Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA Nº 8290/13, recaída en el expediente administrativo Nº 12039-866-2008, con costas.
I. Que la firma NIZA S.A. se presenta, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 8290, dictada en fecha 26/11/13 en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12039-866- 2008, por la cual se la intima al pago de multa y tributos por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, en relación a la destinación de importación temporaria DIT Nº 01 001 IT14 003484 C. La apelante sostiene que se documentó el ingreso de 102 unidades correspondientes a paletas, que constituyen dispositivos de cierre para la exportación de mantequilla de maní, y que efectuó la reexportación de las mismas a través de los permisos de embarque 03 017 EC04 000036C y 01 083 EC03 001164 F, en tiempo y forma. Opone excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas y reclamar tributos, cuestionando que el auto de apertura del sumario fue notificado excediendo en más de tres años el plazo de prescripción, y que ello importa una violación del principio de defensa. Plantea la nulidad de la resolución, sosteniendo que adolece de vicios en la causa, la motivación y el procedimiento. Afirma que la Aduana no dio argumento sobre los motivos por los que consideró en infracción parte de la mercadería. Asimismo, sostiene que la DGA incumplió con las disposiciones del Código Aduanero en materia de procedimiento, ya que no intentó llegar a la verdad material, condenando a la importadora sin explicación, y que ésta no permitió alegar en el sumario administrativo, por lo que considera cercenado su derecho de defensa en juicio. Manifiesta que ha aportado la documentación que prueba el cumplimiento del régimen de importación temporal, destacando que la mercadería ingresada al amparo de la destinación fue exportada en el mismo estado. Cuestiona la graduación de la multa fijada en una vez y medio el importe de los tributos que gravan la importación a consumo de los insumos en cuestión, solicitando para que caso que se confirme el reproche infraccional, la reducción de la misma al mínimo. En subsidio plantea la nulidad de la liquidación, señalando que no corresponde la percepción del derecho adicional, citando el precedente “Frisher S.R.L.C/ANA”. Ofrece prueba informativa. Solicita se dicte la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas y reclamar tributos o se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y copias que contengan el escrito en traslado, que no sean objeto de un expreso reconocimiento. Desconoce la prueba documental aportada por la actora que no coincida con la obrante en el expediente administrativo. En relación a la excepción de prescripción, manifiesta que la apelante incurre en un error respecto al cómputo de los plazos, confundiendo la fecha de notificación en relación a la apertura del sumario y la corrida de vista. Manifiesta que la aludida prescripción no ha operado, solicitando su rechazo. En igual sentido, sostiene que los planteos sobre defectos de procedimiento deben ser desestimados. Que lo actuado en sede administrativa es ajustado a derecho, y que se ha aplicado la normativa vigente que rige la cuestión. Destaca que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal, recae sobre la importadora. Y que ésta debe demostrar con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido con la totalidad de las obligaciones dentro del plazo legal. Que las constancias obrantes en el expediente administrativo desvirtúan los agravios esgrimidos por la actora. Sostiene la procedencia en la liquidación, del porcentual de derecho adicional. Respecto a la multa, sostiene que queda a criterio del juzgador la graduación de la misma, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor. Cita jurisprudencia y normativa aplicable. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas N° 12039-866-2008, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia rechazando la apelación, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-866-2008 se inician a fs. 1 con el acta de la denuncia de fecha 19/11/2003. A fs. 4 se encuentra la carpeta de la DIT 01 001 IT14 003484 C. A fs. 5 obra denuncia SE PRTE Nº 9161/03 de fecha 19/11/2003 por el total de la mercadería. A fs. 11 se liquidan los tributos y se determina la multa. A fs. 16/17 se encuentran copias certificadas de las pólizas Nº 507.415 y 515.904 emitidas por Aseguradora de Cauciones S.A. compañía de seguros. A fs. 19 con fecha 17/12/2008 se dispone la instrucción del sumario, se corre vista a la importadora NIZA S.A. y se cita a la compañía de seguros. A fs. 21 se rectifica la corrida de vista en lo que respecta a los tributos reclamados. A fs. 28 se encuentra acuse de recibo de notificación de fecha 10/05/2013, dirigida a la importadora. A fs. 29 obra cédula dirigida a la aseguradora, notificada con fecha 07/05/2013. A fs. 30/53 presenta su descargo la importadora. A fs. 55 obra la Nota 3536/2013 de fecha 12/06/2013 que ratifica parcialmente la denuncia efectuada en autos, considerando que sólo se encontraría descargada 56 unidades de los insumos importados temporalmente. A fs. 58/59 se reliquidan los tributos y multa. A fs. 210/213 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 8290 de fecha 26/11/2013, apelada en la especie.
IV. Que corresponde, en primer lugar, analizar el planteo de prescripción formulado por la actora, respecto la acción del Fisco tanto para imponer penas como para percibir tributos.
Que la actora se agravia de que el plazo de prescripción comenzó a correr el 01 de enero de 2004, atento que la destinación temporal vencía con fecha 25 de junio de 2003, por lo cual la acción prescribía al 31 de diciembre de 2009. Sostiene que se apertura sumario el 17 de diciembre de 2009, y que la notificación fue practicada, llamativamente, el 7 de mayo de 2013, es decir transcurrido en más de tres años el plazo de prescripción referido. Que los artículos 934 y 935 del Código Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del Código Aduanero establece en su inciso a) y d), que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; (…) d) El dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.”
Corresponde destacar que la actora incurre en un error al mencionar la fecha de apertura a prueba del sumario, toda vez que dicho acto tuvo lugar el día 17 de diciembre de 2008, tal como surge de las constancias del expediente administrativo a fs. 19. Conforme lo expuesto y la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la DIT en cuestión (25/06/2003), la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2004), la fecha de apertura del sumario (17/12/2008) y la fecha en que se dicta la resolución en recurso (26/11/2013) se concluye que no se constata en el caso de autos la pretendida prescripción de la acción aduanera para imponer penas por las infracciones aduaneras.
V. Ahora bien, corresponde analizar el planteo de prescripción de la pretensión aduanera introducido por la actora en lo que refiere a los tributos.
Que la cuestión se encuentra expresamente regulada por los artículos 803 y siguientes del C. A., el cual establece que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, conforme lo dispone el art. 804, primera parte. Por aplicación de las citadas normas resulta que la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr el 1 de Enero de 2004, toda vez que el hecho gravado ocurrió al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporalmente que, en el presente caso, tuvo lugar el 25/06/2003.
Que, por su parte, el art. 805 del C.A. determina que la prescripción para percibir los tributos se suspende, entre otros supuestos, desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
De conformidad con las constancias de las actuaciones administrativas, la resolución que dispone la instrucción del sumario data de fecha 17/12/2008, por lo que desde la mencionada fecha y hasta el dictado de la resolución definitiva aquí apelada (26/11/2013), la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se mantuvo suspendida en los términos del art. 805 inciso a) del C.A.
En consecuencia, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2004 y se vio suspendido desde el 17/12/2008 hasta el 26/11/2013, fecha en la cual la Aduana formula cargo a la recurrente por los tributos correspondientes a la destinación objeto de autos, por lo que cabe concluir que el servicio aduanero ha ejercido su acción para percibir tributos cuando aún no se había operado la prescripción, por lo que corresponde rechazar la excepción formulada por la actora.
VI. Sentado lo precedente, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho, en lo que ha sido materia de recurso.
Que no resulta controvertido que, mediante la destinación Nº 01 001 IT14 003484 C, la firma importadora NIZA S.A. documentó la importación temporaria de mercadería consistente en paletas con dispositivo de cierre, correspondiente a la P.A. 3923.10.00.110E, por una cantidad de 102 unidades, al amparo del régimen conforme decreto 1439/96, y por un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó el 25/06/03.
Que, por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la propia firma, la mercadería quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia – conf. artículo 250 C.A. – o eventualmente, a convertirse su importación, en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
Que, conforme constancias de autos, la Aduana determinó, mediante Nota N° 9161/03 (SE PRTE), que la importadora habría incumplido con la obligación de exportar la totalidad de la mercadería, motivo por el cual se instruyó el sumario, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Que la apelante NIZA S.A., al momento de efectuar su descargo, acompañó copias de permisos de embarque y un Certificado de Tipificación y Clasificación que acreditarían la cancelación del régimen, en virtud de lo cual la DGA, mediante Nota Nº 3536/13 (SE PRTE) de fecha 12/06/13, ratificó parcialmente la denuncia, concluyendo que se encontrarían en infracción 46 unidades de los insumos importados.
VII. Que corresponde a los beneficiarios de regímenes preferenciales, como el de la especie, la obligación de demostrar en forma fehaciente, y mediante la documentación aduanera adecuada – esto es los permisos de embarque y los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que permiten establecer la identidad de los insumos importados en la mercadería exportada – el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación.
Que, al respecto, cabe destacar que la importación temporaria de marras fue efectuada al amparo del régimen del Decreto N° 1439/96 (vigente al momento de la oficialización de la DIT) que, en el art. 14, dispone que el beneficiario del régimen deberá obtener un Certificado de Tipificación y Clasificación, a cuyo efecto deberá presentar ante el organismo pertinente una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el CTC en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero. Que, asimismo, el tercer párrafo del art. 9 de la Res. ME 72/92 (aplicable conforme art. 36 del citado decreto) establece que LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen. Que la forma entonces de acreditar la salida de la mercadería introducida temporariamente es dejando constancia, en el cuerpo del permiso de embarque respectivo, que la mercadería allí documentada coincide con la importada previamente en forma temporaria, de modo que el servicio aduanero se encuentre en condiciones de efectuar el debido control. En ese aspecto, el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa.
Que al momento de contestar la corrida de vista, la importadora ha acompañado copia simple de los permisos de embarque Nº 03 001 EC04 000036 C, Nº 01 083 EC03 001164 F, y copia del Certificado de Tipificación y Clasificación Nº 2554 (Sol. 061-003030/97)
Que lo cierto es que la Aduana concluyó que sólo se encontrarían descargadas 56 unidades, quedando en infracción 46, sin brindar mayores precisiones.
Que conforme se advierte del análisis de los permisos de embarque aportados por la actora, la destinación 03 001 EC04 000036 C habría cancelado la cantidad de 56 unidades, imputando en la hoja de descarga correspondiente, que dicha cantidad corresponde a la DIT 01 001 IT14 003484 C, deduciendo que esta cuantía es la considerada efectivamente descargada por la DGA.
Que respecto al P.E. 01 083 EC03 001164 F, analizada la hoja de descarga se aprecia que, mediante dicha operación, se habrían descargado 49 unidades correspondientes a la DIT 3484 C, consignando el CTC es 061- 003030; cabe aclarar al respecto que se encuentra glosado en autos la copia del Certificado de Tipificación Nº 2554 (Sol. 061-003030/97), comprometido en el permiso referido.
Que del análisis precedente se concluye que ha resultado acreditada la exportación en tiempo y forma de las 102 unidades de insumos importados temporariamente mediante el DIT N° 01 001 IT14 003484 C, a través de las destinaciones Nº 01 083 EC03 001164 F y 03 017 EC04 000036 C, oficializadas en fecha 31/10/2001 y el 19/06/2003, por lo que corresponde dejar sin efecto la exigencia tributaria y la multa impuesta a la firma NIZA S.A.
VIII. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución DE PRLA Nº 8290/13, recaída en el expediente administrativo Nº 12039-866-2008, con costas.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Diego Cicala (20-24588705-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.10.24 10:30:06 -03:00 Date: 2023.10.24 11:11:11 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.24 11:11:12 -03:00
Fin de la sentencia