión tributaria se funde en la aplicación de una sanción como consecuencia de un reproche penal y/o infraccional, y 6. que algún responsable solidario o tercero haya efectuado el pago de los tributos.
Manifiesta que no existe controversia respecto de que la destinación suspensiva de tránsito de importación no fue cumplida. Afirma que en el caso se configuró el hecho gravado previsto en el art. 638 inc. f) del C.A., operando la presunción legal “iure et iure” prevista en el art. 311 de que la mercadería fue importada a consumo al solo efecto tributario. Manifiesta que la exención prevista en el art. 315, habiendo comunicado previamente la situación conforme el art. 308, no alcanza a la mercadería perdida cuando pese a no ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero. Cita jurisprudencia al respecto. Considera que en el caso de autos solo se encontraba a cargo de la custodia de la carga el conductor del camión y que no se desplegó el especial cuidado que requiere la jurisprudencia para exonerar de responsabilidad.
Asegura que recae en cabeza del transportista o del ATA la prueba de su diligencia. Vuelve a citar jurisprudencia. Asegura que la circunstancia de que los sujetos pasivos de la obligación tributaria se encuentren o no involucrados en el hecho del robo o del contrabando resulta irrelevante jurídicamente, ya que se presume sin admitir prueba en contrario que son pasibles de responsabilidad tributaria sustituta del sujeto que cumplió el hecho imponible. Manifiesta que el Código al reglamentar la destinación suspensiva de tránsito, si bien da prioridad a la renta fiscal, busca también prevenir y desalentar la posibilidad de eventuales maniobras para liberarse ilegalmente de mercaderías extranjeras, asegurando en este caso el otorgamiento de una garantía.
Refiere al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre de Carretera del Mercosur y la posibilidad que se brinda al transportista de garantizar el tránsito con su patrimonio y con la garantía real de su flota, documentando por MIC-DTA y la declaración sumaria TRAS con el objetivo de agilizar el tránsito fronterizo. Afirma que el hecho invocado en el caso de autos no puede ser calificado como de fuerza mayor o caso fortuito, y cita las exigencias de configuración del mismo, aunque cita erróneamente el número de artículo del Código Civil. Sostiene que el hecho del robo de la mercadería no puede ser calificado como imprevisible y que las partes asumen el riesgo de responder por los tributos ante la falta de cumplimiento de la destinación suspensiva.
Cita jurisprudencia de este Tribunal y manifiesta que la determinación del ilícito de contrabando resulta una cuestión ajena a la responsabilidad tributaria y que el transportista, el ATA o el importador pueden ejercer la repetición de lo pagado contra los autores del delito de contrabando. Cita jurisprudencia de Cámara. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme el cargo, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa Actuación N° 12307-505-2007 (Sumario N° 292-2007) se iniciaron a fs. 1 con la Nota N° 074/07 de fecha 25/06/07 mediante la cual se establece haber detectado el vencimiento de la destinación 04042TRAS113984E sin contar con su cancelación ni de las constancias del arribo, procediéndose a denunciar el mismo como tránsito no arribado. A fs. 2 obra print de pantalla del ingreso de la denuncia y se consigna en forma manuscrita la fecha de vencimiento del TRAS: 05/01/05. A fs. 3 luce el manifiesto de carga N° 04 042 MANI 135323 (MIC-DTA N° BR 2035 0811). A fs. 5 luce la Nota N° 098/07 de fecha 27/07/07 que ordena remisión de las actuaciones para aforo.
A fs. 6, con fecha 31/07/07 se practicó la valoración de la mercadería y se liquidaron los tributos. A fs. 7 y vta., con fecha 22/08/07, se instruye sumario y se corre vista a TRANSEICH ASSESORIA E TRANSPORTES LTDA. y al ATA FEDERICO THONE la infracción prevista y penada en el art. 973 ap. 1 inc. a). A fs. 8 y 9 lucen sendas cédulas de notificación dirigidas al ATA y a TRANSEICH ASSESORIA e LTDA. quienes se notificaron en fecha 08/01/08. A fs. 10/16 se agrega Multinota presentada por el ATA ante la Aduana de Paso de los Libres haciendo saber respecto del TRAS en cuestión que el mismo “… por motivos de fuerza mayor robo no pudiendo cancelar su tránsito hacia Chile….”, junto a la cual acompaña certificado de actuaciones labrada por la Sección Brigada de Investigaciones de la UR 11 de fecha 07/01/05 por la sustracción de camión dominio ADQ9116 semi dominio JYJ 7432, copia del reclamo de pago correspondiente al seguro de la carga, copia del MIC/DTA N° BR203500811, copia del CRT N° BR 203501767 y copia de la Factura Comercial 150/04 MAD.
A fs. 17/19 se agrega print del resultado de la consulta por exportaciones del año 2005 y 2006. A fs. 20/21 se dicta la Disposición N° 046/08 de fecha 08/02/08 mediante la cual se dispone la remisión de copias del sumario a la División Aduana de Rosario a fin de que inicie causa sumarial por presunto delito de contrabando en los términos del art. 863 y ss del C.A., y que se formule cargo a la firma TRANSEICH ASSESORIA e TRANSPORTE LTDA. y al ATA Federico Thone. A fs. 22 luce la Nota N° 268/08 (AD PASO). A fs. 23 se encuentra constancia de notificación del ATA en fecha 13/02/08. A fs. 24/26 se presenta el ATA mediante Multinota de fecha 21/02/08 y acompaña mail de fecha 06/01/05. A fs. 27 luce liquidación manual - CARGO N° 08 042 LMAN 002647 G de fecha 27/02/08 por la suma de U$S 16.432,42 ($ 48.804,30, t.c. 2,970).
A fs. 31/36 lucen sendas constancias de notificación al ATA, a EXPRESO ARACATUBA TRANSP. E LOG. LTDA. y a TRANSEICH ASSESORIA e TRANSP. LTDA., los cuales se notificaron de dicha liquidación con fecha 04/03/08. A fs. 38/43 se presenta con fecha 18/03/08 EXPRESO ARACATUBA LTDA. mediante apoderado planteando excepción de falta de legitimación y, subsidiariamente impugna el cargo y solicita beneficio de excusión. A fs. 53/64vta., en fecha 18/03/08, se presenta el ATA mediante apoderado e impugna el cargo. A fs. 66/67vta. se presenta la firma TRANSEICH ASSESORIA y TRANSPORTES LTDA. mediante apoderado e impugna el cargo con fecha 27/03/08. A fs. 75/77, con fecha 18/11/09, el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres dispone tener por deducido el procedimiento de impugnación, se hace lugar a la prueba documental, se rechaza la informativa y testimonial y se resuelve intimar a la firma TRANSEICH ASSESORIA e TRANSPORTES LTDA. a la constitución de una garantía a satisfacción del servicio aduanero.
A fs. 78/81 lucen las constancias de notificación de dicha providencia. A fs. 82 el apoderado de la firma EXPRESO ARACATUBA LTDA. plantea revocatoria, la cual es rechazada a fs. 87. A fs. 92/101 obra el dictamen N° 255/2012 de fecha 22/05/12, y finalmente, a fs. 102/111 luce la resolución apelada en autos.
V. Que, en primer lugar, las coactoras entienden que el rechazo de la prueba ofrecida en sede aduanera ha vulnerado su garantía constitucional de defensa en juicio.
Que, al respecto resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205:549 y 267:393). Cabe señalar que atento a la posibilidad de las recurrentes en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, el posible agravio del que hablan las coactoras se torna improcedente.
VI. Que, en cuanto al agravio esgrimido por la coactora EXPRESO ARACATUBA Ltda. respecto de su falta de legitimación pasiva (la cual, por lo demás, no fue tratada en sede administrativa), resulta oportuno efectuar ciertas apreciaciones respecto de la figura del transportista.
Que el porteador es la persona que asume, en virtud de la existencia de un contrato de transporte de mercancías, la obligación de realizar el transporte en nombre propio con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o bien contrate su realización con otros sujetos. Por ende, determinar quién reviste la calidad de transportista resulta primordial a los fines de delimitar su responsabilidad.
Que, tiene dicho jurisprudencia de este Tribunal que “… frente a la Aduana la calidad de transportista se asume al confeccionarse el Manifiesto Internacional de la Carga y Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) y eso es precisamente lo que hizo la recurrente al indicar, en el documento de que se trata, su nombre en la casilla 1 correspondiente a Nome e endereco do transportador / Nombre y domicilio del porteador y habiendo asentado seguidamente su firma y su sello en la casilla 39 correspondiente a Assinatura e carimbo do transportador / firma y sello del porteador …” (“Transportes Pons e Hijos S.A.C.I.A. c/D.G.A. s/apelación”, Causa N° 14.685-A, Sent. 31/08/2006, Sala E TFN)
Que, si bien surgen insertos en el campo 1 del MIC/DTA N° BR 2035 00811, correspondiente al “nombre y domicilio del porteador”, los datos de TRANSEICH ASSESSORIA e TRANSPORTES Ltda., en el campo 39 del mismo, correspondiente a “firma y sello del portador”, figuran dos sellos y firmas ológrafas, correspondientes tanto a EXPRESO ARACATUBA Ltda. como a la firma TRANSEICH ASSESSORIA e TRANSPORTES Ltda..
(ver original del MIC/DTA obrante en el sobre de fs. 3 de las actuaciones administrativas).
Que, como se ve, en el caso de autos ambas firmas detentan el carácter de transportistas frente a la Aduana. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio vertido por la coactora EXPRESO ARACATUBA Ltda. respecto de la falta de legitimación pasiva.
VII. Que conforme surge de las actuaciones administrativas, en oportunidad del relevamiento de operaciones suspensivas de importación de tránsito terrestre, la Aduana de Paso de los Libres detectó el incumplimiento de la destinación N° 04 042 TRAS 113984 E (Conocimiento Nº BR2035 01767 MIC/DTA N° BR 2035 00811). Consecuentemente, y con motivo del “transito no arribado”, se procedió a efectuar la denuncia en el SIM, se instruyó el sumario por presunta infracción al art. 973 ap. 1, inc. a) y se corrió vista de las actuaciones.
Que al contestar la vista respectiva, el ATA hace saber de la existencia de un robo al medio transportador (Camión marca SCANIA Dominio ADQ 9116, semirremolque JYJ 7432, hecho que fue denunciado conforme surge de fs. 11/12 de las act. adm.) lo cual implicó la falta de arribo de la mercadería a la Aduana de destino (Santiago, Chile). En virtud de ello, entendiendo la aduana que se estaría prima facie ante un delito de contrabando, dispone iniciar una causa sumarial en los términos del art. 863 ss. y cc. del C.A., a la vez que formula el cargo N° 08042LMAN002647G por el importe de los tributos que devenga la destinación suspensiva de tránsito de importación involucrada.
Que a los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo del camión mencionado, siniestro que fuera denunciado ante la autoridad competente. Encontrándose la discusión circunscripta a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero respecto de las firmas responsables del transporte y del ATA.
VIII. Que corresponde analizar en autos si el art. 315 del Código Aduanero exime de responsabilidad tributaria cuando la mercadería fuere robada, o si, por el contrario, corresponde confirmar el reclamo tributario formulado en dicho concepto a las coactoras y no hacer lugar a la impugnación efectuada por cada una de ellas contra el mismo.
Que la operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.). Que la principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, que asume su propia responsabilidad frente al servicio aduanero por la operación que se documenta, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo estipulado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Que el art. 315 exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente”, no habiendo entrado al circuito económico, y si se efectúa la comunicación prevista en el art. 308 del C.A.
Que a continuación, el mismo artículo no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero.
Que no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte, y que el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero) comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo a mano armada), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
Que, según la interpretación literal de la citada norma, basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
Que, en tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo.
Que, en conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería objeto del tránsito de importación (en el caso, el robo), a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma - excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y, en consecuencia, la misma se presume irregularmente importada para consumo.
IX. Que, a su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “…la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas…” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI).
Que por tanto, autorizó en ese orden de ideas -en una interpretación extensiva del plexo normativo- la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona -esto es, que pueda ser (al menos) potencialmente utilizada por un tercero-.
X. Que, sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que tal como surge de la ley ritual y a la sazón de los criterios establecidos por nuestra Alzada en “Tevelam S.R.L.”, deben probarse en la especie otros extremos -en especial el haber cumplido con los deberes de custodia de modo significativamente ostensible- a fin de derribar el presupuesto que implica la presunción en trato, es decir, considerarla importada para consumo.
Que, así, cabe predicar que el razonamiento presuncional comporta en su estructura lógica como en su validez la existencia de un hecho inferente -comprobado o fundante- sobre cuya existencia no existen dudas (esto es, en la especie, el incumplimiento de las obligaciones inherentes del régimen de importación de tránsito, debido a la existencia de un siniestro, sumado a ello, la potencial utilización por un tercero). A partir de él -el hecho inferente- se elabora una regla de experiencia para, finalmente, derivar de ello la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho inferido -presumido, fundado- (es decir, sobre el particular, que la mercadería se encuentra circulando irregularmente dentro del territorio aduanero y que por tanto, debe ser considerada como importada para consumo).
Que dichas presunciones admiten una división entre hominis y legales. Éstas últimas (aquí en trato), en la medida en que admitan prueba en contrario (aunque inviertan la carga de la prueba), serán absolutas o relativas. En las primeras es el legislador quien impone cierto razonamiento, pero para el caso de ser relativas (y es así como debe entenderse, en la especie analizada, a raíz de la interpretación jurisprudencial), dichas presunciones ayudan al juez con cierto razonamiento en virtud del cual se indica una regla de experiencia considerada normal, todo sin perjuicio del requerimiento de razonabilidad como garantía constitucional.
Que la consecuencia práctica de tales consideraciones preliminares es a los efectos de analizar la correcta concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente del plexo normativo y la doctrina de nuestra CSJN, evidencien que el hecho presumido guarda una razonable correspondencia con los hechos verificados.
XI. Que, entonces, a fin de determinar en el caso de autos a quién corresponde la carga de la prueba, cabe señalar que, genéricamente, ésta es correlativa a la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que, para ello, debe tenerse presente que se trata de mercaderías de origen extranjero sujeta al pago de tributos, y que teleológicamente la presunción establecida en el art. 315 in fine del CA, encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que con el régimen de importación de tránsito se perpetren maniobras que afecten la renta fiscal. Por lo que, pretender que debe ser la Aduana quien debe demostrar el no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o la acreditación del no cumplimiento de sus deberes de custodia respecto de la mercadería introducida, poniendo en su cabeza la carga negativa de la prueba, implicaría en razón de la cantidad y magnitud de las operaciones que se realizan en el ámbito del país, imponerle una obligación de cumplimiento extremadamente dificultosa y la inexistencia de la presunción misma dispuesta por el legislador para todo aquél que acreditase un robo. Siendo, por lo demás, la recurrente aquélla que está en mejores condiciones de probarlo. Es por ello, que las normas vigentes, de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa carga -onus probandi-, de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, a los propios beneficiarios de los regímenes de importación o de exportación.
Que si bien la CSJN en “Tevelam S.R.L.” estableció que “…si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades (...) no cabe responsabilizar a la actora por el pago de los tributos...”, cabe destacar que dicha premisa lógica procedía, justamente, de diversas aristas fácticas del caso, como fue, en especial, la demostración por la parte actora en las instancias previas (debiendo destacarse la prueba en sede aduanera) del contundente cumplimiento de sus deberes de cuidado y custodia de la mercadería proveniente de zona extranjera, que implicó, sobre el caso particular y a partir de allí, naturalmente, la inversión de la carga de la prueba hacia el Fisco a fin de desvirtuar ello último.
XII. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los hechos en razón de las probanzas que fueron arrimadas a estos autos.
Que los esfuerzos probatorios de las coactoras se encontraron limitados a demostrar el robo en autos, hecho que - como se dijo- no se encontraba cuestionado por el servicio aduanero. (Ver presentaciones efectuadas por el ATA y la constancia de la denuncia policial obrantes a fs. 10/13 y 24/25 de los antecedentes administrativos). Que, conforme a lo expuesto, ninguna de las recurrentes acreditó ante esta instancia, ni en sede aduanera, probanza alguna relativa al cumplimiento de los deberes de custodia sobre la mercadería ingresada del extranjero u alguna otra que -en su magnitud e indubitabilidad- pudiese llevar a este juzgador a una razonable convicción de eximirlas de la responsabilidad tributaria.
Que, a mayor abundamiento, resulta importante destacar que la norma tiene como fin primario evitar que simples maniobras desnaturalicen la excepcionalidad del régimen en trato del que goza el importador, colocándose dinámicamente la carga de la prueba sobre los responsables tributarios a fin de que puedan derribar el presupuesto legal que ofrece la norma como condicionante -esto es, la utilización de la mercadería por un tercero-, sumando a ella -según la doctrina de “Tevelam S.R.L.”- la posibilidad de instar otras pruebas dirigidas a demostrar de modo fundado su ajenidad al incumplimiento.
Que es jurisprudencia de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que si bien el robo a mano armada puede tener el alcance de caso fortuito o fuerza mayor, para ello es necesario que se trate de un hecho imprevisible, insuperable o inevitable. Nótese que el caso fortuito o fuerza mayor está expresamente contemplado en el C.A. pero en la especie -robo de mercadería en tránsito (art. 315)- no excluye la obligación del pago de los tributos (salvo, como se dijo, la demostración exacerbada del cumplimiento de los deberes de custodia o cuidado). Que, ello así, en razón de que el extremo de los cuidados con relación al transporte de la mercadería a través de rastreos satelitales, vehículos de custodia o cualquier otro medio, no deviene exigible conforme la normativa aplicable, no puede dejar de señalarse que la frecuencia de los robos de mercadería transportada por vía terrestre impide considerarlos como hechos imprevisibles y aconseja a los transportistas arbitrar los medios para disuadir y desalentar tales acontecimientos. Tal y como sucedió en el antecedente ya mencionado (in re “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI CSJN).
Que, en dicha línea, debe tenerse presente que, genéricamente, las situaciones que contempla el C.A. y la jurisprudencia, que pueden operar como eximente de responsabilidad por el pago de los tributos, deben ser analizadas con criterio estricto y razonable en la ponderación de los hechos.
XIII. Que, en otro orden de ideas, al tratar la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312).
XIV. Que en relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de trasporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, mientras que considera al cargador, al que tuviere derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligaciones, con independencia de la situación de quienes realizaron los actos ilícitos que originaron el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, sin perjuicio de que el hecho gravado haya sido realizado por otro. De esta forma el Código los hace responsables por deuda ajena, con la finalidad de proteger los intereses fiscales.
Que, en consecuencia, y en lo que aquí interesa, corresponde confirmar el decisorio apelado en cuanto intima a las firmas TRANSEICH ASSESSORIA e TRANSPORTES Ltda. y EXPRESO ARACATUBA Ltda., y al Agente de Transporte Federico THONE al pago de los tributos adeudados por el incumplimiento del tránsito en cuestión, con costas.
XV. En cuanto a la exigencia tributaria en cuestión, la aduana, en el caso, ha liquidado por la mercadería en tránsito (ver liquidación de fs. 6 y Cargo Nº 08 042 LMAN 002647 G de fs. 27 de las act. adm.), como tributos que gravan la importación para consumo -derechos de importación, tasa de estadística, IVA, y percepciones de IVA y Ganancias-, por la suma total de $ 48.804,30 (U$S 16.432,42, t.c. 2,97) y por ese importe se intimó su pago a las aquí coactoras.
Que, al respecto, resulta oportuno señalar la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “... a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “... cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
TRÁNSITO N° 04 042 TRAS 113984 E CARGO Nº 08 042 LMAN 002647 G D.I $ 10.964,52 T.E $ 304,57 IVA $ 15.158,45
IVA Adicional $ 0,00 Impuesto a las Ganancias $ 0,00 TOTAL $ 26.427,54 Que, por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE con 54/00 ($26.427,54.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses devengados desde el 19/03/2008, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
XVI. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1166 del C.A., formulo liquidación de los tributos e intereses al 30/06/2022, calculados estos últimos desde el 19/03/2008 sobre el Capital nominal total $26.427,54.- Se agrega a continuación la planilla de cálculo de intereses extraída de la página web:
http://www.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/resarcitorios_main.asp Cálculo de Intereses Resarcitorios Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS Fecha de Vencimiento : 19/03/2008 Fecha de Pago del Capital: 30/06/2022 Importe del Capital : 26.427,54 Desde Hasta Importe Tipo Tasa % Intereses 20/03/2008 31/12/2010 26.427,54 Res 0,066667 17.653,60 01/01/2011 28/02/2019 26.427,54 Res 0,100000 77.644,11 01/03/2019 31/03/2019 26.427,54 Res 0,150000 1.308,16 01/04/2019 30/06/2019 26.427,54 Res 0,125333 2.981,03 01/07/2019 31/07/2019 26.427,54 Res 0,157667 1.291,69 01/08/2019 30/09/2019 26.427,54 Res 0,157667 2.500,05 01/10/2019 31/12/2019 26.427,54 Res 0,178000 4.280,73 01/01/2020 31/03/2020 26.427,54 Res 0,120000 2.854,17 01/04/2020 30/06/2020 26.427,54 Res 0,083333 1.982,07 01/07/2020 30/09/2020 26.427,54 Res 0,092000 2.188,20 01/10/2020 31/12/2020 26.427,54 Res 0,100667 2.420,94 01/01/2021 31/03/2021 26.427,54 Res 0,111667 2.655,97 01/04/2021 30/06/2021 26.427,54 Res 0,111667 2.655,97 01/07/2021 30/09/2021 26.427,54 Res 0,111667 2.655,97 01/10/2021 31/12/2021 26.427,54 Res 0,111667 2.685,48 01/01/2022 31/03/2022 26.427,54 Res 0,111667 2.655,97 01/04/2022 30/06/2022 26.427,54 Res 0,124000 2.949,31 Total de Intereses Resarcitorios 133.363,42 Total de días 5147 Capital + Interés: $ 26.427,54 + $ 133.363,42= $ 159.790,96, debido por las coactoras al 30/06/2022 en concepto de tributos, más accesorios.-
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 423/2012 (AD PASO) en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 08042LMAN002647G, mediante el cual se intima a las firmas EXPRESO ARACATUBA LTDA., TRANSEICH ASSEORIA e TRANSPORTES LTDA. y al Agente de Transporte Aduanero THONE FEDERICO al pago de la suma PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE con 54/00 ($26.427,54.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Cons. XV.-). Asimismo adeuda, al 30/06/2022, la suma de PESOS CIENTO TRINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES con 42/00 ($ 133.363,42.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado, en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
2. Costas a cargo de las coactoras.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 423/2012 (AD PASO) en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 08042LMAN002647G, mediante el cual se intima a las firmas EXPRESO ARACATUBA LTDA., TRANSEICH ASSEORIA e TRANSPORTES LTDA. y al Agente de Transporte Aduanero THONE FEDERICO al pago de la suma PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE con 54/00 ($26.427,54.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Cons. XV.-). Asimismo adeuda, al 30/06/2022, la suma de PESOS CIENTO TRINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES con 42/00 ($ 133.363,42.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado, en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
2. Costas a cargo de las coactoras.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2022.09.13 17:50:26 ART Date: 2022.09.13 20:44:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.13 22:23:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.13 22:24:22 -03:00
Fin de la sentencia