Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2019-70161445-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstracto el pronunciamiento de este Tribunal en relación al ajuste tratado en el considerando IX de la presente, costas por su orden.
2Revocar parcialmente la resolución Nº 129/2021 (DV DEOA) de conformidad con el considerandos VIII, las costas se imponen por su orden y conforme el considerando X de la presente, con costas.
I. Que mediante IF-2021-123459441-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 129/2021 (DV DEOA) de fecha 26/11/2021, dictada por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a: Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2015, por la cual se determinó un impuesto a ingresar a favor del Fisco para ese periodo de $162.764.502,81 con más intereses resarcitorios de $385.964.635,70 y se le impone una sanción de multa, prevista en el art. 45 de la Ley 11.683, con relación al periodo fiscal 2015 de $113.935.151,97, equivalente al 70 % del importe del tributo presuntamente omitido.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
La recurrente manifiesta que el 16/11/2015 su mandante realizó la presentación de la declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias de la sociedad por el periodo fiscal 2015, con la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivo previstos en el Título VI y en los artículos 83 y 84 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y que la tasa efectiva del impuesto sin ajuste por inflación sobre el verdadero resultado sujeto a impuesto del ejercicio -el ajustado-, indicaba, la aplicación de una alícuota efectiva del gravamen, por el ejercicio 2015, que ascendía al 48,56%.
Agrega que el gravamen determinado sin la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivo y la re-expresión de las amortizaciones impositivas establecida en los artículos 83 y 84 de la LIG en la liquidación del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2015 de ALUAR, insumía una porción sustancial de la renta de la Sociedad, lo cual excedía cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad.
Asimismo, expresa que su mandante interpuso un reclamo de repetición en los términos del art. 81 de la Ley 11.683 a fin de obtener restitución de la suma de $34.301.182,38 ingresada en exceso al Fisco Nacional por Impuesto a las Ganancias periodo 2015.
Agrega que lo expuesto ocasionó el incremento del ratio que representa el Impuesto a las Ganancias calculado sin la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivos, sobre el resultado impositivo del ejercicio ajustado por inflación con la incidencia de la reexpresión de las amortizaciones impositivas en la valuación de la existencia inicial de bienes de cambio. Y que el referido incremento fue del 4,28%; porcentaje que surge de comparar el ratio informado a la AFIP-DGI mediante multinota presentada en fecha 16/11/2015 (48,56%) con aquel que se informó en el reclamo de repetición (52,84%), lo que ratifica que la no aplicación integral -en el ejercicio 2015- de los mecanismos de ajuste por inflación impositivos previstos en el Título VI y en los arts. 83 y 84 de la ley del gravamen resultaría en la amputación de una porción sustancial de la renta de ALUAR, configurándose un supuesto de confiscatoriedad, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Señala que con fecha 25/04/2016, mediante la entrega del formulario F. 8000/L N° 0010002016022776507, su mandante fue notificado de la apertura de la fiscalización del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2015, Orden de Intervención N° 1.468.977, junto con un requerimiento en virtud del cual la fiscalización solicitó a su mandante que aportara información, documentación y registros vinculados a la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivos previstos en el Título VI y en los arts. 83 y 84 de la LIG respecto de su Declaración Jurada Original del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015.
Asimismo, con fecha 23 de junio de 2017, la fiscalización recibió los antecedentes provenientes de la División de Recursos con relación al mencionado reclamo de repetición interpuesto por ALUAR en fecha 23/05/2017, dando origen a la O.I. N° 1.602.954. Agrega que, toda vez que ALUAR estaba siendo fiscalizada a través de la O.I. N° 1.468.977 por el mismo impuesto, período y los mismos conceptos que el citado reclamo de repetición, por razones de economía administrativa, la AFIP-DGI procedió a unificar ambas fiscalizaciones en la O.I. N° 1.602.954.
Posteriormente, con fecha 07/02/2018, su mandante fue notificado de la apertura de una fiscalización adicional del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2015 (Orden de Intervención N° 1.658.644), por medio de la cual, se procedió a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de ALUAR respecto del referido gravamen y período, con relación a la deducibilidad de ciertos gastos presuntamente vinculados con rentas no computables percibidas por la Sociedad en dicho ejercicio fiscal.
Así las cosas, con fecha 09/12/2019, su mandante fue notificado de la unificación y continuación del trámite de la O.I. N° 1.658.644, junto con la O.I. N° 1.468.977, en la O.I. N° 1.602.954.
Manifiesta que la fiscalización corroboró y ratificó los importes de ajuste por inflación impositivo y reexpresión de amortizaciones impositivas y que ALUAR dedujo en su Declaración Jurada Original del gravamen correspondiente al período fiscal 2015.
Por otro lado, manifiesta en lo que respecta a la impugnación de la provisión contable sin efectos impositivos por la suma de $2.133.370,00, que la misma responde a lo señalado por su mandante en el escrito del reclamo de repetición presentado el 23/05/2017 en concepto de Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015 ingresado en exceso.
Sostiene que la diferencia de impuesto reclamada -objeto del reclamo de repetición interpuesto- por la suma de $34.301.182,00, con más sus accesorios, se origina al considerar una reducción de la base imponible que se expone en la Declaración Jurada Original del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015 de ALUAR por la suma de $98.003.378,24.
En otro orden, explica que al tiempo de ser consultada por parte de la fiscalización si ALUAR había practicado un prorrateo de gastos en su liquidación del gravamen correspondiente al período fiscal 2015, su mandante informó que no se había efectuado prorrateo alguno ya que todos los ingresos de la empresa están gravados y los incluidos en el ajuste de “rentas exentas y no gravadas” (VPP de participaciones accionarias y reembolsos cfr. segundo párrafo del art. 117 del DR de la LIG) no prorratean gastos (fs. 11 y 13 del cuerpo de la O.I. N° 1.658.644). Señala que, sin perjuicio de ello, el Fisco Nacional arribó a un ajuste por la suma de $2.035.085,95 en concepto de impugnación de la deducción de ciertos gastos que considera indirectamente vinculados con la obtención de dividendos percibidos por su mandante mediante la improcedente aplicación del prorrateo de gastos previsto en el artículo 80 de la LIG. En primer lugar, en cuanto a la impugnación de la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivo incluidos en la liquidación del impuesto a las ganancias del período fiscal 2015 de la Sociedad, señala que el razonamiento expuesto por el Fisco Nacional incurre en una interpretación manifiestamente errónea y arbitraria de la doctrina emanada de nuestro más Alto Tribunal de Justicia y que tanto el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en el Título VI de la LIG, como también aquellos previstos por fuera del mentado Título (arts 19, 58, 61, 83, 84, 89, entre otros), en su conjunto, integran el denominado “sistema de ajuste por inflación”, cuyo adecuado funcionamiento integral es interdependiente, en el sentido de que su aplicación aislada carecería de sentido.
Entiende que en el fallo “Candy S.A.”, la Corte no hizo referencia ni mucho menos fijó un límite o parámetro prestablecido para evaluar la confiscatoriedad del tributo.
Añade que la situación de confiscatoriedad, se produciría en el caso de su mandante de no aplicarse íntegramente los citados mecanismos de ajuste por inflación en la liquidación del gravamen correspondiente al período fiscal 2015.
En segundo lugar, sostiene que otro de los cargos formulados en la Resolución apelada refiere a la impugnación de una provisión contable sin efectos impositivos cuya incidencia su parte incluyó en el reclamo de repetición oportunamente interpuesto -como menor saldo reclamado-, el cual (indica) no ha sido resuelto por la AFIP-DGI a la fecha del presente.
Considera que la pretensión del Organismo Fiscal de escindir el reclamo interpuesto por su mandante, impugnando la deducibilidad de los efectos de dicha provisión contable en el procedimiento de determinación de oficio iniciado por vía separada del análisis de las diferencias a favor de su mandante que se reclaman por idéntico gravamen y período en el marco del reclamo individualizado en la Resolución, luce –dice- claramente improcedente, en la medida que la incidencia de la reversión de los efectos de dicha provisión contable (más ganancia) en la liquidación del gravamen resulta totalmente absorbida por el impacto de la reexpresión de las amortizaciones impositivas sobre la valuación de las existencias iniciales de bienes de cambio y sobre su incidencia en el ajuste por inflación estático (menor ganancia), arrojando así un menor saldo a favor al que su mandante hubiere tenido derecho a reclamar.
Finalmente, impugna la deducción de ciertos gastos que considera indirectamente vinculados con la obtención de dividendos percibidos por su mandante mediante la improcedente aplicación del prorrateo de gastos previsto en el artículo 80 de la LIG.
Asimismo, señala que surge manifiesta la absoluta improcedencia de la aplicación del prorrateo de gastos al supuesto de autos, toda vez que se ha ignorado que la totalidad de los gastos erogados por ALUAR responden al desarrollo de su actividad principal -elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio-, la cual, al generar renta gravada, conlleva a que los citados gastos sean directamente asignables a la misma y, por ende, claramente deducibles en la determinación del gravamen en trato.
Por otro lado, plantea la improcedencia de los intereses resarcitorios. Manifiesta que para caso en que se confirmara el cargo formulado, la eventual causal exculpatoria requerida para eximir a su representada del reclamo de intereses radicaría en que su conducta no ha sido producto de un actuar negligente ni arbitrario sino que, por el contrario, ha actuado de buena fe y con sustento en una razonable interpretación de las normas aplicables.
Plantea la improcedencia de la multa aplicada. Manifiesta que el carácter culposo contenido en el citado artículo 45 necesita, para su configuración, la presencia, en el accionar del contribuyente, de negligencia o impericia (elemento subjetivo).
Agrega que la conducta de su mandante no se subsume objetivamente en las previsiones de la norma subexamine, toda vez que en la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015 de la Sociedad –dice- se ha exteriorizado correctamente la materia imponible. Señala que al no existir omisión alguna de impuesto, no corresponde la aplicación de ninguna sanción. Y que en materia infraccional, no se invierte la carga de la prueba, por lo cual –dice- es el Fisco quien debe aportar al proceso los elementos de convicción que sustentan su pretensión punitiva, pues de lo contrario se violaría las garantías constitucionales consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Añade que en el presente caso, se configuraría claramente la existencia de error excusable en la conducta de ALUAR, dice que se verificaría en el caso un supuesto de error excusable, y entiende que su mandante obró con la certeza de estar adecuado su accionar al régimen fiscal vigente, lo que determina cuanto menos la existencia de un error excusable.
Plantea como defensa de fondo la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir diferencias en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de ALUAR, en virtud de haber transcurrido el plazo de 5 años que dispone la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Indica que el artículo 57 de la Ley N° 11.683, señala que la prescripción de las acciones para determinar impuestos comienza a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que se produce el vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del gravamen, y entiende que el plazo quinquenal de prescripción para determinar las obligaciones fiscales de la Sociedad en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015, comenzó a correr el 1° de enero de 2016, y prescribió el 1° de enero de 2021.
Añade que, ello en la medida que la suspensión de la prescripción establecida en el artículo 17 de la Ley 27.562, bajo una correcta y adecuada interpretación de sus previsiones, resulta inaplicable al caso de su mandante en atención a que la misma no alcanza a los contribuyentes que no se hayan adherido al régimen de moratoria que contempla la mencionada ley. Subsidiariamente, formula reserva del planteo de inconstitucionalidad del artículo 17 de dicha ley, que dispone una extensión del plazo quinquenal de prescripción que estipula la Ley 11.683, con carácter general, violando, entre otros, las disposiciones contenidas en los artículos 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de nuestra Constitución Nacional, en virtud de las consideraciones previamente desarrolladas.
La recurrente manifiesta que, con fecha 09/11/2021 y con anterioridad a la notificación de la Resolución aquí apelada, ALUAR interpuso una Acción Declarativa de Certeza en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de obtener la declaración de inaplicabilidad del artículo 39 de la Ley N° 24.073, de los artículos 7° y 10° de la Ley N° 23.928 con las modificaciones introducidas por el artículo 4° de la Ley N° 25.561 y de toda otra norma que haga inaplicable los mecanismos de ajuste por inflación previstos en el Título VI y en los artículos 83 y 84 de la LIG, en la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período 2015 -aquí cuestionado- de la Sociedad, en virtud de la vulneración de derechos y garantías de raigambre constitucional, y en particular, los consagrados en los artículos 14, 16, 17, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional.
Añade que dicha acción judicial ha quedado radicada y se encuentra en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, Secretaría N° 19, bajo los autos “ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC c/ EN-AFIP-LEY 24073 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. Nro. 18.795/2021).
Solicita que en atención al alcance de la mentada acción declarativa de certeza cuya resolución tendrá directa incidencia en el objeto de debate del presente recurso de apelación con relación al ajuste practicado por el Fisco Nacional consistente en la impugnación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivo aplicados por ALUAR en su Declaración Jurada Original del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias, se suspenda la tramitación de las presentes actuaciones hasta tanto se dicte sentencia definitiva y firme en la citada acción declarativa de certeza. Acompaña documental. Ofrece prueba pericial contable. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2022-27877222-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
La representación fiscal manifiesta que se trata de una contribuyente que está constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima, industrial y comercial, que tiene declarada como actividad principal la “Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio” y que cierra sus ejercicios comerciales el 30 de junio de cada año.
Señala que la determinación de oficio apelada tiene su origen en la fiscalización practicada por el organismo fiscal y que conforme la verificación, los cargos formulados consisten en la impugnación de la deducción realizada en concepto de ajuste por inflación impositivo de conformidad con las normas vigentes para el ejercicio fiscal 2015, reversión de la incidencia de una provisión contable sin efectos impositivos e impugnación de los gastos vinculados a rentas no computables que surgen de la metodología del prorrateo impositivo. Niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente, que no fueran materia de expreso reconocimiento de este responde o no surgieran de los antecedentes administrativos.
Señala que frente a institutos como el de la prescripción, que resultan ser de orden público, no disponible ni por el juez ni por las partes, y cuya interpretación debe ser siempre de carácter restrictivo –ello, claro está, debido a la grave consecuencia derivada de la procedencia de esta figura jurídica-, debe asumirse siempre la solución más favorable a la subsistencia de la acción, a partir de aquella exégesis de las normas en conflicto que por el juego armónico de las mismas, permita dejar a todas con valor.
Sostiene que teniendo en cuenta que el cierre de los ejercicios comerciales de la firma Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. se produce el 30 de junio de cada año, el vencimiento del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015 de la citada empresa operó en ese mismo año, por lo que el cómputo del término de la prescripción se inició el 01/01/2016 y dice que comenzando el cómputo del término de la prescripción en cuestión con fecha 01/01/2016, en principio, la misma operaría el 01/01/2021. A su vez dice que conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 27.562, para el momento en que se produjo la suspensión en cuestión, habían pasado cuatro años, ocho meses y veintiséis días. Agrega que al reanudarse el cómputo de la prescripción con fecha 27/08/2021, ahí comenzaron a correr los cuatro meses y cinco días faltantes para que se produjera la prescripción; lo cual pone en evidencia un primer desplazamiento del término de la prescripción del 01/01/2021 (fecha en que hubiese operado de no haberse verificado la causal de suspensión dispuesta por el artículo 17 de la Ley N° 27.562) al 31/12/2021. Señala que la Vista le fue conferida a la responsable de marras con fecha 01/07/2021, notificada el día 05/07/2021, y al computar la suspensión prevista en el citado artículo s/n agregado a continuación del 65, aparece un nuevo desplazamiento de la fecha de prescripción del 31/12/2021 (fecha que fuera mencionada anteriormente con la suspensión del art. 17 de la Ley N° 27.562) al 04/05/2022.
Sostiene que la interpretación de la recurrente resulta equivocada y debe ser rechazada, habida cuenta de que pretende restringir de manera improcedente la vigencia de un derecho en cabeza del Fisco Nacional. En cuanto a la cuestión de fondo y en relación al ajuste por inflación impositivo manifiesta que la Ley N° 20.628 (t. o. en 1997 y sus modif.) de Impuesto a las Ganancias aplicable al período discutido en autos (2015) contenía disposiciones relativas al ajuste por inflación, como así también a la actualización de los valores de ciertos bienes a los fines de la determinación de la materia imponible.
Que en el Título VI de la ley de rito, se encuentra, en la práctica, suspendido en el período fiscal 2015, toda vez que el artículo 39 de la Ley N° 24.073 (B.O. 13/04/1992) dispuso que las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicados a partir del 1 de abril de 1992, deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta marzo de 1992 inclusive.
Que la Ley N° 23.928, modificada por la Ley N° 25.561 (B.O. 07/01/2002) ratificó que no se admitirá actualización monetaria y que el legislador mantuvo la derogación, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación de precios, actualización monetaria, etc.
Que de las normas surge que los mecanismos de indexación contemplados en la Ley de Impuesto a las Ganancias se encontraban tácitamente suspendidos para el período fiscal objetado en autos y que el índice aplicable a los fines de las actualizaciones a las que refiere el artículo 89, como también aquel que corresponde utilizar a los fines de determinar el ajuste previsto en el Título VI de la Ley del gravamen es equivalente a “1”. Sostiene que los precedentes jurisprudenciales dejan ilustrado que la tesitura adoptada por el Máximo Tribunal ha sido la de reconocer la vigencia a las disposiciones contenidas en el artículo 39 de la Ley N° 24.073, artículo 4° de la Ley N° 25.561 y artículo 5° del Decreto N° 214/02, por lo que –dice- se encuentran enteramente operativas, tal como observó el Juez Administrativo actuante.
Entiende que el reconocimiento del efecto confiscatorio a una norma de carácter federal resultaría “prima facie” del resorte exclusivo del Poder Judicial de la Nación, ya que las acciones encomendadas al Fisco Nacional se refieren exclusivamente a la aplicación y ejecución de leyes federales con los alcances prescriptos en la Constitución Nacional y con las facultades que se desprenden del Decreto N° 618/97 y la Ley N° 11.683 concernientes específicamente a la efectiva percepción de la renta fiscal.
Considera que fue en aquel contexto específico en el cual la CSJN se pronunció sobre el posible efecto confiscatorio que de la aplicación de las normas en trato deviniera para la contribuyente Candy S.A. Manifiesta que teniendo en cuenta que el precedente “Candy S.A.” toma la incidencia sólo del ajuste Estático y Dinámico (Título VI) fijándola en el 62%, se arribó a una alícuota del 41,30% en ese sentido –dice- frente al 48,56% declarado por la apelante, para lo cual se observa el cuadro elaborado por la inspección a fs. 222 cuerpo Principal, sin perjuicio de que ambas medidas no alcanzan la magnitud que emana del precedente judicial. Señala que de las actuaciones de la causa surge que, el accionar de la recurrente se aparta de la regla general de liquidación de los resultados impositivos previsto en la normativa aplicable para los contribuyentes y que utilizó un mecanismo de ajuste por inflación que, el marco regulatorio –dice- lo suspende tácitamente para el período en trato, siendo que –dice- no se encuentran verificados en autos los supuestos de confiscatoriedad emanados del fallo “Candy S.A.”.
Considera que el planteo de la recurrente sobre la confiscatoriedad deviene improcedente. Alega que el Fisco viene expresando en torno a que la doctrina sentada en el fallo “Candy S.A.” insta a analizar cada caso en concreto para determinar si el tributo resulta inconstitucional por confiscatorio o no, ya que no fue declarada la inconstitucionalidad de las normas que impiden practicar el ajuste por inflación.
Por otro lado, sostiene que se confirmó la reversión parcial en el resultado contable de la incidencia de la citada provisión no deducible al obedecer a un resultado cuyo impacto final tiene lugar en el Patrimonio Neto de la firma.
En cuanto al prorrateo de gastos, considera que como se desprende de la normativa, para la determinación de la ganancia neta, la ley admite la deducción de todos aquellos gastos necesarios para obtener, mantener y conservar rentas gravadas.
Agrega que el método a través del cual se procederá a concretar dicha imputación consistirá, en primer lugar, en individualizar o atribuir en forma directa los gastos a cada fuente productora de la renta, y sólo cuando aquéllos se vincularan a la generación de distintos tipos de rentas, se los atribuirán a cada una de éstas en la parte o proporción respectiva.
Asimismo aclara que, en el supuesto de que el sujeto pasivo hubiere obtenido simultáneamente en el curso del mismo período fiscal tanto rentas gravadas como no gravadas o exentas y existan gastos que sean comunes a ambas categorías de ganancias, se aplicará como procedimiento general de imputación de tales cargos el prorrateo de los mismos en base al porcentaje de las rentas gravadas con relación a la ganancia total obtenida por el sujeto; y que la distribución de dividendos resulta en definitiva una cesión de materia imponible que al estar gravada en cabeza de la sociedad, no debe gravarse nuevamente en cabeza del accionista.
Señala que el legislador introdujo un término ni técnico ni jurídico, al disponer que los dividendos y ganancias de fideicomisos son “no computables”. Además sostiene que dichos gastos realizados financian la estructura organizativa del ente económico, sin importar que actividad realiza, sin que puedan asignarse a una renta determinada (gravada, exenta, no gravada o no computable) y que por lo tanto, se debe recurrir, al mecanismo de prorrateo –subsidiariamente al método de asignación directa-, al no ser posible determinar su medida estricta. Acerca de los intereses resarcitorios, manifiesta que no habiendo la responsable dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, procede la aplicación de los mismos por la mora en que incurriera.
En relación a la multa aplicada, manifiesta que la conducta punible, en el caso analizado, consistió en el pago del impuesto en menor medida que lo efectivamente debido y tal maniobra fue efectuada “mediante” la presentación en forma inexacta de declaraciones juradas, por lo que el importe tributario quedó disminuido.
Señala que su mandante ha verificado tanto el elemento objetivo como el subjetivo requerido por la norma para la configuración de la infracción, y que no hay dispensa de sanción si existían normas claras respecto de la materia en cuestión que no permitían abrigar dudas sobre la forma de liquidar correctamente el impuesto. Sostiene que, se debe destacar que para que pueda encuadrarse la conducta de la encartada en el error excusable se requiere que dicho error sea probado y que en la causa ello no ha ocurrido. Acompaña antecedentes administrativos. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que, mediante PV-2022-47047512-APN-VOCV#TFN, este Tribunal resuelve requerir a las partes que manifiesten, en el término de cinco (5) días, si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley 11.683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia este Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas. De este modo, la parte recurrente por el IF-2022-49786987-APN-DTD#JGM manifiesta que estima conveniente la celebración de la audiencia preliminar del artículo 173 de la Ley 11.683, y la representación fiscal mediante IF-2022-47982462- APN-DTD#JGM expresa que ratifica la pertinente oposición a la producción de toda la prueba ofrecida por la parte actora, efectuada en oportunidad de contestar el traslado del recurso de apelación interpuesto por la misma y señala que esa parte considera que se encuentra suplida la audiencia en cuestión.
En efecto, visto el estado de autos, la intimación cursada a las partes mediante PV-2022-47047512-APN- VOCV#TFN, las contestaciones obrantes en IF-2022-47982462-APN-DTD#JGM e IF-2022-49786987-APN- DTD#JGM, en atención a lo manifestado por la actora en su escrito de contestación y de conformidad a lo dispuesto por el art. 173 de la Ley 11.683; el Tribunal mediante PV-2022-50538374-APN-VOCV#TFN (del 20/05/2022) resuelve citar a las partes a la audiencia preliminar de prueba la que se llevará a cabo en forma presencial en los estrados de este Tribunal.
En dicha audiencia se resuelve abrir la causa a prueba y ordenar la producción de la prueba pericial contable ofrecida por la actora.
A tal efecto, por IF-2023-19464695-APN-DTD#JGM los peritos contadores presentan el informe pericial. Posteriormente, mediante IF-2023-23003356-APN-DTD#JGM la parte recurrente presenta su impugnación y por IF-2023-27191080-APN-DTD#JGM la representación fiscal presenta la suya.
IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2023-34237200-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2023-39245913-APN-VOCV#TFN rechaza el pedido de suspensión del trámite de los presentes actuados y los pone para alegar y mediante IF-2023-64877823-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. La rubrada es una persona jurídica que declara como actividad principal “Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio” cerrando sus ejercicios comerciales el 30 de junio de cada año.
Que la contribuyente fue verificada por el personal fiscalizador en uso de sus atribuciones a fin de establecer sus obligaciones fiscales en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2015.
Los ajustes impulsados consisten en la impugnación de la deducción realizada en concepto de ajuste por inflación impositivo para el ejercicio fiscal 2015, revertir la incidencia de una provisión contable sin efectos impositivos e impugnar los gastos vinculados a rentas no computables que surgen de la metodología del prorrateo impositivo. En cuanto a la primera cuestión, el ajuste por inflación impositivo, en relación al origen de las actuaciones, cabe remitirse a la presentación efectuada por la sociedad de fecha 16-11-2015 en la cual manifiesta que procederá a realizar la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias periodo 2015, en cuya liquidación se han aplicado los mecanismos de ajuste por inflación impositivo. Allí se verificó que la responsable aplicó dicho mecanismo de ajuste por inflación y la actualización de las amortizaciones a raíz de valores de adquisición reexpresados por lo cual se inició la Orden de Intervención.
Que en base a la revisión preliminar de la documentación solicitada a la empresa, la inspección procedió a realizar un muestreo significativo de los bienes de uso y se le cursó requerimiento para que suministre información, registraciones contables y cálculos que permitan cotejar el correcto cómputo de las amortizaciones debido a la especial incidencia en el ajuste del método por ella empleado.
La Fiscalización labró un acta en el domicilio fiscal dejando constancia de que la encartada exhibió los libros pertinentes cuyas rúbricas coinciden con las copias simples presentadas en las actuaciones.
Al profundizar sobre la cuestión de fondo, la encartada sostiene su tesitura en razón del pronunciamiento del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Candy S.A. c/ AFIP y Otro” de fecha 03/07/2019.
Manifiesta que de acuerdo a lo presentado por la contribuyente en reiteradas Multinotas, la alícuota obtenida que representa el Impuesto a las Ganancias determinado a partir del Resultado Histórico es del 48,56% del resultado impositivo ajustado correspondiente al periodo fiscal 2015, ello considerado el efecto conjunto del ajuste por inflación previsto por el Título VI de la ley y de aquellos artículos referidos a la actualización de las amortizaciones.
Sobre la base de los elementos recolectados, se observó que el cálculo del ajuste por inflación al 31/12/2015 se corresponde al Título VI – Ajuste Estático y Dinámico por la suma de $259.598.706,99 y un importe de la partida “re expresión de las amortizaciones impositivas” por $215.269.332,07.
Que observó la deducción realizada por la encartada en la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2015, en concepto de ajuste por inflación impositivo por $259.598.706,99 y del importe de la partida reexpresión de las amortizaciones impositivas por $215.269.332,07 compuesta por reexpresión de amortizaciones bienes de uso (pérdida) por $363.728.231,48 y reexpresión amortizaciones existencia final bienes de cambio (ganancia) por $148.458.899,41 conforme la normativa vigente.
Con relación al segundo de los ajustes -provisión contable- en la etapa fiscalizadora se informó que la firma efectuó una presentación de fecha 23/05/2017 por la que interpuso reclamo de repetición conforme artículo 81 de la Ley 11.683 por la suma total de $34.301.182,38 en concepto de monto ingresado en exceso en el Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2015, acompañando una declaración jurada rectificativa confeccionada de manera proforma.
La rubrada solicitó que se convalide el saldo a favor objeto de repetición en razón de haber omitido considerar el impacto de la reexpresión de las amortizaciones impositivas sobre la valuación de la existencia inicial de bienes de cambio y su incidencia en el cálculo del ajuste por inflación. La encartada también reclama que se revierta el impacto ocasionado en el resultado contable a raíz de la constitución de una provisión que no produce efectos impositivos (mayor ganancia).
Se confirmó la reversión parcial en el resultado contable de la incidencia de la provisión no deducible al obedecer a un resultado cuyo impacto final tiene lugar en el patrimonio neto de la firma, lo cual desembarcó en una orden de intervención.
Luego del análisis efectuado sobre la documentación relevada, se observó un resultado por remedición de beneficios al personal en relación de dependencia imputado a la cuenta “Resultado por Valoración Actuarial” en la suma de $6.095.345,00. Además se constató que la misma tiene impacto sobre las “ganancias reservadas - otros resultados integrales”, repercutiendo así en el patrimonio neto. Así, ajustó la base imponible incrementándola en la suma equivalente a $2.133.370,00, esto es, la proporción faltante de la reversión en defecto. Con relación al último ajuste -prorrateo de gastos- se observó que la rubrada no realizó la determinación del prorrateo de gastos y la debida impugnación de aquellos que se asignan a dichas rentas no computables del ejercicio 2015, en el marco de la determinación de los resultados impositivos sujetos al Impuesto a las Ganancias para lo cual se generó una orden de intervención.
Con fecha 28/03/2019 la etapa fiscalizadora procedió a circularizar a las compañías vinculadas Hidroeléctrica Futaleufu SA, INFA Sociedad Anónima, y TRELPA SA, solicitando copia de las actas de asamblea correspondientes a la distribución de utilidades, cumpliendo cada una de las firmas con los requerimientos. Verificados los ajustes que disminuyen la utilidad de la declaración jurada 2015 se desprende que bajo el ítem “rentas exentas o no gravadas” informó la suma de $90.084.109,36 correspondientes a los resultados de inversiones en sociedades.
Respecto a la constatación de los ingresos no computables de la encartada, en el estado de flujo de efectivo separado al 30/06/2015 de la misma, se observa el detalle de los dividendos cobrados de subsidiarias en concepto de actividades de inversión.
Asimismo, la responsable informó al Organismo Fiscal acerca del concepto de “crédito moneda extranjera” que la empresa Infa SA es quien distribuyó la suma de $3.016.149,85.
Agrega que los gastos a prorratear se pueden identificar como comunes y atribuibles indirectamente a los distintos tipos de renta a cuya obtención aportan. En el caso, los gastos deberían estar dirigidos a mantener la estructura generadora de ingresos no computables tanto como al mantenimiento de otra estructura productora de rentas de distinta clase.
A partir de la documentación relevada se elaboró papel de trabajo con la determinación del coeficiente en cuestión, total de ingresos junto a los dividendos cobrados, identificación de los gastos prorrateables y la consecuente metodología para el cálculo correspondiente, lo cual trae aparejado un incremento de la base imponible en la suma de $2.035.085,95.
VI. Que en primer lugar corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar, en consecuencia, si la acción del fisco para determinar el Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2015, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683. Que dicha ley, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Es dable destacar que el planteo de la prescripción elaborado por la recurrente se extiende al tributo de Impuesto a las Ganancias periodo 2015. Cabe dejar sentado que, respecto del período por el cual se opone la excepción, conforme se desprende de las constancias de autos, el vencimiento del plazo para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen, se habría producido durante el periodo fiscal 2015 en el caso, por lo cual el plazo de prescripción comenzaría a correr el día 01/01/2016.
Siendo así, prima facie, se podría sostener que el plazo de prescripción habría vencido el 01/01/2021 para el Impuesto a las Ganancias, siendo que la resolución apelada es de fecha 26/11/2021.
Corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción. Que la Ley Nº 27.562 (B.O. 26/8/2020) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 18 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La postura asumida por la recurrente en tormo al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida. En virtud de que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745: 320:2145).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796. consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquel, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado especifico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 que instauro un régimen de normalización impositiva cuyo artículo 49 establecía que se suspendía "con carácter general por el termino de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales” - resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos: 314:1656).
Vale destarar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re "AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario del 15/10/15 - adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15- en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que la suspensión anual resulta plenamente aplicable al presente caso, por ser aquella de carácter general, no siendo condición para ello que el contribuyente hubiera adherido al régimen de blanqueo contenido en la ley. De este modo, el plazo de prescripción estaría venciendo el 01/01/2022.
Cabe señalar que la vista conferida durante el proceso de fiscalización se notificó el 05-07-2021 y la resolución determinativa aquí apelada se notificó el 26-11-2021.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos por los períodos fiscales citados precedentemente y aplicar sanciones, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de la resolución que diera origen al procedimiento determinativo ni al momento del dictado del acto determinativo recurrido.
Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoado por la actora.
Que toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re "Colorín- IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI" sentencia del 2 de Julio de 2013).
VII. Que a los efectos de resolver la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que a efectos de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar una breve reseña histórica sobre la evolución legal del mecanismo denominado “ajuste por inflación” en nuestra legislación nacional.
Que el mecanismo antes mencionado está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste, entre otras cosas (arts. 94 a 98).
Que, posteriormente, la ley 24.073 (art. 39, parte pertinente) agregó: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive”. Finalmente, la ley 25.561 modificó el art. 10 de la ley 23.928 manteniendo “derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
La recurrente entiende que no pueden mantenerse las disposiciones del art. 39 de la ley 24.073 en el contexto económico generado a partir de enero de 2002, con el abandono de la convertibilidad, habida cuenta de que las causas que originaron su dictado desaparecieron en ese año y, por lo tanto, recobró plena vigencia y operatividad el mecanismo de ajuste por inflación. Al respecto, debe señalarse que la Sala “D” de este Tribunal sostuvo en oportunidad de expedirse en los autos “C.D.R. Comunicaciones”, “Swaco de Argentina S.A.” (ambos de fecha 22/03/2007) y “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (de fecha 7/10/2010) –criterio compartido por la Sala “B” in re “Cragnolino, Raúl José” del 18/04/2008-, que “la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. Ley 24.587 – B.O. 22/11/95)”.
“Que no obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente”. Que, en ese orden, en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Candy S.A.” del 3/7/2009, que convalida la constitucionalidad de las normas que la apelante intenta cuestionar, se reiteró la doctrina de que “no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad”. “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”. “A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los “principios de la ciencia económica” (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
Que, finalmente, remite a la doctrina que emana del precedente “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567), que en su parte pertinente expusiera: “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
VIII. Que, no obstante lo expuesto, siguiendo la tónica marcada por nuestro Máximo Tribunal, cabe pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado y, ergo, al reintegro del monto reclamado.
Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema que, a partir del precedente "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo", sentencia del 3/7/2009, viene resolviendo en toda cuestión análoga en el sentido de si se adecuan o no los hechos de la causa con los parámetros establecidos en dicha oportunidad (véase “Pettiti Automotores S.A.”, del 04/05/2010; “Carlisa S.A.”, del 07/09/2010 y “Pontoni, Roberto Luis y otros S.H.”, del 17/05/2011).
Que, así, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial - Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”. “Que en orden a ello, cabe destacar que en el caso, el Tribunal tiene especialmente en consideración que se trata de un ejercicio -el correspondiente al año 2002- signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea de nuestro país, que fue reconocido por el Tribunal en oportunidad de pronunciarse en Fallos: 328:690, 329:5913 y 330:855...”. “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a los réditos, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme las pruebas de la causa, entendió que en dicho caso el pago del impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste discutido, al representar para Candy S.A. más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, resultaba confiscatorio.
Que, siendo ello así, ha de señalarse que habiendo advertido el citado Tribunal la desmesurada incidencia real del gravamen por la no aplicación del ajuste por inflación, el mismo concluyó que la ganancia neta determinada sin ajuste por inflación, no es adecuadamente representativa de la renta que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar (utilidades reales en lugar de ganancias ficticias). No obstante, ello deberá evaluarse en cada caso, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
Que sentado ello, y en relación a la objeción expuesta por el Fisco Nacional en cuanto a que las condiciones del período fiscal objeto de autos -correspondiente al año 2015- difieren de las acontecidas y valoradas por la C.S.J.N. al tiempo de expedirse en el Fallo “Candy” (circunstancias críticas del país durante el año 2002), cabe destacar que la confiscatoriedad no se encuentra condicionada a un año fiscal determinado sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan tal supuesto en el año fiscal de que se trate. En el caso concreto de autos, es dable hacer extensiva la solución propuesta a la cuestión aquí analizada -período fiscal 2015- en atención a las conclusiones que este Tribunal extrae del informe pericial contable producido ante esta instancia. En efecto, las conclusiones del informe pericial presentado por los peritos contadores mediante IF-2023- 19464695-APN-DTD#JGM llevan a este Tribunal a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 7° y siguientes del precedente “Candy” de la Corte.
En este sentido resultan atendibles los fundamentos expuestos por el perito de la parte actora al dejar sentado en su informe que, el impuesto determinado correspondiente al periodo 2015 de Aluar sin considerar los mecanismos de ajuste por inflación impositivo de conformidad con las disposiciones del título VI y reexpresando las amortizaciones impositivas según lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, asciende a $595.303.862,86, mientras que el resultado impositivo teniendo en cuenta tales mecanismos de ajuste asciende a $1.226.000.140,54. De tal manera, el porcentaje que representa el Impuesto a las Ganancias calculado sin aplicar dichos mecanismos de ajuste por inflación (título VI, y artículos 83 y 84 de la LIG), sobre el resultado impositivo (antes del cómputo de quebrantos) del ejercicio 2015 de Aluar (según su declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2015) aplicando dichos mecanismos, es de 48,56%. Asimismo, el citado perito expone que al aplicar los ya referidos mecanismos de ajuste por inflación junto con la incidencia de la reexpresión de las amortizaciones impositivas en la valuación de la existencia final de bienes de cambio, el importe del Impuesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste por inflación impositivo es de $596.050.542,36 y el resultado impositivo ajustado por inflación, de acuerdo a lo establecido por el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias, es de $1.127.996.762,30, por lo que la relación entre el impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación impositivo y el resultado impositivo ajustado por Inflación arroja una tasa efectiva del 52,84%.
Cabe advertir que el perito del Fisco Nacional se circunscribió a sostener que los mecanismos de ajuste por inflación se encontraban suspendidos para el periodo fiscal 2015 del que se trata siendo por lo tanto el coeficiente de aplicación = 1; y que el contribuyente aplicó, sin encontrarse vigentes, las disposiciones del Título VI y artículos 83 y 84 de la LIG en su liquidación de Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2015. Que al respecto, cabe agregar que, conforme la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI” de fecha 25/10/2022, con remisión al dictamen de la Procuración Fiscal donde señala que “Por un lado, nada encuentro en la sentencia de la causa “Candy” que permita inferir que V.E. haya consagrado al título VI de la LIG como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Por otra parte, de la lectura de la LIG se desprende que, además del mecanismo previsto en su título VI, dicha ley permitía también reflejar las variaciones de precios para el cálculo de: a) las amortizaciones impositivas de bienes muebles (art. 84, primer párrafo, inc. 2º, LIG), inmuebles (art. 83, tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, segundo párrafo, LIG); b) los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de la LIG); y c) los quebrantos (art. 19 LIG). El estudio de tales preceptos conduce a colegir, sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos rubros el impacto de las variaciones de precios ocurridas desde su fecha de alta hasta la correspondiente al mes de la fecha de cierre del periodo fiscal que se liquidaba y, para morigerar tales efectos, expresamente preveía la posibilidad de ajustarlos mediante los índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)”.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en las causas "Candy" y “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI”, dado que el impuesto determinado por la AFIP insume una parte sustancial de la renta en un monto que excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio en esta instancia con relación al ajuste por inflación impositivo. Costas por su orden en atención a las particularidades y complejidad del caso en examen.
IX. Que en cuanto al ajuste relacionado a la provisión contable por la suma de $ 2.133.370, se advierte que la recurrente no objeta conceptualmente el mismo; por el contrario, advierte que ya fue considerado por su parte al reducir el monto del reclamo de repetición interpuesto ante la AFIP, con motivo de la presentación de la declaración jurada rectificativa del período (lo cual también queda acreditado con el punto J de la pericial contable producida en autos IF-2023-19464695-APN-DTD#JGM) y respecto del cual ambas partes son contestes que está pendiente de resolución por parte del organismo fiscal (véase página 18 de la resolución determinativa RE-2021-123447554-APN-SGAI#TFN y página 51 y sig. del recurso de apelación de la actora). Ello así, cabe concluir que no siendo una cuestión controvertida en autos, habiendo la recurrente receptado el ajuste en la declaración jurada presentada en fecha 23/05/2017, esto es, con anterioridad al dictado de la resolución recurrida en estos autos, deviene abstracto el pronunciamiento de este Tribunal sobre dicha cuestión; sin perjuicio de lo que se resuelva respecto de la repetición incoada por la contribuyente en sede administrativa, imponiendo las costas por su orden en atención a la forma en que se resuelve.
X. Que por último, corresponde tratar el ajuste restante correspondiente a la impugnación de la deducción de los gastos vinculados con la obtención de dividendos. De este modo, la representación fiscal considera que, los dividendos y ganancias de fideicomisos son “no computables” y que dichos gastos realizados financian la estructura organizativa del ente económico, sin importar que actividad realiza, sin que puedan asignarse a una renta determinada (gravada, exenta, no gravada o no computable) y que por lo tanto, se debe recurrir, al mecanismo de prorrateo –subsidiariamente al método de asignación directa-, al no ser posible determinar su medida estricta.
Siguiendo ese lineamiento, la recurrente entiende que deviene absolutamente inconsistente la pretensión fiscal de considerar como rentas “exentas” o “no gravadas” a los dividendos, puesto que con ello se está contraviniendo abiertamente el mandato legal dispuesto en la norma, lo que deviene improcedente, y que no se está en presencia de una renta exenta sino de un beneficio que no se computa por haber tributado ya el impuesto.
Que, sentado lo que antecede, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal se resume en dilucidar si resulta o no procedente la propuesta del Fisco Nacional en torno a la aplicación de la regla del prorrateo de gastos en los períodos fiscales 2008 y 2009 respecto de los dividendos percibidos por la recurrente procedentes de Visa Argentina S.A.
En esa tónica, en dos precedentes de aristas similares al presente caso ya se hubo pronunciado esta Sala “B” en autos “Telecom Argentina S.A.” EX-2019-70161445- -APN-SGAI#TFN y “HSBC Argentina Holdings S.A.”
EX-2019-64458452- -APN-SGAI#TFN, los que fueron confirmados por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Federal. Que ello así, en primer lugar resulta conveniente analizar las normas aplicables en materia de gastos deducibles en el impuesto a las ganancias.
En aquella oportunidad, se señaló que la regla general para la deducción de los gastos está contenida en los arts. 17 y 80 de la ley del tributo.
En efecto, el art. 17 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y modif.) dispone: “Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga.”
En tanto que el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y modif.) establece que: “Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina.”
Agregando a punto seguido que: “Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva.”
Por su parte, el artículo 117 del Decreto Reglamentario de la ley del tributo aclara que: “A los efectos de la proporción de los gastos a que se refiere el primer párrafo del artículo 80 de la ley, cuando los mismos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, se entenderá que estas últimas comprenden también a los resultados exentos del gravamen”, exceptuando de la aplicación de la regla de prorrata únicamente a los conceptos amparados por el inciso l) del artículo 20 de la ley del gravamen.
En tanto, el artículo 64 de la Ley del tributo establece que los dividendos y las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta. A los efectos de su determinación se deducirán -con las limitaciones establecidas en la leytodos los gastos necesarios para la obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación del gravamen. Igual tratamiento otorga a las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o integrantes, en sentido concordante a lo establecido por el art. 46 del mismo cuerpo normativo.
Alfredo Julio Lamagrande en su “Ley de Impuesto a las Ganancias Comentada y Anotada”, Ed. La Ley, 3ra. Edición, pág. 618 y sgtes., señala que el concepto “no computable” no es similar a exento en su significado y en sus efectos. Precisamente, el segundo párrafo del artículo 64 permite deducir la totalidad de los gastos necesarios para la obtención del beneficio con la salvedad de que no hayan sido considerados en la liquidación del gravamen, los cuales no se podrían deducir si se le acordara a dichos beneficios la calidad de “exentos”, lo que llevaría al prorrateo de que trata el artículo 80 de la ley del gravamen.
Al respecto, Raimondi y Atchabahian (citados en la obra antes mencionada) sostienen que “(l)a utilidad obtenida por las sociedades y otros sujetos comprendidos en el art. 69 sólo llega a sus dueños (socios) previo pago del impuesto por el ente Societario. Denominar ganancia no gravada, o exenta a un dividendo, o a la utilidad impositiva de una sociedad de responsabilidad limitada, es una falsedad desde el punto de vista de la realidad económica, pues si bien el art. 66 (actualmente 64) de la Ley establece que los dividendos y utilidades recibidos por esas sociedades no se computan en el cálculo de la ganancia neta de sus accionistas o socios, ello no significa que éstos no reciban, con ese motivo, ganancias gravadas; lo que significa sí es que ya pagaron el impuesto y no podría cobrarse dos veces el mismo gravamen”.
Existiría entonces una diferencia técnica entre los conceptos de ganancia no gravada o exenta y el concepto de ganancia “no computable”. Solo las primeras se encuentran mencionadas expresamente en la regla de prorrateo establecida en el artículo 80 de la Ley y 117 de su Decreto reglamentario, en tanto la categoría “no computable” no solo no se encuentran citadas en dichas normas, sino que por el contrario el segundo párrafo del artículo 64 admite la deducción de todos los gastos necesarios para su obtención.
La Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en el fallo “Pampa Energía” SA s/ Proceso de conocimiento”, del 4/4/2018, sostuvo “(q)ue la doctrina ha señalado que si bien los ingresos “no computables” no deben ser considerados ni contados, ello no significa que sean ajenos o que no formen parte de la materia imponible, y esto es así porque la materia fue gravada en cabeza de otro sujeto (Fernández, Luis Omar “El tratamiento de los dividendos en el impuesto a las ganancias. A propósito del fallo Macchiavello”; Revista de Impuestos, La Ley, 2006-13).”
“Los ingresos no computables constituyen rentas en cabeza de quien las obtiene, aun cuando dichas ganancias, por decisión del legislador, no deben ser tenidas en cuenta para determinar la ganancia neta (Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, causa “Bazar Avenida SA s/ Recurso de apelación”, pronunciamiento del 21 de diciembre de 2016)”
En tal sentido, la Sala V de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos “Grupo Financiero Galicia S.A.” (sentencia del 27/11/2018), al analizar el recurso interpuesto por la representación del Fisco Nacional, dejó sentado “(q)ue por lo demás, el argumento de la recurrente referido al carácter de no computables de los dividendos en la determinación de la ganancia neta, no resulta suficiente para desvirtuar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación. En efecto, la expresión utilizada por el legislador en el artículo 64 de la LIG únicamente alcanza a los beneficiarios (conforme la letra clara de la norma), más no significa que esa renta (de tercera categoría) no se encuentre alcanzada por el tributo. Por el contrario, debe entenderse que es la sociedad la que debe liquidar e ingresar el gravamen correspondiente aplicable sobre los dividendos, de modo tal que el beneficiario no los computará en la determinación de su ganancia neta. De lo contrario, se generaría una doble imposición sobre la misma porción de renta, primero en cabeza de la sociedad y luego en cabeza del beneficiario.”
“X.-Que a mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 18 inc. a) de la LIG, expresamente se refiere al período en que se imputarán los dividendos de acciones y los intereses de títulos, y dentro de las exenciones previstas por el artículo 20 y sus normas concordantes, no se encuentran los dividendos, todo lo cual reafirma la postura acerca de su gravabilidad.”
“XI.-Que cabe recordar que las exenciones deben consagrarse de manera expresa y que no debe presumirse la imprevisión del legislador, por lo que debe concluirse que no quiso acordar a los dividendos el tratamiento de materia exenta o no sujeta. Además, la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto...”
“XIII.-Que es preciso recordar que las exenciones constituyen supuestos que la legislación excluye de manera expresa del ámbito de imposición de la norma del impuesto, y que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las normas que apliquen exenciones o beneficios tributarios deben interpretarse con criterio estricto (Fallos, 200:88), para evitar que las situaciones excepcionales se conviertan en generales (Fallos: 302:1159).”
“XIV.-Que en definitiva, si el legislador hubiera querido que los dividendos se encontraren exentos del tributo, habría previsto la exención de manera expresa. En este aspecto, cabe recordar que no debe presumirse la imprevisión del legislador (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros) y que las exenciones tributarias deben interpretarse estrictamente, resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador en cuanto a su propósito o de la necesaria implicancia de las normas que la establezcan (Fallos 287:79; 307:1083; 312:529; 314:1842; 315:257; 316:1115, entre otros).”
“XV.-Que el análisis que antecede respecto de los dividendos no resulta baladí . Al contrario, genera consecuencias directas en relación con todos los elementos de la obligación jurídico tributaria, entre los que se encuentran los gastos deducibles. Por lo que ninguna duda puede existir acerca del derecho de la recurrente de deducir como gastos necesarios para la determinación de su ganancia neta, los intereses devengados por los préstamos por ella tomados para la adquisición de acciones (conf. arts. 17, 80 y 81 inc. a) de la LIG)” Al respecto, valga dejar asentado que mediante dictamen de fecha 14/10/2022 la Procuradora General de la Nación en esa misma causa expresó “que el texto del art. 17 de la LIG únicamente prohíbe la deducción de los gastos relacionados con ganancias “exentas” o “no gravadas” en la gabela, mas no los vinculados a las “no computables” -como es el caso de los dividendos por sus beneficiarios (cfr. art. 64 LIG)-, por lo que no corresponde extender las previsiones del primero a un supuesto no contemplado por el legislador” (cfr. “Grupo Financiero Galicia S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo” CAF 66322/2017/CS1-CA1).
Por otro lado, en el mismo sentido corresponde traer a colación las palabras de la Procuradora General de la Nación al dictaminar en la causa “INC S.A. TF 24746-I c/ DGI”, con fecha 22/12/14, donde en un caso similar al presente –con cita en otro dictamen de la causa “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (TF 28823-I) c/ DGI”– estableció que “...el principio general relativo a la deducibilidad de los gastos aparece establecido en el art. 17 de la ley del gravamen, en cuanto preceptúa que para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, si bien lo condiciona a que los demás preceptos de la ley lo admitan y en las condiciones en que lo hagan. Y, en el caso de la actora, que es un sujeto del art. 69 de la ley del gravamen, no debe dejar de tenerse presente que sus ganancias están alcanzadas en los términos del inc. 2) de su art. 2°.”
“Por su parte, y en línea con lo indicado, el art. 80 de esa ley reafirma tal principio general en cuanto establece que "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. ( ... ).”
“En este punto, es prudente recordar que, como ha señalado V.E., la primera fuente de interpretación de la leyes su letra, y que las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:176; 307:928, entre otros).”
“Con base en esta asentada pauta hermenéutica, observo que del claro texto de la ley se infiere, sin hesitación, que el principio general reposa en la facultad del contribuyente de deducir la totalidad de los gastos que ha efectuado para obtener, mantener y conservar sus ganancias gravadas, y que las restricciones a esta regla general deben estar “expresamente” legisladas. De esta forma se obtiene la ganancia neta que constituye el objeto del impuesto, esto es la renta bruta menos los gastos necesarios para su obtención y mantenimiento (arts. 17 y 80 de la LIG).” Que el análisis de la normativa transcripta precedentemente como el razonamiento expuesto en la doctrina y jurisprudencia antes citadas, nos llevan en este caso a advertir que ha sido voluntad del legislador la de establecer una diferencia técnica entre los conceptos de ganancia no gravada o exenta y el concepto de ganancia “no computable”.
En atención a lo expuesto corresponde señalar que le asiste razón a la actora en cuanto a que los dividendos, no obstante estar gravados, son conceptualizados por la Ley del Impuesto a las Ganancias como “no computables”, lo cual a las claras deja en evidencia que el legislador no ha querido calificarlos ni como rentas exentas ni como no gravadas, y ello en línea con lo previsto en el segundo párrafo del mismo artículo 64 de la LIG, donde, en forma expresa, por si surgiera alguna duda, admite la posibilidad de deducción de todos los “gastos necesarios” para la obtención de estas rentas a los fines de determinar las ganancias netas imponibles, “a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen” y que, como dice la norma, respeten “las limitaciones establecidas en esta ley”. No escapa a este Tribunal, que dichas limitaciones contemplan el prorrateo de gastos comunes, pero no de la manera que lo pretende el fisco sino que eventualmente podría aplicarse en relación al cómputo de “gastos necesarios” para obtener estas rentas gravadas aunque no computables, cuando dichos gastos sean comunes respecto de otras ganancias que sean consideradas exentas y/o no gravadas. Incluir estas rentas (“no computables”) de la misma manera que las rentas exentas y no gravadas para el cálculo del mencionado prorrateo, hace que la mentada norma que posibilita la deducción de estos “gastos necesarios” pierda todo sentido. Por lo que no hay dudas que dichas rentas deben mantenerse al margen del cálculo del prorrateo de gastos comunes, ante lo cual procede revocar el ajuste fiscal en autos.
XI. Que, por la forma en que se resuelve, deviene inoficioso el tratamiento de los agravios relativos a los intereses resarcitorios y a la multa aplicada.
Que por lo expuesto, se RESUELVE:
1. Declarar abstracto el pronunciamiento de este Tribunal en relación al ajuste tratado en el considerando IX de la presente, costas por su orden.
2. Revocar parcialmente la resolución Nº 129/2021 (DV DEOA) de conformidad con el considerandos VIII, las costas se imponen por su orden y conforme el considerando X de la presente, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2023.06.12 14:27:41 ART Date: 2023.06.12 17:54:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.13 16:32:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.13 16:32:56 -03:00
Fin de la sentencia