Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) nro. 5051, con excepción del Derecho adicional y las percepciones de impuesto a las ganancias e IVA adicional, en cuanto exige a la firma “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, el pago de tributos que ascienden a la suma de dieciocho mil cuatrocientos diecisiete pesos con cuarenta y dos centavos ($ 18.417,42.-), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 25/06/12 y hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus respectivos vencimientos.
I. Que vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del pronunciamiento emitido en fecha 10 de marzo de 2016 por la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco y, de esa manera, revocó la sentencia de fecha 6 de marzo de 2015 mediante la cual esta Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación había declarado la inconvencionalidad y por ende, la inconstitucionalidad de la aplicación efectuada por la Dirección General de Aduanas en relación con el art. 805 inc. a) del Código Aduanero. De ese modo, el Tribunal de Alzada dejó sin efecto la declaración de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos y ordenó la remisión de los presentes autos a este Tribunal a fin de que se resuelvan los demás planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación.
Para así decidir, la Excma. Cámara mencionó que el art. 1164 del Código Aduanero resulta más que claro al prohibirle al Tribunal Fiscal pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes tributarios o aduaneras. Por lo demás, destacó que si bien la Corte Federal en numerosas oportunidades señaló que el instituto de la prescripción constituye un instrumento adecuado para salvaguardar la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, en esta causa se evidencia una situación bien distinta a las que analizó aquél tribunal en precedentes en los que resolvió favorablemente planteos de esa índole, porque transcurrieron quince, dieciocho, veinte años o más desde el aceecimiento de los hechos supuestamente infraccionales y la resolución condenatoria.
Que en cuanto a la prescripción dijo que el vencimiento de la DIT 01 001 IT14 001011J tuvo lugar el 18/02/02 por lo que el plazo de prescripción de la acción del Fisco para reclamar los tributos correspondientes comenzó a correr el 1/01/03, y se suspendió con el dictado del acto de apertura de sumario del 10/08/07, siendo que finalmente se dictó la resolución aquí impugnada con fecha 9/08/12.
II. Que, devueltos los obrados a esta instancia, y sin perjuicio de advertir que desde el hecho gravado hasta la fecha han transcurrido 20 años, como así también que la sentencia de esta Sala emitida con fecha 6 de marzo de 2015 hizo fundamental hincapié -a los fines de declarar la prescripción del Fisco para percibir tributos- en el tiempo que había demorado la DGA en notificar la resolución definitiva en sede administrativa y no en la duración global del procedimiento, habida cuenta lo ordenado por la Alzada corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.
III. Que entado lo que antecede, corresponde en primer lugar expedirse en relación al fondo del asunto, pues la recurrente considera que mediante la agregación de la documentación que obra en poder del servicio aduanero se habría podido establecer la reexportación e importación definitiva a consumo de la mercadería amparada por la importación temporaria en trato, como respecto al resto de la documentación vinculada con la misma. Que la firma importadora no es la única que puede probar que se ha reexportado la totalidad de la mercadería, pues la aseguradora puede subrogarse en las defensas de la importadora, por lo que aquella también puede acreditar tal extremo mediante la documentación que acredite la descarga de la mercadería importada temporariamente.
Que cabe aclarar que en materia tributaria, a contrario sensu de lo que ocurre en materia penal, el onus probandi del cumplimiento de las obligaciones del régimen de importación temporaria, en tanto significa dicho régimen un beneficio - ingreso de mercadería extranjera en plaza sin la obligación correlativa de abonar los tributos a su importación-, se encuentra, en principio, a cargo del importador o aseguradora a los efectos de eximir la exigencia tributaria.
Que sólo puede demostrarse la reexportación con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializados, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica al DIT en cuestión y con los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) que correspondan o en su defecto, con su solicitud para el supuesto de que la Secretaría no lo hubiera emitido por causas ajenas al importador. De modo tal que dicho mecanismo resulta ser el reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que la recurrente no demostró ni en sede aduanera ni en autos la reexportación de la mercadería pues no acompañó la documentación (permisos de embarque y los Certificados de Tipificación y Clasificación) que ampararían la relación insumo producto que pudiere desvirtuar la comisión de la infracción referida, surgiendo de este modo la responsabilidad de la aseguradora en su carácter de garante de la importación temporaria, con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria de la importadora.
Que la inconsistencia apuntada anteriormente, entonces, impide evaluar, en el caso concreto que nos ocupa, qué cantidad de la mercadería importada mediante las destinación de importación temporaria nro. 01 001 IT14 001011 J fue utilizada en el proceso productivo y exportada por lo que cabe concluir que se encuentran, en autos, suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero respecto de la no reexportación de la mercadería importada temporariamente o de su importación a consumo de manera irregular debiéndose, en consecuencia, el pago de los tributos correspondientes.
IV. que en relación al agravio de la recurrente referido al adicional IVA e Impuesto a las Ganancias, resulta de aplicación al caso de autos la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
V. Asimismo, corresponde referirse al derecho adicional exigido en autos y por el que se agravia la recurrente. Cabe destacar que el mismo resulta improcedente por expresa aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “FRISHER SRL (TF 16236-A) c/ A.N.A.” e “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ D.G.A.”, ambos del 14/08/2013; sin perjuicio de señalar que he declarado la inconstitucionalidad de dicha norma al votar con fecha 31/07/13 la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D:G.A. S/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”).
VI. Que la recurrente considera necesario que el servicio aduanero cuente con el instrumento de la póliza afectada a la operación en trato, habida cuenta que la misma constituiría el título que fundamenta el reclamo contra su mandante.
Que la póliza en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la nro. 693873 que obra agregada a fs. 42 y vta. de autos (v. impresión de pantalla de la consulta de garantías N° 01 001 006679 M de fs. 41 de autos) y que fue extendida por “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” a favor de la Dirección General de Aduanas, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma “ITAL CHEM S.R.L.” mediante la destinación nro. 01 001 It14 001011 J y ello por la suma de U$S 24.000, que cubría el importe total de los tributos liquidados -a “garantizar”- en la referida destinación. En consecuencia, debe entenderse que la recurrente es la garante de la destinación en vista. Que en lo que respecta al agravio formulado sobre el curso de los intereses, la apelante solicita la suspensión de los mismos desde la fecha de vencimiento de la destinación en trato, esto es desde el mes de febrero de 2002, toda vez que la firma importandora se encuentra en quiebra.
Que en este punto, no se advierte razones de mérito para apartarme de lo establecido por el Código Aduanero en lo que respecta al cómputo de los intereses. De conformidad con lo previsto en el artículo 794 del Código Aduanero, éstos comenzarán a devengarse desde el vencimiento del plazo de 10 días contados desde la fecha en la cual la aseguradora se notificó de la corrida de vista en el sumario sin que a tales efectos se contemple suspensión alguna, a favor de la firma aseguradora, para el caso de concurso o quiebra de la firma importadora.
VII. Que en razón de lo expuesto en los Considerandos III y IV y teniendo en cuenta las pautas de la liquidación de fs. 15 de las act. adm. SIGEA N° 608514-445-2005, la reformulo de la manera siguiente:
VALOR EN ADUANA $ 44.304,62 DERECHOS DE IMPORTACIÓN (16,5%) $ 7.310,26 TASA DE ESTADÍSTICA (0,5%) $ 221,52 BASE IVA $ 51.836,4 IVA (21%) $ 10.885,64 TOTAL TRIBUTOS $ 18.417,42
En virtud de los Considerandos que anteceden, SE RESUELVE:
Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) nro. 5051, con excepción del Derecho adicional y las percepciones de impuesto a las ganancias e IVA adicional, en cuanto exige a la firma “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, el pago de tributos que ascienden a la suma de dieciocho mil cuatrocientos diecisiete pesos con cuarenta y dos centavos ($ 18.417,42.-), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 25/06/12 y hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus respectivos vencimientos. Regístrese. Notifíquese a la DGA a la CUIT (33-69345023-9) y al Dr. Jorge Luis Peluffo (20-08426456-4). Oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.08.11 19:00:27 -03:00 Date: 2022.08.12 10:07:09 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.12 10:07:10 -03:00
Fin de la sentencia