Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 6.031-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación por denegatoria de repetición incoado en autos. Con costas. Con más los intereses resarcitorios solicitados por la parte actora, los que deben ser calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo (art. 179, Ley N° 11.683), liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I).
I. Que, a fs. 56/67, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 110/2018 (DV CRR2) emanada por la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de fecha 22/06/2018, mediante la cual se resolvió no hacer lugar a la acción de repetición en el Impuesto a las Ganancias interpuesta el 6 de julio de 2017, por los periodos fiscales 2011 a 2016, por la suma de $1.019.698,14 y sus intereses resarcitorios devengados a la fecha de la presentación en $66.280,12 conforme tasa promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina.
La recurrente describe que es una asociación sin fines de lucro creada en el año 1941 cuya actividad es fomentar el desarrollo de las empresas de transporte para que puedan satisfacer a los usuarios y transmitir a los funcionarios y legisladores la posición de los empresarios privados acerca de las políticas e implementaciones más eficientes tendientes a lograr un sistema de transporte más seguro, económico y universal.
Explica que la resolución impugnada es nula por cuanto fue dictada sin observar adecuadamente la normativa aplicable (Ley 20.628 y Decreto 1344/97) ni su finalidad, afirmando que el carácter de sujeto exento se lo da el encuadramiento de la entidad en las previsiones del artículo 20 inciso f) de la ley de Impuesto a las Ganancias, no así por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del Ente Recaudador que declare expresamente que reviste esa calidad. Señala que el artículo 34 del Decreto Reglamentario de la ley del Impuesto a las Ganancias, establece que la exención será otorgada a pedido de los interesados por la AFIP, señalando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el solo hecho de que la entidad califique dentro de las disposiciones de la ley resulta habilitada para encuadrar como entidad exenta.
Asimismo, afirma que, si bien el certificado de exención es importante para acreditar la condición de sujeto exento ante terceros, el hecho de no haber contado con él no descalifica que haya reunido las condiciones necesarias para haber solicitado la dispensa y quedar eximida del pago del tributo que se reclama. En ese sentido, destaca que reunió las condiciones de entidad exenta con anterioridad al reconocimiento efectuado por la DGI-AFIP y, por consiguiente, los pagos que ha efectuado por Impuesto a las Ganancias no le eran exigibles. Argumenta que tal situación no fue tenida en cuenta por el Fisco Nacional al momento de dictar el acto (a pesar de ser debidamente expuesto en la demanda administrativa de repetición), lo cual se traduce en una violación lisa y llana de lo preceptuado en el artículo 14 inciso b) de la Ley 19.549.
Sostiene que, la declaración de nulidad impetrada será la mejor manera de asegurar que la administración ajuste su actuación al ordenamiento jurídico, previendo la correcta actuación del Fisco Nacional y evitar así la repetición de transgresiones a aquellas normas que, ineludiblemente, debe cumplir, máxime cuando derivan de la propia Carta Magna. Por otro lado, advierte que en subsidio de la nulidad planteada, destaca los agravios referidos a la cuestión de fondo, alegando que la exención sobre el Impuesto a las Ganancias por la actividad que desarrolla no está en discusión, hecho reconocido mediante certificado de exención N° 8201713381. Se agravia al entender que el beneficio exentivo opera desde que se reúnen todos los requisitos exigidos por la norma impositiva y reconocido el mismo a partir de la emisión del correspondiente certificado y no debe interpretarse que opera desde la fecha de solicitud de la exención. En ese orden de ideas, plantea que la acción de repetición del Impuesto a las Ganancias abonado sin causa durante los periodos no prescriptos debe admitirse ya que la procedencia del beneficio impositivo se traduce en un enriquecimiento sin causa por parte del Estado. Alega que la exención se motiva y justifica en el reconocimiento de la falta de capacidad contributiva o en los fines de utilidad general de oportunidad política que la exención trata de conseguir. Describe que si bien no todas las exenciones previstas en el artículo 20 de la ley del tributo pueden considerarse automáticas, pues en virtud de dicha norma las exenciones de los incisos b), d), f), g), m) y r) se otorgan a pedido de los interesados, quienes deben presentar estatutos o normas que rigen su funcionamiento y todo elemento que exija la AFIP, en su caso el carácter de exento está dado por el encuadramiento de la entidad en las previsiones normativas y no de los actos de reconocimiento de exención que emita el Organismo Fiscal.
Afirma que, siempre reunió los requisitos exigidos por el artículo 20 inciso f) de la Ley N° 20.628 para ser beneficiaria de la exención de gravamen, esto es ser una asociación sin fines de lucro destinada a cumplir una función de asistencia a sus asociados y a la comunidad, sus ganancias y el patrimonio social se destinaron siempre a los fines de su creación y nunca se distribuyeron directa o indirectamente entre sus socios.
Argumenta que, nunca existió base imponible para determinar impuesto a las ganancias, más allá de que por error no haya solicitado con anterioridad el reconocimiento de la exención y, por ende, haya procedido a ingresar el tributo. Destacan que, en el caso particular, es que los beneficios obtenidos durante los períodos involucrados siempre se derivaron hacia la consecución de los objetivos de la entidad y sin producir beneficios particulares directos para quienes la integran. Asegura que, no puede negarse el derecho a repetir los tributos pagados de más en atención al criterio de la aplicación del principio del enriquecimiento sin causa el cual importa la idea de que nadie tiene derecho a retener lo que ha recibido sin ninguna causa o razón que le permitiera exigir lo que se le abonó, premisa o principio que engloba a una amplia gama de acciones tendientes a subsanar esa alteración patrimonial, una de las cuales es la repetición originada por un pago indebido.
Como conclusión, afirma que cuando una entidad sin fines de lucro queda legítimamente habilitada por la ley para computar una exención del tributo, pero por un error de hecho o de derecho lo abona, lo que está provocando es un pago indebido y un consecuente enriquecimiento sin causa en el accipiens, con lo cual debe permitírsele al solvens la posibilidad de repetir lo pagado en exceso.
Por otro lado, afirma que se le deben devolver los intereses resarcitorios liquidados, los cuales deberían ser calculados conforme la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina, dejando de lado la arbitraria tasa fijada por la Resolución (MEyP) N° 314/04, la cual entiende es inconstitucional. A lo largo de su recurso cita jurisprudencia y doctrina respaldando sus argumentos. Finalmente, ofrece prueba informativa y pericial contable, hace reserva de caso federal y solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 110/2018 o, en subsidio, se revoque íntegramente la resolución apelada con costas.
II. Que, a fs. 76/90, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, negando terminantemente todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la contribuyente, que no sean objeto de aceptación o de su expreso reconocimiento o que surjan de los antecedentes administrativos que acompaña como prueba.
El Fisco Nacional alega que no resulta procedente el planteo de nulidad articulado por la actora en atención a que el acto administrativo atacado se ajusta a derecho al cumplir con todos los requisitos que hacen a su validez afirmando que la garantía del debido proceso exige que los actos administrativos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Sostiene que, en cuanto a la arbitrariedad alegada, cabe considerar que dicha doctrina tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso. Asimismo, destaca que la nulidad de la resolución así solicitada implica una sanción gravísima, que sólo es procedente en aquellos casos en que la causa de invalidez del acto surge en forma manifiesta e indubitable. A su vez, analiza que debe tratarse de un vicio que afecte al acto en sus elementos esenciales (confr. Ley N° 19.549 artículos 7, 8 y 14) y el acto administrativo atacado cumple acabadamente con cada uno de los requisitos esenciales establecidos en el art. 7 de dicha ley con respecto a la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Opina que, debe resaltarse que la actora no demuestra la indefensión ni el perjuicio que le habría ocasionado el acto administrativo atacado dado que no procede la sanción de nulidad por la nulidad misma sino que debe demostrarse el perjuicio concreto solicitando el rechazo al planteo formulado por la actora.
Por otro lado, afirma que no resulta procedente el reclamo de repetición intentado por la recurrente, quien al pagar en forma voluntaria los importes que ahora reclama, reconoce implícitamente que puede gozar de la exención a partir del reconocimiento efectuado por el Organismo, al constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador en el artículo 20 inc. f) de la Ley 20.628 y en las normas reglamentarias.
Asimismo, indica que no puede válidamente reclamar las sumas que previamente ingresó a las arcas del estado en forma voluntaria al amparo de lo dispuesto por la Ley del Impuesto a las Ganancias, manifestando que ello se debió a un error, lo cual denota una conducta relevante y plenamente eficaz que se contradice con la teoría de los actos propios, sobre todo cuando está avalando de esta forma que la exención solicitada con posterioridad comienza a regir a partir de la autorización expedida por el Organismo Recaudador.
Así las cosas, argumenta que la recurrente presentó declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias consignando saldos a favor del Fisco, por los ejercicios fiscales 2011 a 2015, no así respecto del período fiscal 2016 donde exteriorizó un quebranto impositivo. Por su parte, indica que el artículo 34 del D.R. N° 1344/1997 de la mencionada Ley somete a reconocimiento previo del Organismo Recaudador el otorgamiento de la exención solicitada por determinadas entidades, conforme las facultades de verificación y fiscalización que le otorga lo dispuesto en el artículo 33 y siguientes de la Ley 11.683.
Reflexiona que, esta exención es de carácter subjetiva y aunque, como puede advertirse, no todas las exenciones subjetivas previstas en el artículo 20 de la ley del gravamen necesitan de tal reconocimiento como es el caso de los Fiscos Nacionales, Provinciales y Municipales y de las instituciones dependientes de los mismos excluidas por la Ley N° 22.016. Remarca que si un interesado no solicita al Fisco que le acuerde la dispensa no le será posible gozar de la misma. Cita la Resolución General N°2681/2009, el Dictamen DAL N°57/2003 y el Dictamen DAL N°32/1998.
Asimismo, destaca que, de las constancias obrantes en la AFIP surge que el 3/08/2011 se introdujeron reformas al estatuto social de la actora, modificando la denominación a Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A.), anteriormente denominada Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor y designando autoridades, cuya aprobación fue solicitada a la IGJ quien, mediante Resolución N°1036, aprobó tales modificaciones. Asimismo, informa que si bien contaba con la aprobación de la IGJ a la modificación mencionada desde 21/11/2013, la solicitud N°694.764 del reconocimiento de la exención tributaria fue efectuada recién el 01/07/2015 (cfr. fs. 1 cuerpo de Antecedentes Agencia N°8).
Alega que, del informe a Jefatura confeccionado por el personal dependiente de la Dirección Regional Centro (fojas 752/759) del cuerpo Antecedentes III Agencia N° 8, se permite corroborar que en virtud de los procedimientos de auditoria practicados en la solicitud N° 694.754, a la actora se le notificó de un requerimiento impositivo y, con posterioridad, la mencionada solicitud fue desistida. Sin embargo, apunta que, el 17/12/2015, la recurrente efectuó una nueva petición bajo el N° 734.586, acompañando la documentación requerida oportunamente.
Afirma que las entidades de bien público se encuentran obligadas a peticionar expresamente el beneficio para poder adquirirlo y deben acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos formales al presentar la documentación correspondiente a efectos de verificar la dispensa tributaria justificada conforme a las pautas establecidas en la propia ley. Así, indica que la presentación en tiempo y forma de los estatutos, memoria y balance, que permiten conocer la existencia o no de utilidades y su distribución, no resulta ser una condición irrazonable a la que debe sujetarse quien pretenda obtener un beneficio que rompe con la regla de la igualdad tributaria.
Por otro lado, manifiesta que, la actora se equivoca al sostener sus argumentos sobre la base del precedente UTGRA, de la CSJN de fecha 19/09/1999, en atención a que el fallo en cuestión, la apelante era una asociación sindical con personería Jurídica gremial conforme a las prescripciones establecidas en el artículo 39 de la ley 23.551, carácter que no reviste la actora. Reflexiona que dicho fallo versaba sobre la revocación de una exención otorgada y en este punto cabe precisar que en el caso de autos, el tema objeto de debate es el reconocimiento retroactivo de la exención y, consecuentemente, la devolución del gravamen ingresado.
Sostiene que, en caso de requerirse el beneficio tardíamente, el mismo no resulta aplicable retroactivamente cuando la normativa reglamentaria mencionada con anterioridad establece con claridad los requisitos, plazos, formalidades y demás condiciones que debía cumplir la actora para ser eximida del tributo en cuestión.
Asimismo, afirma que, la recurrente yerra al afirmar que la finalidad de la ley es conceder una exención, pues no puede desconocer que el último párrafo del inciso f) del artículo 20 de la Ley, como en el primer párrafo del artículo 34 de su Decreto Reglamentario, habilitan al Organismo Recaudador a hacerlo sólo cuando se da cumplimiento a las exigencias que el Organismo Fiscal establezca, entre las cuales la petición por el interesado no puede soslayarse. Destaca que al ser una asociación, también se exige que cumpla con las finalidades establecidas por el legislador a efectos de establecer la exención se correspondan con su estatuto y con su accionar finalidades estatutarias, es decir, que se acredite la aplicación de las utilidades que se pudieran haber generado y que se efectúen prestaciones a terceros con carácter de gratuidad.
Aclara que, la presentación de la memoria y balance sirve para controlar el destino de las utilidades junto con la subsistencia de los requisitos y es una condición esencial para obtener la exención, a tal punto de que la normativa exige la denuncia de las modificaciones que pudieran ocurrir luego de concedido el beneficio, bajo severos apercibimientos. Asevera que, es opinión del Organismo Recaudador que el reconocimiento no es automático, sino consecuencia de la evaluación que efectúa la Administración Federal de todos los elementos de juicio a su disposición (cfr. Dictamen N° 32/1998 D.A.L. del 14/10/98 y Dictamen 83/2000 DI ASLE del 1/07/2001).
A mayor abundamiento, destaca que la actora comenzó a gozar de los beneficios indicados en el artículo 2° de la mencionada R.G. N°2681/2009 desde el día 17/12/2015 (fecha de admisibilidad formal de la solicitud N°734.586) quedando éstos condicionados a la resolución por parte del Organismo, respecto a la aceptación o denegatoria de la solicitud presentada, la cual fue otorgada el 12/07/2016 con su correspondiente certificado de exención. Por último, concluye que, es de suma relevancia entender que no se configuran en el caso los requisitos establecidos para la procedencia de la repetición intentada, esto es el pago por error o sin causa del impuesto bajo examen como tampoco el enriquecimiento del Estado en detrimento de la recurrente. Es por ello que solicita se rechace el recurso de apelación intentado, con costas.
Por otro lado, afirma que, con relación a los intereses resarcitorios solicitados por la actora a su favor hasta el efectivo pago, cabe consignar que los mismos quedan supeditados a la suerte del principal. Asimismo, sostiene que, se equivoca la actora al solicitar que se aplique la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, ya que es consabido que en los casos de repetición la tasa que deberá aplicarse es aquella que fuera establecida por el Ministerio de Economía, y no la que informa el mencionado Banco, conforme lo que establecía el artículo 622 del Código Civil (Actualmente no vigente). Asimismo, cita el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley N° 26.994. Ello así, afirma que lo solicitado por la actora se aparta de lo dispuesto por la norma reseñada, toda vez que existe Ley especial que determina los intereses legales aplicables a casos como el de marras, siendo éstos los establecidos por las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conforme las facultades conferidas por los art. 37 y 52 de la Ley de rito.
Asegura que, no corresponde hacer lugar a lo solicitado por la actora en relación a los intereses aplicables, los que deberán fijarse de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones de la Secretaria de Hacienda, para el hipotético caso que se haga lugar al recurso de apelación intentado.
Por último, asegura que la naturaleza y destino del tributo como recurso público justifica la diferencia existente entre la tasa de interés fijada por el Ministerio de Economía y la fijada por el Banco de la Nación Argentina a fin de desalentar comportamientos especulativos por parte de los contribuyentes. Asevera que, en caso contrario, se utilizarían los fondos públicos retenidos para el financiamiento privado con la gravedad que ello conlleva para las arcas públicas. Asimismo, sostiene que tampoco procede la actualización a que hace mención, en virtud de la Ley 25.561 denominada “Ley de convertibilidad” -actualmente vigente- que prohíbe expresamente toda indexación monetaria.
A lo largo de su recurso cita jurisprudencia y doctrina respaldando sus argumentos. En orden a las razones que expone hace reserva del caso federal y pide se rechace el recurso de apelación intentado y se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora.
III. Que, a fs. 113, se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa dirigida a la AFIP-DGI la cual luce agregada a fs. 121/124 y el informe pericial contable obrante a fs. 127/129vta.
A fs. 139 se clausura la etapa probatoria, se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y a fs. 140 se pasan las actuaciones para alegar.
A 154/156 y 157/158 obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional y por la parte actora, respectivamente.
Finalmente, a 159 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, en primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado por la recurrente a lo largo de su escrito de inicio con respecto del acto aquí apelado, adelantando que el argumento formulado carece de fundamento legal suficiente para sustentar la petición.
En efecto, para que prospere la pretensión de la actora, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo la haya colocado en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
En relación a lo estrictamente formal, la denegatoria de repetición, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley N° 19.549. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Al respecto, es preciso indicar que, conforme al artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el acto administrativo recurrido, goza de presunción de legitimidad, es decir, se presume que ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico y tal presunción subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma.
Cabe recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013 en el que expresó que “tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
En atención a lo señalado precedentemente, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado, no correspondiendo imponer costas en forma autónoma.
V. Que, procede abocarse al análisis de la cuestión planteada en los términos en que quedó trabada la litis, esto es, si resulta aplicable la exención en el Impuesto a las Ganancias, por los periodos fiscales 2011 a 2016, de forma retroactiva el reconocimiento por parte del Fisco Nacional a la actora sobre su carácter de sujeto exento en los términos dispuestos en el artículo 20 inciso f) de la Ley de 20.628 con relación a la devolución del gravamen ingresado por ser una asociación sin fines de lucro.
Conforme lo dispuesto en el 20 inciso f) de la ley de 20.628 se encuentran exentos del gravamen: "Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destine a los fines de su creación en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. En caso de que estas ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En caso de que esta ganancia provengan de dividendos de sociedades anónimas la Dirección devolverá el veintidós por ciento (22%) de los montos percibidos en tal concepto a condición de que las entidades beneficiarias mantengan en su patrimonio durante un lapso no inferior a dos (2) años las acciones que dieron origen a la devolución; en caso contrario deberán reintegrar a la Dirección los importes que hubieren percibido por tal concepto (...)”
En primer término, corresponde señalar que tal como ya ha resuelto esta Sala “B” y conforme ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “...el carácter de sujeto exento estará dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad (...) Ello sin perjuicio de la función que pueda cumplir una declaración de esa clase en lo relativo a clarificar lo atinente a deberes formales y obligaciones derivadas de pagos o cobros a terceros” (“UTGRA. Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina c/ D.G.I. s/ acción de amparo”, Fallos 322:2173, Considerando 6°, 16/09/1999).
Por ende, no escapa a este análisis que el supuesto de hecho analizado por el Máximo Tribunal se refiere a la exención establecida en el art. 20 inciso “f” de la ley del gravamen, vinculada entre otras a las asociaciones gremiales, supuesto que a su vez se observa reforzado por la automaticidad de la exención al obtener la respectiva entidad la personería gremial, específicamente prevista en el artículo 39 de la Ley N° 23.551, de Asociaciones Sindicales.
No obstante ello, esta tesitura ha sido reiterada por la Corte Suprema en autos “Recurso de Hecho deducido por el Fisco Nacional (AFIP -DGI) en la causa Cámara de Propietarios de Alojamientos c/ Dirección General Impositiva” de fecha 26 de noviembre de 2002 (Fallos 325:3092).
En este segundo precedente, deben destacarse las palabras del Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Eduardo Becerra, quien en su dictamen expresó que “...(e)ste certificado constituye un mero acto de reconocimiento, por parte de la Administración, de las situaciones en que, prima facie, se encuentran determinadas personas, a los fines de adecuar su actuación respecto de los demás sujetos gravados y terceros, como asimismo el propio Fisco” (cfr. “Cámara de Propietarios de Alojamientos c/ Dirección General Impositiva”, Dictamen del Procurador General de la Nación de fecha 12 de julio de 2001, Considerando VI).
Este criterio fue convalidado también en el supuesto de la derogación retroactiva del beneficio exentivo de las entidades mutuales comprendidas en el inciso “g” del art. 20 de la ley del gravamen, a través del Dictamen de la Procuradora General de la Nación, Dra. Laura M. Monti, de fecha 4 de noviembre de 2009, el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación compartiera el 2 de marzo de 2011 en autos “Mutual de Socios Credivico c/ AFIP-DGI – Región 1 resol. 27-X-00 s/Dirección General Impositiva” al desestimar el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional. Se destaca que el Dictamen mencionado toma su base de los precedentes de Corte anteriormente señalados.
Al igual de lo que se sostuvo en la jurisprudencia que emana del caso "Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre C/DGI", Sala I de la CNACAF (19/12/17), lo esencial no es el reconocimiento formal como sujeto exento por parte del ente fiscal, sino la adecuación sustancial a las previsiones de las leyes que establecían esos beneficios. En el presente caso, el Fisco Nacional no demostró la existencia de hechos, actos o circunstancias que pusieran en evidencia la transgresión de las condiciones legales, simplemente observó el incumplimiento formal relativo a la obtención del correspondiente certificado en forma previa.
En este sentido, cabe resaltar del informe pericial agregado a fs. 127/219vta que ambos peritos indican que “teniendo a la vista los balances de AAETA correspondientes a los períodos 2011 a 2016, se observa que la Asociación no distribuye resultados entre socios de ningún modo, ya que los mismos se acumulan y forman parte del patrimonio.” Por ende, se destinan a los fines de la entidad, aspecto no cuestionado por el Fisco Nacional. Este aspecto resulta central a los fines de lo dispuesto en el 20 inciso f) de la ley de 20.628 en cuanto al objeto en discusión en las presentes actuaciones. Incluso, se observa que la propia AFIP reconoce que la exoneración tributaria fue efectuada con fecha el 01/07/2015. Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la repetición del contribuyente toda vez que no corresponde el ingreso del impuesto.
VI. Por otro lado, en lo que respecta a los intereses resarcitorios solicitados por la parte actora, corresponde hacer lugar a los mismos, los que deben ser calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo (art. 179, Ley N° 11.683), liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de apelación por denegatoria de repetición incoado en autos. Con costas. Con más los intereses resarcitorios solicitados por la parte actora, los que deben ser calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo (art. 179, Ley N° 11.683), liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.12.14 14:19:26 ART Date: 2022.12.14 15:25:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.14 15:46:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.14 15:47:18 -03:00
Fin de la sentencia