Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses, con costas.
2Confirmar las multas aplicadas, reduciendo la graduación de éstas a su mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirman y por el orden causado en lo que se reducen.
I. Que a fs. 401/429 la firma TRANSPORTE MORANO S.R.L. interpone recurso de apelación contra las resoluciones emitidas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP- DGI:
(i) N° 32/2014 de fecha 13 de junio de 2014 que le determina de oficio la obligación fiscal en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2008 a 2010, por la suma de pesos setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y seis con ochenta y un centavos ($759.696,81) en concepto de capital, con más la suma de pesos un millón noventa y cuatro mil quinientos con setenta y seis centavos ($1.094.500,76) en concepto de intereses, se la aplica una multa de pesos dos millones doscientos setenta y nueve mil noventa con cuarenta y tres centavos ($2.279.090,43) encuadrando su conducta en las previsiones del artículo 46 de la ley N° 11.683.
(ii) N° 33/2014 de fecha 13 de junio de 2014 que le determina de oficio la obligación fiscal en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 03/2008 a 12/2010 por la suma de quinientos setenta y cuatro mil ciento setenta y cinco con treinta y siete centavos ($574.175,37) en concepto de impuesto omitido, con más la suma de pesos novecientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho con veinticinco centavos ($934.658,25) en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplica una multa por la suma de pesos un millón setecientos veintidós mil quinientos veintiséis con once centavos ($1.722.526,11) encuadrando su conducta en las previsiones del artículo 46 de la ley N° 11.683.
Pone de manifiesto que el origen del cargo surge de un informe de preselección producido por la División de Investigación a partir del cual se le hizo saber la inclusión en la Base E-Apoc del contribuyente King Ross S.A., quien resultaba ser proveedor de TRANSPORTE MORANO S.R.L., por la presunta utilización de créditos fiscales improcedentes generados por el contribuyente apoc.
Alega que al momento de operar con el proveedor King Ross S.A., este último se hallaba en una situación regular y que su calificación como “Usina Empresa Desactivada” y la posterior impugnación de facturas emitidas por la misma debió operar hacia el futuro y no de manera retroactiva como lo hizo el Fisco Nacional.
Señala que carece de razonabilidad y legalidad la negativa del Fisco de reconocer las operaciones realizadas con la firma King Ross S.A. entre marzo de 2008 y enero de 2009 aduciendo que en el membrete de las facturas el proveedor figura como “Paso Real de King Ross S.A.” y argumentando que esta última no existe en su padrón, pese a que la CUIT es la misma que la de King Ross S.A. y que se trata de la misma empresa, la que además, reconoció las operaciones realizadas con Transporte Morano S.R.L. Respecto al proveedor Esmatac S.R.L., manifiesta que las operaciones realizadas con éste fueron anteriores a su incorporación en la Base Apoc de la AFIP y que, al igual que acontece con el proveedor anterior, el Fisco Nacional aplicó de forma retroactiva la calificación de la empresa como proveedor apoc, cuando gozaba de plena autorización para operar.
Con relación al proveedor La Grutas S.R.L. manifiesta que resulta ilegítima la postura del fisco al impugnar las operaciones de su mandante con una empresa que tenía una situación regular a la fecha de las operaciones y cuyos comprobantes respaldatorios fueron aportados durante la inspección.
Asimismo, y respecto de Estación de Servicios Norte José y Antonio Faiad S.R.L. argumenta que aportó los recibos emitidos por el proveedor y que se encontraba consignado en cada uno de ellos el medio de pago empleado, el número de cheque, fecha, banco con el cual se giró y monto.
Agrega que varios de los recibos fueron firmados por el encargado de la Estación de Servicio, el Sr. E. Ramón Carro y que, si bien los comprobantes fueron negados por la apoderada de la empresa por cuestiones que desconocen, los circuitos seguidos por los cheques con los que pagó Transporte Morano S.R.L. pudieron haber sido verificados por la AFIP, pero jamás se tomó el trabajo de hacerlo. Sostiene, que los proveedores cuestionados fueron incorporados en la Base Apoc con fecha muy posterior a la de las operaciones realizadas con Transporte Morano S.R.L., por lo que se encontraban autorizados para realizar operaciones y que su mandante se encuentra alcanzado por la presunción de buena fe que ampara al comprador a título oneroso.
Alega que el Fisco Nacional fundó su pretensión determinativa en objeciones de tipo formal respecto de la conducta fiscal de los proveedores anteriormente consignados y no ha considerado que los insumos facturados realmente existieron y que fueron necesarios para el desarrollo del objeto de la actividad de Transporte Morano S.A.
Agrega que, como consecuencia de ello, el ente fiscal ha desoído el expreso mandato de los artículos 1° y 2° de la ley 11.683 que ordena atender a la realidad económica subyacente en los hechos imponibles vinculados con la actividad gravada.
Sostiene que los actos determinativos traídos en apelación son nulos de nulidad absoluta y manifiesta, toda vez que carecen de fundamentación y de consideración de los elementos ofrecidos como prueba. Finalmente, rechaza las multas aplicadas invocando que no se encuentran acreditados en el procedimiento los requisitos previstos en el artículo 46 de la ley 11.683, en tanto quedó demostrado en autos la inexistencia de ardid doloso o ánimo defraudatorio por parte de Transporte Morano S.R.L.
Cita jurisprudencia. Acompaña prueba documental. Formula reserva del caso federal. Solicita que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 438/456 la representante del organismo fiscal contesta el recurso.
Expresa que conforme surge de las actuaciones administrativas, la fiscalización solicitó a TRANSPORTE MORANO S.R.L. “…que aporte documentación respecto al Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias, de las cuales, luego de una solicitud de prórroga, sólo aportó un bajo porcentaje, entendiendo la fiscalización que varios de los proveedores de la apelante resultaron ser apócrifos.” (sic) Manifiesta que lo vertido por la apelante en la presentación recursiva no difiere de lo expresado en oportunidad de contestar las vistas cursadas en el trámite administrativo y que dichas cuestiones aparecen debidamente merituadas por el juez administrativo, quien ha dado sobrados y detallados fundamentos en el acto apelado de por qué no corresponde hacer lugar a tales planteos.
Advierte que se han realizado innumerables medidas probatorias en los trámites y, sin embargo, algunos de los proveedores que aparecen facturando los montos cuestionados no pudieron ser localizados en sus domicilios y no respondieron a los requerimientos cursados, dejándose constancia de que los domicilios en los cuales se apersonó personal fiscalizador resultan coincidentes con aquellos declarados ante el organismo.
Afirma que se ha comprobado que los proveedores respecto de los cuales se impugnan los créditos fiscales, fueron incluidos en la Base Apoc del organismo luego de verificaciones que demostraron la imposibilidad de los mismos para realizar las actividades que declaran.
Razona que de las diligencias practicadas no se vislumbra que el Fisco haya incurrido en alguna causal que pueda invalidar el procedimiento seguido, toda vez que la contraria no logra apuntalar su endeble argumentación, debido al contenido meramente dogmático que encierra la misma.
Manifiesta que como resultado de las tareas y análisis practicado por la verificación actuante pudieron reunirse elementos suficientes como para sostener la inexistencia de las operaciones efectuadas por TRANSPORTE MORANO S.R.L. con los supuestos proveedores impugnados (King Ross S.A., Esmatac S.R.L., Expreso las Grutas S.R.L. y Estación de Servicios Norte S.R.L.), por ser estos apócrifos y dice que la contribuyente en su descargo no aportó pruebas para demostrar la veracidad de dichas operaciones sino solamente cuestionó la potestades de este organismo para declararlos apócrifos.
Finalmente, ratifica las multas aplicadas por el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias, advirtiendo que las infracciones discutidas en autos se encuentran motivadas en la constatación por parte de la inspección de que TRANSPORTE MORANO S.R.L. utilizó facturas apócrifas para disminuir su obligación impositiva, lo que implicó confeccionar declaraciones juradas engañosas, siendo indudable que la comisión de los hechos que se le imputan se encuentran debidamente probados en autos y en tales condiciones la defraudación determinante de la infracción imputada resulta indiscutible. Concluye que los elementos, tanto el objetivo como el subjetivo de la conducta imputada, se encuentran acreditados resultando procedente la aplicación de la sanción.
Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y hace reserva del caso federal. Solicita se rechacen los recursos interpuestos y se proceda a confirmar las resoluciones impugnadas, con costas a la actora.
III. Que a fs. 470 se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, y a fs. 474 se ponen para el dictado de la sentencia.
VI. Que en cuanto a las determinaciones de oficio apeladas en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los indicios que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida a los proveedores que declara la recurrente, para luego emprender el análisis de aquellos, teniendo en cuenta la prueba arrimada.
Las presentes actuaciones tienen su origen en la fiscalización efectuada mediante O.I N° 665.830 a los efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma TRANSPORTE MORANO S.R.L. relativas al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias.
Que según el informe final de inspección obrante a fs. 25/34 del Cuerpo IVA de los antecedentes administrativos (en adelante “AA”), la firma se encuentra inscripta y desarrolla principalmente la actividad de transporte de automotor de cargas NCP (CIUU 7602190), inscripto también en la venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías NCP (CIUU 511990), venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas (CIUU 505000), alquiler de equipos de transporte para vía terrestre sin operarios ni tripulación (CIUU 711100) y servicios de transporte de mercaderías a granel, incluido el transporte por camión cisterna (CIUU 602120).
Que el referido informe conjuntamente con los obrantes en los cuerpos de investigación de cada sujeto y que forman parte de los antecedentes administrativos -a cuyo tenor cabe remitirse en merito a la brevedadexponen en forma detallada las irregularidades detectadas en los proveedores, adelantando que en el caso nos circunscribimos a los sujetos respecto de los cuales la recurrente opuso defensa. Ello así -y a modo de síntesis- la AFIP ponderó:
1.Estación de Servicios Norte S.R.L. (véase el análisis de este proveedor obrante a fs. 31 del “Cuerpo IVA” y fs. 41/44 del “Cuerpo de Ganancias” de los AA): la actividad principal de la firma es la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. La proveedora contestó el requerimiento cursado sobre el detalle de las operaciones efectuadas con la firma bajo verificación durante el período comprendido entre el 01/01/2008 al 31/12/2009 y al 31/12/2010 informando que dicha firma no mantiene, ni mantuvo operatoria comercial alguna con la firma TRANSPORTE MORANO S.R.L., ni en los períodos detallados, ni en ningún otro período.
Ante la situación planteada, en agosto del 2012 el organismo fiscal decidió ir personalmente al domicilio fiscal de la firma, para que la misma ratifique o rectifique lo expresado mediante nota. Constituido en dicho domicilio el funcionario actuante, fue atendido por la Dra. Analía Morales Dorado en su carácter de apoderada de la firma, quien ratifica la nota de contestación de fecha 23/07/2012, desconociendo haber efectuado operación alguna con la verificada.
Además, manifiesta que se efectuó una denuncia penal por estafa y otras defraudaciones, como también el robo de documentación contable, entre los que se encuentran los talonarios de facturas tipo “A” hasta el número 0003-00085000 y los recibos “X” desde el N° 0003-00001251 al 2000 inclusive, que corresponder a los aportados por la recurrente.
La compañía dice que “no mantiene ni mantuvo operatoria comercial con TRANSPORTE MORANO SRL ni durante el periodo 01/01/2008 a 21/12/2010 ni en ningún otro periodo”.
2.King Ross S.A. (el análisis de este proveedor obra a fs. 12/13 del “Cuerpo I APOC” de los AA): la actividad principal de la firma es la venta al por mayor y menor de combustible y servicio de restaurante. Constituidos los funcionarios en el domicilio fiscal declarado, sito en Ruta 34 Km 85 y ruta Provincial 65, confirman que King Ross S.A. ya no desarrolla actividades en ese domicilio, explotando la estación de servicio la firma Fabriccini, Eduardo y Enzo S.H. a partir del 06/2009, aclarando el Sr. Eduardo Fabriccini que la actual firma no posee relación alguna con King Ross S.A. y que desconoce el actual paradero de sus integrantes.
No obstante lo verificado, se observó que la firma continúa emitiendo facturas por montos importantes hasta 12/2010. En consecuencia, se concluyó que se trataba de una empresa real que ha discontinuado su actividad sin tramitar la baja, siendo utilizada al solo efecto de facturar crédito/gasto no legítimo, por lo que se procedió a incluirla en la base e-Apoc.
3. Expreso las Grutas S.R.L. (el análisis completo de este proveedor obra a fs. 137/148 del “Cuerpo APOC Expreso las Grutas S.R.L.” de los AA): constituidos los funcionarios en el domicilio fiscal de la firma fueron recibidos por la socia gerente de la firma, la Srta. Norma Gabriela Bravo y por el Sr. Miguel Ángel Rossi en su carácter de contador. La socia gerente manifestó que la actividad de la firma es el transporte automotor de cargas, que se encuentra inscripta para realizar actividades de alquiler de equipos de transporte para viajes terrestres, alquiler de maquinarias, como así también el mantenimiento y reparación de motores.
Asimismo, informa que a la fecha la firma no posee empleados en relación de dependencia y que para el desarrollo de su actividad la firma posee camiones y ómnibus.
Finalmente, en la apertura de la verificación se notificó el requerimiento efectuado en F8600/I N° 014000201235153504 solicitando la documentación necesaria para investigar su capacidad operativofinanciera, el cual no fue cumplimentado, contando por ello únicamente con la verificación de los datos que surgen de las declaraciones juradas de IVA.
También, se observó que la firma realizó operaciones de venta entre los períodos fiscales 10/2008 y 12/2011 por un importe total de $ 7.596.340,75 no aportando los registros contables ni impositivos, como así tampoco confeccionó los Estados Contables correspondientes.
Asimismo, se informa que la proveedora realizó presentaciones de las DDJJ de IVA hasta el mes de enero de 2012, las mismas “…son por importes elevados de Débito Fiscal y Crédito Fiscal, generando un saldo técnico a favor de la AFIP-DGI (no computa como ingresos directos las retenciones/ percepciones IVA) muy bajo en relación a las actividades declaradas, pero nunca fueron ingresados.” (sic)
Por lo corroborado se procedió a incluir a la sociedad en la base E-APOC por cuanto la misma no demostró poseer capacidad operativa, económica, financiera ni comercial que le permita justificar la realización de las prestaciones de servicios y/o ventas que facturó.
4.ESMATAC SRL: (el análisis detallado de este proveedor obra a fs. 60/67 del “Cuerpo APOC ESMATAC” de los AA): la inspección fue recibida por el Sr. Luis Alberto Haddad en su carácter de Gerente de la firma y por el Sr. Miguel Ángel Rossi en su carácter de contador de la firma. La actividad principal de la compañía es la de fabricación de carrocerías para vehículos, automotores, fabricación de remolques y semi.
De la verificación realizada, se constató que realizó operaciones de venta durante el periodo fiscal 01/2007 y 12/2008, no poseyendo la verificada registros contables ni impositivos, como así tampoco confeccionó los Estados Contables correspondientes.
Asimismo, se verificó que la proveedora no posee comprobantes de compras y gastos, aportando únicamente el Libro IVA Ventas, que no realizó pago alguno de impuestos desde 2007 a la fecha y que realizó presentaciones de las DDJJ de IVA hasta el año 2010 adeudando las presentaciones de los periodos fiscales 04/2008 a 06/2008. Se dejó constancia de que las presentaciones no son por importes muy elevados de débito fiscal con un elevado crédito fiscal, generando un saldo técnico a favor de la AFIP-DGI muy bajo en relación a las operaciones registradas por la verificada.
A pesar de haber manifestado tener dos empleados en relación de dependencia en la actualidad, no ha ingresado a la AFIP ningún importe a la fecha por aportes y contribuciones.
Además, se procedió a circularizar por muestreo selectivo a algunos clientes de la firma, de las respuestas recibidas algunos niegan haber realizado las operaciones comerciales con la verificada.
En relación a sus cuentas bancarias, las acreditaciones son muy inferiores con respecto a las ventas del año 2007 y nulas en el año 2008.
Por lo actuado, se llega a la conclusión de que corresponde la incorporación de la firma contribuyente en la base E-APOC por cuanto la misma no demostró poseer capacidad operativa, económica, financiera ni comercial que le permita justificar la realización de las prestaciones de servicios y/o ventas que facturó. Que según surge de fs. 36 el informe final de fiscalización del Cuerpo IVA la fiscalización procedió a efectuar un análisis en relación a los ingresos y gastos de la firma TRANSPORTE MORANO S.R.L., conforme las Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente en el Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2008, 2009 y 2010 y la copia de los balances correspondiente a esos mismos periodos fiscales.
Que del análisis realizado se detectó que la operación de mayor importancia en cuanto a gastos de explotación deducidos en el Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2008 y 2009, fue realizada con el proveedor King Ross S.A., operador que se encuentra incluido en la base APOC del organismo fiscal. Asimismo, se verificó que el proveedor ESTACIÓN DE SERVICIOS NORTE S.R.L. niega la totalidad de las operaciones realizadas con la recurrente, y aun cuando fueron requeridos comprobante de pago de las operaciones la recurrente no acompañó documentación alguna.
Que frente a ello y según el Fisco Nacional, surge de los presentes autos que la inspeccionada no aportó elementos que logren desvirtuar las irregularidades denunciadas y así probar la veracidad de las operaciones supuestamente efectuadas con los proveedores.
V. En primer lugar, por cuestiones de lógica precedencia, corresponde dar tratamiento al planteo de nulidad articulado por la actora, invocando la carencia de fundamentación y de consideración de los elementos ofrecidos como prueba.
Cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros). Cabría agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada de articular la parte en la instancia administrativa y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - in re “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Que por lo expuesto, teniendo presente que la recurrente pudo presentar debidamente las pruebas que hacen a su defensa, aportando en la instancia administrativa únicamente prueba documental (fotocopia de algunos comprobantes con los que pretende demostrar la veracidad de las operaciones), corresponde rechazar esta defensa de nulidad articulada en autos.
Que respecto a las costas, corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma.
En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que, seguidamente corresponde adentrarnos en la cuestión de fondo, relativa a los ajustes de los tributos en cuestión, para lo cual deviene necesario exponer primeramente los aspectos sobresalientes de la investigación fiscal que le sirve de antecedente. En cuanto se refiere al ajuste por facturación presuntamente apócrifa que generó la impugnación del crédito fiscal computado en el IVA por la recurrente, es doctrina sentada por este Tribunal que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos material (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal)” (vide “Impulso S.A.”, Sala “A” del 27/3/1998; jurisprudencia continuada en “Idoipe Larraga, Angel”, Sala “A” del 11/12/2001; y compartida en “Cooperativa Avícola Mendoza Limitada”, Sala “B” del 19/04/2010; “Raúl Pitteri Hogar S.R.L.”, Sala “C” del 28/02/2006; “Prodecom S.A., Sala “D” del 24/08/2000, entre muchas otras).
Que ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación, toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito.
Que en análogo sentido se ha expedido nuestro Más Alto Tribunal in re “Industrias Electrónicas Radio Serra S.A.”, de fecha 06/08/1991 (Fallos 314:745), en tanto establece que “en orden a esta prevalencia de la denominada “realidad económica”, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes que solo existirán en el futuro, pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible... podría originarse un crédito fiscal a favor del “comprador” que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas”. Que del análisis de los elementos colectados por la inspección puede advertirse que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores observados en el IVA, en principio, se encuentra debidamente fundamentada por indicios graves, precisos y concordantes, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas tal como fueron presentadas.
Que con el objeto de controvertir la impugnación del Fisco Nacional, la actora ofreció únicamente prueba documental (facturas originales y copias, algunos recibos, remitos y copia de ciertas cartas documento). Pero lo cierto es que, dada la naturaleza de los cuesionamientos de la fiscalización -intimamente vinculada a la materialidad de las operaciones-, la prueba documental aportada no es suficiente para acreditar de modo alguno la veracidad de las operaciones, resultando la misma infructuosa para la solución del caso. Que la recurrente se agravia del método indiciario utilizado por el Fisco Nacional sin rebatir con prueba fehaciente dichos indicios, los que sin duda revelan la falta de veracidad de las facturas aportadas. Por otro lado, en modo alguno puede admitirse el cómputo del crédito fiscal por el cumplimiento de cuestiones formales -como pretendería la actora- cuando se presente un apreciable cuadro de serios reparos respecto a la realidad de las operaciones y la capacidad operativa del supuesto proveedor.
Corresponde recordar entonces que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues, como lo establece el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido, corresponde a la actora demostrar la existencia de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo.
Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza de los referidos proveedores; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como explicara nuestro más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto …“el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986). Que en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con los proveedores cuestionados, no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto, por lo que corresponde confirmar los ajustes proyectados para el IVA en la resolución respectiva.
VII. Que deviene pertinente pronunciarse sobre la determinación realizada con relación al Impuesto a las Ganancias.
Que en los presentes autos, al apelante se le impugnaron compras por haberse considerado apócrifas las facturas exhibidas, en base a los ya enumerados indicios sobre la falta capacidad operativa y/o económica de los proveedores y la falta de prueba por la que se acredite la veracidad de las operaciones. Que resulta pertinente recordar que el art. 17 de la Ley del Impuesto a las Ganancias dispone que “para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga”. Asimismo, el art. 80 de dicha ley define el concepto de gasto deducible, disponiendo que “los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán las ganancias producidas por la fuente que las origina”. Asimismo, entre las deducciones especiales de la tercera categoría, el art. 87 inc. a) prevé la deducción de “los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio”.
Cabe poner de relieve que en el acto determinativo del Impuesto a las Ganancias se reiteran los fundamentos de la resolución del Impuesto al Valor Agregado, al considerar que las operaciones denunciadas son inexistentes.
No obstante, dichos razonamientos deberán desvirtuar en sustancia propia las operaciones discutidas, en tanto no se trata aquí de impugnar la atribución de prestaciones a los proveedores, sino de establecer, según la realidad económica, la procedencia de la deducción de los gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener las ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce. Que ello así, se considera que las impugnaciones de los proveedores en las determinaciones efectuadas en Impuesto a las Ganancias han sido adecuadamente ponderadas por el organismo fiscal, habiendo reunido indicios suficientes para dudar de la validez de las facturas y de la existencia de las operaciones cuestionadas.
Que la falta de capacidad operativa de los proveedores, la ausencia de prueba sobre la real existencia de la actividad u operatoria que a los proveedores se les ha querido atribuir y la falta de aporte, por parte de la recurrente, respecto a la documentación que demuestre la cancelación de las operaciones, inducen a concluir en la inexistencia de las mismas y por lo tanto resulta improcedente admitir la deducción de estos gastos inherentes en el impuesto a las ganancias.
Por ello, se confirma la determinación de oficio del impuesto a las ganancias de la recurrente con relación a la impugnación del gasto que surge por facturación apócrifa, con más intereses resarcitorios, con costas.
VIII. Que seguidamente, corresponde examinar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Que en el caso de autos se le aplicaron al contribuyente multas con sustento en el artículo 46 de la ley procedimental.
Que cabe dejar sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re “Ruggiero, Aldo”, sentencia del 21/12/2006 “… la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que ‘no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación” (cfr. Diaz Sieiro, H.D.; Veljanovich, R. D. y Bergoth, L.; “ Procedimiento Tributario”; (1993) comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 – “Casino Del Litoral SA” -TF 15.319-I- c/DGI- 8/2/1999).
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la victima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el articulo 47 incorpora una serie de presunciones legales ‘iuris tantum’ tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el ente fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (“Batello, Tarcisio Ludovico” – CNFED. CONT. ADM. – SALA V- 29/03/1999). Que no puede negarse que la pretensión fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia ésta que surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al organismo recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico previsto en el artículo 46, permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con la realidad de su situación tributaria, toda vez que las constancias de sus registros y la documentación de respaldo han quedado desvirtuadas en su validez intrínseca, a partir de las comprobaciones efectuadas por los inspectores.
No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es una atribución discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, ella no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva atento su carácter de juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio.
Ello así se observa que el juez administrativo fijó las mismas en la proporción de tres (3) veces el Impuesto al Valor Agregado evadido por los períodos marzo 2008 a diciembre 2010 y en tres (3) veces el Impuesto a las Ganancias evadido por los períodos fiscales 2008 y 2010. Bajo estas premisas y considerando que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto en el art. 46 de la ley ritual vigente al tiempo de los hechos juzgados.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses, con costas.
2. Confirmar las multas aplicadas, reduciendo la graduación de éstas a su mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirman y por el orden causado en lo que se reducen.
Regístrese, notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada en el expediente papel. Date: 2023.10.31 21:09:09 ART Date: 2023.11.01 12:36:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.01 12:40:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.01 12:40:21 -03:00
Fin de la sentencia