Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 20.440-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan el impuesto a las ganancias y el IVA así como los intereses resarcitorios liquidados, con costas a la actora.
2Confirmar la multa aplicada respecto del Impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2006, reduciéndola al mínimo legal previsto por el art. 46 de la ley 11.683 vigente a la fecha de los hechos. Costas a cargo de la actora, salvo en la proporción correspondiente a lo que se reduce que se imparten en el orden causado.
I. Que a fs. 113/200vta. la firma GENSIROIL S.A. interpone recurso de apelación contra las resoluciones emitidas por la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP-DGI:
(i) N° 4/2010 (DV RRBB) que le determina con carácter parcial la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado, periodos fiscales 01/2006 a 05/2007, en la suma de pesos cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos con ochenta y cuatro centavos ($4.946.782,84), con más la suma de pesos tres millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y seis con ochenta y seis centavos ($3.795.686,86) en concepto de intereses resarcitorios, y hace la reserva del artículo 20 de la ley N° 24.769 con respecto a la aplicación de sanciones.
(ii) N° 5/2010 (DV RRBB) que le determina con carácter parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2006, en la suma de pesos ochenta y ocho mil cuarenta y seis con dos centavos ($88.046,02), con más la suma de pesos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete con setenta y siete centavos ($58.227,77) en concepto de intereses resarcitorios y le aplica una multa graduada en tres veces el importe evadido en la suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y ocho con seis centavos ($274.138,06), encuadrando su conducta en las previsiones de los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la ley N° 11.683.
Efectúa una extensísima crítica –razonada, a su entender- de las resoluciones impugnadas, de la que pueden extraerse –a modo de síntesis - los siguientes agravios:
(i) expone que la determinación de oficio no se sustenta en deficiencias o discrepancias objetables entre las constancias contables y las declaraciones juradas presentadas por la empresa; (ii) sostiene que los fasoneros se encontraban inscriptos ante la AFIP, por lo que mal puede el organismo desconocerlos y considerarlos apócrifos; (iii) asegura que no ha procurado “blanqueo” alguno de compras sin respaldo documental pues la materia prima propia que adquirió es la registrada en sus libros de comercio; asimismo, reafirma que para efectuar adquisiciones como las que se le endilgan debió contar necesariamente con asistencia financiera, hecho que no ha sido acreditado por el organismo en la investigación; (iv) niega el incumplimiento de las disposiciones de la ONCCA y la imposición de sanción a la empresa por parte de ese organismo; (v) rechaza la observación sobre la ausencia de contratos de fasonería celebrados por escrito, remitiendo a la aplicación de las normas civiles y comerciales; (vi) objeta la imputación según la cual no puede distinguirse la producción de aceite propia frente a la que se realiza para un tercero; asimismo, refuta la ausencia de pautas claras para determinar las existencias de productos y subproductos al cierre del ejercicio; (vii) explica que los pagos se efectuaron mediante transferencia bancaria, pudiendo comprobarse el circuito financiero de las operaciones. Asegura que la pretensión de transformar el hecho imponible atribuible a la empresa, desde una verdadera prestación de servicio de fasón hacia una inexistente venta, no cuenta con respaldo probatorio alguno, pues de nada sirven los indicios en los que se sustenta el organismo, como por ejemplo: la falta de seguimiento del circuito financiero; las meras declaraciones en el aire, sin constancia documental alguna, de ciertas personas físicas o representantes de personas jurídicas, llámense productores, fleteros, intermediarios o dueños de imprentas dedicados a imprimir facturas o remitos. Considera que ninguna de esas declaraciones están referidas a GENSIROIL en forma directa, y por tanto, no revisten sustento válido de las resoluciones apeladas.
Plantea que de los antecedentes de la causa no surgen probanzas que acrediten vínculo alguno de los accionistas, miembros del directorio, contadores o apoderados de las empresas COMPAÑÍA EXPORTADORA DE FRUTOS DEL PAIS S.A. o AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A. con integrantes de GENSIROIL S.A., por lo que erróneamente se han proyectado sobre la última hechos o actos irregulares que se corresponden con las primeras, intentando hacer incidir esas cuestiones sobre su condición tributaria. Hace hincapié en que todo el procedimiento se ha efectuado sobre presunciones edificadas a su antojo por el organismo fiscal, y no sobre base cierta.
Manifiesta que la determinación se ha realizado sobre base presunta, sin que existan circunstancias que faculten al organismo fiscal a ello, destacando que en ningún momento sostuvo ni demostró que no son satisfactorios los libros de comercio de la empresa como reflejo fiel de sus ventas directas y de la prestación de servicios de fasón a terceros, con la consiguiente percepción de los precios relativos a sus ventas o a tal prestación de servicios. En tal contexto, asegura que yerra la tesitura fiscal cuando intenta endilgar a la empresa la supuesta simulación de servicios para encubrir verdaderas ventas de aceite de girasol y pellets.
Hace especial hincapié en la información remitida por la ONCCA de la que – a su entender- emerge la existencia de las fasoneras, advirtiendo que no fue tenida en cuenta por la investigación, ofreciendo en esta instancia prueba informativa a los fines de consultar a otras empresas actuantes en el mercado de granos sobre la comercialización con los sujetos que se presumen apócrifos o “de cartón” por el Fisco Nacional, conforme surgía de los datos aportados por el mencionado organismo de contralor.
Plantea la nulidad de los actos apelados en tanto han transgredido las normas aplicables. Explica que la demandada ha construido antojadizamente una determinación de oficio sobre base presunta, sin haber previamente dado muestras de los motivos para no realizarla sobre base cierta. Agrega que el procedimiento se ha edificado sobre la terquedad del organismo de que ciertos sujetos de derecho son inexistentes, con el agravante adicional de valerse de indicios de la más diversa naturaleza, exclusivamente atinente a aquellos y que nada tienen que ver con la empresa. Entiende que con tal actuar se ha posicionado a la empresa como una especie de responsable sustituto de la deuda tributaria imputable a otros contribuyentes. Agrega que no se le ha permitido la producción de prueba –a su parecer- crucial para desacreditar las acusaciones que se le endilgan.
Por último, rechaza la multa impuesta. Destaca que se enfrenta a una sanción desproporcionada, irrazonable e inconstitucional, en tanto no existe una relación entre la violación del derecho y la sanción, resultando la misma patentemente infundada. Insiste en que no existió inexactitud en la declaración jurada presentada por la empresa, que la investigación fiscal no descubrió elementos o información que estuvieron ocultos, sino que los tuvo siempre a la vista. Ello así, solicita se revoque la sanción incoada.
Cita jurisprudencia, acompaña prueba documental y ofrece pruebas pericial contable, testimonial e informativa. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que fs. 321/354vta. la representación fiscal contesta el recurso.
Expresa que de la auditoría fiscal practicada surgieron diferencias, las que consistieron en que el contribuyente no declaró ingresos originados en ventas de aceite de girasol y pellets de propia producción, los que aduce corresponderían a servicios de “fasón”.
En el impuesto al valor agregado se constatan diferencias por no haber declarado débitos fiscales referidos a la venta de aceite de girasol y pellets de propia producción, lo que la fiscalizada adujo que serían los servicios antes citados y prestados a las empresas COMPAÑÍA EXPORTADORA DE FRUTOS DEL PAIS S.A. (en adelante Cía. Exportadora) y AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A., operatoria que presentó serias irregularidades y cuya veracidad no fue acreditada oportunamente. Asimismo, se impugnaron los créditos fiscales respaldados por facturación que consignaba como emisora a la firma Cía. Exportadora, por estar vinculados con operaciones carentes de sinceridad, en orden a las inconsistencias detectadas y las pruebas reunidas en la investigación.
Rechaza la nulidad planteada por la actora. Hace notar que no presenta ningún argumento válido que fundamente su pedido. Sostiene que en el procedimiento se han cumplido acabadamente con cada una de las etapas, no se han transgredido las normas aplicables, se han emitido actos fundados en los hechos y los antecedentes de la causa, expresándose en forma concreta las razones que indujeron a su emisión y cumpliendo con todos los requisitos extrínsecos e intrínsecos pertinentes. Recuerda la extensa jurisprudencia según la cual no procede la nulidad por la nulidad misma, haciendo hincapié en que la actora no ha precisado cuales fueron las defensas de las que pudo verse privada de oponer. En suma, considera que ha esbozado una mera discrepancia sobre la materia de fondo de la causa, como así también la apreciación de los hechos y el derecho aplicable por parte del juez administrativo, lo que resulta insuficiente para fundar la nulidad que requiere.
Con respecto a la cuestión de fondo, ratifica en todos sus términos los ajustes proyectados. Pondera la labor efectuada por la fiscalización mediante la cual se logró constatar las irregularidades existentes en las operaciones analizadas, haciendo hincapié en las probanzas colectadas. Asimismo, aclara que el rechazo de las pruebas pericial contable y algunas de las referidas a los oficios cuyo diligenciamiento pretendía la recurrente, se debió a que no versaban sobre hechos controvertidos en la causa y aclara que oportunamente mediante acto fundado se expusieron las razones del aquel rechazo. Puntualiza que no resulta un hecho controvertido en el caso el ingreso de la semilla de girasol a la planta de la contribuyente, por el contrario, el eje de los cargos que se formulan radican en que comercializó el aceite y los pellets obtenidos mediante el procesamiento de aquellas semillas que se presumen de su propiedad, utilizando para ello la figura de la prestación de servicios de “fasón” que resultaron ficticios, facturados a una sociedad materialmente inexistente, dejando de declarar al fisco los reales ingresos obtenidos por la venta de dichos productos y subproductos. Aclara que lejos está la Administración Tributaria de pretender transformar el hecho imponible de la responsable, sino que a la luz de los elementos constatados se logró desmantelar la modalidad operativa sostenida por aquella. Ello así, no existe controversia sobre el movimiento de los bienes pues la discusión gira en torno a la vinculación o relación jurídica emergente de su manejo, es decir a quien es el titular de los mismos (son de un tercero –fasoneras- o de exclusiva propiedad de la responsable) concluyendo que en la realidad de los hechos y a la luz de las constataciones efectuadas por la auditoría, era materia prima de propiedad de GENSIROIL.
Advierte que del cotejo de los instrumentos que documentan las operaciones -los que presentan serias inconsistencias e irregularidades- se concluyó que no es posible discernir en qué casos las semillas de girasol existentes eran de propiedad de la recurrente o de las supuestas fasoneras, indicando que la prueba rendida por la fiscalizada no permitió dilucidar tal hecho.
Ratifica la multa aplicada en el impuesto a las ganancias. Sostiene que la materialidad de los hechos en que se funda la sanción fue acreditada con los instrumentos obrantes en los antecedentes administrativos que forman parte del expediente de la causa, encontrándose el dolo perfectamente probado al haberse constatado que los montos declarados por la quejosa en su declaración jurada fueron inexactos, constituyendo ello, una maniobra (mediante el engaño) que ha incidido gravemente en la oportuna determinación de la materia imponible. Agrega que la conducta de la apelante ha ocasionado un perjuicio al organismo fiscal desde el momento en que se vio privado de disponer en el debido tiempo de la suma de impuesto que le correspondía, el cual no fue ingresado al confeccionar su declaración jurada engañosa. Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a las pruebas ofrecidas por la recurrente y hace reserva del caso federal. Solicita se confirmen las resoluciones impugnadas, con costas al recurrente. III.-Que a fs. 377 se abre la causa a prueba, proveyéndose la producción de las pruebas informativa, testimonial y pericial contable ofrecida por la parte actora a fs. 206vta/211vta.
Que obran agregados a los presentes autos los siguientes informes rendidos por las firmas oficiadas: TOEPFER INTENACIONAL ARGENTINA S.R.L. a fs. 390; NIDERA S.A. a fs. 391/429; ALICOR S.A. a fs. 443/621; CIA DE CEREALES SALTO S.R.L a fs. 628/657; OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A. a fs. 658/686; KRUGUER S.A. a fs. 687/776; GRANJA TRES ARROYOS S.A. a fs. 780/788; METRIVE S.A. a fs. 790/1216; PROTEISOL S.R.L. a fs. 1223/1233; GERMAIZ S.A. a fs. 1242/1331; ACONDICIONADORA SAN CAYETANO S.R.L a fs. 1332/1463;
CORPENAIKE S.A. a fs. 1464/1466; NOBLE ARGENTINA S.A. a fs. 1479/1491; TANONI HNOS S.A. a fs. 1498/1512; PUERTO ARROYO SECO S.R.L a fs. 1513/1514; VICENTIN S.A.I.C. a fs. 1524/1528; CIA AGROINDUSTRIAL LA ORIENTAL S.A. a fs. 1529; LDC ARGENTINA a fs. 1536; TERMINAL BAHIA BLANCA S.A. a fs. 2129/2130; MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. a fs. 2141/2205; TERMINAL 6 S.A. a fs. 2232/2253.
Que a fs. 1235/1240 obra agregado el informe emitido por la AFIP –DGI.
Que a fs. 1540/2069 se adjunta el informe pericial contable elaborado por los profesionales designados en representación de las partes.
Que a fs. 1493 y fs. 2268 se da por decaído el derecho de la parte actora de producir las testimoniales de los Sres. Ester Ferreira, Leonardo Celestino Cabaleiro y Jorge Moldes. Por otro lado, se produce la prueba testimonial ordenada, obrando las siguientes declaraciones de testigos: a fs. 1476/1478 Cr. Horacio Gómez; a fs. 2283/2284 Sr. Ezequiel Masone; a fs. 2320/2321 Sr. Oscar Ramón Moser y a fs. 2334/2335 Sr. Mauricio Simmermached.
A fs. 2397 se clausura el periodo probatorio y a fs. 3000 se elevan las actuaciones a conocimiento de la Sala “B”. Que a fs. 3003 se disponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho la parte actora a fs. 3011/3024 y el Fisco Nacional a fs. 3026/3030.
Finalmente, a fs.3038 se ponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que por cuestiones de lógica precedencia, corresponde dar tratamiento al planteo nulificante de la parte actora. Que en primer lugar, incumbe subrayar que de la lectura de los antecedentes administrativos de la causa, se observa que el Fisco Nacional ha efectuado un correcto uso y aplicación al caso del método presuntivo. Ello así, en tanto ha cotejado las registraciones, los libros y las declaraciones juradas de la recurrente con la información recabada de los terceros circularizados, y haciendo uso de las presunciones previstas en la ley de rito –artículo 18 de la ley 11.683- ha concluido que existen inconsistencias e irregularidades en las operaciones analizadas. Nada de ello ha significado un vicio en el procedimiento que tenga la virtualidad de provocar su nulidad, como lo pretende la actora, por lo que corresponde su rechazo de plano.
En efecto, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). Que luego, en lo que atañe a los otros argumentos que invoca, cabe advertir que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Fisco Nacional para encuadrar la conducta fiscal de la recurrente, no resulta sustento a la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo en base a las normas que considera aplicables es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Que como sostuvo esta Sala in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”.
Que tampoco se advierte en la especie vicio alguno en la finalidad ni en el procedimiento de determinación de oficio como alega la recurrente, tanto más cuanto que su planteo se funda en la falta de valoración o producción de la prueba en sede administrativa, cuando según surge de los actos que se tuvo especial consideración de la prueba rendida y se expusieron las razones por las cuales se decidió no hacer lugar al resto de las probanzas propuestas. Asimismo, se observa que el decaimiento o la falta de producción de la prueba ordenada corresponden exclusivamente a la falta de diligenciamiento de la actora, por lo que no puede aquí invocar su propia desidia y pretender la nulificación de lo actuado. Que, además, cabe considerar que este Tribunal ha sostenido in re “Mirror Holding S.A” (fallo del 15/09/06, expte. Nº 20.440-I) que: “...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como “in extenso”, en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...”. Que, así ello, cabe recordar que “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Por lo expuesto, debe rechazarse el planteo de nulidad interpuesto por la recurrente.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma.
Que en este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que seguidamente corresponde adentrarnos al análisis de la cuestión de fondo.
Que para una mayor claridad expositiva, ante todo conviene detallar los indicios que llevaron al Fisco Nacional a considerar la existencia de ventas no declaradas por la recurrente simuladas como una prestación de servicios a fasón, como asimismo impugnar la facturación atribuida a los responsables que aquella declaró, para luego emprender el análisis de aquellos, teniendo en cuenta la prueba arrimada y producida, y lo alegado por las partes al respecto. Que a fs. 291/361 del Cuerpo N° II de IVA de los antecedentes administrativos obra agregado el Informe Final del Fiscalización, incorporado también a fs. 489/533 del Cuerpo N° III de Impuesto a las Ganancias. En el documento se explica que la firma GENSIROIL S.A. tiene declarada como actividad la elaboración de aceite y subproductos de girasol, mientras que según las manifestaciones de su presidente, durante el periodo fiscalizado –enero/2006 a mayo/2007- los principales trabajos se realizaron a fasón, siendo los principales fasoneros Cía. Exportadora de Frutos del País S.A. durante el 2006 y Agropecuaria Santo Domingo S.A. para el 2007. En este orden de ideas, corresponde destacar que este Tribunal –a los fines del análisis de la operatoria comercial- hace uso de la terminología empleada por las partes, advirtiendo que en un contrato de prestación de servicios a fasón sería “fasonista” quien recepciona los bienes para cumplir con el servicio -en el caso GENSIROIL- entendiendo que hablar de fasoneras o fasoneros para identificar al entregador de los bienes, no se correspondería con una terminología correcta en la materia.
Se cotejan los “Libros de Movimientos y Existencias de Mercaderías de girasol”, explicando que los asientos se realizan en forma global por día y que su único respaldo estaría dado por la sumatoria en forma manual, sin identificarse si la materia prima es propia o de terceros (fasoneros) -ver fs. 269 del Cpo. De Ganancias-. Ello así, se advierte que ese modo de registración infringe el artículo 8 de la Resolución conjunta SAGPyA N° 154/05 y de AFIP N° 1855/05. Asimismo, se consultó a la fiscalizada respecto a si confeccionan los formularios C1116 A, B o C con el ingreso de la semilla de girasol a la planta, a lo que manifestó que nunca se confeccionaron dichos formularios para los casos en que se compraba semilla a intermediarios, como así tampoco cuando se trabajaba con los fasoneros, advirtiendo que al respecto se incumpliría con el artículo 2 de la resolución conjunta antes citada.
Que en cuanto al producto final, se observa que el Libro de Movimientos se lleva por saldos acumulados, registrando cada remito con la salida del aceite. Según manifestación del responsable, para determinar la existencia al cierre del producto y sub-producto se hace un caudalímetro y en función de la semilla procesada propia y ajena se hace una estimación, aclarando que no se saca el dato de los Libros de Movimientos, razón por la cual –esgrime la auditoría- resulta imposible realizar un control de las existencias declaradas al cierre del ejercicio.
Que en lo relativo a los servicios a fasón, se expone que los fasoneros llevan semillas de girasol a la planta de GENSIROIL S.A para la elaboración de aceite crudo y subproductos (pellets), productos que son entregados al fasonero una vez concluido el proceso. El personal y los gastos vinculados a la producción están a cargo de la industria, cobrando un precio por el servicio realizado.
Luego, se analiza a las empresas que supuestamente contrataron el mencionado servicio, observando:
- COMPAÑÍA EXPORTADORA DE FRUTOS DEL PAIS S.A.: declara como actividad la elaboración de productos alimentarios n.c.p, cultivo de maíz, cultivo de cereales forrajeros n.c.p, cultivo de oleaginosas n.c.p, pesca marítima costera y de altura, venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines, fabricación de estructuras metálicas para la construcción.
En cuanto a las presentaciones de impuestos, no las registra para el caso de Ganancias, Ganancia mínima presunta y Bienes Personales - Acciones o Participaciones; presenta IVA con débitos y créditos similares (de significativos importes), arrojando saldo a favor del contribuyente. Por su parte, no efectuó retenciones a terceros, y si posee retenciones en IVA y Ganancias informadas por terceros.
No registra pagos de impuestos; no declara empleados; no posee bienes inmuebles registrables para el desarrollo de la actividad; no se pudo localizar al contribuyente a pesar de los reiterados intentos de notificarlo en los diversos domicilios registrados; tampoco se pudo localizar a los directores de la compañía.
Del relevamiento de SITER financiero surge que posee dos cuentas corrientes abiertas en el Banco Credicoop, sucursales Trelew y Puerto Madero. Respecto de la forma de operar, se destaca que el dinero ingresa y se retira al día siguiente, generalmente mediante cheques al mostrador. Se solicitaron copias de anversos y reversos de los cartulares, de cuyo estudio surge que para la cuenta de Puerto Madero, los mismos han sido endosados por “apoderado” de la sociedad sin especificar nombre y/o DNI, o por Leticia González (presidenta) y descontados en financieras, imposibilitando el seguimiento de los mismos. En el caso de la cuenta abierta el Trelew, los cheques corresponden a “cheques mostrador”, que son extracciones de dinero realizadas por el apoderado, Sr. Marcelo Ortega.
No posee información en la Bolsa de Cereales como productor y no se encuentra inscripto en el Registro Fiscal de Operadores de Granos.
Respecto a la información obtenida de la ONCCA, se hacer constar que no posee ningún tipo de habilitación (condición necesaria para poder operar según Resolución Conjunta 456/2003 SAGPyA y 1593/2003 AFIP; Resolución Conjunta SAGPyA 154/2005 y AFIP 1856/05; Resolución 7/2007). Tampoco se encuentra inscripta en los Registros previstos por el Dto. Ley 6698/63. Dado que se detectó que GENSIROIL operaba con esta empresa, se le advirtió que debía abstenerse de seguir comerciando con ella hasta tanto contara con las correspondientes inscripciones, iniciándose un expediente por infracción (N° 439128/2005) sin resolución a la fecha de la investigación.
Las facturas emitidas fueron exhibidas a la imprenta -de propiedad del Sr. Roberto Andrés Lattanzio- que reconoció algunas como propias, pero en un considerable porcentaje detectó diferencias en la tipografía y/o numeradora, advirtiéndose de este modo que existen comprobantes adulterados.
Se detectaron serias irregularidades con respecto a los accionistas de la empresa, en virtud de los datos que emergen de los legajos remitidos por el Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina. Ello así, se verificó que el Sr. Rubén Alejandro Campo (accionista y director suplente) se incluye como “usina 9” y Cía. Exportadora como “usina 12”. Además, se constató la existencia de 35 empresas vinculadas con el mencionado accionista y 3 con la Sra. Hortensia Quiroga (accionista, presidenta y directora suplente), ya sea actuando aquellos como accionistas y/o directores/gerentes.
Con respecto a la prestación de los servicios a fasón, se advierte la inexistencia de contratos celebrados por escrito entre las empresas, reconstruyéndose la operatoria del siguiente modo:
(i) GENSIROIL lleva un Registro de Movimientos y Existencias de Mercaderías, uno por las semillas de girasol, otro por el aceite y otro por el pellet. De acuerdo a lo manifestado por la responsable en las actas, el respaldo documental de cada entrada de semillas estaría dado por la sumatoria de todas las cartas de porte de un día, sin distinción de si se trata de semilla propia o de terceros (fasón), perdiéndose la identidad de las mismas.
(ii) La actividad se realiza con un aviso general previo por una cantidad determinada de girasol a ingresar, sin un aviso puntual de la fecha de ingreso de cada camión.
(iii) Cía. Exportadora no se hace cargo del pago a fleteros.
(iv) GENSIROIL es quien contrata el seguro sobre la mercadería (girasol, aceite, pellets).
(v) Al momento de descargar el camión, se extraerían tres muestras (una para la Cámara de Cereales, otra para GENSIROIL y otra para el cliente) y del resultado del análisis efectuado se determina la calidad de la semilla, y con ella el rinde y el porcentaje de producto final –aceite- y subproductos –pellets- que se le entregaran al fasonero. Todo ello, según un acuerdo verbal entre las partes.
(vi) En cuanto al retiro del aceite, el único respaldo estaría dado por un remito que le emite GENSIROIL al fasonero, avalando la entrega de la mercadería (se utilizan distintos remitos para la mercadería propia y la de terceros). Sin embargo, el bien no es trasladado al domicilio fiscal del fasonero, tal como surge del remito, por el contrario, cuando el camión retira la mercadería se lleva dicho remito y otro que confeccionaría el fasonero con el destino real otorgado. En ese caso, el flete estaría a cargo del fasonero.
(vii) Los remitos mencionados en el punto anterior son confeccionados por el personal de GENSIROIL, o por el entregador, para lo cual la fasonera enviaba un talonario de remitos en blanco a las instalaciones de la citada firma. (viii) La documentación era enviada posteriormente al domicilio fiscal de GENSIROIL, situado en calle Tucumán N°335, piso 11, Depto. “C”, el que fue visitado reiteradamente por la auditoria sin poder localizar allí a la empresa. Así los hechos, se efectúan las pertinentes observaciones con respecto a la documental que sustenta la operatoria antes descripta, advirtiendo:
(i) En cuanto al ingreso de las semillas de girasol a la planta de Gensiroil, el mismo estaría asentado en las cartas de porte nominadas a nombre de Cía. Exportadora como “productor” en la mayoría de los casos; en otros aparece actuando “por cuenta y orden” de un tercero o productor.
Con relación a ello, se hace hincapié en que Cía. Exportadora no posee inmuebles ni se encuentra acreditado en la investigación que arriende campos para producir la semilla que dice entregar a GENSIROIL. En tal sentido, no se puede establecer el lugar preciso de carga de la semilla, dado que en la mayoría de las cartas de porte se observa la ausencia de especificación de dirección, campo o parcela de donde procede el girasol, advirtiéndose que solo se mencionan localidades en términos genéricos (por ejemplo Cnel. Dorrego, Cnel. Suarez, Tres Arroyos, entre otras). Asimismo, en gran cantidad de cartas de porte se observó la leyenda “no apta para transporte” incumpliéndose con normas emitidas por los organismos de contralor.
En ese orden de ideas, se circularizó a quienes figuran como supuestos productores, arrojando como resultado que algunos desconocen haber tenido relación comercial con Gensiroil y/o con Cía. Exportadora, o desconocen las operaciones, otros no pudieron ser localizados, entre otras irregularidades (ver en detalle fs. 305/309 del informe final). (ii) Con relación al traslado de las semillas de girasol desde el campo a la planta de Gensiroil: se visitaron y enviaron requerimientos a los distintos fleteros que surgen de las cartas de porte como quienes efectuaron tal servicio. Como resultado, se detectan una serie de irregularidades pues algunos desconocen las operaciones, otros son imprecisos respecto de quien fue la persona que los contactó para prestar el servicio, y algunos reconocen las operaciones pero dicen no haber cobrado las mismas (ver en detalle fs. 309/315 del informe)
(iii) Con respecto al traslado del producto final al adquirente de los mismos: se expone que una vez obtenido el producto final y subproductos, GENSIROIL emite un remito a nombre de Cía. Exportadora en el cual se detalla el concepto remitido, la cantidad de kilogramos datos del transporte, del chofer y el destino real de la mercadería. Asimismo, Cía. Exportadora confecciona su propio remito, el cual se llena con los mismos datos en cuanto a chofer y kilogramos que el que emite GENSIROIL. El transporte se lleva ambos remitos. De acuerdo a lo manifestado por el presidente de GENSIROIL, Cía. Exportadora enviaba el talonario de remitos en blanco, el cual era llenado por el entregador o por algún empleado de la firma fiscalizada.
-AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.: declara como actividad el cultivo de legumbres secas, venta al por mayor de cereales, venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p, cultivo de cereales excepto forrajeros. El domicilio fiscal se sitúa en la provincia de Salta, funcionando allí el estudio profesional del Cr. Miguel Hadad. Visitado el domicilio, no se ubicó en ese lugar la administración principal de los negocios y tampoco se encontró documentación correspondiente al giro de la actividad de la firma. Ello así, se labraron actas de infracción y se solicitó la inclusión de marca en el padrón.
No presenta declaraciones juradas de Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales - Acciones o participaciones, en los periodos bajo observación. Las DDJJ de IVA se encuentran presentadas con saldo a favor del contribuyente y no surgen débitos fiscales declarados. Asimismo, no posee pago de impuestos, a excepción de aportes y contribuciones de los dos empleados declarados en agosto de 2008.
No posee bienes inmuebles ni muebles para el desarrollo de su actividad.
No se encuentra inscripta en el Registro de Operadores de Granos.
La ultima solicitud de CAI es de fecha 18/08/2005.
Posee dos cuentas en el Banco Santander Rio, con importantes acreditaciones para los años 2004 a 2006. Para el año comercial 2007, las acreditaciones ascienden a $303.000.
Se contactó al Sr. Navarro, presidente del Directorio, quien manifestó: (i) que la actividad de la firma coincide con la declarada y no tiene vinculación con el fraccionamiento y la posterior comercialización de aceites. Asimismo, asegura que no posee marcas de aceite; (ii) que el desarrollo principal de su actividad se lleva a cabo en las instalaciones de GENSIROIL. Que no posee propiedades inmuebles propias o arrendadas para el desarrollo de aquella; (iii) que celebra contratos de fasón en los que están incluidos los servicios de molienda y los gastos que estos ocasionan (empleados, transporte, etc.), por ello no declara empleados; (iv) en lo referido al procesamiento de granos, la actividad consistió en la firma de un contrato de fasón con GENSIROIL de enero a diciembre de 2007, en el cual la empresa CORPENAIKE S.A. fue la proveedora de la materia prima y la receptora del producido de fasón, lo que contradice lo informado por GENSIROIL, según el cual no existieron contratos. Que no recuerda el nombre de la persona con quien concertó dicho negocio. No aporta respaldo documental alguno; (v) que la documentación de sus negocios, registros contables y comprobantes respaldatorios se encuentra en calle Rivadavia N° 91, Piso 1, Oficina A de San Isidro, provincia de Buenos Aires, domicilio que coincide con el fiscal de la firma Corpenaike S.A y corresponde al Estudio Contable Simmermacher; Del cotejo de los Libros de IVA Ventas e IVA Compras para el periodo en cuestión se observa que no existen operaciones de venta, se detectan operaciones de compra, y en los meses de abril y mayo se encuentran registrados los servicios a fasón celebrados con GENSIROIL. Por su parte, no surgen operaciones con CORPENAIKE, contradiciendo los dichos del presidente de la firma.
No se pudo localizar con la imprenta las solicitudes de impresión de comprobantes.
Con relación a los productores que aparecen en las cartas de porte a nombre de Agropecuaria, manifiestan nunca haber tenido operaciones comerciales y otros no contestaron. Se detectan también irregularidades con respecto a los sujetos que realizaron los fletes (ver en detalle fs. 325/326 del informe).
Se circularizó a la firma CORPENAIKE S.A. en virtud de los dichos de su representante y se detecta: (i) que la vinculación con Agropecuaria radica en la habilitación otorgada a la firma por la ONCCA, dado que Corpenaike no se encontraba habilitada. Ello así, la operación funciona como una triangulación en la que en definitiva quien supuestamente le proveería las semillas de girasol a GENSIROIL es la firma señalada como intermediaria; (ii) las operaciones registradas en los libros se vinculan con la soja (no con el girasol), no encontrándose asentadas operaciones en los periodos 2006/2007; (iii) del cotejo de los libros de IVA no se observa el asiento de las operaciones con Agropecuaria; entre otras tantas inconsistencias (ver en detalle fs. 324 del informe).
Que con sustento en los referidos elementos recabados y las distintas inconsistencias detectadas, la fiscalización sostiene como hipótesis que GENSIROIL encubre ventas de propia producción mediante la utilización de “fasoneros apócrifos” como forma de “blanqueo” de compras sin respaldo documental, declarando solamente un servicio.
A modo de resumen, los aspectos que le permitieron arribar a tal conclusión son los siguientes:
(i) La fiscalizada no puede demostrar que la totalidad de las semillas procesadas en su planta no sean de su propiedad, coincidiendo las toneladas que surgen de las cartas de porte volcadas en el “Libro de Movimientos y Existencias de girasol” con las ingresadas a la industria. Esto se pudo corroborar a través de un caudalímetro realizado (vide fs. 01/61 del Cpo. Auxiliar Libros de Mov. y E. de Merc., acta a fs. 269 y 282 del Cpo. Ganancias).
(ii) No se cumple con las disposiciones de la ONCCA en cuanto a la forma de llevar los “Libros de Movimientos y Existencias de Mercaderías” y al respaldo documental de los mismos (formularios obligatorios) durante el periodo fiscalizado (ver fs. 426 reverso del Cpo. De Ganancias)
(iii) Distintas inconsistencias detectadas en las cartas de porte que respaldan el ingreso del girasol, como por ejemplo: (a) no se especifica en forma precisa el lugar de carga de la semilla e incluso, en ocasiones, dicho lugar difiere con la localidad informada por los terceros –fleteros- circularizados; (b) surgen datos inexactos respecto de los fleteros que prestaron servicios; (c) varios traslados no están respaldados con cartas de porte válidas; (d) no se localizó a los supuestos productores (ver cuerpos auxiliares de los antecedentes “Cartas de Porte”).
(iv) No existen contratos de fasón celebrados por escrito. La operatoria estaría basada en un acuerdo verbal entre las partes, lo que resulta llamativo debido a la complejidad de la actividad. Se estima que para semillas de primerísima calidad, el porcentaje de obtención del producto y subproducto es como máximo de un 40% (según manifestó el contribuyente) habría que tener en cuenta el tipo de semilla, humedad, los contenidos de materia grasa y proteínas, entre otras variables, lo cual varía con cada camión descargado. Es de destacar que en febrero de 2008, GENSIROIL opera con VICENTIN como fasonero exclusivo, existiendo en ese caso un contrato celebrado entre las partes con un detalle minucioso de la operatoria (ver fs. 254, acta fs. 269 reverso y fs. 452 del Cpo. de Ganancias).
(v) La producción de aceite propia es simultánea a la de fasón, confundiéndose la identidad de las semillas, con lo cual resulta dificultoso determinar que porcentaje de aceite y subproducto corresponde a las partes, de acuerdo a lo expresado en el punto anterior.
(vi) La falta de pautas claras para determinar las existencias de producto y subproducto propias al cierre del ejercicio (aquellas que se incluyen en el balance), se determinan a través de estimaciones “…se hace un caudalímetro y en función de la semilla procesada propia y ajena se hace una estimación, que no se saca el dato de los Libros de Movimientos de Existencias de producto y subproducto….” –según manifiesta el responsable de GENSIROIL- (ver fs. 282 reverso del Cpo. De Ganancias).
(vii) Distintas inconsistencias detectadas en las operaciones con los supuestos fasoneros a saber: Cía. Exportadora de Frutos del País S.A y Agropecuaria Santo Domingo S.A, que harían presumir la apocrificidad de los mismos, conforme fue descripto precedentemente (ver cuerpo de antecedentes auxiliares)
(viii) La imposibilidad por parte de la fiscalizada de brindar datos para dar con persona alguna de las supuestas firmas fasoneras, siendo las personas de contacto informadas empleados de otras firmas.
(ix) La existencia de tareas que, de acuerdo al razonamiento lógico, deberían ser realizadas por persona vinculada o encomendada por las supuestas fasoneras, son en cambio llevadas a cabo por personal de GENSIROIL (control de cantidades de aceite y pellets correspondientes, control de toneladas de girasol, llenado de remitos, etc. Ver fs. 269 y 283 Cpo. de Ganancias)
(x) Imposibilidad de hacer el seguimiento de la ruta del dinero abonado por las empresas adquirentes de los productos y subproductos dado que la operatoria se cancela con cheques endosados por la supuesta fasonera y se descuentan en financieras (ver fs. 185/229 del Cpo. de Ganancias).
Con sustento en tales extremos se proyectan los ajustes.
En el IVA, se determinan los débitos fiscales omitidos por la diferencia entre débitos fiscales declarados por el servicio a fasón y aquellos que surgirían por la venta de aceite crudo de girasol y de pellets de girasol. Las toneladas de aceite vinculadas con la operatoria se obtuvieron de los “remitos de mercadería a fasón” emitidos por GENSIROIL, los cuales se vuelcan al “Libro de Movimiento y Existencias de Girasol” y al “Libro de Movimientos y Existencia de Pellets”, y se multiplicaron por el precio de venta de dicha mercadería para cada mes. Para ello se utilizó el menor precio por tonelada cobrado por el contribuyente por ventas a terceros, según surge de su propia facturación. Además, se impugnaron ciertos créditos fiscales vinculados a la adquisición de pellets de girasol a Cía. Exportadora de Frutos, firma respecto de la cual se presume su apocrificidad.
En el Impuesto a las Ganancias, a las ventas netas determinadas se le dedujo el costo vinculado, determinado de la siguiente manera: se tomaron las toneladas de semillas procesadas en las supuestas operatorias de fasón y se multiplicaron por el precio del girasol tomando como referencia, por tratarse de operaciones marginales, el publicado por la S.A.G.PyP para el Puerto de Bahía Blanca para cada mes calendario involucrado. No se permitió deducir dentro del costo del ejercicio, tres facturas de pellets emitidas por Cía. Exportadora de Frutos, firma respecto de la cual se presume su apocrificidad.
VI. Que previo a todo análisis conviene recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo a pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/87, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sala V "Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento sentencia del 13/4/98, “Manzino, Silvia B.”, T.F.N., sala “D”, sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros).
Que la causa traída a conocimiento de este Tribunal tiene como eje central el cuestionamiento efectuado por el organismo fiscal a la recurrente en tanto como consecuencia de la investigación llevada adelante logró detectar que habría encubierto ventas de aceite de girasol y subproductos bajo el velo de la supuesta prestación de servicios a fasón a las empresas Cía. Exportadora de Frutos del País S.A y Agropecuaria Santo Domingo S.A.
Que frente al cúmulo de hechos irregulares constatados por la auditoría, señala que GENSIROIL no ha logrado demostrar qué porcentaje o qué cantidad de semillas de girasol ingresadas a su planta durante los periodos bajo cuestionamiento son de su propiedad, y cuales efectivamente correspondían a las entregas realizadas por las fasoneras.
Que la tesitura fiscal según la cual los servicios a fasón nunca fueron la verdadera operatoria llevada adelante por la recurrente se sustenta esencialmente, a entender de este Tribunal, en las irregularidades detectadas en la documentación que acredita la entrega e ingreso de la semilla de girasol a la planta, es decir en las cartas de porte y el Libro de Movimientos y Existencias, como asimismo en las inconsistencias detectadas en la condición tributaria de las supuestas fasoneras, lo que condujo a cuestionar su capacidad operativa y económica para llevar a cabo las operaciones comerciales analizadas.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla onus probandi incumbit ei qui dicit, es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En efecto, conviene precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que en ese orden de ideas, el thema decidendum queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la Dirección y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última. Que ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por el apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la realización de los servicios a fasón y su real representación en los créditos y débitos fiscales declarados. Esta equivalencia resulta imprescindible para considerar válida la cuantificación, y en consecuencia, irresistible la existencia de la obligación tributaria declarada por el contribuyente. De no ser así, aun cuando acreditase la mera existencia física de los proveedores impugnados, no se podría aseverar que la autodeterminación practicada por el contribuyente es conteste con las operaciones efectivamente realizadas.
En tal sentido, adelantamos que –tal como emerge del escrito de contestación de recurso y los alegatos de la demandadatoda la prueba rendida, tanto en el expediente administrativo como en los presentes autos, resulta inconducente a los fines de desvirtuar la observación cardinal efectuada por el Fisco Nacional cuando afirma que GENSIROIL no acreditó que la semilla de girasol pertenecía a las fasoneras que le entregaron los bienes en el marco de un contrato verbal de prestación de servicios a fasón.
Que teniendo en consideración la profusa prueba rendida en los presentes autos, se advierte que se encuentra direccionada a acreditar la existencia de las fasoneras, pues –por ejemplo- todos los oficios remitidos a otras compañías han tenido el objetivo de consultar si concertaron operaciones con aquellas, y aunque muchos de los cuales fueron respondidos afirmativamente, nada aportan a los efectos de tener por acreditada la capacidad operativa u económica de los sujetos sindicados como apócrifos.
Que algo similar acontece con la prueba pericial contable de autos –tal como como lo expresó el Fisco Nacional al oponerse a la producción de esa medida probatoria- que se ha limitado a analizar los libros y los registros de la recurrente, los que no habían sido cuestionados por la fiscalización en cuanto a su forma sino en cuanto a la materia allí declarada, por las inconsistencias detectadas al investigar cómo se dieron las operaciones en la realidad de los hechos. Ello así, nada aporta a la controversia que los profesionales actuantes den fe de la legalidad con la que se llevaban los libros, si se registraron las existencias finales de girasol en el balance, o como se cancelaron las operaciones cuestionadas, pues no fue motivo de debate ni de impugnación.
Que lo mismo ocurre con las testimoniales rendidas en autos, pues la mera afirmación de hechos sin la debida documental de respaldo, no resulta apta para conmover las determinaciones como las que aquí se encuentran en crisis. En efecto, cabe señalar que con respecto a la prueba testimonial producida por la actora, este Tribunal tiene dicho en reiteradas oportunidades, en consonancia con cita de doctrina jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal, que la prueba testimonial en sede fiscal posee un valor probatorio acotado. Al respecto, entre otros, cabe citar lo señalado por esta Sala in re “Wree Helmuth Tomás” (sentencia del 30/09/2002) donde se dijera “Que, la prueba testimonial en materia fiscal tiene un valor probatorio acotado, frente a otras circunstancias que resultan probadas… Que, las personas deponentes revestían, en varios casos, características de cuasi dependientes, familiares o amigos del actor… Que, al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene inveteradamente resuelto que la prueba para desvirtuar la determinación del Fisco puede ser ampliamente desarrollada ‘aunque claro está que esa prueba no puede consistir únicamente… en certificaciones testimoniales de sus propios dependientes… porque de admitirse tal procedimiento, los fraudes fiscales quedarían impunes’…” (CSJN in re SIA S.A. 06/09/1967).
Que en definitiva, la recurrente ha intentado –sin éxito- deslindarse de las irregularidades detectadas en los fasoneros con los que asegura concertó la prestación de los supuestos servicios, haciendo hincapié en la existencia de aquellos sujetos y dirigiendo toda su actividad probatoria a acreditar tal extremo, señalando que otras compañías operaron con ellas, que se encontraban inscriptas ante la AFIP, que no estaban incluidos en la base E-APOC del Fisco y que contaban con la autorización para emitir los comprobantes que sustentaban sus operaciones.
Sin embargo, de toda la prueba rendida no surge explicación alguna de por qué las cartas de porte tenían serias irregularidades como la falta de precisión del domicilio de donde provenía la semilla de girasol, consignando siempre localidades en modo genérico, sin posibilidad de discernir donde estaban los campos o los sitios de acopio de los bienes supuestamente entregados por Cía. Exportadora o Agropecuaria Santo Domingo. De igual modo, no logró explicar por qué los Libros de Movimientos y Existencias no se llevaban en debida forma, efectuándose asientos genéricos y globales que no cumplimentaban las normas establecidas por las autoridades de contralor en la materia, motivando la evidente confusión entre la semilla que era su materia prima y aquella que era entregada por los terceros a los fines de su procesamiento. Y mucho más importante aún, en ninguna instancia se acreditó dónde estaban situados los campos o lugares de acopio que fueran de propiedad o arrendados por las fasoneras en donde se situaban los bienes objeto de las operaciones, limitándose a señalar aspectos meramente formales de aquellas, que de nada sirven para desvirtuar la pretensión fiscal.
Que en ese orden de análisis, se advierte que todas las etapas que siguen a la supuesta entrega de los bienes, aun cuando también presentan irregularidades, no importan al cuestionamiento central del caso, ubicado en la imposibilidad de discernir si la semilla era de propiedad de GENSIROIL o de los terceros con los que dice haber contratado. Tampoco se ha logrado explicar porque motivo era GENSIROIL quien llenada los remitos de mercadería determinando el destino de los productos y subproductos. Insistimos en que, nada de ello contribuye a la resolución de la controversia, pues tal como se expresó, desde que no existen probanzas que logren desvirtuar el hecho según el cual no es posible afirmar que la semilla de girasol fue efectivamente entregada por las fasoneras, el resto de la operatoria se ve teñida de irregularidad. Que párrafo aparte merece la sentencia de sobreseimiento penal de los directivos de GENSIROIL que se adjunta en autos (ver fs. 2382/2389), al considerar que su emisión tiene injerencia en la materia discutida en la controversia. En tal sentido, corresponde señalar que de la lectura del mencionado pronunciamiento no surge la constatación de hechos que puedan revertir la determinación de la materia imponible, más aun si se tiene en cuenta que se ha sustentado únicamente en prueba testimonial frente al elenco de probanzas recolectadas durante la auditoria efectuada por el Fisco Nacional. Que el juez penal, ante la inminente prescripción y no vislumbrando la posibilidad de que se agregasen nuevos elementos que varíen su posición, consideró “Por otra parte, me expediré en igual forma respecto de Silvio Siracusa pues, a diferencia de lo considerado por la parte querellante, entiendo que las constancias adunadas alcanzan para desvincularlo definitivamente del proceso. Ello así, toda vez que su descargo encuentra identidad con los diversos testimonios recibidos en autos, tanto de empleados de la misma ‘Gensiroil’ –Fracano- como de la empresa contratada especialmente para ejercer el control del servicio de fasón que se prestaba –Arenz y Genovesio-”
Que con arreglo al artículo 20, último párrafo de la ley N° 24.769, este Tribunal no puede desconocer los hechos que el juez penal ha tenido por corroborados: que los representantes de las fasoneras pudieron ser localizados. Sin embargo, dicha circunstancia no da cuenta ni comprueba que hayan sido efectivamente aquellas empresas las que cumplieron con la entrega de la semilla de girasol ni que fueron ellas quienes las produjeron, manteniéndose incólume la tesitura fiscal. En efecto, se observa que la decisión a la que arriba el juez penal se basa exclusivamente en los testimonios rendidos en esa instancia, los que si bien pueden tener relevancia a los fines de dilucidar la responsabilidad penal de los representantes, no son suficientes ni conducentes frente a la profusa prueba recolectada y puesta a disposición de este Tribunal por parte de la investigación fiscal, siendo necesario señalar que es imprescindible en el estudio de la materia tributaria la documentación en que ella se sustenta. Por ello, se considera que la causa debe resolverse teniendo en cuenta el elenco probatorio rendido en esta instancia como asimismo las probanzas recolectadas por el organismo fiscal al momento de realizar la investigación y auditoria pertinentes.
Que en apoyo de los indicios constatados por la fiscalización –y no, como pretende la recurrente, a modo de fundamento exclusivo del ajuste realizado- consta que la entrega de los bienes no pudo ser efectuada por los sujetos impugnados, en tanto se corroboró que carecían de capacidad económica, financiera y operativa, remitiéndonos a lo expuesto en el informe final de fiscalización -citado y transcripto en su parte pertinente en el considerando anterior- y lo informado en los “cuerpos auxiliares de investigación” que forman parte de los antecedentes administrativos de la causa, los que resumen una a una las irregularidades existentes.
Que frente a tales indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a la supuesta operatoria de prestación de servicios a fasón a las empresas cuestionadas, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en que las operaciones se encontraban documentadas y señalando que los servicios se prestaron, sin más. Sin embargo, tales extremos no son suficientes para aseverar que aquel que dice haber contratado el servicio –sin contrato o acuerdo alguno que así lo disponga- sea efectivamente quien produjo y/o entregó la semilla de girasol, ni mucho menos que era de su propiedad si al momento de ir a buscarlos el organismo se encuentra con sujetos que presentan características que tornan evidente que sería imposible que cumplieran con aquellas operaciones, poniendo especial atención en que nunca se logró localizar en los domicilios fiscales ni en otras locaciones, ni los campos –propios o arrendados- ni las instalaciones o depósitos desde donde provenía la semilla de girasol que GENSIROIL asegura que le entregaron sus partenaires.
Que en tal sentido, valorada la prueba documental obrante en los antecedentes administrativos, se observa –únicamenteque todo el circuito se encontraba documentado, debiendo advertirse que muchos instrumentos presentaban el incumplimiento de disposiciones legales previstas para su confección (léase cartas de porte o libro de existencias y movimientos). Lo mismo acontece con la prueba pericial contable rendida en autos, que acredita hechos no controvertidos en la causa, pues reiteramos que la registración de las operaciones y el modo en que la empresa llevaba sus libros contables no eran motivo de impugnación. Ocurre algo similar con las testimoniales producidas, pues nada aporta el mero reconocimiento verbal de las operaciones o la afirmación del conocimiento de las empresas, si al momento de analizarlas se verifica su incapacidad para contratar las operaciones comerciales que se observan.
Que el elenco de probanzas rendidas así descripto resulta insuficiente para demostrar que fueron las fasoneras quienes efectivamente entregaron la semilla de girasol y contrataron servicios a fasón. En efecto, a la luz de las pruebas producidas toma fuerza la presunción esgrimida por el organismo fiscal según la cual al no poder discernir entre los bienes propios y de terceros, corresponde admitir que la semilla era de propiedad de GENSIROIL y por tanto, entender que nunca se prestaron los servicios que les facturó a los terceros en cuestión.
Que no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos son suficientes para dudar de la prestación de servicios a sujetos que en evidencia no tenían la capacidad para contratarlos ante la ausencia de elementos que acrediten la posibilidad de producir y/o proveer la semilla para la realización de la prestación que –asegura la actora- fuera acordada verbalmente, siendo el recurrente quien carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que en ese orden de ideas, insistimos en que la recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditado que los sujetos cuestionados fueron quienes en la realidad contrataron los servicios consignados en las facturas que GENSIROIL les emitió. Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, lo que no aconteció en el caso.
En efecto, cabe concluir que los agravios de la actora contra las determinaciones efectuadas no constituyen una crítica razonada de lo actuado por la inspección ni de lo argumentado por el juez administrativo, pues lo errático de sus manifestaciones ni siquiera se encuentra respaldado por la prueba a que se hizo lugar en esta instancia ni aquella que se produjo ante el juez administrativo. Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, lo cual ha sido pacíficamente reconocido por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver entre muchos otros precedentes “Ledesma, Amalia”, Sala D, 18/07/2001; “Inmobiliaria Quesada SRL”, Sala A, 11/04/2000; “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999; “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que ya al sentenciar en la causa “Emerson Argentina S.A.I.C.”, 30/09/1974, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad –art. 12 de la ley 19.549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios...”. Que, siendo ello así, la conclusión del Organismo Fiscal de que la contribuyente ha simulado servicios de fasón haciendo uso de proveedores apócrifos, omitiendo declarar ventas de conformidad con las constancias tenidas a la vista en las actuaciones administrativas, no encuentra menoscabo en la especie puesto que la actora nada prueba en favor de su tesitura. Asimismo, en cuanto la proyección del ajuste por ventas omitidas generó la determinación de la ganancia para el periodo fiscal 2006 -así como los gastos computables-, se advierte idéntica situación.
Por ello, se confirman los ajustes proyectados en el impuesto al valor agregado e impuesto a las ganancias, con sus respectivos intereses resarcitorios, conforme lo establecido en las Resoluciones N° 04/2010 y N° 05/2010, con costas a la parte actora.
VII. Que en lo sucesivo, corresponde examinar si la multa endilgada al contribuyente en el impuesto a las ganancias (periodo fiscal 2006) graduada en tres veces el impuesto dejado de ingresar, con sustento en las previsiones de los artículos 46 y 47 incisos b) y c), resulta ajustada a derecho.
Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria. Que, por lo tanto, si se analizan las presunciones utilizadas en la especie a la luz de las maniobras desplegadas por la actora en la utilización de facturación manifiestamente apócrifa simulando la prestación de servicios a fasón, se comprende que se trata de hechos suficientes para calificar la gravedad de la incidencia en la determinación de la materia imponible que imputa el Fisco Nacional.
Precisamente, se observa que las presunciones se encuentran debidamente activadas, pues se ha corroborado la existencia de una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surgen de las declaraciones juradas, resultando éstas últimas inexactas y confeccionadas en patente contradicción con las normas aplicables.
En tal sentido, correspondía a la parte actora demostrar la imposibilidad de atribuirle subjetivamente la conducta, cuestión que no se verifica en la especie, pues del escrito de apelación sólo surge la insistencia de la recurrente en afirmar que toda la operatoria estaba documentada, que los proveedores eran reales y que solo se limitó a prestar servicios a fasón, sin lograr explicar la procedencia y efectiva entrega de la semilla de girasol, limitándose a señalar que los irregularidades de terceros no le son imputables, negando en definitiva que su conducta pueda considerarse defraudatoria. Que no puede negarse que la pretensión fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por el encartado ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, según lo analizado en párrafos precedentes, se aprecia una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que, más allá de encontrarse acreditada vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por el contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al organismo recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con la realidad de los hechos.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar el encuadre de la multa aplicada al contribuyente.
Que en lo relativo al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio.
Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos o circunstancias que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por lo que, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, consideramos prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan el impuesto a las ganancias y el IVA así como los intereses resarcitorios liquidados, con costas a la actora.
2. Confirmar la multa aplicada respecto del Impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2006, reduciéndola al mínimo legal previsto por el art. 46 de la ley 11.683 vigente a la fecha de los hechos. Costas a cargo de la actora, salvo en la proporción correspondiente a lo que se reduce que se imparten en el orden causado.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta delAcuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en la CUIT 20-22919154-4 (Dr. Abel Adolfo Atchabahian) y al Fisco Nacional en la CUIT 20-23102272-5 (Dr. Roberto H. Vieu). Hecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.02.14 14:39:22 ART Date: 2023.02.14 17:45:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.15 15:05:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.15 15:06:30 -03:00
Fin de la sentencia