Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que mediante el IF-2020-14217345-APN-DTD#JGM y el IF-2019-89035996-APN-DTD#JGM se presenta la actora e interpone un recurso de apelación en los términos del art. 76 inc. b) de la Ley 11.683 (y sus modif.) contra las Resoluciones N°128/2019 y 129/2019 (DV ORR1) dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de las cuales se determina de oficio la responsabilidad solidaria del Sr. QUIROGA JAVIER respecto de la deuda determinada de oficio a la contribuyente principal, AIRES DE SPA S.R.L.
Por la primera de las resoluciones, se le impone la obligación de ingresar la suma de $154.816,42 en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), períodos fiscales 07/2012 a 06/2013, más intereses resarcitorios de $376.435,93, en tanto que, en la segunda resolución mencionada, se le impone la obligación de ingresar $323.812,25 correspondiente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2013, con más sus intereses resarcitorios de $702.278,61.
Resulta necesario mencionar que las resoluciones puestas en crisis encuentran su origen en el incumplimiento de la contribuyente principal de las referidas deudas determinadas en las Resoluciones N° 46/2018 y 45/2018 (DV ORR1), respectivamente.
En primer lugar, la actora como cuestión previa plantea la nulidad de lo actuado y manifiesta que, las argumentaciones de fondo formuladas por el Organismo Recaudador, son inexistentes, por el simple hecho de que, en sustancia, se limitan a indicar los ajustes practicados a Aires de Spa SRL sin siquiera ensayar las razones que motivarían la extensión de la responsabilidad solidaria.
Asimismo, indica que el Fisco Nacional expone que era titular de las cuotas sociales y ocupaba la posición de socio gerente en la sociedad conforme contrato social constitutivo y al convenio de cesión de cuotas sociales, para sostener lo que sería una “especie de motivación” de las resoluciones impugnadas.
Expone que los actos aquí cuestionados, no se encuentran motivados, ya que el Fisco Nacional, no ha podido explicar las razones que permitieran atribuir subjetivamente el presunto incumplimiento de la sociedad hacia él. Sostiene que las resoluciones se limitan a realizar una transcripción del ajuste practicado al deudor principal, pero no ensayan siquiera una explicación para vincular ese reclamo con su persona. Por el contrario, realiza una exégesis de los arts. 6 y 8 de la ley de rito, omitiendo deliberadamente hacer referencia al carácter subjetivo de la responsabilidad social.
La actora sostiene que la solidaridad en materia tributaria, tiene carácter subsidiario y funciona a título represivo. Indica que si, por el solo hecho de revestir tal calidad, se habilitaría al Fisco Nacional en forma automática, a la extensión de responsabilidad, sin merituar la conducta individual y personal requerida por el instituto de la responsabilidad solidaria, se violentarían las garantías del debido proceso y ello revelaría un ejercicio abusivo del Fisco en sus facultades de verificación y fiscalización, las cuales se encuentran limitadas por el principio de legalidad.
La actora sustenta que, para que se configure la responsabilidad de los administradores, no basta que éstos ocupen un cargo o incluso que participen activamente en los hechos generadores de responsabilidad, sino que también debe existir una conducta omisiva o dolosa.
En este sentido, la actora sostiene que, resulta claro y evidente que no puede resultar responsable solidario de los cargos que se pretenden imputar a la sociedad, cuando dicha normativa limita la aplicación objetiva de tal responsabilidad, correspondiendo por lo tanto al Fisco probar de alguna manera que se actuó con dolo o culpa para poder hacer extensiva la mentada responsabilidad solidaria.
También plantea como cuestión previa la prescripción parcial, y manifiesta que el Fisco Nacional no puede determinar y exigir el pago de las sumas reclamadas, ni de sus intereses y multas y/o de cualquier otro ajuste cuyo origen se vincule con el periodo fiscal 2012, por haber operado el plazo de prescripción de cinco años establecida por el art. 56 de la LPF. En efecto, el término de prescripción de esas obligaciones comenzó a regir (conforme el art. 57 de la misma ley) el 1 de enero de 2013.
De este modo, la actora manifiesta que el Fisco Nacional al notificar a Aires de Spa S.R.L. la resolución 46/2018 el día 30/05/2018 se encontraban prescriptas las acciones y poderes del Fisco para reclamar cualquier posición del IVA correspondiente al año 2012; por lo tanto, el dictado de dicha resolución no produce ningún efecto respecto de su persona, toda vez que no puede hacer renacer una obligación cuyas acciones de cobro se encontraban irremediablemente prescriptas.
Por lo expuesto, la actora indica que, no puede atribuírsele subjetivamente el reclamo realizado a la Sociedad y que el Fisco Nacional no tiene legalmente ninguna posibilidad de continuar con el reclamo insinuado con las posiciones del IVA correspondientes al periodo fiscal 2012, por no haber instado en tiempo útil ningún acto con efecto de suspender o interrumpir su curso.
Al respecto, la actora expone que ninguna de las causales de suspensión y/o interrupciones previstas en la Ley 11.683 tuvo lugar; ya que, en efecto, el Fisco Nacional no ha reclamado con anterioridad al dictado de la Resolución 46/2018 y más aún la vista fue dictada encontrándose prescriptas las acciones del Fisco. En particular, Aires de Spa SRL, no ingresó en el régimen de “exteriorización de fondos” establecido por la Ley N° 26.860. Por esta razón la actora, solicita que se declare la prescripción de las acciones por el periodo fiscal 2012. Asimismo, se plantea la imputabilidad subjetiva de los intereses resarcitorios que pretenden aplicarse, por resultar improcedente.
Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba documental. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente solicita que se revoquen los actos apelados.
II. Que, mediante el IF-2019-110934467-APN-DTD#JGM y el IF-2019-113328764-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional y contesta los recursos interpuestos por la recurrente.
Expone los antecedentes de hecho y de derecho que motivaron tanto las determinaciones de oficio a la contribuyente principal como así también los que dieron fundamento a las resoluciones puestas en crisis, niega los hechos alegados, cita la normativa aplicable al caso y solicita la confirmación de los ajustes practicados en las resoluciones apeladas, con costas.
Expresa que la actora alega la nulidad de las resoluciones apeladas por supuesta falta de motivación en los cargos formulados, lo que es dable destacar que conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa, las tareas de fiscalización, así como también el procedimiento determinativo que desembocó en el dictado de ambas resoluciones cuestionadas, se han ajustado en todo a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa del contribuyente, quien en todo momento tuvo acceso a las actuaciones y oportunidad de ser escuchado y de efectuar aclaraciones y descargos que estimase convenientes.
De igual modo, de las constancias que se desprenden del cuerpo probatorio, puede advertirse, que las resoluciones dictadas por el juez administrativo competente -vistas y resoluciones determinativas- resultan ser actos que gozan de legalidad y reúnen todos los requisitos necesarios que los convalidan, por lo tanto, con la correspondiente fundamentación y motivación.
Indica que la actora alega que no surgen expuestas las razones por las cuales se determinó su responsabilidad solidaria por el supuesto incumplimiento de los deberes a su cargo, siendo un argumento defensivo sin sustento alguno, no pudiendo el Sr. Quiroga alegar válidamente el desconocimiento de las causas que han dado lugar al litigio, conforme surge de las constancias administrativas correspondientes a las presentes actuaciones, a las que ha tenido pleno acceso en todo momento.
Manifiesta que, quien alega la nulidad de un acto, debe acreditar la ocurrencia de dos presupuestos básicos: que el acto impugnado contenga un defecto significativo en su producción o en su contenido textual y que esa imperfección haya causado o esté en condiciones de causar un perjuicio a quien alegue la nulidad. Indica que, en el caso de autos se evidencia que el contribuyente confunde nulidad con discrepar con los actos administrativos apelados.
Advierte que, en ningún momento, ni en el marco de la fiscalización y procedimiento determinativo seguido a la deudora principal, ni en instancia de fiscalización y determinación de oficio seguido al actor, se aportaron elementos de prueba que puedan ser objeto de análisis a los efectos de desvirtuar las imputaciones efectuadas. En lo que respecta a la responsabilidad solidaria del actor, se destacó que frente a la documental aportada en su oportunidad por la firma fiscalizada, de la que resulta que el Sr. Quiroga revestía el carácter de socio gerente de Aires de Spa SRL durante los períodos fiscales involucrados, el aquí apelante no ha invocado motivos ni mucho menos aportado elementos de prueba que justifiquen el incumplimiento verificado de los pagos y lo declarado en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias por la firma que representa.
Por lo expuesto solicita el absoluto rechazo de la nulidad opuesta.
Con relación a la prescripción planteada por la parte actora, se advierte que, con debido sustento en los antecedentes de la causa, y a la luz de la normativa vigente que rige en la materia, de la Ley 11.683 en sus artículos 56, 58, y 65 inc. a), y el 17 de la Ley 26.860, las acciones y poderes del Fisco para la determinación del Impuesto al Valor Agregado, periodos 07 a 12/2012, no se encuentran prescriptos.
En efecto, sumado a la suspensión con carácter general por el término de un año, dispuesta por el art.17 de la Ley 26.860, por tratarse de un responsable solidario se aplica también lo dispuesto por el art. 65 de la Ley 11.683. Manifiesta que, por las razones expuestas, quedan sin sustento los argumentos que invoca el Sr. Quiroga a efectos de sustentar la no aplicación al presente caso de la suspensión del curso de la prescripción por un año, dispuesta con carácter general por el art. 17 de la Ley 26.860, siendo por ende que no se encontraban prescriptas las acciones del Fisco respecto del IVA, por lo periodos fiscales 07 a 12/2017, al dictar la resolución en cabeza de la firma Aires de Spa SRL, como insiste la actora en la presente instancia.
Con respecto de la determinación de la responsabilidad solidaria del actor, advierte que en cuanto al marco normativo que se aplica al caso se encuentra con sustento en el art. 6 inc. d), y 8 inc. a) de la Ley 11.683, y que ha sido debidamente acreditado en el expediente administrativo que el Sr. Quiroga revistió el carácter de socio gerente de la firma al momento en que se generaron las obligaciones tributarias adeudadas.
Indica que, conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa, el Sr. Quiroga, no solo resultó ser socio gerente de la sociedad Aires de Spa SRL durante los periodos fiscales bajo examen, sino que conforme fuera constatado por los inspectores actuantes, poseía el 90% de las cuotas sociales en el ejercicio bajo análisis, se encontraba vinculado a las cuentas bancarias de la firma como representante legal y resulta ser el administrador de las relaciones de la clave fiscal desde el 2011 a 2013.
Por todo lo expuesto, queda acreditado que el Sr. Quiroga ostentaba el carácter de socio gerente de Aires de Spa SRL durante los periodos cuestionados, sin que haya alegado, ni aportado prueba que demuestre que se encontraba imposibilitado de cumplir correcta y oportunamente con los deberes fiscales a su cargo, tal como lo exige el art. 8 de la Ley 11.683, a efectos de deslindarse de la responsabilidad imputada.
Concluye que, la procedencia de la responsabilidad solidaria que le compete al Sr. Quiroga, se sustenta en los arts. 6 y 8 de la Ley 11.683 y arts. 23 y 25 del decreto reglamentario.
Por todo lo expuesto, entiende el Fisco Nacional que corresponde desestimar sin más los agravios de la actora, por resultar improcedentes frente a la normativa citada y las constancias probatorias obrantes en autos. En relación a los intereses resarcitorios, señala que no se verifican en autos circunstancias que puedan dar lugar a la eximición de los mismos los que, conforme la jurisprudencia imperante en la materia, y de conformidad con lo previsto por el art. 37 de la Ley 11.683, tienen naturaleza resarcitoria y no represiva, son de carácter objetivo y se aplican automáticamente sin necesidad de interpelación alguna, desde el vencimiento de las obligaciones principales que los originan, corresponde su confirmación.
Cita jurisprudencia y doctrina a favor de su postura. Acompaña los antecedentes administrativos, plantea cuestión federal y finalmente solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que en la PV-2023-116770701-APN-VOCVI#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y se pusieron los autos a sentencia mediante el IF-2023-118760889-APN-VOCVI#TFN.
IV. Que, en primer lugar, corresponde expedirse en torno a los planteos de nulidad efectuados por la recurrente en cuanto alega que los actos recurridos carecen de motivación, por cuanto afirma que el procedimiento fue seguido incorrectamente.
En efecto, para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de ese derecho y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
Específicamente, en lo estrictamente formal, se observa que las resoluciones recurridas cumplen con los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos al lucir motivadas y fundadas en sus argumentos.
En definitiva, el recurrente se agravia por meras disidencias con las conclusiones vertidas por el Juez Administrativo, advirtiéndose que en la instancia de fiscalización y determinación de oficio al deudor principal y durante el procedimiento determinativo que desembocó en el dictado de las resoluciones recurridas, todo lo actuado se ha ajustado a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa del contribuyente, quien en todo momento tuvo acceso a las actuaciones y oportunidad de ser escuchado y de efectuar aclaraciones y descargos que estimase convenientes.
En atención a lo señalado precedentemente, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado. No se imponen costas.
En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que, seguidamente corresponde analizar la defensa esgrimida por la recurrente respecto de la prescripción de las facultades y poderes del Fisco Nacional para determinar el IVA correspondiente a los periodos fiscales 07/ a 12/2012 respecto del deudor principal.
En primer momento, cabe señalar que las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los impuestos tienen un plazo de prescripción de cinco (5) años al encontrarse el contribuyente de autos inscripto ante la AFIP, conforme las disposiciones del artículo 56 de la Ley N° 11.683. Asimismo, en virtud del artículo 57 del mismo texto legal, el término de cinco años se computará desde el 1º de enero siguiente al que se produzca el vencimiento del plazo para la presentación jurada e ingreso del gravamen.
En base a ellos, en IVA para los periodos fiscales 7 a 11/2012 el plazo de prescripción comienza a correr a partir del 1/01/2013, en tanto que para el periodo fiscal 12/2012, el plazo de prescripción comienza el 1/01/2014, con lo cual el plazo para el cómputo de la prescripción de los poderes de fisco, en principio, operó el 1/01/2018 y el 01/01/2019, respectivamente.
Ahora bien, la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) dispuso en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
La redacción del texto legal, no arroja dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re “Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal” de fecha 26/11/91.
Ello así, el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas del período fiscal 2012 (07 al 11/2012) operó en el mismo año 2012, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1/01/2013, el cual se vio suspendido el 3/06/2013, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización y estableció en su artículo 17 la suspensión con carácter general por término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el artículo 44 supra citado.
A partir de ello, el plazo límite para el cómputo de la prescripción para los periodos fiscales mencionados serían el 01/01/2019 y 01/01/2020 respectivamente. Con lo cual, a la fecha del dictado de la resolución determinativa de IVA respecto del deudor principal, los poderes del fisco se encontraban vigentes.
Asimismo el art. 65 inc. a) de la ley 11.683 dispone que “Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: a)… La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios”.
Por último, cabe mencionar la doctrina fijado en el fallo plenario de este Tribunal Fiscal en autos “SALVATIERRA MARIO RODOLFO Y OTRO”, del 2/10/1975, en el cual se indicó que “Los actos interruptivos de la prescripción cumplidos con relación a una sociedad anónima, interrumpen el curso de las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago del impuesto, no sólo respecto de la sociedad sino también respecto de los directores de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18 inci.1° de la ley 11.683 t.o. en 1973 (actual artículo 8° del texto ordenado en 1998 y sus modificaciones).
En función de lo expuesto, cabe concluir que las facultades del fisco no se encontraban prescriptas al momento de emisión de la resolución determinativa de IVA respecto de la sociedad como deudor principal ni al momento de la emisión de la resolución respectiva que establece la responsabilidad solidaria del recurrente.
Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratada como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013). Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad intentado por la actora.
VI. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. S/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Tal como ha quedado planteada la controversia, corresponde a este Tribunal analizar la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Quiroga Javier por el incumplimiento de la firma Aires de Spa S.R.L. en el pago de sus deudas tributarias.
El artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: "responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17...".
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en el caso “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c/ DGI” de fecha 11/02/2014 que: “...la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida.
La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.
En tales condiciones, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues los actos administrativos por los cuales se determinaron las obligaciones tributarias del principal (Aires de Spa S.R.L.), fueron dictados en fecha 29/05/2018 y notificados en el domicilio fiscal de la firma en fecha 30/05/2018, en tanto que las resoluciones referentes al responsable solidario (Sr. Quiroga) se dictaron en fecha 05/09/2019, es decir vencido holgadamente el plazo otorgado al deudor principal (vide. fs. 41/55 AA Cpo Ganancias y fs. 81/97 Cpo IVA-Resp. Solidaria).
VII. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
En ese sentido, corresponde al responsable aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley N° 11.683 ...” (se hace referencia al actual art. 8° del t.o. vigente) “... se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente.” (cfr. “COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILEVA ISABEL S/RECURSO DE APELACION - IVA, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B sentencia del 1998/02/06).
VIII. Que las manifestaciones del Sr. Quiroga Javier no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las resoluciones que dice causarle agravios.
Según se desprende de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas de la sociedad verificada (informe final fs. 210/214 de las actuaciones administrativas) surge que la firma cerraba ejercicio en junio y tenía como actividad “Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes, venta al por menos de equipos y artículos deportivos y servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas de clubes”. Ahora bien, respecto de su pretensión de desligarse de la responsabilidad, cabe señalar que el Sr. Quiroga Javier se desempeñó como socio gerente de la sociedad como consecuencia del contrato social del 03/10/2011, en el que se reformaron los artículos del contrato social constitutivo y se ratifica al Sr. Quiroga, como gerente de la sociedad Aires de Spa SRL (antes Era Móvil SRL) documentación aportada por dicho contribuyente. (fs.57 a 61 Cpo. de Ganancias).
Por otro lado, de las actuaciones administrativas y de las declaraciones juradas, se ha verificado que el Sr. Quiroga Javier poseía el 90% del capital social y luego al cambiar la denominación de la sociedad a Aires de Spa SRL, mantuvo la misma participación durante los períodos fiscales ajustados, teniendo a su cargo las cuentas bancarias de la firma y siendo el administrador de relaciones de la Clave Fiscal desde el 2011 al 2013, hecho que él tampoco niega.(fs. 27 a 63 del Cpo. de Resp. Solidaria- Ganancias).
Por lo tanto, ha quedado demostrado el carácter de socio gerente de la sociedad que ostentaba el Sr. Quiroga Javier durante los períodos fiscales fiscalizados y al vencimiento de las respectivas declaraciones juradas, y que ha desempeñado las funciones inherentes al cargo disponiendo el manejo y administración de los fondos sociales, sin que haya aportado pruebas tendientes a demostrar haberse encontrado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
En función de lo expuesto cabe concluir que en el presente caso se ha configurado el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental, por lo que resulta ajustada a derecho la atribución de la responsabilidad solidaria en el Sr. Quiroga Javier, por lo que corresponde confirmar la determinación fiscal.
IX. Que, finalmente, en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.10.12 15:07:38 ART Date: 2023.10.17 09:40:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.17 12:58:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.17 12:59:10 -03:00
Fin de la sentencia