Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
I. Que mediante RE-2021-59907753-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 63/2021 (DV ORR1) y 64/2021 (DV ORR1) dictadas por el Jefe (Int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la AFIP-DGI, ambas de fecha 11/06/2021. El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a: 1) Impuesto a las Ganancias (periodos fiscales 2015 y 2016), por medio de la cual, se determina un supuesto impuesto dejado de ingresar por la suma de $ 618.736,80 (correspondientes a $ 167.238,23 por el período 2015 y $ 451.498,57 por el período 2016); liquidan Intereses Resarcitorios por $ 530.061,21 (correspondientes a $ 375.311,20 por el período 2016 y $ 154.750,01 por el período 2015) y 2) Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 01/2015 a 12/2017), a través de la cual, se determina un supuesto impuesto dejado de ingresar por la suma de $ 19.413.977, 96; y se liquidan Intereses Resarcitorios por $ 23.068.317,97.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
La recurrente manifiesta que se encuentra inscripta con la actividad principal fundición de metales no ferrosos. Plantea la nulidad de las resoluciones determinativas recurridas. Señala arbitrariedad en el tratamiento de la prueba ofrecida y dice que al momento de contestar la vista administrativa, su representada acompañó prueba documental; y un informe técnico emitido por un Ingeniero (en el cual se daba detalle de todo el proceso productivo del contribuyente -con los metales utilizados, estado del horno de fundición y las mermas producidas dada las características que poseía el referido horno-), y que también ofreció prueba informativa; sin embargo, expresa que el Sr. Juez Administrativo sólo fundamenta su resolución en parte de la prueba documental acompañada, sin decir, ni una palabra del informe pericial técnico obrante en las referidas actuaciones ni de la informativa ofrecida.
Sostiene que se verifica la omisión de uno de los elementos indispensables para la válida emisión de un acto administrativo con el contenido sustancial del mismo, su motivación, cuya omisión o deficiencia traen aparejada la sanción de nulidad.
Señala que las operaciones impugnadas por el Fisco Nacional que han sido reales, correspondiendo su deducción como gasto y la toma del “crédito fiscal” por las mismas.
Manifiesta que su representada en ningún momento ha evadido gravamen alguno y sostiene que si los proveedores no han podido ser ubicados por el Organismo Recaudador Nacional o que los mismos no hayan cumplido con sus deberes fiscales, no habilita a castigar a su representada con la impugnación de tales operaciones.
Describe las operaciones realizadas con cada proveedor, y dice que las mismas han sido efectivamente concertadas; que la mercadería (bienes) ha ingresado en la planta de su representada; y que ésta ha abonado cada uno de los bienes adquiridos a cada uno de los proveedores en discusión.
Primero, sobre la proveedora Sara Vanesa Yanoff, la recurrente manifiesta que le entregó en su planta (establecimiento): Aluminio Recuperado, Aluminio Recuperado en lingotes y Magnesio Recuperado; todos insumos necesarios para la elaboración de los productos que ésta comercializa y agrega que sin la adquisición de tales materiales jamás su representada podría haber producido la mercadería que luego vendió por tales períodos fiscales (2015/2017) y dice que le corresponde la deducción de tal gasto en materia del Impuesto a las Ganancias y la toma del “crédito fiscal” en materia del Impuesto al Valor Agregado.
Segundo, respecto del proveedor YBK SA, señala que el servicio contratado al referido proveedor consistía en prestaciones médicas, a los efectos de cubrir cualquier eventual accidente que pudiera producirse un operario en su fábrica.
Tercero, del proveedor Klosteret S.A, señala que las compras de materiales (bienes) realizadas al citado proveedor fueron lingotes de aluminio recuperado, lingote de cobre recuperado, recorte de perfil de aluminio y láminas de aluminio; todos estos, insumos necesarios para la fundición y posterior fabricación de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada.
Cuarto, del proveedor Mónica Maria Graneros de Lourdes, expresa que las compras de materiales (bienes) realizadas al citado proveedor fueron lingotes de aluminio recuperado, aluminio recuperado y lingote de cobre recuperado; todos estos, insumos necesarios para la fundición y posterior fabricación de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada.
Quinto, del proveedor Lateno Metal S.A., sostiene que las compras de materiales (bienes) realizadas al citado proveedor fueron lingotes de aluminio y perfiles de aluminio; todos estos, insumos necesarios para la fundición y posterior fabricación de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada.
Sexto, del proveedor Juan Manuel Gimenéz, explica que las compras de materiales (bienes) realizadas al citado proveedor fueron lingotes de aluminio recuperado y lingotes de cobre; todos estos, insumos necesarios para la fundición y posterior fabricación de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada. Séptimo, del proveedor Jesica Beatriz Kuik, señala que la compra de material (bienes) realizada al citado proveedor fue aluminio; insumo necesario para la fundición y posterior fabricación de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada.
Octavo, del proveedor Servicios Segu SRL, dice que las compras de materiales (bienes) realizadas al citado proveedor fueron lingotes de aluminio recuperado; insumo necesario para la fundición y posterior fabricación de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada.
Noveno, del proveedor Franco Santiago Escobar, asevera que la mercadería adquirida por su representada (recortes de aluminio) fue entregada por el referido proveedor en el establecimiento de su representada. Décimo, proveedor Wulfmetal SRL, las compras de materiales (bienes) realizadas al citado proveedor fueron lingotes de aluminio y lingotes de aluminio perfil; todos estos, insumos necesarios para la fundición y posterior fabricación de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada.
Décimo primero, proveedor Ernesto Sergio Papadopoulos, la mercadería adquirida al mismo fueron lingotes de aluminio recuperado, uno de los insumos necesarios para la fabricación de las barras de aluminio y perfiles de dicho metal que su representada comercializa.
Décimo segundo, proveedor Ricardo Emanuel Graneros, el mismo le proveyó de lingotes de aluminio recuperado y magnesio, insumos necesarios para la producción de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada.
Décimo tercero, proveedor Juan Gabriel Graneros, de los insumos adquiridos al referido proveedor, resultaron ser: lingotes de aluminio recuperado, lingotes de cobre y silicio, todos metales necesarios para la fundición y luego fabricación de los perfiles y barras de aluminio que comercializa su representada.
Décimo cuarto proveedor P y B Servicios, la entrega de tales metales estaba a cargo del proveedor en el establecimiento de su representada.
Décimo quinto proveedor Gabino Paniagua, en relación con las operaciones comerciales celebradas con el referido proveedor, las mismas consistieron –según dice- en la compra de material de protección para los operarios de la fábrica de mi representada, entre los productos adquiridos al citado proveedor encontramos: pares de guantes puño corto, pares de guantes puño largo, pares de guantes de hilo roteado, pares de guantes para altas temperaturas, pares de zapatos ombu, pares de botines ombú, protectores copa, pares de guantes de nitrilo, delantales de cuero, protectores auditivos, fajas lumbares, máscaras protectoras, buzos polares, camisas y pantalones de trabajo.
Décimo sexto proveedor Cintia Almirón, las operaciones comerciales celebradas con el referido proveedor consistieron en la compra de material de protección para los operarios de la fábrica de su representada, entre los productos adquiridos al citado proveedor encontramos: pares de guantes descarne puño corto, pares de guantes descarne puño largo, pares de guantes ketblac, pares de guantes de hilo roteado, pares de guantes para altas temperaturas, pares de zapatos seguridad, pares de zapatos Boris Dicléctrico, protectores copa, pares de guantes de nitrilo, delantales de cuero, protectores auditivos, fajas lumbares, máscaras protectoras, anteojos seguridad, protectores alta densidad, camisas y pantalones de trabajo.
Décimo séptimo proveedor Juan Cisterna, los productos adquiridos al mismo fueron lingotes de aluminio recuperado, perfiles de aluminio y magnesio, todos insumos necesarios para la producción de las barras de aluminio que su representada comercializa.
Décimo octavo proveedor Warhaus S.A., en relación con las operaciones comerciales realizadas con éste proveedor, cabe aclarar que las mismas fueron la compra de insumos como perfiles de aluminio, lingotes de aluminio recuperado, aluminio en placas y rezagos de aluminio, los cuales son fundidos y luego utilizados para la fabricación de las barras y perfiles de aluminio que comercializa su representada.
Décimo noveno proveedor Franco Ariel Papadopulos, la mercadería adquirida fue lingotes de aluminio recuperado, insumo necesario y utilizado por su representada en la producción de barras de aluminio y perfiles que comercializa.
Por otro lado, respecto de la impugnación de Pasivos, manifiesta su improcedencia por tratarse de previsión de juicios laborales.
Señala que existe una grave contradicción del Juez Administrativo, en el acto impugnado; toda vez que, por un lado, sostiene que corresponde ajustar la previsión de dos juicios laborales que su representada mantiene con dos ex empleados; mientras que por el otro, sostiene que se infiere la existencia de tales pasivos. Agrega que se confirma el ajuste de tales pasivos, a sabiendas que los mismos son fidedignos y que corresponde que sean deducidos, no correspondiendo ajuste alguno por los mismos.
Sostiene que la causa “Nuñez, Damián Cosme c/ Tegnal SA y otro S/ Accidente”, la misma se encuentra elevada a sentencia; mientras que la referida a “Herrera, Eugenio Rodolfo c/ Tegnal SA s/Despido”, posee sentencia adversa de primera y segunda instancia, encontrándose a sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires .
Alega que frente a tal panorama, oportunamente su representada procedió a previsionar tales sumas, cuestión que –dice- resulta ser totalmente legal y conforme a derecho; no correspondiendo ajuste alguno por dicha cuestión. Acompaña documental. Ofrece prueba informativa y pericial técnica. Cita jurisprudencia aplicable al caso, hace reserva de la cuestión federal y solicita se revoquen los actos apelados. Con Costas.
II. Que mediante IF-2021-86818991-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal solicitando, por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
La representación fiscal niega todos y cada uno de los hechos invocados por la actora que no sean materia de explícito reconocimiento en su escrito de responde o no surjan en forma indubitada de los antecedentes administrativos que acompaña.
Respecto de la improcedencia de la nulidad planteada, en respuesta, señala que debe contemplarse que en el procedimiento determinativo dispuesto por el artículo 16 y siguientes de la Ley 11.683 (t.o. citado), la vista consiste en la oportunidad que se le otorga al contribuyente de tomar conocimiento de los antecedentes y de los cargos e impugnaciones formulados, garantizando el derecho de defensa de los contribuyente.
Añade que mediante las vistas oportunamente conferidas y que fueran debidamente notificadas se pusieron a disposición de la recurrente las actuaciones administrativas respectivas, habiéndose otorgado el plazo legal a efectos de que produjera su descargo y ofreciera las pruebas que hicieran a su derecho por lo que la actora pudo tomar el debido conocimiento de los hechos que sustentan el procedimiento iniciado.
Sostiene que la actora hizo uso de su derecho de defensa toda vez que tomó vista de las actuaciones y presentó su escrito de descargo el 8 de marzo de 2021 y, además, ofreció y presentó las pruebas que estimó pertinentes. Asimismo, la representación fiscal manifiesta que el Juez Administrativo haciendo uso de sus atribuciones enmarcadas por el artículo 46 del Decreto N° 1759/72 (t.o.1991), de aplicación supletoria según lo reglado por el artículo 35 del Decreto Reglamentario de Procedimiento N° 1397/79, tiene la facultad para excluir o desechar aquellas pruebas que considere innecesarias para el esclarecimiento de los hechos, siendo de interés señalar que en el derecho tributario sólo son aceptadas las pruebas conducentes.
De este modo, -dice- el artículo 46 del Decreto 1759/72 dispone que se admitirá todos los medios de prueba, salvo los que fueran manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios. Conforme surge de dicha disposición legal, el juez administrativo no se encuentra obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino que puede limitarse a las que estime conducentes para la resolución del caso y fundar sus conclusiones.
Respecto de los agravios en general, la representación fiscal manifiesta que el ajuste practicado por su mandante se fundamenta en el hecho de que, en el marco de la fiscalización realizada a la contribuyente, se constató el computo de crédito fiscal en exceso en los períodos fiscales enero de 2015 a diciembre de 2017 atribuido a diferencias entre el crédito fiscal registrado y el declarado como así también a los proveedores observados por la Administración Federal, en los ejercicios 2015 y 2016, la omisión de declarar ingresos gravados, la exteriorización de un pasivo improcedente en el ejercicio fiscal 2016 y el computo de gastos en exceso. Señala que todos los elementos recolectados fueron detallados en el acto apelado, donde se destacó cada una de las circunstancias de hecho verificadas respecto de cada uno de los proveedores observados, los cuales constituyeron un conglomerado de comprobadas irregularidades que permitieron inferir el carácter de apócrifo de los mismos.
Respecto del supuesto proveedor YBK SA, precisa la extensa tarea realizada por el personal auditor y por la cual se concluyó su carga en la Base E-Apoc como Usina de Facturas – sin capacidad económica. No se localizó al contribuyente en su domicilio fiscal, como así tampoco en los domicilios alternativos. No se localizó al presidente de la sociedad, ni en el domicilio fiscal como así tampoco en los domicilios alternativos. El contador de la firma, manifestó haberse desvinculado de la firma desde hace tiempo y que desconoce su localización. La firma no posee bienes inmuebles a su nombre. No posee rodados a su nombre. De la consulta a los sistemas informáticos no surge que los empleados declarados sean profesionales ya que el sistema padrón no lo especifica por tratarse de CUIL. No obstante, no poseer personal, presentación declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado hasta el mes de 09/2016 siendo la relación débito fiscal/crédito fiscal de 1.
En cuanto a la proveedora Jesica Beatriz Kuik, conforme se desprende de lo informado por el personal auditor los indicios que llevaron a considerar la inclusión de la contribuyente Kuik Jesica Beatriz en la base e-Apoc – Usina sin capacidad económica. La contribuyente declara numerosas y muy diversas actividades. No posee establecimiento comercial alguno. No posee personal en relación de dependencia. No se constata la existencia de bienes o servicios facturados. Se observan ventas por $113.476.559 mientras que las compras informadas, excluyendo las apócrifas son de $48.788. En sus cuentas bancarias sólo se comunica un depósito de $ 61.203 en septiembre de 2017.
En cuanto al proveedor WULFMETAL S.R.L., manifiesta que los inspectores actuantes concluyeron: que habiendo localizado a la contribuyente, Wulfmetal SRL, desconociendo uno de los Socios Gerente las actividades realizadas por la firma, desconociendo el Pasivo de $ 1970.210,78 exteriorizado en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2015 y no existiendo acreditaciones bancarias acordes a las ventas facturadas, ratifican el alta en la base E-Apoc -Sin capacidad económica-.
En cuanto a Gabino Paniagua y Cintia Almirón, Según la información suministrada cada orden de pago fue cancelada mediante varios cheques de terceros. Se realizó un muestreo de los cheques, según su significatividad y se circularizaron a los bancos emisores. Fueron solicitados 60 cheques a diferentes entidades bancarias, de los cuales fueron remitidos 40, de los cuales ninguno fue cobrado por Paniagua Gabino.
En cuanto a Cintia Almirón, fueron solicitados 26 cheques a diferentes entidades bancarias, de los cuales fueron remitidos 16. Del análisis de tales valores, observaron que sólo 3 de los mismos fueron cobrados por Almirón Cintia.
Asimismo, la representación fiscal señala que a partir de las diversas tareas de fiscalización realizadas, se obtuvieron una serie de elementos concretos y razonables que dieron por resultado que los proveedores nominados en los comprobantes no fueron, ni pudieron ser, realizadas por dichos sujetos y que se trata de comprobantes atribuidos a proveedores desacreditados como tales.
Además, añade que más allá de los agravios esgrimidos por la actora, lo cierto es que en el marco de la determinación de oficio ni siquiera intentó demostrar la realidad de las operaciones acreditando la efectiva participación del sujeto emisor de la factura como proveedor de los bienes comercializados.
Sostiene que no ha sido únicamente la falta de respuesta a las circularizaciones, ni la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y sustanciales, en forma aislada, sino que a ello se le suma, otras irregularidades como la ausencia de bienes, empleados, acreditaciones bancarias que no se relacionan con los montos facturados, etc.
Afirma que para que la documentación respaldatoria sea idónea para habilitar el cómputo del crédito fiscal del adquirente dicha documentación debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material; es decir, no sólo debe reunir los requisitos formales previstos por las normas reglamentarias dictadas por mi mandante, sino que tiene que reflejar la real operación económica o financiera que pretende documentar.
En cuanto a los agravios vinculados a la impugnación del pasivo, identificado como “Previsión por Juicios” expone que por un lado, la recurrente sostiene que corresponde ajustar la previsión de dos juicios laborales, mientras que por el otro, sostiene que infiere la existencia de tales pasivos.
De este modo la representación fiscal manifiesta que dado que la ley no da lugar a la estimación de la pérdida por el contribuyente y, cuando el legislador ha querido que ciertos hechos se computen en forma estimada, lo ha previsto expresamente como en el caso de previsiones para malos créditos aclarando el decreto reglamentario 1344/98, en su artículo 148; en el balance impositivo –dice- solo se deducirán las reservas expresamente admitidas por la ley. Por consiguiente, afirma que no son deducibles otras reservas o previsiones.
Concluye que en razón que dicho gasto está supeditado al resultado de la contienda y cuya exigibilidad y cuantía son indeterminadas hasta tanto exista una resolución judicial, atento que no resulta devengado en los términos del artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por tratarse de una obligación condicionada, cuya magnitud es incierta, corresponde la impugnación del Pasivo, correspondiente a la constitución de la Previsión por Juicios; pero –dice- que no corresponde la imputación como incremento patrimonial no justificado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 inciso f) de la ley procedimental, por lo que se deberá disminuir en la pretensión fiscal el 10% adicionado.
Finalmente destaca que la recurrente nada alega respecto a las ventas omitidas originadas en las diferencias detectadas entre las ventas declaradas en el Impuesto a las Ganancias y las que surgen de las declaraciones juradas de IVA, en los periodos 2015 y 2016 y respecto del cómputo de gastos en exceso.
En cuanto a los intereses, la representación fiscal manifiesta que permanecen fuera de todo cuestionamiento la aplicación de los intereses resarcitorios intimados en virtud del art. 37 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) atento la inexistencia de agravios sobre su imposición.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba informativa y pericial técnica, y formula reserva de designar perito y aportar puntos de pericia que estime pertinentes.
Que cita jurisprudencia aplicable al caso. Hace reserva de la cuestión federal y solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas a la actora.
III. Por PV-2021-90112158-APN-VOCV#TFN el Tribunal resuelve de la oposición a la prueba por parte de la representación fiscal, correr traslado a la recurrente por el término de cinco días, la cual mediante IF-2021- 91535365-APN-DTD#JGM lo contesta y solicita se haga lugar a la producción de toda la prueba ofrecida. Por PV-2022-25448619-APN-VOCV#TFN el Tribunal resuelve requerir a las partes para que manifiesten en el término de cinco días si consideran que la audiencia del artículo 173 de la Ley 11.683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas.
De este modo, el Fisco Nacional contesta por IF-2022-25817741-APN-DTD#JGM señalando que entiende que la audiencia se encuentra suplida con las manifestaciones ya efectuadas; mientras que la recurrente mediante IF- 2022-28321140-APN-DTD#JGM manifiesta que la audiencia deviene inoficiosa.
A tal efecto, el Tribunal por PV-2022-90862661-APN-VOCV#TFN resuelve declarar que la realización de la audiencia del artículo 173 de la Ley 11.683 deviene abstracta, no hacer lugar a la producción de la prueba ofrecida por la actora y que la causa será resuelta con las constancias de autos y sus antecedentes administrativos.
IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2022-115263180-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que mediante IF-2023-26712294-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que los presentes actuados tienen su génesis en la fiscalización practicada al encartado, en la cual se detectaron diferencias a favor del Organismo en el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2015 y 2016.
El responsable es una persona jurídica, una sociedad anónima cuya actividad principal es la fundición de metales no ferrosos y secundarias recuperación de materiales y desechos metálicos y cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche. Cierra sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre de cada año; y la autoridad de la firma es el Presidente Alberto Carlos Mendelson.
Asimismo, se deja constancia que la contribuyente Tegnal SA se presentó en concurso preventivo el 19/07/2019. El presente cargo tuvo su origen en el caso SEFI Nº 1052503 debido a que la firma es receptora de facturas pertenecientes a la contribuyente Ynoff, Sara Vanesa, sobre la que se determinara su perfil apócrifo. Declara a abril de 2018 ochenta y cuatro empleados en relación de dependencia, muchos de ellos en nómina de larga data.
La firma posee consumos relevantes en concepto de energía eléctrica y telefonía en el domicilio fiscal de la empresa, en donde es titular del inmueble.
Respecto al Impuesto al Valor Agregado, del análisis efectuado en función al origen del cargo y además de la consulta e-apoc en sus opciones CITI compras, retenciones y factura electrónica, los inspectores informan que surgen montos millonarios de créditos fiscales apócrifos. Ello analizado desde 2015 hasta 2017. De un muestreo de proveedores se observan apellidos similares a los incluidos en la base e-apoc, que ponen en tela de juicio la realidad de las operaciones computadas.
1)Graneros, Juan Gabriel, informado como proveedor de Tegnal SA en noviembre y diciembre 2017, no presentó DDJJ de IVA, no declara empleados en relación de dependencia, acreditaciones insignificantes en el periodo 2017 en una caja de ahorro. Declara ventas a través de facturas electrónicas en noviembre y diciembre 2017. Ventas totales $74.222.777,69 y Ventas Gravadas $61.599.312,77.
2)Papadópulos, Ernesto Sergio, informado como proveedor de Tegnal SA relación DF/CF=1, no posee bienes registrables, no declara empleados en relación de dependencia, acreditaciones insignificantes en el periodo 2017 en una caja de ahorro. Declara ventas a través de facturas electrónicas en periodo 2017. Ventas totales $134.869.791,78 y Ventas Gravadas $111.467.831,47.
3)Papadópulos, Franco Ariel, informado como proveedor de Tegnal SA, relación DF/CF=1. No declara empelados en relación de dependencia, acreditaciones insignificantes en el periodo 2017 en una caja de ahorro. Declara ventas a través de facturas electrónicas en el periodo 2017. Ventas Totales $207.386379,93 y Ventas Gravadas $171.288.425,89.
De acuerdo a lo expuesto la firma no solamente utiliza facturas provenientes de estructuras ficticias, sino también los ingresos declarados no solo no cubren los gastos operativos, sino que estos son extraordinariamente mayores a sus ingresos.
En cuanto al Impuesto a las Ganancias, las últimas dos declaraciones juradas vencidas y presentadas corresponden a los ciclos fiscales 2015 y 2016.
Si bien la declaración del ciclo 2016 arroja quebranto, el mismo se vería revertido producto de la impugnación de las facturas apócrifas, superando holgadamente el resultado neto negativo.
En ambos ciclos fiscales la relación débito fiscal/crédito fiscal es cercano a la unidad. Las compras y gastos imputables al costo son muy cercanas a las compras que surgen del Impuesto al Valor Agregado, entendiendo que por el nivel de remuneraciones declaradas y que se encontrarían incorporadas dentro del costo acentúan el hecho de que las compras que emergen del Impuesto al Valor Agregado se encuentran más que incrementadas. Las ventas declaradas en el Impuesto a las Ganancias resultan inferiores a las ventas en el Impuesto al Valor Agregado.
En cuanto a las tareas realizadas por la fiscalización, se concurrió al domicilio fiscal con el fin de notificar la orden de intervención ordenada mediante la cual se dispuso la fiscalización del contribuyente, junto con el requerimiento impositivo, los que fueron recibidos por el Sr. Roberto Miranda en carácter de apoderado. En el procedimiento se relevaron Libro IVA Ventas, libro Diario, facturas de compra y otra documentación encontrada en el lugar, relacionada con la hipótesis de evasión.
Como resultado se confirmó la existencia de las operaciones con proveedores incluidos en la base e-apoc y otros con inconsistencias.
Se puso en conocimiento del contribuyente las diferencias originadas en las operaciones con proveedores apócrifos y se requirió información sobre los proveedores que presentaban inconsistencias, algunos de ellos con vínculos familiares con los proveedores apócrifos.
Se solicitó al auditado que justifique las diferencias detectadas entre los ingresos declarados en el IVA y el Impuesto a las Ganancias, como así también información de ingresos, pasivos, gastos y bienes registrables. Disponiendo de los cuits de proveedores informados en el Régimen Informativo de Compras de la contribuyente, se procedió a realizar cruce con la Base Apoc, poniendo en consideración de la rubrada la impugnación de los proveedores incluidos en aquella base. A la fecha de inicio de la fiscalización, los proveedores incluidos en la base Apoc eran siete y durante el transcurso de la fiscalización se fueron incorporando nuevos proveedores a la mencionada base. A la fecha del presente informe se detectaron operaciones con 17 proveedores incluidos en la misma durante el periodo analizado.
Se detalla a continuación el análisis realizado por los fiscalizadores sobre cada proveedor.
Proveedores incluidos en la base apoc:
1)Cisterna Juan: El contribuyente se encuentra inscripto en: fabricación de metales preciosos y metales no ferrosos ncp y sus semielaborados. Declaraciones juradas IVA desde 8/2014 a 11/2015 presentadas en cero. Se intentó localizar al contribuyente en su domicilio fiscal, el cual era inexistente. No registra pagos por IVA, Ganancias ni autónomos. Información de acreditaciones bancarias como único titular año 2010: $10.042, año 2014: $708.000. Cuenta con remuneraciones efectuadas por ANSES en carácter de pensionado desde 2011 a 2016. De consulta a CITI COMPRAS INFORMADO periodo 2010 a 2016, no surgen operaciones con clientes. Se informan retenciones de escaso monto en 08/2010 y en 2012. Surge de la base de datos del Organismo que no posee propiedades ni automotores, no declara personal en relación de dependencia, no emitió facturación electrónica, solo manual.
2)Yanoff Sara Vanesa: La contribuyente se encuentra inscripta en venta al por mayor de productos intermedios ncp, desperdicios y desechos metálicos. En el Impuesto a las Ganancias constan declaraciones juradas desde 2008 a 2015, en las últimas tres presentaciones declaran los mismos ingresos y mismo monto consumido, ninguna arroja saldo a favor de la AFIP. En el Impuesto al Valor Agregado se observan presentaciones de declaraciones juradas de 2010 a 2017 con relación créditos/débitos fiscales 1 o muy cercano a 1 y desde 2010 no se registran pagos. En el régimen de seguridad social se encuentra la baja definitiva desde 02/2007. Ha sufrido retenciones y percepciones de Impuesto a las Ganancias con montos no significativos. Posee un automotor sin especificación comprado en el año 2000, valor de factura $500. Ha sido titular de cuentas bancarias hasta el año 2006. La contribuyente informó operaciones de compras por $133.324,79 y asimismo informó para todos sus puntos de venta operaciones por un total $119.838,78 de 01/2015 a 09/2017. No existe información en el sistema sobre consumos relevantes. El sistema de percepción de riesgo arroja la categoría D alto riesgo. Registra operaciones de cambio en 2009, 2010 y 2011, último año informado $32.900. El actuante se apersonó en el domicilio fiscal del contribuyente sin ser atendido por persona alguna.
3)YBK SA: contribuyente incluido en la base apoc bajo la condición sin capacidad económica. Actividad construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Presentó baja definitiva en todos los impuestos en 09/2017. Siper D. Ultima presentación de declaración jurada de Ganancias 2014. Ultima presentación de declaración jurada de IVA 09/2016. Relación débito/crédito=1. Bienes registrables, Peugeot Partner Mod. 1998. Actualmente no posee propiedades informadas. Acreditacines bancarias se informan hasta 10/2014. Emitió facturación electrónica por un total de $56.750.540,01 con crédito fiscal de $9.362.755,84 para el periodo 07/2015 a 08/2017 habiendo presentado declaraciones juradas hasta 09/2016. Nunca declaró empleados en relación de dependencia.
4)Klosteret SA: actividad principal recuperación de materiales y desechos no metálicos. Impuesto a las Ganancias inscripto desde 09/2010. Ha presentado declaraciones juradas desde 2010 a 2014. Asimismo se observan retenciones y percepciones en el presente impuesto por dichos periodos. Impuesto al Valor Agregado inscripto desde 11/2006, realizó presentaciones con movimiento hasta 04/2016 con relación débito/crédito cercano a 1. A partir de 05/2016 presentó las declaraciones juradas sin movimiento. Impuesto sobre los bienes personales presentó declaraciones juradas por los periodos 2010 a 2014. Nunca estuvo inscripta como empleadora. No posee bienes registrables. No posee acreditaciones bancarias ni cuenta a su nombre. No existe información de Escribanos informado. No se informan consumos relevantes. Ha sufrido retenciones y percepciones en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA por los periodos 2013 a 2016. No se informan operaciones de cambio. En Citi Compras ha sido como proveedor de terceros por los periodos 01/2013 a 12/2014. En Citi Ventas ha sido informado como cliente de terceros por los periodos 10/2014 a 12/2014. No ha emitido facturación electrónica en el periodo bajo análisis.
5)Graneros Mónica Maria de Lourdes: actividad principal venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del plástico y del caucho. En el Impuesto a las Ganancias presentó declaraciones juradas hasta 2014 consignando ingresos únicamente en la de 2013. En el IVA presentó declaraciones juradas hasta el periodo 09/2015. Seguridad social presentó declaraciones juradas sólo por los periodos 10/2015 a 11/2015. Bienes registrables: Renault sedan 4 puertas de 08/08/1997 y no existe información registrada de propiedades en el sistema. Cuenta bancaria en el Banco Itau sin acreditaciones informadas. Posee facturas electrónicas emitidas desde 07/2015 a 10/2017 por un monto de $435.991.832, 78 e IVA facturado $76.583.134,79. En Citi Ventas realizó presentaciones como proveedor de terceros desde 11/2013 hasta 07/2014. Siper E. Se observan operaciones de cambio para el periodo 2006. Se observan retenciones y percepciones desde 2014 a 2018. No posee empleados en relación de dependencia. Realizó cambio en el domicilio fiscal. 6)Warhaus SA: Figura en las bases del organismo la presentación de declaraciones juradas nominativas, la rubrada nunca declaró empleados. No registra alta en el Impuesto a los Bienes Personales. Se halla inscripto en ganancias Sociedades, IVA, Regímenes de Información, todos desde 10/2013. Siper E. Declaración jurada anticipada de pagos al Exterior (DAPE) por el concepto “Régimen de Courier”. En el periodo 2014 la contribuyente presentó DAPE, las cuales obran en el Efisco con estado “salidas” en importe dólares estadounidenses. De acuerdo a un relevamiento por muestreo realizado sobre los comprobantes allí consignados, la firma ha importado baterías para notebooks procedentes de Estados Unidos, totalizando un importe significativo en aquella moneda. Nunca realizó pagos por concepto alguno. No posee bienes registrables. Posee una cuenta en el Banco Patagonia abierta desde 19/11/2013 y cerrada el 15/05/2015.
7)Papadópulos Brian Ezequiel: actividad declarada venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del plástico y del caucho. Inscripto en Impuesto a las Ganancias 04/2013, IVA 04/2013, Régimen de información 02/2015, empleador 11/2015, contribuciones seguro social 04/2013. Posee cero acreditaciones bancarias. No registra pagos de IVA ni ganancias. Bienes registrables, posee un Ford Fiesta 1996. Se le notificó el requerimiento en el domicilio fiscal, el que no fue cumplimentado, se reiteró con mismo resultado. Presentó declaraciones juradas de Ganancias hasta 2014, este periodo sin exteriorizar movimiento. Presentó declaraciones juradas de IVA hasta 11/2015, este periodo sin exteriorizar movimientos. Periodos 07/2014 a 01/2015 sin movimientos. Ninguna de las declaraciones juradas presentadas arroja saldo a pagar. Se informan dos cuentas bancarias en Santander Río con último mes informado 01/2012 y acreditaciones poco significativas en 2010 y 2011. Se informan retenciones percepciones sufridas de Ganancias de 2013 a 2017 y de IVA 2013 a 2014. Siper E. Cuit inactiva.
8)Latenometal SA: Ultima declaración jurada IVA presentada 08/2018. 01/2018 a 08/2018 relación débito/crédito=0 y 11/2014 a 12/2017 relación débito/crédito=1. Solo se observan pagos de IVA hasta el 09/2015. No posee bienes registrables. Nunca declaró empleados en relación de dependencia. Emitió factura electrónica por el periodo 01/2015 a 12/2017 por un total de $408.493.688,78 con un crédito fiscal de $81.681.044,42. Presentó régimen informativo de Compras y Ventas informando compras similares a las ventas.
9)Papadópulos Franco Ariel: actividad principal declarada venta al por mayor de artículos de plástico. Se encuentra inscripto en el Impuesto a las Ganancias, IVA y Autónomos desde 14/03/2017. Siper E. Se notificó requerimiento en el domicilio fiscal, el que no fue cumplimentado. Bienes registrables, posee un automóvil. No posee personal en relación de dependencia. Acreditaciones bancarias de escasa magnitud. Impuesto a las Ganancias a la fecha del informe no se observa presentación para este gravamen dado que la fecha de inicio de actividad es 03/2017 y su vencimiento operó en 06/2018. Se observan presentaciones formales en IVA desde 03/2017 a 02/2018 siendo la relación débito/crédito=1. Adquirió moneda extranjera en 01/2018.
10. Gimenez JuanManuel. Inscripto en Ganancias 2001, IVA 2001, Autónomos 2001, Regímenes de Información 02/2017, Bienes Personales 2018. Presentó declaraciones juradas de Ganancias hasta 2014. Presentó declaraciones juradas de IVA hasta 08/2017 con relación débito/crédito cercana a 1. No efectuó retenciones. Posee retenciones sufridas en Ganancias hasta 2018 y en IVA hasta 2017. Acreditaciones bancarias informadas hasta 2014. No posee propiedades. Actualmente posee un Ford Pick Up Ranchero 2006. No posee empleados en relación de dependencia ni alta como empleador. Solo se observan pagos de IVA de escasa cuantía. 11)Kuik Jesica: El contribuyente solo efectúa la presentación de las declaraciones juradas de IVA por los periodos 07/2016 a 01/2017. Los únicos pagos que se comunican corresponden al régimen de autónomos por el mes de 06/2017. No es declarada como empleada en relación de dependencia y no se informan participaciones societarias. No se observan bienes registrables a su nombre. No se comunican títulos ni acciones a su nombre. Se observan dos cajas de ahorro en pesos a su nombre como único titular en el Banco Macro y en el Banco Francés. El BCRA no informa operaciones de cambio. No se comunican consumos relevantes. No declara personal en relación de dependencia. La contribuyente declara numerosas y muy diversas actividades. No posee establecimiento comercial alguno. No se constata la existencia de bienes o servicios facturados. En sus cuentas bancarias solo se comunica un depósito de $61.209 en 09/2017. Presentó solamente declaraciones juradas de IVA desde 06/2017 a 04/2018 sin efectuar pagos. Siper E.
12)Servicios Segu SRL: El contribuyente se encuentra inscripto en el Impuesto a las Ganancias, IVA y Regímenes de información desde 06/2017. No se observan presentaciones en el Impuesto a las Ganancias. IVA: se observan presentaciones formales para este gravamen siendo la relación débito/crédito=1. No se registra pago alguno para este gravamen. La sociedad ha sufrido retenciones en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias en 2017 y 2018. No posee bienes registrables. Según los datos extraídos de Efisco siter, registró una cuenta bancaria que operó entre los meses de 06/2017 a 10/2017 con acreditaciones. No registra operaciones de cambio con movimientos.
13)Escobar Franco: Se intentó ubicar al contribuyente en el domicilio fiscal, el cual resultó inexistente. Se visitó el domicilio informado como alternativo donde manifestaron no conocer al rubrado. Se halla inscripto en el Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes a la seguridad social desde 2017. No presenta nómina de empleados en relación de dependencia. No presentó declaraciones juradas de Ganancias. No posee bienes registrables. No posee operaciones de cambio. No posee participaciones societarias. No se informan pagos. La únicas acreditaciones bancarias informadas corresponden a 03/2018 por $45.363. No se informan consumos relevantes. Se registran escasos montos de retenciones y percepciones. De la consulta relaciones solo surgen mencionados sus hijos y la señora Escobar María Elena.
14)Wulfmetal SRL: su actividad principal es venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos metálicos. Se notificó requerimiento en el domicilio fiscal el que no fue cumplimentado. DDJJ IVA presentó hasta 06/2014 inclusive. DDJJ Ganancias presentado periodo 2015. Bienes registrables no posee. Posee dos cuentas bancarias en el banco Itau y en el banco Galicia con acreditaciones por $65.579 en 2016 y $110.319 en 2017. Las mismas no son acordes con las ventas facturadas. Sin información del BCRA sobre operaciones de cambio. Análisis de declaraciones juradas, la contribuyente exterioriza un pasivo en las declaraciones juradas de Ganancias 2015 que asciende a $1.970.210,78 de los cuales $1.950.069,60 son deudas con la firma Estoicos Group SA de la cual el Sr. Wulfman Mariano es Presidente, encontrándose en dicha firma en relación de dependencia. Asimismo se labró acta donde el sr. Wulfman manifestó que no tiene relación con la firma desde su inicio, habiéndose constituido con su primo Ignacio Wulfman la sociedad en junio de 2015. Si bien era socio gerente vendió su parte mediante Escritura y manifestó que en el periodo que tuvo su participación societaria no desarrolló él actividades en la empresa, desconociendo los movimientos llevados a cabo por Wulfmetal SRL. 15)Papadópulos Ernesto Sergio: el contribuyente exteriorizó sus declaraciones juradas de IVA para el periodo comprendido entre 09/2016 y 08/2017 ingresos de $69.478.447,90 y compras de $69.586.011,90. La relación débito/crédito es de 0,99. No declara empelados en relación de dependencia. Declara escasos pagos en el Organismo, IVA 2017 $200. Se notificó requerimiento en el domicilio fiscal, el que no fue cumplimentado y se reiteró con igual resultado. No informa domicilio de establecimiento. En las facturas electrónicas tipo A que emite consta el domicilio fiscal. Posee retenciones sufridas en ganancias. Posee una propiedad en Mar del Plata. No posee automotores. No hay información CITI compras y ventas. Las declaraciones juradas en ganancias se encuentran presentadas hasta el año 2015 en cero, periodo 2016 a la fecha sin presentación.
16)Graneros Ricardo Emanuel: No posee declaraciones juradas presentadas en Impuesto a las Ganancias. Presentó declaraciones juradas de IVA por los periodos 02/2017 a 05/2017. No se observan pagos en IVA ni Ganancias. No posee bienes registrables. No registra información sobre nómina salarial. Se notificó requerimiento en el domicilio fiscal, el que no fue cumplimentado y se reiteró con igual resultado. Los montos de factura electrónica realizada en el periodo fiscal 03/2017 a 10/2017 es de $320.774.529,46. Acreditaciones bancarias: año 2018 $179.644 y año 2017 $1.468.721. Siper E. Cuit Inactiva.
17)Graneros Juan Gabriel: declaraciones juradas en IVA presentadas en 11/2017 a 12/2017 y 05/2018. Relación débito/crédito cercara a 1. Informada como empleada en relación de dependencia en 2016 y 2017. No posee empleados en relación de dependencia declarados. No presentó régimen informativo de compras y ventas en ningún periodo. Facturación electrónica emitida desde 11/2017 a 08/2018 por un total de $261.041.166,04. Los bienes registrables que informa son un automóvil recientemente vendido y una motocicleta aun de su propiedad. No posee información de propiedades. Siper E. Tiene marcas al padrón por no contestar requerimientos. Proveedores con inconsistencias:
18)P y B SRL: Cuit inactiva desde 01/2018. Siper E. Solo figuran pagos de IVA año 2011 ($2.300). Sufrió retenciones de ganancias desde 2014 hasta 2016. No hay información de automotores ni propiedades de su titularidad. Ventas informadas por terceros desde 01/2015 hasta 04/2016 $16.703.160,42. No emitió facturación electrónica.
19)Paniagua Gabino: No presentó nunca declaraciones juradas de ningún impuesto. No hay información Citi Compras o Citi Ventas. Bienes registrables informados, solo una propiedad al 50%. Nunca tuvo empleados en relación de dependencia declarados. No hay información de retenciones sufridas o efectuadas.
20)Perazzini Alberto Aurelio: estado de domicilio no informado. No posee empleados en relación de dependencia. Contribuyente inscripto en fabricación de tejidos de alambre. El proveedor no informa facturas registradas por Tegnal SA.
21)Almirón Cintia: No presentó declaraciones juradas de Ganancias. Presentó declaraciones juradas de IVA hata 02/2017. Siper E. No posee empleados en relación de dependencia. Bienes registrables Renault 19. Nunca emitió factura electrónica.
22)Obsoleto SRL: no se visualizan pagos de IVA. Declaraciones juarads de Ganancias 2015 y 2016 sin movimiento. No hay información de Citi compras o Citi ventas. No posee bienes registrables informados a su nombre. No posee acreditaciones bancarias. Siper E. Tiene marcas al padrón por no contestar requerimientos. Año 2015 dos empleados declarados. Año 2016 sin empleados, pagos mínimos.
Por otro lado, teniendo en cuenta las restituciones de créditos y débitos fiscales, se obtuvo las ventas netas declaradas en IVA para el ejercicio 2015. De la comparación entre éstas y las ventas declaradas en el Impuesto a las ganancias para el mismo ejercicio, surgió una diferencia de ventas declaradas en Ganancias inferiores a las declaradas en IVA.
Asimismo, se impugnaron los mayores de las cuentas fletes, gastos de comedor y gastos productivos, por no haber aportado la contribuyente la documentación de respaldo.
Además, se impugnó la “previsión por juicios” por no encontrarse prevista legalmente.
De igual modo, las diferencias en los montos de las retenciones computadas por la contribuyente con las informadas en base de datos de la AFIP, resultando diferencias en el ejercicio fiscal 2015 y coincidencias en el ejercicio fiscal 2016.
VI. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de la resolución administrativa por no haberse abierto a prueba en la etapa de determinación de oficio, vicios en su motivación y finalidad.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal, circunstancia que se encuentra cumplida en el acto recurrido en su hoja 20, 21 (ver fs. 22 y 49 de autos). Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional.
Que, la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida. Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifos de los proveedores mencionados en el considerando V.
Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que en definitiva no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del impuesto al valor agregado, sino que en virtud de la normativa del impuesto a las ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y/o servicios han sido efectivamente recibidos y/o prestados, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde confirmar este ajuste.
VIII. Que el Fisco Nacional determinó también los siguientes ajustes:
a) Diferencias entre las ventas declaradas en el Impuesto a las Ganancias 2015 y 2016 y las que surgen de las declaraciones juradas de IVA, dando lugar a la determinación de ventas omitidas por esos periodos y el origen de las diferencias entre los créditos fiscales declarados en las declaraciones juradas de IVA períodos fiscales 01/2015 A 12/12/2017 y los que surgen de los libros IVA Compras.
b) Impugnación de gastos computados por la contribuyente en el cuadro de gastos del balance comercial cerrado al 31/03/2016 obrante a fojas 382 del cuerpo ganancias, a saber: Fletes, Gastos de comedor y Gastos productivos, ya que se le requirió la documentación respaldatoria de dichos gastos, la contribuyente no aportó comprobante alguno.
c) Diferencias en los montos de las retenciones computadas por la contribuyente con las informadas en base de datos de la AFIP, resultando diferencias en el ejercicio fiscal 2015 y coincidentes en el ejercicio fiscal 2016. d) Impugnación del saldo a favor del ejercicio fiscal 2015 declarado toda vez que de la consulta a los sistemas informáticos del organismo, “sistema de cuentas tributarias”, surgió un saldo de monto utilizado en forma improcedente.
Respecto de estos ajustes la actora no expresa agravio alguno, razón por la cual corresponde tenerlos por consentidos y, en consecuencia, confirmar los mismos.
IX. Que resta analizar el ajuste determinado por el Fisco Nacional, consistente en la impugnación de la deducción del pasivo computado como previsión para juicios laborales.
La contribuyente manifiesta que las previsiones corresponden a juicios laborales que tramita desde el año 2008 en autos “Nuñez, Damián Cosme c/Tegnal S.A. y otro s/Accidente. Acción Civil (Expediente N° 35.967/2008) en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 23, Secretaría Única, sito en la calle J. D. Perón N° 990, Piso 1° de CABA y en autos “Herrera Eugenio Rodolfo c/Tegnal SA s/Despido“, en trámite por ante el Tribunal del Trabajo N° 5 del Depto. Judicial de San Justo, sito en la calle Dr. Enrique Eizaguirre N° 2470 de la localidad de San Justo, Pcia. de Buenos Aires Juzgado e incluidas en Deudas Sociales en cada ejercicio y que ninguno de los expedientes tiene sentencia firme, ni fue conciliado.
El Fisco Nacional, en función de la medida para mejor proveer producida en sede administrativa, infiere la existencia de los pasivos en trato, pero cuestiona el tratamiento impositivo efectuado por la actora, por considerar que no se han devengado, no siendo deducibles como previsiones, por no estar expresamente admitidas por la ley. Corresponde señalar que le asiste razón al Fisco Nacional en cuanto a que cuando el legislador ha querido que ciertos hechos se computen en forma estimada lo ha previsto expresamente como en el caso de las previsiones para malos créditos. En tal sentido el artículo 148 del Decreto Reglamentario del tributo (1344/98) en su artículo 148 aclara que en el balance impositivo solo se deducirán las reservas expresamente admitidas por la ley, no siendo deducibles otras reservas o previsiones.
Al respecto cabe señalar que la Ley 25063 (B.O. 30/12/1998) derogó el inciso f) del artículo 87 de la ley del gravamen, el cual se refería a la previsión para indemnización por despido. Por lo tanto a partir de la misma, no se permite la deducción de importe alguno para la constitución de la provisión, previsión o reserva como se la denomine contablemente.
En definitiva, las previsiones deducidas por la actora no se encuentran previstas en la ley y, además, debe tenerse en cuenta que la deducción de tales importes es permitida como un gasto más, siempre que se encuentre devengado en los términos del artículo 18 de la ley, lo cual no acontece en el caso de autos por carecer los juicios laborales de sentencia firme, es decir, la exigibilidad del gasto y su cuantía resultan indeterminadas hasta tanto exista una resolución judicial firme, razón por la cual corresponde confirmar también el criterio fiscal en este aspecto.
X. Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado. Con costas.
XI. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.20 14:08:18 ART Date: 2023.03.20 15:42:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.20 15:58:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.20 15:58:56 -03:00
Fin de la sentencia