Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-69328572-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por la parte actora en relación a las facultades para determinar el impuesto a las ganancias período fiscal 2014 y del impuesto al valor agregado períodos fiscales 11/2013 a 11/2014, con costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas en autos respecto de los periodos no prescriptos, con costas.
I. Que mediante el IF-2021-69357065-APN-DTD#JGM y el RE-2021-69327132-APN-SGAI#TFN, la actora interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones N° 61/2021 (DV R2II) y N° 62/2021 (DV R2II), ambas de fecha 22/06/2021, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro II de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En virtud de la Resolución N° 61/2021 (DV R2II), se establece la responsabilidad solidaria del Sr. Juan Nicolas Carlos Chillemi y, en consecuencia, se le impone la obligación de ingresar la suma de $ 409.687,40; $ 201.481,17 y $ 1.116.804,17, correspondientes al Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Por otro lado, se calcula la suma de $ 3.496.043,19 en concepto de intereses resarcitorios y se deja constancia que, de conformidad con lo establecido con el art. 20 del Régimen Penal Tributario instaurado por la Ley N° 27.430, se efectúa reserva de aplicar eventuales sanciones hasta tanto sea dictada sentencia definitiva en sede penal.
En relación a la Resolución N° 62/2021 (DV R2II), se establece la responsabilidad solidaria al Sr. Juan Nicolas Carlos Chillemi y se le impone en tal carácter la obligación de ingresar la suma$ 1.507.679, 42 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 12/2013 a 09/2016 –ambos extremos inclusive- con más la suma de $ 3.443.131,72 en concepto de intereses resarcitorios, dejándose constancia que con respecto a los períodos fiscales 12/2013, 01/2014, 06/2014 a 12/2014, 03/2015 a 01/2016, 08/2016 y 09/2016, de conformidad con lo establecido con el art. 20 del Régimen Penal Tributario instaurado por la Ley N° 27.430, se efectúa reserva de aplicar eventuales sanciones hasta tanto sea dictada sentencia definitiva en sede penal.
Resulta necesario mencionar que las resoluciones apeladas reconocen su origen en las determinaciones de oficio N° 16/2020 (DV R2II) y 15/2020 (DV R2II), ambas de fecha 11/06/2020, por cuanto la deudora principal del tributo LURS S.R.L. (ex JUAN CARLOS CHILLEMI S.R.L.)- de ahora en adelante la firma o la sociedad -, no cumplió con el pago de las obligaciones intimadas por medio de dichas resoluciones. Por ello, el Fisco Nacional resolvió determinar de oficio la responsabilidad solidaria del Sr. Juan Nicolás Carlos Chillemi, atento que este revestía el carácter de socio gerente de dicha sociedad al momento en que se generaron las obligaciones tributarias en cuestión.
En primer lugar, manifiesta que para rechazar el planteo de prescripción, el juez administrativo a los efectos de sumar actos administrativos susceptibles de suspensión del plazo de la misma, intenta enlazar extremos falsos o desconocidos para el recurrente atento que ya no pertenecía a la sociedad fiscalizada.
Señala que de la aplicación del art. 56 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos para el caso del Impuesto a las Ganancias período 2014 y para el supuesto del Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 12/13 al 11/15, la prescripción operó el 01/01/2021.
Por otro lado, en relación a su planteo de falta de legitimación pasiva, sostiene que el juez administrativo solamente se limita al rechazo del mismo, sin tener en cuenta los argumentos expuestos y contrariando todos aquellos principios legales para tener por válida una resolución.
En este sentido, sostiene que el organismo recaudador pretende atribuirle una supuesta relación de solidaridad con sustento en la calidad de socio gerente de la firma LURS S.R.L. -EX JUAN CARLOS CHILLEMI S.R.L.-, la cual no solo le resulta totalmente ajena, sino que frente a dicha atribución se encuentra imposibilitado de poder defenderse de semejante falacia atribuida dolosamente. Agrega que de conformidad con lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, es una persona humana, con una personalidad distinta, con capacidad para contraer obligaciones y adquirir derechos distintos a los de la sociedad, por lo que deduce que mediante dicho accionar por parte de la administración tributaria intenta apañar el actuar de los fiscalizadores actuantes, y aprovechando dicha situación, intenta obtener un ajuste fiscal indebido.
Seguidamente, indica que la sociedad no ha sido creada ni para violar la ley ni con una finalidad extra societaria sino para producir y fabricar calzado, que tampoco ha omitido cumplir en forma debida y diligente su deber de administrador de la sociedad que representaba, que la misma presentó cada una de las declaraciones juradas cuyos ajustes solicitaron los agentes intervinientes y que la deuda generada por rectificar las declaraciones juradas fue incluida en moratoria, cuyas cuotas fueron canceladas puntualmente en el curso de su gestión, la cual se extendió hasta el mes de junio de 2017. Por otro lado, sostiene que para que se le pueda extender la responsabilidad solidaria deben concurrir los extremos objetivos y subjetivos que indican la jurisprudencia y la doctrina que cita a su favor, y que la misma debe efectuarse prudentemente atento la relevancia del instrumento de la personalidad diferenciada, ya que en el caso contrario se estaría ante una clara situación de inseguridad jurídica en desmedro de los derechos garantizados por las leyes. Seguidamente, manifiesta que el juez administrativo no ha tenido en cuenta su imposibilidad de ejercer debidamente su derecho de defensa atento que al no pertenecer más a la firma, no posee aquellos elementos que pudieran acreditar que las operaciones cuestionadas por el organismo fiscal han sido reales, por lo que, a su vez, entiende que ha estado desinteresado en descubrir la realidad económica y jurídica de las operaciones limitándose únicamente a efectuar formalidades sin contenido alguno.
A su vez, sostiene que conforme la prueba aportada en la instancia anterior ha quedado demostrado que los rubros y conceptos cuestionados, se encuentran incorporados en las DDJJ rectificativas y que se ha ingresado los pretensos montos en un plan de regularización de pagos, habiendo cancelado las cuotas correspondientes mientras ostentaba el cargo de socio gerente de la sociedad, por lo que en ese contexto entiende que resulta aplicable al caso la doctrina del fruto del árbol envenenado.
Expresa que el juez administrativo se basa en la proyección efectuada por los inspectores actuantes mediante premisas falsas e inciertas, en conjeturas y suposiciones, violatorias del principio de legalidad y seguridad jurídica como asimismo el principio de base cierta. Agrega que en función de ello, ha llevado a dar por tierra las declaraciones juradas presentadas a través de conjeturas, y que así, el procedimiento llevado a cabo resulta nulo de nulidad absoluta por resultar violatorio del derecho de defensa en juicio, el derecho de propiedad, la garantía del debido proceso legal y los principios de legalidad y de seguridad jurídica y razonabilidad (arts.14, 17, 18, 28 de la C.N.), por lo que a su vez, rechaza e impugna la liquidación practicada.
A su vez, señala que la nulidad planteada encuentra su basamento en que el perjuicio que se intenta evitar es el pago de una exorbitante suma de dinero que afecta gravemente el derecho de propiedad, de comerciar y de ejercer toda industria licita (art.14 y 17), vulnerando los principios de legalidad, seguridad jurídica y razonabilidad (arts.14, 17, 19 y 28 de la C.N.), sin perjuicio que dichos derechos, principios y garantías constitucionales, se encuentran garantizados por Tratados Internacionales receptados en la Constitución Nación (art.75 inciso 22 de la C.N.) como así también en el entendimiento que carece de motivación suficiente que sustente la procedencia de la extensión de responsabilidad de diferencias reclamadas y justifique la consecuente sanción aplicada.
Concluye que los ajustes practicados por el Fisco Nacional no han sido realizados sobre una base cierta, sino tomando una falsa premisa cuyo resultado también es falso. Sostiene que para llegar a dicha conclusión el juez administrativo ratifica el error incurrido en que la fiscalización procedió a calcular un impuesto que no posee una base sustentable y fuerte, determinando las abultadas y arbitrarias sumas ajustadas, las cuales a su entender no pueden superar ningún test de razonabilidad y/o legalidad (arts.14, 17, 18, 19 y 33 de la C.N.) que coloca con un riesgo potencial grave, teniendo en cuenta su delicada situación financiera y económica del suscripto.
Por otro lado, plantea la nulidad absoluta e insanable de la determinación de la posible multa impuesta y la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley 11.683, toda vez que entiende que le afecta gravemente el derecho de propiedad, de comerciar y de ejercer toda industria licita (art. 14 y 17), vulnerando los principios de legalidad, seguridad jurídica y razonabilidad plasmados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. A su vez, expresa que a su entendimiento tampoco concurre el elemento subjetivo para la presunta imposición toda vez que condujo la sociedad de una manera diligente e interpretando de una manera razonable las normas legales y resalta que en materia infraccional es el Fisco Nacional quien debe aportar al proceso aquellos elementos de convicción que sustentan su pretensión punitiva ya que de lo contrario se violaría la garantía constitucional de derecho defensa en juicio y del debido proceso legal (art.18 de la C.N.)
Finalmente, ofrece como prueba documental las actuaciones administrativas en poder del Fisco Nacional, efectúa reserva de Caso Federal y solicita se declare la nulidad de la totalidad de las actuaciones.
II. Que, bajo el IF-2021-103793487-APN-DTD#JGM y el IF-2021-103104474-APN-DTD#JGM, se presenta el Fisco Nacional y contesta sendos recursos interpuestos por la recurrente, expone los antecedentes de hecho y de derecho que motivaron los ajustes efectuados, niega los hechos alegados y solicita la confirmación de los ajustes practicados en las resoluciones apeladas, con costas.
Manifiesta que, en relación a la nulidad planteada, el acto administrativo atacado reúne todos los requisitos esenciales enumerados en el artículo 7 de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, el cual ha sido emitido dentro de los lineamientos de la normativa vigente. A mayor abundamiento, sostiene que no ha hecho otra cosa que basar su accionar en la estricta aplicación de las normas legales, contando la actora con todos los elementos para ejercer en forma debida sus derechos constitucionales y así lo hizo. Que tal como se desprende de las actuaciones administrativas y del contenido de la resolución puesta en crisis, no se está en presencia de un acto nulo e insanable atento que el reclamo operó con fundamento en hechos verificados a través de los funcionarios actuantes y en el derecho vigente aplicable al caso. Asegura que la actora no ha desconocido la causa y motivación del acto ni tampoco indicó de qué defensas se vio privado de oponer, sino que su discrepancia con el organismo recaudador, integra el fondo de la cuestión por lo que solicita su rechazo.
Afirma que, durante los periodos en trato, la firma LURS S.R.L. computó gastos provenientes de facturación apócrifa, y que el Sr. Chillemi en ese entonces ocupaba el cargo de socio gerente de la misma por lo que era responsable del manejo y disposición de los fondos y de las presentaciones efectuadas por la sociedad bajo su mandato, no pudiendo así desconocer las operaciones emitidas por los supuestos proveedores.
Explica que conforme surge de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita al respecto, la doctrina del “fruto del árbol envenenado", nuestro Máximo Tribunal la ha aplicado procurando asegurar la protección de la garantía del debido proceso en juicios de naturaleza penal y que dicha garantía no se vería lesionada por el accionar de del Fisco Nacional durante los procedimientos determinativos atento que se encuentra garantizado el ejercicio del derecho de defensa en forma amplia.
Agrega que las tareas investigativas se ejercen en función de las facultades de verificación y fiscalización contempladas en el artículo 35 de la ley N° 11.683, dentro de un marco de garantías sustantivas que deben estar presentes en todo procedimiento llevado a cabo por ella, por lo que tal como oportunamente expresó en la Resolución N° 16/2020 (DV R2II), la incorporación de contribuyentes a la base E-Apoc es la culminación de una tarea investigativa basada en la recopilación de una serie de indicios graves, precisos y concordantes que ponen serios reparos de la veracidad de dichos contribuyentes.
Concluye que la actora ha realizado una serie de valoraciones que, ni por separado ni en su conjunto, pueden ser tomadas en cuenta como vicios que sustenten esa supuesta nulidad de las actuaciones administrativas, no probando que el derecho de defensa haya sido afectado por cuanto tuvo la oportunidad de ser oída (presentar descargo) y ofrecer pruebas de sus dichos. A su vez, agrega que los agravios insertos en el descargo fueron oportunamente tratados en las resoluciones administrativas por lo que resultan suficientemente claras y exponen en forma acabada los fundamentos que llevaron a desechar los argumentos defensistas de la actora.
Explica que para el hipotético caso de no mediar alguna de las causales de suspensión de plazo contenidas en la Ley 11.683 (t.o. y sus modif.), de conformidad con los arts. 56 y 57 en la norma, para el Impuesto a las Ganancias período 2014, el vencimiento de la obligación tributaria hubiera sido en el mes de Diciembre de 2014 (atento que el cierre de ejercicio operaba los 31/07 de cada año), por lo que el plazo de prescripción hubiera comenzado a correr el 01/01/2015 y su vencimiento hubiera operado el 01/01/2020. Mientras que para el Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 12/2013 del Impuesto al Valor Agregado vencía en el mes de enero de 2014, por lo que el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2015 y su vencimiento hubiera operado el 01/01/2020.
Manifiesta que conforme lo establecido en el artículo agregado a continuación del artículo 65 de la Ley N° 11.683, las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar de oficio y/o aplicar sanciones se suspendieron al momento de conferirse vista a la firma LURS S.R.L. en fecha 19/12/2019 y cuando se le determinó de oficio e intimó al pago la obligación tributaria en fecha 11/06/2020. A su vez, señala que el artículo 65 inciso a) de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones dispone la suspensión por un año del curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales contados a partir de la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado y que la intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios.
Finalmente, sostiene que obran sobrados elementos que dan cuenta que, en los períodos en trato, la actora además de ser socio gerente de la firma LURS S.R.L, tenía a su cargo la administración de los fondos. A su vez, afirma que es el propio Sr. Chillemi quien en sus descargos reconoce haber ostentado dicha calidad, que poseía el manejo de los fondos al vencimiento de las obligaciones tributarias en trato y que era el encargado del pago de las mismas.
En cuanto a la cuestión de fondo, expresa que la actora ha omitido cumplir en forma debida y diligente su deber de administrador de la sociedad que representaba, no existiendo causal alguna que lo exima de dicha responsabilidad, por lo que atento lo dispuesto en artículos 6° inciso d) y 8° inciso a) de la Ley N° 11.683, correspondió hacer efectiva la responsabilidad solidaria.
A mayor abundamiento, señala que la responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador, que aquellos que administran o disponen de los fondos de los entes sociales son quienes se hallan obligados a cumplir con los deberes tributarios, alcanzándole a éstos la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurriesen, derivando de su conducta la solidaridad de los deudores de los gravámenes que establece la propia ley y que la actividad que les corresponde a los socios gerentes de sociedades de responsabilidad limitada en relación al impuesto, no es una actividad facultativa sino obligatoria e inherente a la función de representación ejercida por los mismos por lo que, les corresponde a título de carga pública, el ejercicio de todas las potestades que provienen de su investidura y que tengan relación o repercusión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.
Expresa que yerra la actora respecto a que los montos cuestionados en los presentes actuados fueron incluidos en moratoria, ya que los ajustes efectuados bajo la Orden de Intervención N° 1.745.548 no fueron conformados por LURS S.R.L., por lo tanto los saldos a pagar incluidos en la moratoria de Regularización Excepcional de la Ley N° 27.260 presentada el día 31/03/2017 bajo el número J475342, no se corresponden con los ajustes reclamados en esta instancia, ya que dicha regularización fue en el año 2017, mientras que los montos reclamados lo fueron en el año 2020. Concluye que la actora reconoce haber ejercido como socio gerente de LURS S.R.L. hasta el mes de junio de 2017, por lo que queda probado que al momento en que se generaron las obligaciones tributarias citadas precedentemente, tuvo a su cargo el manejo y administración de los fondos sociales, por lo que concluye que la actora, siendo socio gerente de la firma LURS SRL. - EX JUAN CARLOS CHILLEMI S.R.L. y teniendo el manejo de fondos de la misma, incumplió los deberes impositivos concomitantes al hecho de su gestión, con apercibimiento de responsabilidad personal y solidaria sobre las sumas dejadas de percibir por el Fisco.
Solicita que se confirme la procedencia del cálculo de los intereses resarcitorios atento que los mismos se adecuan a lo establecido por el art. 37 de la norma de rito, por lo que, no habiendo la responsable dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, procede la aplicación de los mismos por la mora en que incurriera.
Finalmente, acompaña los antecedentes administrativos, hace reserva del caso federal, solicita se rechace el recurso incoado por la actora y se confirme la resolución apelada, en todas sus partes, con imposición de costas al apelante.
III. Que, a través de la INLEG-2021-116176548-APN-VOCV#TFN, la Sala “B” de este Tribunal resolvió acumular el expediente N° EX-2021-69328572-APN-SGAI#TFN al que lleva el N° EX-2021-69297939- -APN-SGAI#TFN, en razón de la existencia de premisas de hechos comunes y conexidad requeridas por el artículo 8 del Reglamento de Procedimiento.
IV. Que, teniendo en cuenta el estado de las actuaciones, se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, la que de inmediato los llamó para sentencia.
Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. En primer lugar, por lógica precedencia cabe pronunciarse sobre los planteos de nulidad y prescripción articulados por la actora, los que no se han realizado como excepción de previo y especial pronunciamiento.
VI. Que en relación al primero de los planteos, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que tampoco se ha vulnerado el derecho de defensa ya que tuvo oportunidad de exponer su defensa y ofrecer prueba tanto en sede administrativa como en esta instancia del Tribunal.
Que, en definitiva, los agravios esgrimidos por la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada, razón por la cual no resultan atendibles los planteos de la parte actora, sin costas conforme (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Ahora bien, en relación al planteo de prescripción, para un mejor análisis corresponde resaltar la normativa aplicable en el caso particular.
En ese sentido, el artículo 56 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en lo que aquí interesa, establece que 'Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben: a) Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación...".
Dicho plazo, en atención a lo que dispone el artículo 57, comenzará a correr el primero de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por su parte, el artículo 65, inciso a) ordena la suspensión de la prescripción por el término de un año desde la fecha de intimación de pago efectuada al deudor principal.
Finalmente, el artículo 65.1 dispone que "se suspenderá por ciento veinte días (120) el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos, regidos por la presente ley, y para aplicar multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción". La modificación introducida por la ley 25.239 al inciso a) del art. 65, es clara al disponer que la intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios.
Ahora bien, en el caso particular sin tener en cuenta las posibles causales de suspensión del plazo contenidas en la Ley 11.683 (t.o. y sus modif.), de conformidad con los arts. 56 y 57 en la norma, para el Impuesto a las Ganancias período 2014, el vencimiento de la obligación tributaria hubiera sido en el mes de Diciembre de 2014 (atento que el cierre de ejercicio operaba los 31/07 de cada año), por lo que el plazo de prescripción hubiera comenzado a correr el 01/01/2015 y su vencimiento hubiera operado el 01/01/2020. Mientras que para el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 12/2013 a 11/2014 del Impuesto al Valor Agregado, también el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2015 y su vencimiento hubiera operado el 01/01/2020.
Tal como surge de las actuaciones (vide A/A del cuerpo impuesto a las ganancias), las vistas conferidas al deudor principal se produjeron el 19/12/2019 (dentro del plazo de 180 días establecido por la norma) activando la suspensión por el plazo de 120 días conforme la norma citada, dictando el Fisco Nacional las determinaciones de oficio con fecha 11/06/2020, notificadas el 17/06/2020, operando desde esta última fecha el plazo de suspensión de un año para notificar al responsable solidario las determinaciones de oficio, las que fueron notificadas con fecha 22/06/2021. Ello así, cabe concluir que las facultades del Fisco Nacional de determinar el impuesto a las ganancias del año 2014 y el Impuesto al Valor Agregado de los períodos 11/2013 a 11/2014 se encontraban prescriptas.
VIII. Que, corresponde a este Tribunal analizar la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Juan Nicolás Carlos Chillemi por el incumplimiento de LURS S.R.L – ex JUAN CARLOS CHILLEMI S.R.L.- en el pago de sus deudas tributarias.
El artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: "responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17...".
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en el caso “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c/ DGI” de fecha 11/02/2014 que: “...la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.
En tales condiciones, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues los actos administrativos por los que se determinaron las obligaciones tributarias del principal (LURS S.R.L – ex JUAN CARLOS CHILLEMI-), fueron dictados en fecha 11/06/2020 y notificados en el domicilio fiscal electrónico en fecha 16/06/2020 y en el domicilio fiscal de la firma en fecha 17/06/2020, en tanto que la resoluciones referentes al responsable solidario (Sr. Chillemi) se dictaron el 22 de Junio de 2021, es decir vencido holgadamente el plazo otorgado al deudor principal.
IX. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
En ese sentido, corresponde al responsable aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley N° 11.683 ...” (se hace referencia al actual art. 8° del t.o. vigente) “... se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente.” (cfr. “COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILEVA ISABEL S/RECURSO DE APELACION - IVA, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B sentencia del 1998/02/06”).
X. Que las manifestaciones de la actora no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las resoluciones que dice causarle agravio, limitándose a discrepar con fundamentos genéricos con la conclusión del organismo fiscal. Que según se desprende de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas de la sociedad verificada acompañadas en el IF-2021-103779670-APN-DTD#JGM (vide Escritura ciento treinta y nueve y contrato de cesión de cuotas sociales y modificación de contrato social del Cpo. Ganancias de los AA fs. 43 y 62) surge que el Sr. Chillemi revestía el carácter de socio gerente al momento en que se generaron las obligaciones tributarias por lo que tuvo a su cargo el manejo y administración de los fondos sociales, hecho que él tampoco niega o intenta rebatir. Por lo tanto, ha quedado demostrado el carácter de socio gerente de la sociedad que ostentaba el Sr. Juan Nicolás Carlos Chillemi en el periodo fiscalizado, por lo que se deduce que ha desempeñado las funciones inherentes al cargo disponiendo el manejo y administración de los fondos sociales, sin que haya aportado pruebas tendientes a demostrar haberse encontrado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
En función de lo expuesto cabe concluir que en el presente caso se ha configurado el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental, por lo que resulta ajustada a derecho la atribución de la responsabilidad solidaria en el Sr. Chillemi, como socio gerente de la sociedad.
XI. Que, finalmente, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por la parte actora en relación a las facultades para determinar el impuesto a las ganancias período fiscal 2014 y del impuesto al valor agregado períodos fiscales 11/2013 a 11/2014, con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas en autos respecto de los periodos no prescriptos, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.08.05 19:03:20 ART Date: 2022.08.08 09:50:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.08 11:21:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.08 11:22:30 -03:00
Fin de la sentencia