Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al planteo de la recurrente Sara Graciela ROIZ en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y, en consecuencia, revocar la Resolución Nº 263/2015 (DV RRME). Con costas al Fisco Nacional.
2Revocar los ajustes determinados en cabeza de los contribuyentes Ostropolsky, Cecilia Perla, Ostropolsky, Claudia Ruth y Ostropolsky, Andrés Marcelo, con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 185/203 la actora (Roiz, Sara Graciela) interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 263/2015 (DV RRME) de fecha 02/07/2015, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2006, por la cual se determina un impuesto a ingresar a favor del Fisco Nacional para ese periodo de $264.535,06, con más intereses resarcitorios de $663.277,56 La actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, la recurrente manifiesta que las actuaciones que motivaron este recurso se originan en la fiscalización electrónica 2299754 a partir de información obtenida en el exterior a través de instrumentos de intercambio de información internacional suscriptos con otros países.
El 12/12/2014 el Fisco Nacional notificó a Roiz de una prevista con fundamento en “…omisión de declarar saldos de cuentas bancarias existentes en Entidades Financieras en Suiza…”
Como consecuencia su mandante informó al Organismo Recaudador ser titular de la cuenta Nº 1452568 (43116 NC) del HSBC Private Bank SA – Suiza, aclarando que los fondos allí depositados le pertenecen y que colocó como cotitulares a sus hijos (Andrés Marcelo Ostropolsky, Claudia Ruth Ostropolsky y Cecilia Perla Ostropolsky).
Posteriormente, y atento a las notificaciones recibidas por el Fisco Nacional en las cuales se indicaba la posibilidad de acogerse al régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera establecida por la Ley 26.860, el apelante hizo saber que había exteriorizado en los términos de la referida Ley la suma de U$S 16.154.
Sin embargo, la recurrente señala que el Fisco nacional decidió determinar la obligación de su representada en virtud de un “incremento patrimonial no justificado”.
En otro orden, el apelante señala que el Organismo Recaudador le suspende parcialmente la intimación de pago por la cantidad de $18.794,69 con más sus intereses, en razón de los certificados de depósito para inversión - Cedin- “… hasta tanto exista un pronunciamiento judicial en el trámite de la causa Nº 134.053/2014 “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ Infracción Ley 24.769” que no sea contrario a los términos del art. 15 inc. d) de la Ley 26.860”
Ahora bien, la recurrente expresa que el ajuste practicado prima facie de conformidad con el art 18 inc. f) de la Ley 11.683, tuvo lugar a partir de haberse detectado fondos no declarados en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera en Suiza. Como fundamento de sus dichos sostiene en primer lugar que existiría un error de cálculo, puesto que el Organismo Recaudador pretende imputar la totalidad del presunto saldo existente al 31/12/06, cuando el incremento producido -dice- fue de U$S 16.153,61 lo cual resulta de restar el saldo del 31/12/2005 U$S 205.326,39 al saldo del 31/12/2006 U$S 221.480,00.
Así pues, la recurrente alega que resulta a todas luces evidente la ilegitimidad de la resolución 263/15 (DV RRME) dado que el Juez Administrativo ha realizado una valoración de la norma contraria a la voluntad de la Reglamentación de la ley sustantiva y del propio organismo que integra.
En segundo lugar, plantea la exteriorización de tenencia de moneda extranjera. La actora considera que, una vez efectuada la exteriorización de moneda extranjera en los términos de la Ley 26.860 la Administración Federal debía dar por concluido el procedimiento de determinación de oficio, aceptando el blanqueo, sin determinar la materia imponible.
Es dable destacar que según dichos de la recurrente la exteriorización efectuada no se encuentra cuestionada y el juez Administrativo pudo corroborar los correspondientes certificados de depósito para la inversión –Cedinesque aplicarían a la pretensión fiscal objeto de autos.
Empero, la actora se cuestiona de dónde surge que el Juez administrativo tenía facultades para determinar la obligación tributaria sobre una materia imponible sometida a la exteriorización en los términos de la ley 26.860. Por lo cual -dice- el Juez excedió sus facultades por cuanto nunca pudo haber determinado una obligación tributaria sobre una materia eximida.
Así también se expresa con relación al carácter de imputada en la causa “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ Infracción a la Ley 24.769” y manifiesta que su representada jamás podría ser acusada del delito de lavado de dinero. Agrega que la condición de imputado se obtiene luego de producirse la indagatoria y hasta que eso no ocurre, la persona no pasa de ser un mero denunciado como es el caso de su mandante.
Ello así, el apelante sostiene que no existe constancia alguna que permita siquiera suponer que se le ha imputado algún delito, menos lavado de dinero que excluiría la posibilidad de acogerse al régimen previsto en la Ley 26.860.
En tercer lugar, señala que para determinar la materia imponible el Fisco Nacional debió reunir pruebas suficientes que acrediten que su representada ha realizado el hecho imponible de Impuesto a las Ganancias. En efecto, la recurrente expresa ser la única titular de la cuenta ubicada en la Confederación Suiza con lo cual solicita que las determinaciones a sus hijos sean dejadas sin efecto.
Acompaña documental y ofrece prueba informativa.
Finalmente, la actora solicita, la revocación del acto apelado, con costas al Fisco.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva de cuestión federal.
Que a fs. 287/304vta, fs. 399/412, y fs. 495/512 los apelantes Ostropolsky, Cecilia Perla, Ostropolsky, Claudia Ruth y Ostropolsky, Andrés Marcelo respectivamente, interpusieron sendos recursos de apelación contra las respectivas Resoluciones Nº 278/2015 (DV RRME), N°276/2015 (DV RRME) y N°280/2015 (DV RRME) todas ellas de fecha 06/7/2015, y dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva. Los apelantes impugnan dicha resolución relativa a Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2006, por la cual se determina un impuesto a ingresar a favor del Fisco Nacional para ese periodo con más intereses resarcitorios. Atento contener agravios análogos, éstos, se detallan en forma conjunta a continuación:
Las actuaciones se originan en la fiscalización electrónica efectuada por el Organismo Recaudador a partir de información obtenida en el exterior a través de instrumentos de intercambio de información internacional suscriptos con otros países.
Los recurrentes manifiestan que mediante la resolución determinativa de oficio la Administración consideró que de las tareas realizadas por la fiscalización electrónica se desprende que los apelantes habrían omitido declarar un saldo en el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2006.
Asimismo, sostienen que a lo largo de las actuaciones administrativas la señora Sara Roiz reconoció ser la única titular de los fondos de la cuenta 5091452568 (43116 NC) del HSBC ubicada en la Confederación Suiza. En virtud de dicho reconocimiento, los actores solicitan se ordene su desvinculación, revocando la resolución recurrida, con costas al Fisco Nacional.
Los apelantes plantean la prescripción de la acción fiscal en relación al periodo fiscal 2006 por haber transcurrido el plazo de la Ley 11.683 y argumentan que el inicio del cómputo del plazo de la prescripción acaeció el 1º de enero de 2008 y los cinco años habrían concluido el 1º de enero de 2013. Agregan que aún adicionándole el año de suspensión previsto en el art. 44 de la Ley 26.476, las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar las obligaciones prescribieron el 1º de enero de 2014.
Agregan, en subsidio la prescripción de las potestades del Fisco por inaplicabilidad del artículo sin número a continuación del 65. Ello así, por cuanto se ha dado inicio a un procedimiento viciado con la única finalidad de correr vista para intentar suspender el curso de la prescripción.
Además, solicitan se declare la nulidad de la resolución recurrida, toda vez que no se indicó la existencia de una orden de inspección ni se informó a su mandante que se encontraba bajo una formal investigación relacionada con el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2006. Sin perjuicio de ello, sostienen que la inspección fiscal sobre el impuesto fue inexistente, puesto que nunca se practicó.
Señalan los apelantes que los hechos invocados por la AFIP resultan inhábiles para sostener su postura, toda vez que las presunciones deben ser razonables y no responder a apreciaciones puramente subjetivas, y para que sean admitidas como tales deben ser precisas, unívocas y concordantes.
Argumentan la falta de demostración del acaecimiento del hecho imponible, en tal sentido -dicen- el Fisco Nacional no solo no practicó una fiscalización tendiente a auditar la supuesta materia omitida, sino que tampoco ordenó medidas para mejor proveer tendientes a indagar sobre la existencia de hechos imponibles una vez iniciado el proceso de determinación de oficio.
Por otro lado, los actores sostienen el error en la liquidación, la omisión de considerar la existencia de saldo de inicio al 01/01/2006 y la incorrecta atribución personal del hecho imponible invocado -cuadruplicación de la pretensión recaudatoria- por los mismos fundamentos que expone la recurrente Sara Roiz según lo relatado precedentemente.
Acompañan documental y ofrecen prueba informativa.
Los recurrentes solicitan la revocación del acto apelado, con costas al Fisco.
Que citan jurisprudencia que entienden aplicable al caso y formulan reserva de cuestión federal.
II. Que a fs. 218/232vta contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace, los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas. Primeramente, el Fisco Nacional manifiesta que niega en forma terminante todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos en la demanda que no sean objeto de aceptación o de un expreso reconocimiento de su parte.
Niega que el procedimiento administrativo o la resolución recurrida tenga algún vicio que haga a su anulabilidad. Niega también que el responsable no hubiese omitido consignar en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2006, el saldo de sus cuentas bancarias radicadas en una entidad financiera de la Confederación Suiza, que se haya incumplido la Instrucción 1/2015 y que corresponda la exteriorización de acuerdo a la Ley 26.860.
Así pues, solicita el rechazo de la acción, con costas.
Cabe destacar que la representación fiscal sostiene que sin perjuicio de la negativa general que efectúa a todas las consideraciones expuestas por la recurrente, las conclusiones del Juez Administrativo surgen claramente del acto cuestionado, por lo que -dice- no cabría debatir sobre estas apreciaciones expuestas en el inicio del recurso. En cuanto al primer agravio, el cual se refiere a lo que considera una errónea liquidación del Fisco Nacional respecto al ajuste, al entender que lo correcto debía ser el cálculo de la carga tributaria sobre la diferencia (respecto al mismo periodo 2005) de U$S 16.153,61 y en tanto el Fisco Nacional habría utilizado como base de cálculo U$S 226.218,00, imputándolo al año 2006; destaca lo siguiente:
Es a partir del principio de la carga de la prueba en el procedimiento tributario que –ante los hechos detectados por el Fisco- sea el contribuyente el que evidencie y clarifique la real situación tributaria de los involucrados. Que la conclusión arribada por el Juez Administrativo -dice- no ha sido desvirtuada por la contribuyente a través de elementos de prueba idóneos que permitan inferir con certeza la pretendida diferencia que alega en su patrimonio como para invocar el cálculo del monto imponible en los términos pretendidos.
La representación fiscal agrega que el funcionario señala que no resulta posible establecer que no haya existido una variación de patrimonio entre ambos periodos de liquidación y esa conclusión, más allá de las meras apreciaciones aritméticas expuestas, no ha sido confrontada con pruebas que hagan a su derecho, ni en el descargo a la vista del proceso administrativo, ni en la presente instancia.
Por otro lado, el Organismo fiscal añade que los contribuyentes siempre tienen la posibilidad de cuestionar las consecuencias del accionar del Fisco Nacional, pero no sin antes acreditar de manera fehaciente el perjuicio que aquellas les hubieren ocasionado.
Además manifiesta que la exteriorización no ha sido debidamente acreditada, tal como consta en el acto administrativo (art. 4) quedando suspendida esa intimación por el monto “blanqueado” en la medida que la contribuyente presente los documentos que verifiquen la situación manifestada.
Asimismo declara que el análisis de la conducta de la contribuyente ha quedado suspendido en función a lo establecido por el art. 20 de la Ley 24.769, lo que implica de por sí, que a la fecha, de no ser por la existencia de la causa penal, la misma habría sido evaluada de acuerdo a lo normado por la Ley 11.683 en el acápite “ilícitos y sanciones”, con la posible resolución de una sanción de tipo infraccional.
En otro orden y respecto de los intereses, el Organismo fiscal argumenta que se aplicaron los que establece el art. 37 de la Ley 11.683, y que tienen el carácter de resarcitorio de daños y perjuicios según lo prescribe la norma. Finalmente, la representación fiscal sostiene, en cuanto a la prueba instrumental, que la irrelevancia de los elementos relativos a la causa penal impide considerarla pertinente a los efectos de este proceso. En cuanto a la informativa, formula su oposición y ofrece como prueba instrumental los antecedentes administrativos. Por último, ofrece perito traductor para el caso de necesitar una traducción de la información obrante en los antecedentes del Impuesto a las Ganancias.
El Fisco Nacional solicita, por lo expuesto de hecho y de derecho, la confirmación del acto apelado, con costas. Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva de cuestión federal.
Que a fs. 316/337, fs. 421/443vta, y fs. 527/543 el Fisco Nacional contesta los recursos interpuestos por los apelantes Ostropolsky, Cecilia Perla, Ostropolsky, Claudia Ruth y Ostropolsky, Andrés Marcelo respectivamente, y manifiesta que sin perjuicio de la negativa general a todas las consideraciones expuestas por los presentantes, de las conclusiones del Juez Administrativo surge que no cabría debatir sobre las apreciaciones expuestas en el inicio del recurso.
Con respecto al primer agravio el cual se refiere a la presunta desvinculación en la titularidad de la cuenta en atención a sostener que la madre de los recurrentes ha reconocido ser la única titular de la misma, la representación fiscal señala que las disposiciones relativas a la carga de la prueba deben apreciarse según las características propias de la controversia, dándole primacía a la verdad jurídica objetiva por sobre la interpretación de las normas procesales.
Agrega que se exige que el contribuyente pruebe lo que alega y en cuanto a la validez de la atribución en forma total del reclamo de pretensión a cada uno de los cotitulares, dice, que el sistema tributario argentino se basa en la modalidad autoliquidatoria de la materia imponible y su cuantificación, pues la liquidación del impuesto es obligación del sujeto pasivo de la relación tributaria. Añade que la intervención del Fisco en esa función se perfecciona cuando esa declaración no se presenta o resulta impugnable la acreditada.
En consecuencia, indica que la atribución de responsabilidad fiscal a todos los titulares de la cuenta, tiene sostén en los indicios que permiten inferir la misma y que surge de las acreditaciones bancarias evidenciadas. Asimismo, el Fisco Nacional expresa que el propio argumento de los demandantes apunta a pretender desenmascarar a quien -según sus dichos- resultaría ser el real titular de los bienes, cuando ellos mismos han colaborado a mantener esta irrealidad fiscal, la que ha permitido la evasión de los tributos que hubiera originado la tenencia de esos bienes o su eventual renta.
El segundo punto de agravio lo constituye la prescripción.
Ahora bien, la representación fiscal explica que, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del periodo fiscal 2006 operó en el 2007 por lo cual el cómputo comenzó a correr el 01/01/2008, el cual se vio suspendido por un año por la Ley 26.476 y se reinició el 24/12/2009 viéndose nuevamente interrumpido el 03/06/2013 por la Ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización, el cual se retomó el cómputo del curso el 03/06/2014 y por la conjunción de las suspensiones dispuestas en las Leyes 26.476 y 26.860 el término de la prescripción hubiera operado el 01/01/2015.
Además, sumado a ello, indica que corresponde tener presente que el artículo 65.1 de la ley de procedimiento establece que se suspenderá por 120 días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del fisco. Por otro lado, en cuanto al planteo de los accionantes que manifiestan la inaplicabilidad de las causales de suspensión dispuestas en forma genérica en el art. 17 de la Ley 26.860 por ilegítimas e irrazonables, el Fisco Nacional aclara que la intención o voluntad del legislador no se reduce a las opiniones que puedan realizar los parlamentarios en el marco del debate del proyecto de ley de que se trate, en especial si conduce a resultados irrazonable, como se daría en el caso, al privarse de efectos a la norma.
Siendo así, añade que la prórroga del plazo de prescripción que prevén este tipo de normas, apunta a la salvaguarda del acervo fiscal, que podría verse comprometido ante la suerte de espera que el Estado instituye a partir de la vigencia de la regularización impositiva, régimen que tiene por fin proteger el patrimonio fiscal. Menciona además que quien puede especular con la prescripción no es quien se acoge al régimen de exteriorización sino quien no lo hace bajo la expectativa de no ser descubierto por el Fisco.
En otro orden, la representación fiscal sostiene que el objeto de las nulidades es el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso de que manera fue perjudicado ese derecho, lo que no se advierte en autos.
En efecto, alega que la actora no explica de qué forma el inicio de la fiscalización de forma electrónica o el corrimiento de la vista la ha afectado en sus derechos toda vez que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico y declarar la nulidad por la nulidad misma.
En cuanto al hecho imponible el Fisco Nacional arguye que merece advertirse que no se trata de una determinación de base presunta o estimación de oficio de la materia imponible, puesto que su mandante no presumió la cuantía de la base imponible, ya que la base imponible utilizada para calcular el impuesto adeudado por los recurrentes es cierta y parte del monto concreto que existía en la cuenta bancaria de la accionante. Así pues, menciona que la determinación de autos obedece a la existencia de indicios claros y concretos que permiten concluir en la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, esos indicios que en el caso de autos son los depósitos bancarios, resultan pertinentes y hasta el momento no han podido ser desvirtuados.
La representación fiscal concluye que la atribución de responsabilidad a los titulares de la cuenta, tiene sostén en los indicios que permiten inferir la misma y que surge de las acreditaciones bancarias evidenciadas. En cuanto a las diferencias que considera sustanciales para el proceso liquidatorio -dice- debe ser el contribuyente el que clarifique la real situación tributaria de los involucrados, a partir del principio de la carga de la prueba en el procedimiento tributario.
Finalmente, y en cuanto a la decisión judicial relativa a la situación procesal en el marco del proceso penal de los contribuyentes, el Organismo fiscal sostiene que no es materia de discusión en las presentes actuaciones, sino resorte exclusivo de análisis del Juez competente en el caso; y agrega que hasta tanto esa situación procesal no se vea clarificada, en modo alguno pueden tomarse decisiones definitivas en la materia, so pena de afectar los acervos del Fisco Nacional.
La representación fiscal, respecto de los intereses, argumenta que se aplicaron los que establece el art. 37 de la Ley 11.683, y que tienen el carácter de resarcitorio de daños y perjuicios según lo prescribe la norma. Por otro lado, en cuanto a la prueba instrumental, el Fisco Nacional manifiesta que la irrelevancia de los elementos relativos a la causa penal impide considerarla pertinente a los efectos de este proceso. En cuanto a la informativa, formula su oposición y ofrece como prueba instrumental los antecedentes administrativos. El Fisco Nacional solicita, por lo expuesto de hecho y de derecho, la confirmación del acto apelado, con costas. Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva de cuestión federal.
III. Que a fs. 553, el Tribunal resolvió acumular los expedientes Nº 44.343-I, 44.346I, y 44.348-I al que lleva el Nº 44.297-I.
Que a fs. 557/588vta los recurrentes realizan una presentación en la cual acompañan la contestación del exhorto diligenciado a la justicia de la confederación Suiza en la causa “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ Infracción a la Ley 24.769” por medio del cual se requirió información sobre cuentas que presuntamente poseían en el HSBC Private Bank (Suiza) SA.
El día 01/06/2016, a fs. 589, se procedió a acumular los expedientes de referencia dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 11/05/2016.
En otro orden, a fs 590/605, la recurrente presenta un escrito invocando un hecho nuevo, toda vez que mediante Resolución Nº 147/2016 del 30/6/2016, el Organismo fiscal le determinó de oficio la obligación de la Sra. Roiz Sara frente al Impuesto sobre los bienes personales del periodo fiscal 2006.
A tal efecto, este Tribunal resuelve -a fs. 606- correr traslado al Fisco Nacional del hecho nuevo invocado por la actora.
Luego, la actora a fs. 609/623 presenta un escrito en el cual acompaña las resoluciones mediante las cuales se resolvió hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos por Cecilia y Andres Ostropolsky que dejan sin efecto las determinaciones de oficio practicadas frente al Impuesto sobre los Bienes Personales del periodo fiscal 2006, y hace saber que el Fisco Nacional ha reconfirmado que “la única contribuyente obligada impositivamente por el saldo de esa cuenta (Nº 5091452568 43116 NC) es la Sra. Sara Graciela Roiz quedando excluidos sus hijos”
A tal fin, el Tribunal a fs. 624, el 04/08/2016, resuelve correr traslado de lo manifestado por la actora a fs 609/623.
Así pues, el Fisco Nacional en sus escritos de fs. 629 y 633 solicita nuevas prórrogas de veinte días respectivamente y el Tribunal a fs. 630 y 634 resuelve concederlas. Además, a fs. 636 la representación fiscal manifiesta que respecto a los hechos nuevos alegados, se está procediendo a su análisis y valoración. Atento el estado de las actuaciones y toda vez que de los escritos de inicio y de responde presentados en autos surgen hechos controvertidos y medidas probatorias respecto de las cuales las partes han manifestado divergencias respecto a su pertinencia, este Tribunal resuelve citar a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el día 17/03/2020, la cual fue suspendida el día 16/03/2020 en virtud de las circunstancias de público conocimiento acontecidas.
Finalmente, el 06/10/2021 el Tribunal resuelve citar a las partes a la audiencia preliminar de prueba para el día 10/11/2021, en la cual se decreta tener presente la documental acompañada, se deja constancia que las actuaciones administrativas ya han sido acompañadas por el Fisco Nacional, se abre la causa a prueba por sesenta días, se ordena librar el oficio solicitado por la parte actora, y fijar un plazo de cinco días para que la representación fiscal conteste el hecho nuevo invocado.
La recurrente mediante RE-2021-109372502-APN-SGAI#TFN acredita el diligenciamiento del oficio que fuere oportunamente ordenado y dirigido al Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11.
Por último, la representación fiscal realiza una presentación por RE-2021-112623334-APN-SGAI#TFN en la cual manifiesta que en cuanto a las determinaciones de oficio de Ganancias de los contribuyentes Ostropolsky, a su respecto y eventualmente, correspondería evaluar la declaración de abstractos de los mismos, a partir de las nuevas conclusiones arribadas por el Fisco –posteriores a la investigación que diera origen a los mismosconclusiones que se modificaron en función al impulso de la contraparte y el aporte de pruebas que permitieron verificar adecuadamente la situación fiscal de los mismos.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. Que, en primer lugar se tratará el recurso de apelación deducido por la contribuyente Sara Graciela Roiz. En las presentes actuaciones el ajuste correspondiente a la materia neta imponible reliquidada es de U$S 226.218,00. Asimismo corresponde señalar que en la Resolución N° 263/2015 (DV RRME) determinativa del tributo aquí apelado, el monto exteriorizado por el contribuyente alcanza -a criterio del organismo fiscal- sólo parcialmente a cubrir el saldo determinado a favor del Fisco Nacional.
Que corresponde analizar si se encuentra debidamente cuantificado el ajuste en el Impuesto a las Ganancias. El mismo se sustenta en un incremento patrimonial no justificado en función de los depósitos en la cuenta en cuestión. Pero este Tribunal advierte que el Fisco ha procedido a determinar de esa forma tomando el monto total de la cuenta al 31/12/2006, pero se observa en las planillas que dieran origen al ajuste (vide fs. 65 antecedentes administrativos) que las sumas depositadas provienen de años anteriores, observándose la existencia de un saldo final del período fiscal 2005. Ello así, la determinación del incremento patrimonial respecto del período fiscal 2006 debe ser la diferencia existente entre el saldo al cierre del periodo 2006 (U$S 226.218,00) con el saldo al cierre del periodo fiscal 2005 (U$S 210.652,00) en la cuenta objeto de autos. Por lo tanto, el monto base del ajuste sería de U$S 16.154.-
Atento lo expuesto corresponde señalar que el monto que toma el Fisco Nacional resulta erróneo, ignorando o desatendiendo la propia información a la que la misma Administración otorgar validez, circunstancia esta que resta sustento a los argumentos del Fisco Nacional por cuanto sostiene que la recurrente no arrima prueba alguna que demuestre que los fondos contenidos en el saldo al inicio son los mismos que se encuentran contenidos al cierre.
VI. Que sentado ello, corresponde ahora abordar el tratamiento de la cuestión referida a la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el marco de la Ley Nº 26.860 que efectuara la recurrente. Que la ley en cuestión regula la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados, a esos fines, por el Título I de la misma, y siendo reglamentada por la Resolución General N° 3.509 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La mentada ley, en su artículo 3°, dispone las condiciones en que será aplicable la exteriorización de moneda extranjera, la cual comprenderá la tenencia, en el país y en el exterior, al 30 de abril de 2013, inclusive, pudiendo, a su vez, incorporarse la tenencia de moneda extranjera que surja del producido de bienes existentes a dicha fecha.
En su artículo 5° establece que el importe exteriorizado no estará sujeto a impuesto especial alguno, quedando el goce de los beneficios, según el artículo 7°, supeditado a que dicho importe sea afectado a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros a que hace mención el Título I.
El artículo 9° establece, en la parte que aquí interesa, que “[l]os sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas. (…) c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.
Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice. 2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. 3.
Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. 4. Eximición del Impuesto a las Ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes, a las tenencias que se exteriorizan (...)” El artículo 10°, por su parte, manifiesta que las personas físicas y las sucesiones indivisas podrán, mediante la exteriorización, “liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares”.
Debe entenderse que el término “liberar” empleado por el legislador en referencia a las “obligaciones fiscales” indica que los beneficios de la ley alcanzan incluso a obligaciones que ya hubieren sido determinadas, por cuanto en caso contrario, de ser inexistentes, no podrían ser referidas como pasibles de liberación. Ello así, toda vez que de la misma ley surge que el Organismo Fiscal ha de abstenerse de sustanciar recursos por el valor del monto liberado contra los contribuyentes que se hubieren acogido al régimen mentado.
A los fines de determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, de conformidad con el artículo 12°, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.” A su vez, el artículo 13° prevé que “[s]erá requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.”
Por su parte, el artículo 15° dice “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones: (…) d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente (…)”
En el título III, por su parte, se establecen las disposiciones generales que regulan la presente ley. Siendo que el artículo 18° expresa que “[l]a Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.”, corresponde hacer referencia a la Resolución General 3509/2013, dictada por el Fisco Nacional con fecha 06 de junio de 2013, por la cual se regula la ley bajo análisis.
Que la misma en su artículo 1° reproduce prácticamente de manera literal lo establecido por la Ley 26.860 en sus artículos 9° y 10°. El artículo 2°, en lo que hace a las presentes actuaciones, dispone: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, conforme lo establecido por la Ley N° 26.860 (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presente resolución general y demás normas que se dicten al efecto.”
En el artículo 5° se aclara en qué situación se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13° de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. Se encontrarán consumados, explicita el articulado, cuando “las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal.”
VII. Que, no se encuentra controvertido en las presentes actuaciones el monto exteriorizado por la contribuyente, es decir la suma de U$S 16.154,00. Por el contrario, el propio Juez administrativo lo hace constar en la resolución apelada (vide art. 4 de la parte resolutiva del acto determinativo de ganancias)
Asimismo hace constar el juez administrativo, según su criterio, que la materia imponible objeto de ajuste en el Impuesto a las Ganancias resulta superior a los dólares exteriorizados.
No obstante ello, y aquí discrepan las posturas de las partes, el Fisco Nacional siguió adelante con la determinación por el total del impuesto dejando supeditado los efectos de la exteriorización de la Ley 26.860 hasta tanto exista un pronunciamiento en la causa judicial Nº 134.053/2014 “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ Infracción Ley 24.769”, por entender que el contribuyente podría quedar incurso en las previsiones del artículo 15, inciso d) de la citada ley. Ahora bien, con relación a la causal de exclusión de los beneficios que establece la ley incluida en el inciso d) del artículo 15, y que motivara la supeditación del goce de dichos beneficios al resultado de la causa penal ya citada, vale decir en primer término que dicho inciso excluye a los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y que de los mismos dichos de la AFIP, la denuncia que efectuara involucra las figuras de “Evasión Fiscal” y “Asociación Fiscal Ilícita” y no la del delito de lavado de dinero.
Al respecto cabe señalar que a fs. 661 obra el informe producido por el Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 9, en el marco de los autos caratulados: “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ Infracción Ley 24.769”, en respuesta a la medida ordenada a fs. 655 de autos, en donde se hace saber que Sara Graciela Roiz (D.N.I. Nro. 6.409.208) no figura entre las personas que fueron llamadas a prestar declaración indagatoria en autos, ni de momento se encuentra imputado por delito alguno en el marco de esa pesquisa. Vale decir entonces que la recurrente no sólo no se encuentra imputada por el delito de lavado de dinero, sino que no fue siquiera denunciada por los delitos de evasión o asociación ilícita, contrariamente a lo que afirma el Fisco en los actos recurridos. Al respecto, de la lectura del inciso d) del artículo 15 de la ley 26.860, surge que el texto legal que nos ocupa es indudablemente de una claridad meridiana y requiere haber sido “imputado” en una causa penal por el delito de lavado de dinero. Y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Es doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal que no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales que equivalga a prescindir de su texto, si no media para ello declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos 285:358; 307:2153) pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu.
Por lo tanto, de las constancias de autos ha quedado acreditado que el apelante adquirió CEDINES de acuerdo con lo establecido por la ley 26.860 y que no se encuentra comprendido en la causal de exclusión prevista en el inciso d) del artículo 15 de dicha ley, se considera que resultan aplicables al caso los beneficios previstos por la mencionada ley (en similar sentido, Sala “D”, in re “Cervio Guillermo José”, sentencia del 7/8/2017, con voto del Dr. Magallón como Subrogante de la Vocalía de la 11ª Nominación).
VIII. En virtud de lo expuesto y resultando del propio texto de la resolución determinativa del impuesto a las ganancias de Roiz Sara Graciela y de la Resolución 147/2016 agregada como hecho nuevo a fs. 590/601 (vide hoja 6 de dicho acto), que la exteriorización cumplida por la recurrente se enmarca en la Ley 26.860 habiendo suscripto los correspondientes certificados de depósitos para la inversión -CEDINES- que aplican a la pretensión fiscal en dicho tributo, corresponde hacer lugar al planteo de la recurrente en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y revocar la Resolución Nº 263/2015 (DV RRME). Con costas al Fisco Nacional.
IX. Que corresponde por último abordar el tratamiento de los expedientes acumulados de Ostropolsky, Cecilia Perla, Ostropolsky, Claudia Ruth y Ostropolsky, Andrés Marcelo. Tal como surge de la determinación de oficio - Resolución Nº 147/2016- y de lo manifestado por la representación fiscal en RE-2021-112623334, el Fisco Nacional ha reconocido –vide fs. 594- que la totalidad de los fondos depositados en la cuenta 5091452568 del HSBC PRIVATE BANK SUISSE SA en la CONFEDERACIÓN SUIZA le pertenecen de manera exclusiva a Sara Graciela Roiz, y que le atribuyó solo a ella el hecho imponible en el Impuesto sobre los Bienes Personales del periodo fiscal 2006.
Por ello, SE
1. Hacer lugar al planteo de la recurrente Sara Graciela ROIZ en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y, en consecuencia, revocar la Resolución Nº 263/2015 (DV RRME). Con costas al Fisco Nacional.
2. Revocar los ajustes determinados en cabeza de los contribuyentes Ostropolsky, Cecilia Perla, Ostropolsky, Claudia Ruth y Ostropolsky, Andrés Marcelo, con costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.03.17 17:27:30 ART Date: 2022.03.17 19:32:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.18 13:11:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.18 13:11:29 -03:00
Fin de la sentencia