Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.153-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción efectuado por la actora.
2Confirmar la Resolución Nº 198/2012 dictada por el Administrador de la Aduana de Puerto Madryn en las actuaciones N° 12770-615-2007, en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la firma PESQUERA SAN ISIDRO S.A. contra la liquidación manual N° 07 047 LMAN 00959 R generada en concepto de restitución de lo pagado en demasía por beneficios a la exportación. Con la salvedad de que la suma reclamada mediante dicha liquidación, deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al momento en que el reintegro fue efectuado, según lo analizado en el considerando VIII de la presente.
3Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-103477489-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Septiembre de 2022 apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 31.923-A: “PESQUERA SAN ISIDRO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Nº 198/2012 dictada por el Administrador de la Aduana de Puerto Madryn en las actuaciones N° 12770-615-2007, en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la firma PESQUERA SAN ISIDRO S.A. contra la liquidación manual N° 07 047 LMAN 00959 R, generada por el cobro en demasía de beneficios a la exportación.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 38/49vta. se presenta la actora mediante apoderado y con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. En primer lugar, informa del estado concursal de la firma y al respecto señala que los importes reclamados por la DGA serían preconcursales por lo que el servicio aduanero debió haber verificado dicho crédito en el concurso. Agrega que la falta de actividad en tal sentido genera la prescripción de su deuda. Cita los artículos que considera aplicables de la Ley de Concursos y Quiebras. Hace amplia referencia al instituto de la prescripción en el ámbito concursal, para lo cual cita doctrina y jurisprudencia.
Seguidamente, alude a los antecedentes relacionados con las operaciones involucradas en autos. Señala que el reclamo formulado por la Aduana para la devolución de los reintegros se fundó en la Instrucción General 1/2004, en la RG AFIP N° 1921/2005 y la IG N° 1/2006 y que las mismas no resultaban aplicables tanto desde el punto de vista material como temporal. En cuanto al aspecto temporal, indica que las referidas normas no se encontraban vigentes ni a la fecha de percepción de los reintegros ni a la fecha de registro de las operaciones de exportación. Alude al efecto suspensivo del recurso de apelación sobre la potencial ejecución del reclamo contenido en la resolución aduanera. Sostiene que la tasa de interés resarcitorio del 3% mensual establecida por la Res. 841/2010, y que se pretende aplicar a partir del 01/01/2011, resulta inconstitucional.
Considera que la tasa de interés, junto con otras acciones administrativas, constituyen una sanción encubierta frente a la falta de pago y no el resarcimiento por la falta tempestiva del dinero público. Afirma que correspondía al servicio aduanero la demostración de los siguientes extremos: la exportación realizada, el pago en exceso y la justificación numérica de la liquidación. Manifiesta que los pagos fueron realizados en forma espontánea y de conformidad con el sistema jurídico implementado por la propia DGA, con lo cual no puede vulnerarse el derecho de propiedad ni la seguridad jurídica. Enfatiza que hasta tanto fue modificado el SIM, existía un criterio general impuesto por el propio servicio aduanero para la determinación de los estímulos a la exportación, que obligaba a los exportadores a liquidarlos de la manera en que se hizo.
Sostiene que cualquier cambio debería regir hacia el futuro y que, por ende, el cargo formulado en autos resulta ilegítimo en tanto pretende reclamar estímulos por operaciones registradas con anterioridad al dictado de la norma. Alude a que el límite de la retroactividad de las normas está dado por la existencia de la adquisición de un derecho, y cita jurisprudencia al respecto. Señala que la IG 1/2006 choca con normas jurídicas superiores y con los criterios sentados por la CSJN. Asegura que las instrucciones generales en las cuales basa su reclamo la Aduana, no pueden ser obligatorias para los exportadores hasta tanto sean publicadas en el Boletín Oficial. Cita jurisprudencia. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del recurso extraordinario y solicita que se haga lugar a la apelación y se deje sin efecto el reclamo tributario, con costas.
III. Contestación del recurso: Que a fs. 65/74 se presenta el representante del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora, acompañando las actuaciones administrativas. En primer lugar, niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento y efectúa un breve relato de los hechos. A continuación hace especial referencia a la sentencia de la CSJN recaída en la Causa “BASSO S.A. (TF N° 24.888-A) c/ DGA” y solicita su aplicación en autos. En respuesta a los agravios vertidos por la actora en su recurso, comienza por referirse al planteo de prescripción. Al respecto señala que la carga de presentarse a verificar el crédito por parte de la Aduana recién nació cuando el monto del crédito fue determinado y firme, considerando tal momento el del dictado de la resolución que puso fin al procedimiento de impugnación. Agrega que la materia aduanera está regida por una norma específica y y que ella prevalece por sobre la ley concursal. Sostiene que no se violó el principio de irretroactividad de la ley y que la cuestión radica en los alcances del acto por el cual la administración determinó la corrección de las pautas para aplicar las normas que se encontraban vigentes en la fecha de registro de los permisos de embarque. Señala que las Instrucciones Generales N° 01/04 y 01/06 consisten en normativas internas dictadas con la finalidad de adecuar un procedimiento de cálculo y no de un cambio de criterio. Cita jurisprudencia. Considera que no se puede pretender que una base de cálculo errónea del SIM, pueda generar la inmutabilidad de un pago mal efectuado. Analiza detalladamente los algoritmos utilizados en el SIM. Manifiesta que la legislación vigente no impone la exclusión de los derechos de exportación de la base utilizada para la liquidación de los reintegros, sino que fija un límite máximo para la misma, que estaría dado por el valor imponible más los gastos de transporte y de seguro a los que se refiere el art. 829 inc. c) del C.A.. Cita jurisprudencia de Cámara. Finalmente ofrece prueba, acompaña la sentencia de la CSJN antes referida, hace la reserva del caso federal y solicita que se dicte sentencia rechazando la demanda, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 12770-615-2007 se inician a fs. 1 con la impugnación presentada por la firma PESQUERA SAN ISIDRO S.A. en fecha 07/12/07. A fs. 12/21 lucen los cuadros de deuda aduanera notificados a la firma reclamando mediante la LMAN 3959 R la diferencia de estímulos percibidos en demasía según lo dispuesto por la IG DGA N° 01/06. A fs. 22 y vta., en fecha 19/03/08 se presenta la firma exportadora. A fs. 24 luce la reliquidación. A fs. 27, con fecha 11/05/12 se tiene por presentada la impugnación y como medida para mejor proveer se ordena el pase de las actuaciones a fin de proceder al ajuste teniendo en cuenta la reliquidación de fs. 24 y debiendo expresar el monto en pesos. A fs. 29 luce la consulta al SIM de fecha 23/05/12 de la liquidación manual N° 07 047 LMAN 003959 R por la suma de U$S 81.083,59. A fs. 30 luce el cálculo de los intereses resarcitorios por la suma de $ 147.674,35. A fs. 31, con fecha 23/05/12 , se elabora el Informe Contable N° 151/2012 de donde surge el monto del capital convertido a pesos por aplicación del tipo de cambio al 15/01/08 de 3,137 ($ 121.676,20), los intereses calculados desde el 15/01/08 al 23/05/12 ($ 147.674,35) y el monto total de capital más intereses ($ 269.350,55). A fs. 32/36, con fecha 28/05/12, se emite el dictamen N° 137/2012 (AD PMAD). Finalmente a fs. 37/41 obra la resolución N° 198/2012 apelada en autos.
Que, asimismo, luce agregada por cuerda la Actuación SIGEA N° 10026-1849-2013/2 consistente en la respuesta brindada por la DGA al oficio librado en el punto 2 del auto de fs. 75. A fs. 3 luce Nota N° 513/2013 (AD PMAD) de fecha 26/11/13. A fs. 5 luce la Nota N° 143/2014 (DV COJD) de fecha 16/01/2014. A fs. 6, el Administrador de la Aduana de Puerto Madryn ordena remitir las actuaciones a la Sección “R” a fin de agregar los PE solicitados en el oficio, una vez cumplido, ordena la remisión a la Sección “C” a fin de que “… informe cuál ha sido la fecha y el monto en pesos depositado a la firma del asunto en concepto de estímulos a la exportación en las destinaciones requeridas …”. A fs. 8, obra el Informe N° 50/2014 elaborado por la Sección “C” que establece que “… es imposible para esta dependencia, informar el monto en pesos de la diferencia pagada en demasía, toda vez que el cargo original se generó en forma centralizada por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras de Interior (SDG OAI).”.
A fs. 9/14 luce “… el detalle del total de los estímulos a la exportación pagados en moneda de curso legal por cada destinación …”, indicando el PE, el total depositado en U$S, el total depositado en $, la fecha de pago y el tipo de cambio. A fs. 25/238 lucen constancias SIM de las siguientes destinaciones de exportación: 04 047 EC01 000766N, 04 047 EC01 000768P, 04 047 EC01 000695Y, 03 047 EC01 002908M, 03 047 EC01 002909 N, 03 047 EC01 002910F, 03 047 EC01 002803 G, 03 047 EC01 002809M, 03 047 EC01 002853 L, 03 047 EC01 002407 G, 03 047 EC01 002406 F, 03 047 EC01 002013 W, 03 047 EC01 001913H, 03 047 EC01 001916K, 03 047 EC01 001918 M, 03 047 EC01 001837 M, 03 047 EC01 001866 Y, 02 047 EC01 002224 C, 02 047 EC01 002121 V, 03 047 EC01 001866 Y, 03 047 EC01 001771J, 03 047 EC01 001806X, 03 047 EC01 001807J, 03 047 EC01 001808K, 03 047 EC01 001562H, 03 047 EC01 001565 K, 03 047 EC01 001587 Y, 03 047 EC01 001588 P, 03 047 EC01 001590X, 03 047 EC01 001620 C, 03 047 EC01 001623 F, 03 047 EC01 001495M, 03 047 EC01 001496 N, 03 047 EC01 001500 W, 03 047 EC01 001501 A, 03 047 EC01 001553H, 03 047 EC01 001362F, 03 047 EC01 001387 M, 03 047 EC01 001221 W, 03 047 EC01 001222A, 03 047 EC01 001226 E, 03 047 EC01 001158 X, 03 047 EC01 001159 J, 03 047 EC01 001161 C, 03 047 EC01 001162 D, 03 047 EC01 001163 E, 03 047 EC01 001164 F, 03 047 EC01 000760 G, 03 047 EC01 000670G, 03 047 EC01 000672X, 03 047 EC01 000673 J, 03 047 EC01 000675 L, 03 047 EC01 000676 M, 03 047 EC01 000594 L, 03 047 EC01 000618 X, 03 047 EC01 000619J, 03 047 EC01 000620B, 03 047 EC01 000621C, 04 047 EC01 000664K, 03 047 EC01 000581H, 03 047 EC01 000359K, 03 047 EC01 000360C, 03 047 EC01 000043A, 03 047 EC01 000044B, 02 047 EC01 003304C, 02 047 EC01 003305D, 02 047 EC01 003309H, 02 047 EC01 003042B, 02 047 EC01 002784N, 02 047 EC01 002785 Y, 02 047 EC01 002786 P, 02 047 EC01 002787 Z, 02 047 EC01 002788R, 02 047 EC01 002696P, 02 047 EC01 002599R, 02 047 EC01 002600A, 02 047 EC01 002601B, 02 047 EC01 002602C, 02 047 EC01 002603D, 02 047 EC01 002343E, 02 047 EC01 002344F, 02 047 EC01 002372G, 02 047 EC01 002383 X, 02 047 EC01 002384J, 02 047 EC01 002385K, 02 047 EC01 000535F, 02 047 EC01 002168J, 02 047 EC01 001929N, 02 047 EC01 001903F, 02 047 EC01 001932H, 02 047 EC01 001960X, 02 047 EC01 001793M, 02 047 EC01 001646J, 02 047 EC01 001540C, 02 047 EC01 001541D, 02 047 EC01 001542E, 02 047 EC01 001543F, 02 047 EC01 001447X, 02 047 EC01 001232A, 02 047 EC01 001206B, 02 047 EC01 001223A, 02 047 EC01 000998S, 02 047 EC01 001128E, 02 047 EC01 001143B, 02 047 EC01 000919L, 02 047 EC01 000930E, 02 047 EC01 000967Y, 02 047 EC01 000968P, 02 047 EC01 000839M, 02 047 EC01 000578M, 02 047 EC01 000580F y 02 047 EC01 000620A.
Respecto de las destinaciones 03 047 EC01 001474 K, 03 047 EC01 001549 L y 02 047 EC01 000255 H, se informa a fs. 242 que las mismas resultan inexistentes.
V. Que, en relación a los agravios de la actora referidos a su estado concursal, ante todo cabe señalar que tal circunstancia no fue acreditada en autos. La actora meramente denuncia el concurso al interponer el recurso de apelación ante esta instancia, lo cual no se encuentra apoyado o avalado por ninguna constancia fehaciente. No obstante, y sin que la representación fiscal hubiera controvertido la invocación del concurso, se considerará el agravio vertido al respecto por la actora.
Que, en cuanto a lo esgrimido por la actora en relación a la falta de verificación del crédito por parte del servicio aduanero en el concurso de la firma exportadora, en el estado actual de la cuestión (no hay resolución definitiva - y firme-, por la vía “reglada”, sobre la cuestión de la que deriva dicho crédito), no obsta a la validez y virtualidad de ese crédito, esto último en razón del análisis que efectúo a continuación.
Que, aún tomándose como hecho cierto que la actora se presentó en concurso preventivo y que la aduana no verificó el crédito en cuestión en dicho concurso, tal circunstancia no obsta a la virtualidad del crédito, ni por tal circunstancia se ha operado la prescripción de dicho crédito (esto último, planteo de la actora con invocación del art. 56 de la ley 24.522).
Que, en efecto, en primer lugar todos los procedimientos contenciosos aduaneros (de obvio contenido patrimonial, específicamente en cuanto en ellos está en juego la aplicación de multas y/o la exigencia de tributos) y con su eventual secuela recursiva (como la del recurso de estos autos), quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra), dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos.
Que, la aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria -o de su improcedencia-, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal (del que pueda derivar la sanción pecuniaria) concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente. En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 9.4.87 en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa “SUPERCANAL S.A.”, sent. del 2.6.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”. Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa “GAUCHAT, Enrique”, sent. del 4.7.03, yendo aún más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso.
Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
Que, es sobre las bases expuestas que debe analizarse el planteo de la actora (y siempre sobre la base de tener por ciertas la presentación de la actora en concurso y la no verificación del crédito en dicho concurso por parte de la aduana) de prescripción de la acción del fisco con relación a su crédito contra el concursado, ello enfocado como “extinción” de la acción del fisco contra la actora (hipótesis de extinción de la obligación por prescripción -art. 56 párrafo 6º de la ley 24.522 con el auxilio hipotético del art. 787 inc. e. del C.A.).
Que, en mi opinión, en el caso, no hay prescripción de la acción del fisco contra la actora, ni por la ley de concursos ni por la ley aduanera, ni -por ende- hay extinción de la obligación.
Que, no se ha extinguido la obligación de la actora para con la aduana (no se ha extinguido por pago ni -aun parcialmente- por efectivización de un acuerdo homologado en el concurso que, por la aludida falta de verificación, no pudo darse respecto del crédito del que se trata) sino que en todo caso la deuda está impaga. Que, categóricamente, no se ha extinguido por la falta de verificación del crédito (en el concurso de la actora) por parte de la aduana. Al respecto cabe señalar que el efecto de la falta de verificación en el término previsto en el art. 56 párrafo 6º de la Ley 24.522 es en rigor la “prescripción” de la acción concursal del acreedor (en el caso la aduana) respecto de la obligación del concursado no verificada, pero no la extinción de esa obligación. Pero, fundamentalmente, no es posible la aplicación del aludido art. 56 de la ley 24.522 al caso, por lo categóricamente resultante de lo expuesto más arriba en cuanto a que no es posible, presentado y abierto el concurso, que el juez del concurso se expida (y admita y acepte créditos contra el concursado) sobre créditos cuya “determinación” está excluida de la competencia de dicho juez, y cuando la acción ejecutoria de dicho crédito está pendiente, forzosamente, de la decisión final de la vía “reglada” (en el caso la vía reglada en el C.A. y en su caso en la vía recursiva asimismo reglada). Es por eso que no opera en el caso la (denominada) “prescripción corta” de dicho art. 56, salvo, claro está, que al tiempo de la presentación en concurso por parte del deudor del crédito fiscal ya estuviera determinado ese crédito (con resolución y/o sentencia firme de la referida vía reglada del C.A.), pero no cuando, como en el caso de autos, tal determinación está actualmente aún pendiente.
Que, por ello, “razonablemente”, la única “prescripción” que debe entenderse que podría ser aplicable en el caso de autos es la prescripción (exclusivamente) de conformidad con la legislación aduanera.
Que, al respecto, y por último, señalo que no se ha operado en el caso la prescripción de la acción de la aduana contra la actora, desde el enfoque y con la aplicación de la legislación aduanera; ello así por cuanto, la obligación tributaria nace por la liquidación manual impugnada con fecha 07/12/07, por ende el curso de la prescripción, de la acción tributaria, comenzó a correr el 1 de enero de 2008 (art. 804 del C.A.). La prescripción de la acción tributaria está suspendida (concretamente lo está actualmente) desde el inicio mismo de su curso (art. 805 inc. c) del C.A.).
Que, por lo expuesto, considero que no asiste razón a la recurrente en cuanto al agravio aquí analizado.
VI. Que, consecuentemente, corresponde analizar los agravios de la actora vinculados con la cuestión de fondo y por ende resolver si la resolución apelada, en cuanto rechaza el recurso de impugnación que fuera deducido contra la liquidación Nº 07 047 LMAN 003959 R, formulada por el pago en demasía de beneficios a la exportación, se ajusta a derecho o no.
Que el régimen de reintegros, previsto en el art. 825 del CA es aquel por el cual se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieren pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exportare para consumo a título oneroso o bien, por los servicios que se hubieren prestado con relación a la mencionada mercadería.
Que, la aduana efectuó una liquidación manual a la recurrente con relación a los permisos de embarque oficializados durante los años 2002, 2003 y hasta marzo de 2004, cuya nómina surge de los cuadros agregados a fs. 12/21 de las act. adm. y en razón de los cuales se exigió la devolución de importes pagados en demasía en concepto de reintegros.
Que, por su parte, la IG Nº 1/04 dispuso que “A los fines de la liquidación de los estímulos a la exportación que resultan ser de competencia de esta Dirección General, establece que las bases de los mismos nunca pueden ser superiores al valor imponible que rige para la determinación de los derechos de exportación, inciso c) del artículo 829 del Código Aduanero, valor imponible que, definido en la norma de valoración que desarrollan los artículos 735 a 749 de ese cuerpo legal, no incluye los derechos de exportación. Por lo tanto, corresponde ratificar los algoritmos de cálculo para la liquidación de los estímulos, así como también los de comparación con fundamento en la normativa vigente.”. Asimismo, establece la fórmula para el cálculo de los reintegros y ordena que a través de la Dirección Técnica se proceda a adecuar el SIM, con las fórmulas establecidas en la instrucción, y que se aplicará a todas las destinaciones de exportación para consumo registradas a partir del 20 de marzo de 2004.
Que, con posterioridad, se dictó la Instrucción General Nro. 1/2006 (a tenor de la cual se fundaron los emolumentos que la recurrente debe devolver), que basándose en la Resolución General AFIP Nº 1921/05 que receptara los algoritmos establecidos en la IG Nro. 1/04, dispuso que para las destinaciones registradas con anterioridad al 29/03/2004 se deberán formular cargos a efectos de exigir la devolución de los importes pagados en demasía en concepto de estímulos a la exportación, calculados sobre una base errónea.
VII. Que si bien nuestra Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal...” (C.S.J.N., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, Fallos 307:1094 y sus citas) .
Que, así las cosas, nuestro Máximo Tribunal se ha pronunciado en una causa análoga a los presentes actuados, caratulada “Basso SA c/Dirección General de Aduanas” (expte. TF 24.888-A), de fecha 27/08/2013, haciendo suyos los fundamentos expuestos por el Dictamen del Procurador General, quien sostuvo que la devolución de la suma que fue abonada en demasía por beneficios a la exportación, producto del error sistemáticamente cometido en la liquidación de los reintegros durante el período comprendido entre la sanción de la resolución ME 11/2002 y el dictado de la IG 1/2004, es legalmente debido, pues no se trata de la modificación de un “criterio interpretativo”, opuesto al art. 793, inc. 1 del Código Aduanero, sino de la corrección de un error producido por la aplicación directa de una fórmula que omitía contemplar un concepto que debía ser tenido en cuenta. Dicha solución se sustentó básicamente en que “El art. 793, inc. 1°, del Cód. Aduanero establece que la determinación tributaria suplementaria a que pudiera dar lugar la aplicación del art. 792, 'no puede fundarse en una interpretación de la legislación tributaria que se hubiere adoptado con posterioridad al momento del pago originario y que modificare la interpretación general, hasta entonces vigente, de conformidad con la cual dicho pago hubiere sido efectuado' (...). El inciso siguiente expresa que dicha interpretación de la legislación aduanera es la fijada, con carácter general, por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Economía, por la Secretaría de Hacienda o por el Administrador General de Aduanas.
“Dicha norma encuentra sustento en la doctrina de V.E. según la cual los cambios de criterios impositivos, como principio, sólo han de regir para el futuro, preservando de los efectos que las modificaciones produzcan a las situaciones definitivas en que se encuentren los contribuyentes, a fin de no causar agravio al principio constitucional que protege el derecho de propiedad (arg. Fallos: 258:17; 268:446 y sus citas; 305:283, entre otros).
“Llegados a este punto, observo que la IG 1/2004, a los fines de la liquidación de los estímulos a la exportación, vino a advertir y corregir un error que se venía cometiendo sistemáticamente de un tiempo a esa parte, y que resultaba de la fórmula sintética de liquidación de dichos beneficios contenida en la RG 1161 (y sus modificatorias) que, como lo advirtieron tanto DGA como las instancias de grado -sin que haya sido controvertido ello por la actora-, devenía de haber reimplantado los derechos de exportación con la puesta en vigencia de la resolución ME 11/2002.
“Este hecho originaba que el valor FOB de la mercadería exportada -en caso de estar ella alcanzada por dichas gabelas- contuviera el monto de esos tributos y que, al aplicarse la fórmula de liquidación del beneficio, se estuviera excediendo el límite establecido en los art. 829, inc. 1°, ap. c, y cc. del Cód. Aduanero. “Sentado ello, en mi parecer, ni la RO 1161 (AFIP) ni sus modificatorias son normas de carácter 'interpretativo', sino meramente reglamentarias de lo dispuesto en las leyes y demás normas vigentes con relación a los procedimientos por los que se tramitan las destinaciones de exportación que se registran a través del sistema informático empleado por la DGA.
“En este orden de ideas, tengo para mí que no se trata en autos de la modificación de un 'criterio interpretativo' sobre la gravabilidad o no de una determinada mercadería, o sobre su clasificación a los fines arancelarios, u otra cualquiera de las posibles hipótesis ocurrentes en que sea preciso 'interpretar' la realidad jurídica encerrada en un concepto que ha menester de ella (confr. Fallos: 328:1750), sino de un mero error de liquidación, producido por la aplicación directa de una fórmula que omitía contemplar uno de los conceptos que debían ser tenidos en cuenta.
“En efecto, la fórmula polinómica contenida en la RO 1161, reemplazada luego por la RG 1921, tiene por función simplificar y uniformar el método de cálculo del beneficio de los arts. 825 y cc. del código de la materia, a fin de precisar la cifra que el Estado ha de reintegrar al exportador.
“Así las cosas, entiendo que la tesitura adoptada por la DGA con el dictado de la IG 1/2006 es la legalmente debida, en cuanto ordena a sus dependencias que se reclame de aquellos beneficiarios que corresponda la devolución de la suma que fue abonada en demasía, producto, como se dijo, del error sistemáticamente cometido en la liquidación de los reintegros durante el período comprendido entre la sanción de la resolución ME 11/2002 y el dictado de la IG 1/2004 (arg. Fallos: 308:1799; 316:2832, entre otros).
“Cabe recordar que V.E., en el citado precedente de Fallos: 305:283, con relación a normas similares ya contenidas en la Ley de Aduanas, dijo que si bien los cambios de criterios impositivos en materia aduanera –en principio- rigen para el futuro, ello no obsta a las facultades del organismo de revisar documentos cancelados y formular cargos cuando se den 'errores de cálculos o liquidación', supuesto que, como expresé, es el que se ha dado en la especie”.
Que por imperativo criterio de Nuestro Máximo Juzgador, cabe confirmar la resolución aquí apelada. Asimismo, con anterioridad y en concordancia con este criterio, ha sentenciado esta Sala “G” (“Patagonian Fruits Trade S.A. c/ D.G.A. s/ Apelación”, expte. Nº 27.153-A, de fecha 12/02/2012; “Oleaginosa Oeste S.A. c/D.G.A. s/ Apelación”, expte. Nº 22.357-A., de fecha 15/11/2012; entre otros), debiendo destacar los claros razonamientos expuestos por el Dr. Krause Murguiondo (cuando integraba la composición de esta Sala), a los que adherí en dichas oportunidades.
VIII. Que en lo que hace a la liquidación de los mencionados estímulos, al formularse el cargo en dólares, debe estarse para su pesificación al tipo de cambio correspondiente al momento en que el pago en demasía fue realizado por el servicio aduanero, y por ende pesificado.
Que la Corte Suprema señaló que la restitución a un particular por el pago indebido de tributos abonados en pesos, fueran devueltos en la misma moneda, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 23.905. En efecto, conforme la doctrina esbozada por nuestro Máximo Tribunal “... la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos en los términos del Decreto 214/02 (...) el art. 809 del Código Aduanero -que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente- establece expresamente que la Aduana 'devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos'. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares” (CSJN, “Cencosud S.A. (TF 29535-A) vs. Dirección General de Aduanas”, 15/05/2014).
Que, a todas luces, si bien dicho caso no es idéntico al aquí analizado, puesto que es subjetivamente inverso, resulta lógico que dicho criterio de justicia sea aplicable al sub examine, pues, se trata de sumas pagadas en demasía -en este caso- por el Fisco Nacional, en pesos, debiendo admitirse la devolución por parte del particular en pesos, ello al tipo de cambio vigente al momento en que el reintegro fue efectuado, conforme la doctrina precedente, no así al tipo de cambio de la efectiva devolución.
IX. Que, en cuanto al agravio vertido por la actora respecto de la inconstitucionalidad de la tasa de interés aplicable, el mismo no puede prosperar en virtud de que este Tribunal no tiene facultad para declararla. Ello, como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 1164 del C.A., el cual establece expresamente que “La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal”, y plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia” de este Tribunal Fiscal de la Nación.
X. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (conf. art. 1163 del C.A.).
XI. Por ello, voto por:
1. Rechazar el planteo de prescripción efectuado por la actora.
2.-Confirmar la Resolución Nº 198/2012 dictada por el Administrador de la Aduana de Puerto Madryn en las actuaciones N° 12770-615-2007, en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la firma PESQUERA SAN ISIDRO S.A. contra la liquidación manual N° 07 047 LMAN 00959 R generada en concepto de restitución de lo pagado en demasía por beneficios a la exportación. Con la salvedad de que la suma reclamada mediante dicha liquidación, deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al momento en que el reintegro fue efectuado, según lo analizado en el considerando VIII de la presente.
3. Costas a la vencida.
El Dr. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Rechazar el planteo de prescripción efectuado por la actora.
2.-Confirmar la Resolución Nº 198/2012 dictada por el Administrador de la Aduana de Puerto Madryn en las actuaciones N° 12770-615-2007, en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la firma PESQUERA SAN ISIDRO S.A. contra la liquidación manual N° 07 047 LMAN 00959 R generada en concepto de restitución de lo pagado en demasía por beneficios a la exportación. Con la salvedad de que la suma reclamada mediante dicha liquidación, deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al momento en que el reintegro fue efectuado, según lo analizado en el considerando VIII de la presente.
3. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2022.09.27 19:14:40 ART Date: 2022.09.27 23:54:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.28 20:23:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.28 20:23:53 -03:00
Fin de la sentencia