Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 45.954-I
I. Que, a fs. 11/25vta. la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 3427/2015 de fecha 16/09/2015, notificada con fecha 27/10/2015, suscripta por la Sra. Mirta Susana Calvo de la División Jurídicos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se aplica sanción de multa de ($39.915,40), por los períodos fiscales nero de 2011 a diciembre de 2011, equivalente al 50% del Impuesto al Valor Agregado dejado de ingresar, sustentada en el art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones), con la reducción prevista en el art. 49 de la misma norma legal.
Por su parte, a fs. 79/95vta (en el marco del Expte. N° 45.954-I acumulado a las actuaciones principales) la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 3848/2015 de fecha 09/11/2015, notificada con fecha 14/12/2015, suscripta por el Sr. Jefe (Int.) de la División Jurídicos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se aplica sanción de multa de ($62.090,93), por el período fiscal 2011, equivalente al 50% del Impuesto a las Ganancias supuestamente omitido, en los términos del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones), con la reducción prevista en el art. 49 de la misma norma legal.
Indica que, las resoluciones apeladas son el corolario de un procedimiento administrativo arbitrario, por cuanto justificó debidamente los movimientos comerciales y bancarios entre la mercadería adquirida y las ventas realizadas. A su entender, queda expuesto que los cheques que invoca la AFIP, no tienen que ver con la actividad comercial, y que se ha violado su derecho de defensa, se han desconocido pruebas y no se han valorado informaciones públicas e informes de la policía.
Manifiesta que, jamás presentó las DDJJ rectificativas como afirma el Fisco en las resoluciones. Sostiene que, las acreditaciones bancarias que el Fisco argumenta no son propias, relata las amenazas sufridas por un supuesto prestamista llamado “Airoldi” para justificar esos ingresos que desconoce.
Señala que, los cheques detectados en su cuenta corriente no tienen relación ni con la compra de mercaderías ni con la venta de mercadería. Indica que, no ha omitido ingresos, que siempre ha abonado los impuestos en función de las ventas reales del comercio. Destaca que de la constatación de las facturas de compra de mercadería, de los cheques de pagos de dicha mercadería y de la facturación del negocio, se puede corroborar que no existe omisión en el pago de los impuestos. Argumenta que de los propios movimientos comerciales, económicos y contables y de la evolución de la cuenta corriente, queda expuesto que esos valores son ajenos a toda su operatoria comercial y denuncia como aparecieron en su cuenta. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal. Finalmente, solicita se revoquen las multas aplicadas, con costas.
II. Que, a fs. 36/47vta y fs. 122/133, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos que le fueran conferidos, solicitando el rechazo de los recursos y la confirmación de las resoluciones apeladas, con costas.
Esgrime que las multas apeladas hallan su origen en una fiscalización efectuada por el Organismo recaudador, mediante la cual se pudo constatar la omisión de declarar ingresos y sus respectivos créditos fiscales, como así también el cómputo de créditos fiscales en exceso por los períodos fiscales en crisis.
Manifiesta que, el contribuyente presentó las declaraciones juradas respectivas en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, generándose una diferencia a favor del Fisco por la suma de $239.492, y por la suma de $372.545, respectivamente.
Indica que, las conductas desplegadas por el contribuyente encuadran en la figura de negligencia culposa, prevista y penada por el art. 45 de la Ley 11.683.
Niega todos y cada uno de los hechos alegados por la contribuyente, que no fueran materia de expreso reconocimiento en el responde o no surgieran de los antecedentes administrativos que se acompañan.
Indica que, el contribuyente sostiene que las sumas detectadas no se corresponden con sus compras y sus ventas no guardando ninguna relación con el giro de su negocio. No obstante, presentó las rectificativas conformando la pretensión fiscal, por lo que los agravios al cálculo del impuesto resultan improcedentes.
Sobre la negativa y el desconocimiento que hace el contribuyente respecto de las rectificativas presentadas, expone que mal puede desconocer ese hecho, cuando surge claramente de los antecedentes administrativos que el contribuyente presentó con fecha 20/04/2012 la declaración jurada original con saldo cero; con fecha 03/05/2012 la rectificativa N°1 también con saldo cero y, por último, en fecha 23/04/2015 la rectificativa N°2 con saldo a favor del Organismo de $372.545 (fs. 12 de los A.A.). Asimismo, a fojas 03 y 04 podrá apreciar las impresiones de las declaraciones juradas rectificativas N°1 y N° 2 presentadas. (Expte. 45.954-I).
Manifiesta que, el sujeto pasivo del tributo, conocía la normativa vigente y las circunstancias de hecho, de ese modo, se responsabilizó por los datos volcados en las declaraciones juradas presentadas originales, los cuales no coinciden con la realidad de sus negocios. La responsabilidad por la presentación de las declaraciones juradas inexactas subsiste aún después de concretar su voluntad de presentar una rectificativa.
Afirma que, no existen vicios que tornen nulo el procedimiento, habiendo sido efectuado de conformidad con las normas aplicables, no existiendo agravio concreto del contribuyente que vulnere garantía constitucional alguna. Por lo tanto, se observa que las sanciones impuestas se encuentran perfectamente motivadas, causadas y se han respetado el derecho de defensa.
En relación al “quantum” de las multas cabe mencionar que las mismas se ajustan a la normativa aplicable en la materia y que el hecho de no poseer antecedentes sumariales en nada afecta la discrecionalidad que posee el juez administrativo actuante en la graduación de la sanción, lo que según surgen de las resoluciones apeladas, fueron tomando en consideración por dicho funcionario, por lo que resulta asimismo improcedente la excusación de las sanciones por la carencia de dichos antecedentes.
Con respecto al “error excusable” alegado por el contribuyente, advierte que para que proceda el error en la declaración jurada, el mismo debe ser probado y procede en los casos en que la norma aplicable al caso resulte compleja, oscura, novedosa, o admitiera diversas interpretaciones que hubieran impedido al responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender el verdadero significado del precepto legal de que se trate.
Concluye que, encontrándose debidamente acreditados y probados en autos el elemento material y el elemento subjetivo requeridos por el tipo infraccional sancionado y siendo que las argumentaciones del contribuyente resultan insuficientes a los fines de exculparla de su obrar culposo, solicita se confirmen las resoluciones apeladas en autos con costas. Ofrece prueba, cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 56 se abre la presente causa a prueba, haciendo lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional en relación a la prueba testimonial y al informe pericial contable, y haciendo lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora, ordenando que se libren oficios a la AFIP-DGI, al Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de la ciudad de Azul, al Juzgado de Paz Letrado de Benito Juárez, Juzgado Federal N° 1 de Azul-Secretaría N° 5 de la ciudad de Azul. A fs. 66/67, 149/217, y 258/286 lucen las contestaciones de oficio de AFIP-DGI, del Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de la ciudad de Azul y del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Azul, respectivamente. A fs. 309 se tiene a la parte actora desistida de producir la prueba informativa dirigida al Juzgado de Paz Letrado de Benito Juárez. A fs. 139 luce la sentencia de acumulación del Expte. N°45.954-I al Expte. N°45.477-I caratulados: “Maggiolo Cesar Alfredo s/Apelación”.
IV. Que, posteriormente, con el dictado de la Ley N° 27.541, este Tribunal dispuso intimar a las partes en la PV-2022- 52081644-APN-VOCVI#TFN, para que informaran si las sanciones discutidas en las presentes actuaciones se encontraban alcanzadas por el beneficio establecido en el art. 12 párrafo cuarto de la Ley N° 27.541( y modificatorias). Mediante el RE-2022-78986689-APN-SGAI#TFN, el Fisco Nacional evacua la intimación practicada, e informa que “… “de acuerdo a lo solicitado se informa que no existen constancias en nuestros registros sobre la cancelación de las obligación sustanciales que dieran origen a las multas apeladas (IVA Periodos Fiscales 01/2011 a 12/2011 y Ganancias PF 2011)”
Que, a fs. 318 se clausura el periodo probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y seguidamente se ponen los autos para alegar. A fs. 324/327 luce agregado el alegato del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho, pese a encontrarse debidamente notificada (vide fs. 321). Inmediatamente, se pasan los autos a sentencia.
V. Que, corresponde en primer término tratar los argumentos de nulidad impetrados por la apelante.
En ese sentido, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II , 9/10/96, entre otros).
Los argumentos señalados por la parte se traslucen en la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el organismo fiscal, lo que no resulta fundamento válido para la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de las resoluciones apeladas, pero nunca a su anulación.
En efecto, no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos de las resoluciones apeladas, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos, por lo que este Tribunal no observa que se haya violentado el derecho de defensa de la actora.
Sentado el carácter restrictivo para la procedencia de las nulidades, cabe precisarse que respecto a lo estrictamente formal, las resoluciones discutidas, en cuanto al acto administrativo en sí, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.
Por otro lado, en cuanto al agravio de la falta de merituación de la prueba por parte de la fiscalización, ello por sí sólo, no puede considerarse como causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que en la alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en la primera instancia (CPCC art. 206). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que establece la ley de procedimiento fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquimica SACIM” fallo del 5-7-77) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido posibilidad de proponer las medidas que estime conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
En definitiva se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal y excede el marco de la nulidad planteada.
Por todo lo expuesto corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas en este caso en atención a lo dispuesto por el Máximo Tribunal en el fallo “Bolland” del Máximo Tribunal.
VI. Que, corresponde a este Tribunal resolver si las multas aplicadas referentes al Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 1/2011 a 12/2011 y al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011, en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) se ajustan a derecho.
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”.
En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificarse en forma concurrente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Señalado ello, cabe destacar que conforme surge del informe final de inspección los cargos se originan en la información obtenida por el Fisco en la base E-FISCO, informados en el “SITER”, “acreditaciones bancarias” y se procede a comparar el importe total de éstas con el importe de ingresos por ventas declaradas en el IVA durante los períodos en crisis, considerando las depuraciones efectuadas por el contribuyente en el requerimiento fiscal electrónico y el importe de ingresos exentos declarados en la declaración jurada del impuesto a las ganancias.
Ahora bien, pese a los dichos de la recurrente, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente efectuó las correspondientes rectificaciones, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción. Cabe señalar que de las actuaciones administrativas surge que la contribuyente rectificó sus declaraciones juradas relativas al Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 1/2011 a 12/2011 y en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2011 (conforme fs. 36/47 AA del Expte. N° 45.477-I, fs. 4 de los AA del acumulado) En este sentido, cuadra indicar que quien haya presentado una declaración inexacta, omitiendo el pago del impuesto resultante, aun cuando la rectifique queda incurso en el ilícito material de omisión de impuesto al concurrir los presupuestos esenciales (conforme art. 13, ley de rito). Ahora bien, ello no implica que debe analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular.
Así, en relación con el elemento subjetivo, como ya se señaló el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental, requiere para su configuración del elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo fue declarar gastos datos en las declaraciones juradas que no representaban la verdadera situación fiscal de la contribuyente.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006; Sala I del fuero, “B de T S.A. c. EN-AFIP DGI-Resol. 130/2007 (CEN) s/ dirección general impositiva”, expte n° 12.171/07, del 11/08/2011 y Sala II, in re “Scalise María Gabriela (TF 23933-I) c. DGI”, expte. 43.115/2011, del 10/04/2012 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017. Cabe señalar que la prueba producida por la actora en autos (oficios diligenciados a la AFIP-DGI, al Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de la ciudad de Azul y al Juzgado Federal N° 1 de Azul-Secretaría N° 5 de la ciudad de Azul), lejos están de poder rebatir la postura fiscal, o demostrar que existió en el particular un supuesto de “error excusable”. Ni la denuncia iniciada por el supuesto prestamista, ni las constancias de la ejecución fiscal que acompaña revisten de importancia para la resolución de la causa.
Ello así, del examen de los hechos y de las constancias arrimadas permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas o invocado factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad. A ese efecto, resultan suficientes las comprobaciones incluidas en los antecedentes administrativos.
En consecuencia, corresponde confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifiquese y oportunamente oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.03.30 13:03:08 ART Date: 2023.03.30 13:06:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.30 16:52:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.30 16:52:59 -03:00
Fin de la sentencia