Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
I. Que vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del pronunciamiento emitido en fecha 7 de Julio de 2016 por la Sala V de la Cámara Naciona en lo Contencioso Administrativo Federal (ver fs. 242/245 y vta. de autos) que resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco y, de esa manera, revocó la sentencia de fecha 11 de mayo de 2015 de esta Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación (ver fs. 174/180 de autos) en cuanto había declarado la inconvencionalidad y por ende, la inconstitucionalidad de la aplicación efectuada por la Dirección General de Aduanas del art. 805 inc. a) del Código Aduanero.
Que, para así decidir, la Excma. Cámara destacó que no corresponde aplicar el principio de plazo razonable toda vez, que en los presentes autos, se discute la procedencia de un reclamo estrictamente tributario pues la multa que oportunamente se estableció en sede administrativa, a la firma importadora, no se encuentra controvertida dado que se trata de un concepto por el cual no debe responder la compañía aseguradora. Además, mencionó que el plazo de diez (10) años transcurrido entre el hecho imponible y el dictado de la resolución definitiva no se advierte como irrazonable a diferencia del ponderado en el precedente de Fallos 334:1264, de 23 años eventualmente aplicable de manera analógica. Por otra parte, señaló que el Tribunal Fiscal tiene vedada la posibilidad de pronunciarse respecto a la falta de validez constitucional de una norma en la medida en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo haya hecho con anterioridad en ningún precedente. Por otra parte, Que, por las razones expuestas la Excma. Cámara revocó la sentencia apelada y ordenó la remisión de los presentes autos a este Tribunal a fin de que se resuelvan los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación.
II. Que devueltos los obrados a esta instancia, y sin perjuicio de advertir que desde el hecho gravado hasta la fecha han transcurrido veintidós años, como así también que la sentencia de esta Sala emitida con fecha 11 de mayo de 2015 hizo fundamental hincapié -a los fines de declarar la inconvencionalidad y por ende, la inconstitucionalidad de la aplicación efectuada por la Dirección General de Aduanas en relación con el art. 805 inc. a) del Código Aduanero- en el tiempo que había demorado la DGA en notificar la resolución definitiva en sede administrativa y no en la duración global del procedimiento, habida cuenta lo ordenado por la Alzada corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.
III. Que, ante todo, es necesario aclarar que la recurrente no se agravia de la procedencia de la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, es decir, no niega su carácter de aseguradora de la firma importadora ni tampoco ser responsable del reclamo tributario (Nótese que la recurrente no discute el fondo del asunto, es decir, no alegó ni mucho menos intenta demostrar que la firma importadora reexportó la mercadería ingresada en forma temporaria), aunque no en los términos que se le exigen.
Que, en tales condiciones, la recurrente se agravia del reclamo del derecho adicional, de la improcedencia del CER y de los intereses sobre dicho concepto, del límite de su responsabilidad y la inaplicabilidad de la Resolución AFIP N° 1528/03, de la inaplicabilidad de las tributos (IVA adicional e impuesto a las ganancias) y, por último, solicita que se informe sobre el destino dado a la mercadería involucrada en autos atento la orden de comiso sin derecho a uso y que se cite a juicio a la firma importadora para que acredite la reexportación.
IV. Que, en primer lugar, corresponde referirse al derecho adicional y a las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias que fueran exigidas por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada a fs. 9 de las actuaciones administrativas, rubros todos ellos por los que se agravia la recurrente.
Que el derecho adicional resulta improcedente por expresa aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “FRISHER SRL (TF 16236-A) c/ A.N.A.” e “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ D.G.A.”, ambos del 14/08/2013; sin perjuicio de señalar que he declarado la inconstitucionalidad de dicha norma al votar con fecha 31/07/13 la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D:G.A. S/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”).
Que, asimismo, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
V. Que la recurrente considera que los tributos reclamados no deben de ajustarse por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) creado por la ley 25.561 y su reglamentación.
Que la liquidación de tributos que obra a fs. 9 de las actuaciones administrativas fue efectuada en pesos, moneda, en la que también se expresó el importe de los tributos cuando se corrió a la importadora y a la aseguradora la vista del art. 1101 del CA (v. fs. 11 y vta., ant. adm.), pese a que en el cuerpo del DIT el ítem fue expresado en dólares.
Que los tributos debían liquidarse en dólares atento a que, en el caso de autos se trata de hechos imponibles acaecidos con anterioridad a la vigencia de la ley 25.561 (el 14/12/00, al vencimiento de la destinación suspensiva de importación temporaria). La deuda en concepto de tributos fue alcanzada por las normas de dicha ley y del decreto 214/02 el que en su art. 1° establece que a partir del 3/02/02 quedan transformadas en pesos las obligaciones de dar sumas de dinero -cualquiera fuere su causa u origen- expresadas en dólares existentes a la fecha de la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos.
Que esas obligaciones de dar sumas de dinero, que debieron expresarse en dólares, se habrían convertido a pesos a razón de U$S 1 = $1 más el CER, en los términos de los arts. 1, 4, y 8 del referido decreto 214/02. En consecuencia, a la fecha en que la aduana corrió vista a la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en fecha 23/03/07, es decir, cuando ya se encontraba en vigor el decreto 214/02 habría correspondido pesificar la deuda $1= U$S 1 y aplicar el CER. Y en efecto, en la mencionada corrida de vista el servicio aduanero le intimó el pago a la firma aseguradora en pesos e hizo reserva por el CER que incluyó luego en la resolución apelada (ver fs. 11 y vta., de las act. adm).
Que sobre el tema en cuestión, la CSJN sostuvo que “...al tratarse de una obligación de dar sumas de dinero que a la fecha de la sanción de la ley 25.561 y el decreto 214/02 se encontraba expresada en U$S resultan aplicables las disposiciones de los arts. 1, 4 y 8 del decreto 214/02 máxime habida cuenta de que no fue cuestionada su constitucionalidad” (sent. 27/4/10 en “Bridgestone Firestone Argentina SA”).
Que, así las cosas, la exigencia del CER contenida en la resolución apelada en la especie resulta ajustada a Derecho respecto de la aseguradora y en relación con los tributos aduaneros.
VI. Que, en relación a los intereses, la recurrente se agravia de que sería improcedente el cómputo de los mismos sobre el C.E.R..
Que, si bien por el art. 7º del decreto 410/02 se estableció que a las relaciones jurídicas previstas en el art. 8º del decreto 214/02, no le serían aplicables las tasas de interés estipuladas en el art. 4º del decreto 214/02, es preciso señalar que ello no constituye obstáculo alguno a la aplicación de intereses sobre el tipo de obligaciones allí previstas.
Que, cabe recordar que, lo que establece el art. 4º del decreto 214/02 es la aplicación de una tasa de interés mínima para los depósitos y una máxima para los préstamos vinculados con el sistema financiero, es decir que, en el caso de deudas en moneda extranjera con el sistema financiero, lo que vino a establecer el art. 4º del decreto 214/02 es una limitación forzosa a la tasa de interés aplicable a esas deudas por parte de las entidades financieras, y no el devengamiento de intereses para obligaciones que originariamente no lo preveían, así como tampoco de ello se colige la prohibición de que las obligaciones no vinculadas con el sistema financiero devenguen intereses resarcitorios.
Que, ante la existencia de interpretaciones divergentes respecto del alcance o no de esa limitación a las tasas de interés a aplicar a las obligaciones resultantes de contratos o relaciones jurídicas previstas en el art. 8º del decreto 214/2002 (en particular, a obligaciones entre particulares), el Poder Ejecutivo Nacional estableció en el art. 7º del decreto 410/02, que no le serán aplicables a las situaciones jurídicas alcanzadas por el art. 8º del decreto 214/2002 las tasas de interés estipuladas en el art. 4º del decreto 214/02, sin que ello implique, como se señalara anteriormente, la prohibición de aplicar intereses sobre ese tipo de obligaciones, sino que por el contrario, lo que se estableció es que ese tipo de obligaciones se encontraban excluidas de la limitación establecida respecto de las deudas con el sistema financiero.
Que, ello así, resultan de plena aplicación sobre la obligación tributaria aquí discutida, los intereses resarcitorios devengados desde el vencimiento del plazo de diez días, contados desde la fecha de notificación de la liquidación de tributos a la aquí recurrente, lo que ocurrió en fecha 22/04/08, en virtud de la norma específica que regula las tasas de interés aplicables a las obligaciones tributarias aduaneras (conf. art. 794 del C.A.).
VII. Que la póliza en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la nro. 222.238 que obra agregada a fs. 134 y vta., de autos (ver a fs. 133 la impresión de pantalla de la consulta de garantías N° 99 001 043367 B que coincide con la que obra en la DIT), y que fue extendida por “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” a favor de la Dirección General de Aduanas, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma “DIA TUNG SOC. EN COM. POR ACC” mediante la destinación nro. 99 001 IT14 006610 N (ver la carpeta de la destinación a fs. 3), y ello por la suma de U$S 5.400, que cubría el importe total de los tributos liquidados -a “garantizar”- en la referida destinación. En consecuencia, debe entenderse que la recurrente es la garante de la destinación en vista y, por ende, resulta responsable de la exigencia aduanera sobre la cantidad de la mercadería en infracción ingresada temporariamente al amparo de la destinación nro. 99 001 IT14 006610 N dentro de los límites de su responsabilidad.
Que tratándose de una póliza emitida en diciembre de 1999, es decir, con anterioridad a la vigencia de la ley 25561 y al decreto 214/01 resulta aplicable lo dispuesto en el art. 4 de la Resolución General 1528/03 (AFIP): “Las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituídas con anterioridad a la fecha de sanción del Decreto 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha, se considerarán convertidas a pesos a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (u$s 1) = UN PESO ($ 1). Sobre los montos resultantes se aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) hasta la extinción de dichas garantías”
Que, por lo tanto, al importe de la póliza, que asciende a la suma U$S 5.400, le es aplicable el art. 4 de la RG 1528/03 antedicho, con lo cual debe entenderse emitida por $ 5.400, monto al que deberá adicionársele el CER (ver Considerando V) más los intereses (ver Considerando VI) .
VIII. Que en razón de lo expuesto en los Considerandos precedentes y teniendo en cuenta las pautas de la liquidación de fs. 9 de las act. adm. SIGEA N° 12039-2268-2005, la reformulo de la manera siguiente:
VALOR EN ADUANA $6.212,68 TRIBUTOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN (5%) $ 310,63 TASA DE ESTADÍSTICA (0,5%) $31,06 BASE IVA $ 6554,37 IVA (21%) $2.285,98 TOTAL TRIBUTOS $ 2.627,67
IX. Que la recurrente solicita que se cite a juicio a la importadora para que acredite la reexportación total o parcial de la mercadería importada Que durante el trámite del procedimiento infraccional en sede aduanera se le corrió vista a la firma importadora “DIA TUNG SOC. EN COM. POR ACC” a los efectos de que ofreciera prueba y presentara las pruebas pertinentes en los términos del art. 1101 del Código Aduanero. Sin embargo, la firma importadora sólo se presentó en las actuaciones administrativas para realizar el pago de la multa mínima sin ofrecer descargo alguno en relación a los tributos reclamados por el Fisco y sin acreditar la personería por lo que a fojas 50 de las actuaciones administrativas el Fisco la tuvo por no presentada. Cabe destacar que la Resolución 9176/09 aquí apelada y que puso fin al procedimiento infraccional fue notificada a la importadora primero al domicilio registrado y, ante el resultado negativo, por edictos (ver fs. 65 de las act. adm.) por lo que se puede suponer que la voluntad de dicha compañía fue la de no recurrir la resolución aduanera.
Que en materia tributaria, a contrario sensu de lo que ocurre en materia penal, el onus probandi del cumplimiento de las obligaciones del régimen de importación temporaria, en tanto significa dicho régimen un beneficio -ingreso de mercadería extranjera en plaza sin la obligación correlativa de abonar los tributos a su importación-, se encuentra a cargo del importador a los efectos de eximirlo de la exigencia tributaria. Ello no obstante, la firma importadora no es la única que puede probar que se ha reexportado la totalidad de la mercadería, pues la aseguradora puede subrogarse en las defensas de la importadora, por lo que aquella también puede acreditar tal extremo mediante la identificación de los permisos de embarque por medio de los cuales se habría descargado la importación temporaria.
Que, sin embargo, la recurrente no ha podido demostrar a través de la prueba producida, en los antecedentes administrativos y en autos, el cabal cumplimiento por parte de la firma importadora de las obligaciones referentes al DIT Nº 99 001 IT14 006610 N por medio de los permisos de embarque pertinentes que acrediten la reexportación de la mercadería amparada bajo el régimen de destinación suspensiva.
X. Que, por último, la recurrente solicita se informe sobre el destino de la mercadería pues sobre ella se habría ordenado el comiso sin derecho a uso. Dice que cuenta con un gran interés en saber cúal fue el destino de la mercadería porque de existir mercadería comisada, su producido mediante subasta debe afectarse a la cancelación de tributos.
Que de la prueba informativa producida en autos surge que “No obra antecedente alguno con respecto al decomiso de la mercadería amparada por la DIT N° 99001IT14006610N que se encuentra denunciada bajo actuación N° 12039-2268-2005, que se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 27/04/12, según constancia SIGEA que se adjunta. La mercadería ha sido ingresada bajo el Decreto 1439/96. Cuya posición arancelaria es 7104.20.10.00E tratándose de DIAMANTES, tal lo describe la nomenclatura, cuyas copias se adjuntan. No pudiendo determinar cual ha sido el destino de dicha mercadería.” (ver contestación de la División Registro de Importación que luce a fs. 112 de autos).
Que, en definitiva, no surge de los antecedentes administrativos ni de autos que la mercadería haya sido comisada. Por lo demás, lo peticionado por la recurrente se relaciona, en realidad, con la liquidación de los importes resultantes de la sentencia, extremo que sería oportunamente merituado, en los términos del artículo 1166 de la ley 22.415, al momento de practicarse y aprobarse la liquidación definitiva, por parte de este Tribunal Fiscal.
Conforme lo expuesto, SE RESUELVE por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución nro. 9176 (DE PRLA) en cuanto exige a la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, el pago de tributos que ascienden a la suma de dos mil seiscientos veintisiete pesos con sesenta y siete centavos ($ 2.627,67.-), más CER e intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 08/05/08 y hasta la fecha de efectivo pago.
2. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de $ 5.400, monto al que deberá adicionársele el CER y los intereses del art. 794 del C.A desde el 08/05/08 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Revocar parcialmente la Resolución nro. 9176 (DE PRLA), de fecha 30/12/09, en tanto exige el pago de tributos a la firma “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en concepto de derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias.
4. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 61% a cargo del Fisco y 39% a cargo de la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y a los Dres. John Ryan Lussich (20-92016182-1) y Victoria V. Taylor (27-24903541-1). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.02.03 17:30:01 -03:00 Date: 2023.02.03 17:35:17 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.03 17:35:17 -03:00
Fin de la sentencia