Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución n° 2543/16 (DE PRLA), recaída en la Actuación SIGEA n° 12228-316-2011. Costas a cargo de las co-recurrentes.
I. Que, a fs. 13/17, se presenta la firma SOLVAY INDUPA S.A.I.C. por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 2543/16 (DE PRLA), dictada con fecha 09/06/16, por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en las actuaciones SIGEA n° 12228-316-2011, en cuanto la condena al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA, con relación a lo declarado en la destinación n° 11 073 IC04 073766 E. En primer término, realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar a la resolución apelada. Manifiesta que existió un error al declararse el precio pero que éste fue inmediatamente comunicado al servicio aduanero. Se refiere a los arts. 225, 902, 917 y 959 inc a) del CA. Sostiene que el error es totalmente evidente, absurdo y apreciable de su simple lectura. Aclara que al momento de presentar el pedido de rectificación no se lo había aun notificado de la denuncia efectuada al efecto. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la resolución apelada, con costas. Que, a fs. 45/54, se presenta por derecho propio e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 2543/16 (DE PRLA). Expresa que se trató de un error de carácter formal que surge de la simple lectura de la destinación y de su documentación complementaria. Manifiesta que se efectuó la correspondiente rectificación. Se refiere a los arts. 255, 902 y 959 del C.A. Considera que le es aplicable al caso el estado de duda. Refiere al principio de buena fe entre las partes. Subsidiariamente solicita la aplicación del art. 916 y 917 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 67/73 vta., la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa. En primer término y por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento o que surja de las actuaciones administrativas. Se refiere a la veracidad y exactitud de las declaraciones aduaneras. Hace referencia al art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA. Se refiere a los arts. 1 y 17 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994. Asimismo, relata las opiniones consultivas 10.1 y 19.1. Expresa no se logró demostrar en forma clara y contundente la improcedencia de la diferencia de valor. Respecto al despachante de aduanas, sostiene que no ha cumplido con las obligaciones a su cargo y, por ende, no puede ser eximido de responsabilidad. Refiere a los arts. 902 y 908 del CA. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas 12228-316-2011 se inicia, a fs. 1, con la Denuncia n° 284/11, a fs. 23, obra el comprobante de pago de la liquidación manual n° 11 073 LMAN 115214 W y; a fs. 25, se instruye sumario. A fs. 46, se corre vista a la firma importadora y al despachante de aduana de todo lo actuado. A fs. 50/51 vta., se notifica a las partes (30/04/15 y 04/05/15). A fs. 52/58 vta. y 60/63 vta., contestan vista el despachante y la firma SORVAY INDUPA S.A.I.C. Finalmente, a fs. 86/89, con fecha 09/06/16, se dicta la Resolución n° 2543/16 (DE PRLA), aquí apelada.
Que las actuaciones administrativas 13289-9695-2011 se inicia, a fs. 1, con la Nota de fecha 28/04//11 presentada por el despachante de aduana y; a fs. 2/7 vta., obra la destinación n° 11 073 IC04 073766 E.
IV-. Que corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada, por la que se condena a la firma importadora y al despachante de aduana al pago de una multa por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y c) del CA, se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.
Que mediante la destinación n° 11 073 IC04 073866 E, oficializada el 20/04/11, la firma SOLVAY INDUPA S.A.I.C. documentó la importación a consumo de un total de 835 unidades de mercadería que ubicó en las P.A. 3917.32.90.990T, 3917.33.00.900M, 3919.10.00.980L y 4016.393.00.990H, por un valor FOB de 37,42 dólares estadounidenses, declarándose un valor FOB total de la divisa – motivo de la controversia – de 3.083,50 yenes. Que según surge de la compulsa de las actuaciones administrativas, el despachante de aduana, a través de presentación de fecha 28/04/11, solicitó al servicio aduanero la rectificación de la destinación en trato, en los términos del art. 225 del CA, toda vez que habría incurrido en un error involuntario al consignar, en el campo “FOB total”, un valor de 3.083,50 yenes. en vez de 3.083.500,00 yenes. Además, para el caso de una eventual infracción aduanera que pudiere corresponderles, pidió se aplique el atenuante establecido en el art. 917 del CA. Que, sin perjuicio de ello, el servicio aduanero, a través del Acta de Denuncia n° 284/11 de fecha 26/04/11, consideró que atento a la diferencia de valor existente – detectado en el control documental efectuado por la asignación de canal rojo de selectividad –, la conducta se encontraba tipificada en la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y c) del CA.
V. Que, a continuación, corresponde analizar si es procedente o no la rectificación solicitada por la firma recurrente en los términos del art. 225 del CA.
Que, en ese sentido, cabe recordar que el principio de inalterabilidad de la declaración aduanera es un pilar del sistema de “despacho en confianza”. Ello se relaciona directamente con el hecho de que el sistema aduanero, con miras a posibilitar la fluidez y celeridad en el comercio internacional de mercaderías, descansa sobre los principios básicos de “declaración previa” y “despacho en confianza”, que exigen precisamente la veracidad y precisión en la declaración comprometida, toda vez que no toda la mercadería que se pretende importar o exportar es objeto de verificación, sino que ello depende del sistema de selectividad, que determina cuáles serán las mercaderías que serán objeto de verificación por parte del servicio aduanero a los efectos de otorgar o no la autorización pertinente a los fines de su introducción a plaza o su salida al exterior. El servicio aduanero confía en que el efectivamente importa lo que ha declarado, así como cree en que el importador importará fielmente lo que ha declarado.
Que, en efecto, pese que la declaración contenida en la solicitud de destinación es en principio inalterable (art. 217 del C.A.), la ley admite razonablemente que en determinados supuestos sea modificada, ampliada o rectificada.
Que, ello así, cabe analizar si la solicitud de rectificación presentada por el despachante de aduanas puede encuadrarse en las previsiones del art. 225 del CA, que regula el instituto de la rectificación de la declaración comprometida en destinaciones de importación.
Que el art. 225, ap. 1, del CA, en su redacción conforme la reforma introducida por la ley 25.986, establece que “El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementarios anexos a ella y fuera solicitada con anterioridad: a) A que se hubiera dado a conocer que la declaración debe someterse al control documental o a la verificación de la mercadería; o b) Al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados”. Su apartado 2 agrega: “La rectificación, modificación o ampliación también procederá, bajo las condiciones previstas en el encabezamiento del apartado 1, hasta los CINCO (5) días posteriores al libramiento, siempre que la inexactitud se acreditare debidamente ante el servicio aduanero, aun cuando fuera solicitada con posterioridad: a) A que se hubiere llevado a cabo el control documental o la verificación de la mercadería, sin que se hubiera advertido la diferencia por parte del servicio aduanero; o b) Al libramiento efectuado sin control documental o verificación de la mercadería”.
Que, tal como se desprende de la lectura de la norma citada, el instituto de la rectificación de la declaración comprometida en importación, exige para su procedencia el cumplimiento de requisitos de fondo y de forma. Con respecto al primer tipo de requisitos, requiere que la inexactitud pudiera comprobarse de la lectura de la propia declaración o de la de la documentación complementaria.
Que, por otra parte, con relación al elemento temporal – requisito de forma –, se brindan distintas posibilidades, según si la rectificación se solicita antes o después del libramiento de las mercaderías.
Que, en el presente caso, la presentación de la recurrente ocurrió después de la verificación de la mercadería, siendo admitida hasta “(...) A que se hubiere llevado a cabo el control documental o la verificación de la mercadería, sin que se hubiera advertido la diferencia por parte del servicio aduanero”. Teniendo en cuenta que la verificación de la mercadería fue realizada el día 26/04/11 (ver fs. 2 de las act. adm.), donde el servicio aduanero detectó una diferencia de valor como consecuencia del error aludido por las co-recurrentes y, dado que la solicitud de rectificación fue presentada en fecha 28/04/11, cabe afirmar que no puede considerarse factible la rectificación de la declaración, por devenir atemporal.
VI. Que corresponde entonces dilucidar en autos si la resolución apelada, por la que se condena a las corecurrentes al pago de una multa por infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del CA, se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.
Que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en el art. 954 del CA. Que, además, en caso de haber pasado inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (i) un perjuicio fiscal – art. 954, ap. 1, inc. a) del CA –; (ii) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere – art. 954, ap. 1, inc. c) del CA –. Ello a fin de dilucidar si efectivamente se ha configurado la infracción dispuesta en la resolución aquí apelada.
Que habiéndose declarado en la destinación n° 11 073 IC04 073766 E un valor FOB total de 37,42 dólares estadounidenses (3.083,50 yenes) y, siendo que en la factura comercial n° 10BIA-10 (P1) se expresa un valor FOB total de 3.083.000 yenes, ello permite concluir que el valor FOB total declarado en la destinación resulta distinta a la que efectivamente correspondía, generando no solo un perjuicio fiscal, sino también un egreso hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
VII. Que incumbe ahora resolver si resulta posible acogerse al beneficio de la autodenuncia preceptuado por el art. 917 del mencionado cuerpo legal, en virtud de la nota presentada por el despachante de aduana. Que el referido artículo reza “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería.
2. La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación.
3. La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”. Que el despachante de aduana presentó el día 28/04/11 ante la Aduana de Ezeiza la nota de solicitud de rectificación de la destinación n° 11 073 IC04 073766 E. Sin embargo, en fecha 26/04/11 el servicio aduanero formuló denuncia en virtud del art. 954, ap. 1, incs a) y c) del CA al haberse advertido diferencia de valor entre el precio declarado y el comprobado.
Que la firma recurrente expresa que pese a que el acta de denuncia es de fecha anterior a la presentación de la nota de rectificación, ésta debe esta ser tomada como válida ya que al momento de presentarla no se lo había notificado de la denuncia.
Que el citado art. 917 del CA, tiene por finalidad permitir que el documentante de la destinación aduanera ponga en evidencia los posibles errores incurridos al comprometer la declaración aduanera antes de que éstos puedan ser advertidos por la Aduana.
Que la posibilidad de autodenunciarse existe en tanto y en cuanto el servicio aduanero no la hubiere advertido, así como tampoco existiere un proceso de inspección aduanera o impositiva en curso, en el cual se pudiere constatar la inexactitud.
Que, como bien surge de los actuados, el servicio aduanero constató dicha inexactitud con anterioridad a la presentación espontánea de fecha 28/04/11, con la sola intervención del control documental de las mercadería; por lo tanto, no corresponde darle el tratamiento de una autodenuncia en los términos del art. 917 del CA.
VIII. Que, con respecto a la responsabilidad del despachante de aduana el Sr. JUAN CARLOS DE GIACOMO - co-recurrente en los presentes autos-, cabe señalar que éste no sólo actúa como mandante del importadorexportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero.
Que debe tenerse presente que “Dado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del 'despacho en confianza' y su correlativa 'declaración aduanera previa', es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la mero auxiliar del comercio”(Alsina, Mario A, Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero comentado, completado y actualizado por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L, y Vidal Albarracín (h), Guillermo, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 129).
Que la importancia de la actividad desarrollada por estos profesionales fue destacada en el segundo párrafo del punto 1 de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, bajo el título II, “Auxiliares del comercio y del servicio aduanero”, Capítulo Primero, “despachantes de aduana” señalando, entre otras cosas que “se evidencia (...) que son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del Fisco, en la medida en que el despachante colabora a la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya actividad se ve facilitada por la intervención del profesional y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas operaciones aduaneras tramitan”.
Que, debido a la trascendencia, tanto para el importador-exportador como para el servicio aduanero, de la actividad que desarrolla dicho actor en el ámbito del comercio internacional es que se le exige cierto grado de idoneidad, lo que se evidencia, entre otras cosas, en los requisitos que se le exigen para poder desenvolverse como tal. Entre ellos, se destaca -en cuanto aquí interesa- la exigencia de “(...) haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establecieren” -cfme. art. 41, inc. b), del C.A.-. En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera.
Que dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica – tanto en el ámbito del Derecho privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del Derecho público, frente al servicio aduanero –. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de “técnico asesor del comercio exterior” (ver “La responsabilidad del despachante de aduana”, Héctor G. Vidal Albarracín, Guillermo Vidal Albarración, Juan M. Sluman, Guía Práctica y Ediciones IARA S.A., Buenos Aires, 2009, p. 47).
IX. Que, en esa línea de pensamiento, cabe señalar que de la interpretación de los arts. 902 y 908 del C.A., resulta que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”.
Que de ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
Que, si bien, conforme reiterada jurisprudencia, el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador/exportador, dicho profesional no acreditó en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo como auxiliar del servicio aduanero. Que cabe destacar que, para un adecuado ejercicio de sus funciones, el despachante hubiera debido extremar los recaudos a fin de comprometer una manifestación veraz, toda vez que, debió saber, debido a su profesión, el modo en que la operación de autos debía ser declarada, resultando desacertado el modo en que llevó a cabo la declaración.
Que, precisamente, la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio general del derecho, receptado en el actual art. 1725 del Cód. Civ. y Com., conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.
Que, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones.
Que, por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida (art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA).
X. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución n° 2543/16 (DE PRLA), recaída en la Actuación SIGEA n° 12228-316-2011. Costas a cargo de las co-recurrentes.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), Dr. Marcelo Antonio Gottifredi (20-12474184-0), Dr. Guido Rafael Gottifredi (20-35268715-5), Dra. Patricia Eugenia Feliciano (27-12276446-5) y Dr. Adrián Marcelo Míguez (20-14223510-3). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.09.07 13:39:10 -03:00 Date: 2023.09.07 14:44:03 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 14:44:04 -03:00
Fin de la sentencia