Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la multa apelada, reduciéndola al mínimo legal del artículo 45 de la Ley N° 11.683. Con costas, salvo en la parte que se reducen que se imponen por su orden.
I. Que, a fs. 26/37, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 101/2016 (DV RRBB) de la AFIP-DGI, de fecha 23 de junio de 2016, mediante la cual se le aplica una multa de $378.889,48 (pesos trescientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve con cuarenta y ocho centavos) en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683 (to. en 1998 y sus modificaciones), equivalente al 80% (ochenta por ciento) del Impuesto a las Ganancias presuntamente omitido, por los períodos fiscales 2000 y 2001.
Afirma que la actividad que desarrolla es la construcción de viviendas para ser adjudicadas a cada uno de sus socios, en el plazo necesario que demanda el cumplimiento de su objeto social. A su vez, sostiene que los integrantes de la sociedad efectúan mensualmente aportes que conforman el fondo común, cumpliendo así una verdadera función social que hacen las sociedades civiles, mutuales y/o cooperativas de viviendas. Describe que los socios aportan una cuota mensual y que no son poseedores de la escritura traslativa de dominio hasta cumplir con el total del valor de la vivienda objeto de su pertenencia como integrante de la sociedad civil. Por lo tanto, destaca que la sociedad mercantil persigue un fin de lucro, el cual se dividirá entre sus socios a diferencia de lo ocurrido con la finalidad de la sociedad civil.
Explica que, no puede aplicarse el Impuesto a las Ganancias, por no existir un fin de lucro, al ser una sociedad civil, comparando su actividad a la desarrollada por el Instituto Provincial de las Viviendas o el FONAVI, destacando que cuando estos organismos construyen viviendas lo hacen cumpliendo con los fines sociales y no contienen fin de lucro al hacerlo.
Afirma que los interesados, al celebrar el contrato, buscaron adquirir una vivienda independientemente de la estructura jurídica que aceptaron. En este sentido, entiende que, si los aportes no resultan ganancias para la sociedad, sino que se tratan de incrementos económicos para sostener su existencia. Puntualiza que el llamado "activo provisorio" se utiliza en función de cada uno de los inmuebles que se construyen y se adjudican a cada socio, no existiendo ánimo de especulación o inversión a fin de obtener utilidades, dividendos, etc. Asevera que el Organismo deberá probar que realmente existen ganancias en la sociedad civil, ya que no tiene fines de lucro y su objeto social no se encuentra alcanzado por la ley del Impuesto a las Ganancias, en atención a que los aportes de los socios son iguales al costo de producción (materiales, mano de obra, administración, gastos sociales, etc.) sin generar ganancia alguna para la sociedad.
Por lo tanto, argumenta que no pueden presumirse las ganancias, por lo que hay que estar al principio de la realidad económica, ya que como una sociedad civil sin fines de lucro solo tiene como objeto social que cada socio tenga su vivienda digna. En ese orden de ideas, asegura que en su relación operativa y patrimonial con los socios no tiene ingresos, sino que es mera receptora de fondos para atender erogaciones comunes para cumplir con el objeto social.
Asimismo, sostiene que la determinación de oficio sobre base presunta, no tuvo en cuenta las declaraciones juradas presentadas oportunamente en legal forma con relación a su base contable y a la realidad jurídica de su negocio. Sostiene que, si bien la determinación de oficio puede realizarse sobre "base cierta" o "sobre base presunta", no será voluntad del Fisco Nacional la elección del sistema, ya que las presunciones podrán ser aplicadas únicamente ante la imposibilidad total por parte del Organismo recaudador de reconstruir la situación tributaria del contribuyente fiscalizado.
Siguiendo ese lineamiento, afirma que la AFIP supone que tiene fin de lucro y que si busca mayor captación de socios adherentes es para obtener mayores ganancias sin comprender que se busca disminuir costos al ser más los integrantes de la sociedad, puesto que la compra de más cantidad de materiales permite obtener un mejor precio. Por ende, indica que partió de presunciones alejadas de su real giro económico vulnerando principios del derecho tributario y constitucional.
Así las cosas, opina que no puede el Ente Recaudador pretender cobrar un impuesto indebido y una multa equivalente al 80% de dicho gravamen supuestamente omitido, con el consiguiente perjuicio económico para todas las personas que conforman el ente societario.
Por último, cita jurisprudencia apoyando su postura, ofrece prueba documental y hace reserva de caso federal. En definitiva, solicita se rechace la multa aplicada, con imposición de costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 47/51, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, negando todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la contribuyente, que no sean objeto de aceptación, de su expreso reconocimiento o que surjan de los antecedentes administrativos que acompaña como prueba.
El Fisco Nacional declara que conforme lo establecido en el artículo 45 de ley de procedimiento fiscal, dentro de los medios comisivos de la infracción, se encuentra falta de presentación de las declaraciones juradas, la cual constituye una conducta pasible sanción y que, claramente, se encuentra configurada en autos en atención a que la recurrente ha transgredido las disposiciones fiscales dado que, en el marco de la operatoria llevada a cabo debió inscribirse en el impuesto a las ganancias, presentar declaración jurada e ingresar tributo correspondiente. Afirma que, si una norma de derecho tributario sustancial es violada y tal conducta antijurídica incriminada, tales hechos (ilícitos) y sus consecuencias (sanciones) deberán ser analizados a la luz de reglas que le son propias. Por ello, indica que la conducta punible consistió en la falta de presentación de declaraciones juradas en el Impuesto a las Ganancias. Asegura que, la conducta quedó tipificada en su faz objetiva y también se verificó en las actuaciones un obrar imputable a título de "culpa".
Alega que la falta de presentación de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por considerar la actora que no tenía que ser sujeto del tributo, se tradujo en una omisión de impuesto que debía ingresar a las arcas fiscales y generó una merma injustificada en la recaudación del impuesto provocada por la omisión por parte de la recurrente produciendo un perjuicio patrimonial al erario público resultando pasible de sanción. En ese orden de ideas, afirma que el juez administrativo entendió que dicha omisión era de carácter culposo, devenida de un obrar que no se corresponde con los deberes de cuidado que debe observar todo contribuyente al momento de reflejar su situación impositiva. Destaca que este tipo de infracciones son de comisión instantánea quedando configuradas al verificarse la falta de ingreso del tributo debido al vencimiento, ya que se vio privado de contar en su patrimonio con los montos posteriormente ajustados.
En lo que respecta al elemento subjetivo, afirma que no surge circunstancia alguna ni prueba aportada por el responsable que permita colegir que no corresponda aplicar sanción por la conducta desplegada, debiendo concluir en el acierto de la resolución, en tanto el obrar del contribuyente resulta al culposo, puesto que la negligencia o imprudencia se han producido por no haber adoptado los recaudos necesarios para evitar el menoscabo en el erario público.
Finalmente cita doctrina y jurisprudencia apoyando su criterio. En orden a las razones que expone hace reserva del caso federal y peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora.
III. Que, a fs. 68 y fs. 71 se intimó a la parte actora a efectos de que proponga perito contador para la producción de la prueba pericial contable ofrecida. Sin embargo, a fs. 73 se tuvo por desistida a la recurrente de producir dicha prueba en atención a la ausencia de propuesta de perito de parte.
A fs 88 se elevan los autos a consideración de la Sala "B" y a fs. 96 se pasan para dictar sentencia.
IV. Que, sentado ello, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/87, "Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario", sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F, Sala V, in re "Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/98 y "Congelados Macchaiavello y Cía. S.A." del 26/4/2007, entre otros).
Conforme surge de las actuaciones administrativas (informe final de inspección a fs. 147/155), mediante la OI N° 10812-0, se dispuso la fiscalización de la recurrente quien, a pesar de su inscripción como sociedad civil, desarrolla su actividad como cualquier empresa comercial, cuidando los riesgos propios, especificando cláusulas punitorias y penalidades, lo que la coloca en la condición de empresa que construye sobre un inmueble propio y por ende sujeta al IVA –que no se discute en estos actuados- a partir de la entrega de la tenencia precaria de la vivienda. Por otra parte, se observa que la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias no se encuentra presentada y que la contribuyente no se hallaba inscripta en dicho impuesto, entendiendo la inspección que correspondería haberlo estado.
Se labraron actas a algunos de los proveedores monotributistas incluidos en los registros de IVA Compras, surgiendo de las mismas que tales monotributistas cobraban una suma determinada por mes o quincena que de ninguna manera se asemejaba a la facturación emitida supuestamente por ellos. Según las manifestaciones vertidas, la inscripción bajo el régimen del monotributo era condición necesaria para obtener el trabajo, bajo la promesa de que la sociedad se haría cargo de los impuestos a abonar. No obstante ello, dichos monotributistas al momento de querer obtener la baja en dicho régimen, se informan que tanto el importe mensual correspondiente monotributo como el de ingresos brutos nunca habían sido ingresados. Cabe aclarar que trata de personas que trabajan en la construcción realizando tareas de albañilería o vendedores de planes de vivienda, quienes nunca tuvieron en su poder el talonario de facturas y que, según su afirmaron, solo firmaban una vez al mes las facturas que los administradore le indicaban.
Se puede observar que la maniobra utilizada se condice con lo expresado en una de las denuncias presentadas ante la DGI. Se procedió a realizar la sumatoria de las planillas de caja aportadas (fs. 1335-1343 cpo. Ganancias), verificando que los depósitos bancarios realizados eran notablemente inferiores a los ingresos (fs. 1351-1354 cpo. Ganancias), lo que se contradice con las manifestaciones vertidas por el socio administrador de la firma (fs. 932 cpo. Ganancias). También se realizó la sumatoria de las extracciones bancarias, las que se asemejan a las aplicaciones declaradas en los balances luego de deducir los gastos impugnados, lo que implica que esa diferencia que no tuvo como destino los pagos a los monotributistas es una ganancia sujeta al gravamen (fs. 1347-1350, cpo. Ganancias).
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se determinó el impuesto por los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002 considerando la documentación aportada por la propia verificada. Se tomaron como ingresos los vertidos en las planillas de caja, y como egresos los expuestos en los registros de I.V.A Compras excluyendo las compras a monotributistas (fs. 1355 cpo. Ganancias), las que se impugnaron por considerarse inexistentes en función de los elementos de prueba ya mencionados. Sin embargo, por el criterio de realidad económica se consideró el gasto en sueldos y cargas sociales que debió declarar la sociedad para cada uno de los monotributistas impugnados (fs. 1357 cpo. Ganancias).
Mediante la Resolución N° 212/2006 (DV RRBB) del 14/08/2006 se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 1999 a 2002, ambos inclusive. En dicho pronunciamiento se deja en suspenso el juzgamiento de la recurrente correspondiente a los periodos fiscales 2000 y 2001, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del art. 20 de la ley N° 24.769. Asimismo, se aplicó multa por las infracciones constatadas en los ejercicios fiscales 1999 y 2002, con encuadre en el art. 45 de la ley de rito. Dicha resolución se encuentra firme, en razón de lo resuelto por este Tribunal Fiscal con fecha 27/10/2009 (fs. 8 y 87), teniéndolo como no presentado al recurso intentado.
Posteriormente, tras dictarse el sobreseimiento en la causa penal iniciada y encontrándose firme la respectiva resolución, el 5/11/2015 se dictó la Resolución 204/2015 (DV RRBB), instruyéndose el sumario respectivo por el Impuesto a las Ganancias, encuadrándose la conducta como infracción a las normas tributarias previstas en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, por los periodos fiscales 2000 y 2001. Tras la presentación de los descargos de la recurrente, se emite la Resolución que se discute en estos autos.
En definitiva, la sanción aplicada fue consecuencia de haberse detectado que la actora no se inscribió como responsable en el Impuesto a las Ganancias como hubiere correspondido, por consiguiente, no presentó las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2000 y 2001 y no ingresó los importes que surgen de los elementos reunidos en los antecedentes administrativos.
Conforme lo reseña el Fisco Nacional en la resolución que aplica la multa discutida, la misma sanciona la omisión de la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto por los periodos 2000 y 2001 –las multas por los periodos 1999 y 2002 quedaron firmes junto al impuesto determinado para los periodos 1999 a 2002, conforme lo expuesto previamente-, a partir del encuadre de la recurrente como un sujeto del art. 69 de la ley del gravamen a quien aplica la teoría del balance (art. 2°, apartado 2 de la ley mencionada). Asimismo, rechaza la aplicación de la exención del inciso f) del art. 20 de la ley del tributo, particularmente considerando las pautas previstas en el Estatuto respecto del destino de los bienes remanentes al tiempo de la liquidación o disolución de la sociedad, previéndose su distribución entre los socios, en función del capital aportado como en cualquier sociedad comercial con fines de lucro. También destaca el Fisco Nacional que impide su encuadre como ente exento resultando incompatible con la carencia de fines lucrativos, las pautas previstas en dicho Estatuto referida a la designación de los administradores –casi inamovibles en sus cargos, con amplias facultades y atribuciones- y su remuneración –incompatibles con la finalidad social exclusiva de proveer una vivienda para socio con ausencia absoluta de lucro y sin respetar el límite establecido por la norma exentiva de la ley del impuesto-. Por todo ello, el Fisco Nacional concluye que la actividad de la rubrada se encuentra dentro del objeto del impuesto a las Ganancias encuadrándola en los arts. 1°, 2° -inciso 2)- y 49 de la ley del impuesto (fs. 12 a 19). Al respecto, la recurrente no aportó prueba en la instancia administrativa ni ante este Tribunal Fiscal, que desvirtúe lo determinado por el Fisco Nacional.
V. Que, finalmente, corresponde señalar que el tipo contenido dentro del articulo 45 requiere la culpa la cual se presume correspondiendo al contribuyente alegar y probar concretas y eficaces circunstancias exculpatorias si pretende ser eximido de la sanción Específicamente, requiere para la configuración de la infracción que típica la concurrencia de dos elementos por una parte la omisión de pago de impuestos y/o la omisión de actuar como agente de retención y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas siempre y cuando el Juez Administrativo descarte la existencia de "declaración engañosa" y en la medida que no exista error excusable.
Cabe señalar que la conducta incurrida por la actora en el caso de autos -omisión del pago de los impuestos determinados mediante la falta de presentación de declaraciones juradas-acredita el elemento objetivo requerido por la norma del artículo 45 la ley de rito, en atención a que la responsable omitió ingresar el impuesto a las Ganancias ambos periodos –determinación firme- implicando un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
No obstante ello, tal como lo ha expresado la Alzada en numerosas oportunidades "si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas" (ver entre muchas otras, CNACF, Sala IV, "Club Atlético Rosario Central" del 23/05/2006).
Siguiendo esta inteligencia, será el contribuyente quien deba demostrar la existencia de circunstancias eximentes al acreditar la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le impidió contar con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta, lo que no aparece aquí justificado a la luz de las argumentaciones desarrolladas en el escrito de inicio ni en las actuaciones administrativas.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable.
La jurisprudencia ha señalado que "para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación" (CSJN, "Morixe Hnos. S.A.C.I" pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAE, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re "Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI", del 13/02/2013; Sala V, "Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-1) c. D.G.l", expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III "Arauca Bit A.FJ.P. S.A" (TF 36903-1) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017). Ello así, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas sobre factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable.
En virtud de lo expuesto corresponde confirmar la multa aplicada, con costas. No obstante, se estima que la graduación de la pena en un 80% del impuesto omitido parece excesiva, en atención a que ninguna constancia de las actuaciones indica que la actora contara con antecedentes en materia sancionatoria –más allá de las multas que quedaron firmes en el marco de la misma fiscalización realizada- ni que hubiera obstaculizado o entorpecido la actividad de los inspectores actuantes. Estas circunstancias ameritan reducir el quantum de la pena a su mínimo legal.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la multa apelada, reduciéndola al mínimo legal del artículo 45 de la Ley N° 11.683. Con costas, salvo en la parte que se reducen que se imponen por su orden.
Regístrese y notifíquese. Procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel. Oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.10.30 11:19:45 ART Date: 2023.10.30 14:01:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.30 14:25:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.30 14:25:45 -03:00
Fin de la sentencia