Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 33.555-I
Y
I. Que a fs. 40/71 se interpone recurso de apelación contra la Resolución 217/2008 (DV MRRI), de fecha 27/11/2008, dictada por el Jefe (INT) de División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro por la que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias 2002, con mas sus intereses resarcitorios.
Que a fs. 196/215 se interpone recurso de apelación contra la resolución 83/2009 (DV MRRI), de fecha 22/12/2009, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro por las que se aplica multa con fundamento en el art. 45 de la Ley 11.683 correspondiente al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2002.
Que a fs. 1352/1395 se interpone recurso de apelación contra la resolución 61/2010 (DV MRRI), de fecha 14/10/2010, dictada por el Jefe (INT) de División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2003 a 2006 con mas sus intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en el art. 45 de la Ley 11.683. Que a fs. 2220/2268 se interpone recurso de apelación contra la resolución 165/2014 (DV MRRI), de fecha 5/12/2014, dictada por el Jefe (INT) de División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2007 y 2008 con mas sus intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en el art. 45 de la Ley 11.683. Que a fs. 2581/2621 se interpone recurso de apelación contra la resolución 206/2015 (DV MRRI), de fecha 18/12/2015, dictada por la Jefa (INT) de División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009 a 2013 con mas sus intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en el art. 45 de la Ley 11.683. Que a fs. 2842/2852 se interpone recurso de apelación contra la resolución 104/2017 (DV MRRI), de fecha 20/10/2017, dictada por la Jefa (INT) de División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta período fiscal 2014.
Que a fs. 2943/2975 se interpone recurso de apelación contra la resolución 207/2015 (DV MRRI), de fecha 18/12/2015, dictada por la Jefa (INT) de División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta períodos fiscales 2012 y 2013.
Que a fs. 3262/3300 se interpone recurso de apelación contra la resolución 105/2017 (DV MRRI), de fecha 20/10/2017, dictada por la Jefa (INT) de División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2014 con mas sus intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en el art. 45 de la Ley 11.683.
Que en primer lugar corresponde señalar que el origen del ajuste en el Impuesto a las Ganancias surge que la recurrente computó como pérdida en la liquidación del Impuesto a las Ganancias sumas en concepto de Diferencias de Cambio e Intereses Devengados, conceptos ambos originados en presuntos préstamos otorgados por su controlante, la firma Compañía de Interconéxión Energética (CIEN); la cual es titular del 99% del paquete accionario de la recurrente.
Que la actora señala que de conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias ("LIG"), así como sus modificatorias y reglamentarias, las operaciones en moneda extranjera deben contabilizarse de modo uniforme y deben ajustarse en función de la fluctuación del tipo de cambio durante cada ejercicio comercial. En tal sentido, el artículo 68 de la LIG ordena que las diferencias de cambio se determinen por revaluación anual de los saldos impagos y por las que se produzcan entre la última valuación y el importe del pago total o parcial de los saldos, y se imputan al balance impositivo anual.
Sostiene que yerra el fisco al sostener que los siguientes elementos son indicios de la inexistencia de un contrato de mutuo: (i) la concertación del mutuo con una empresa vinculada, accionista mayoritaria, así como la no verificación de condiciones propias de transacciones entre partes independientes; (ii) la ausencia de intereses contrapuestos o "dos partes", en tanto la suscripción del contrato de mutuo entre CTM y su accionista mayoritaria CIEN constituiría una "única voluntad social" que resultaría inconsistente con la naturaleza de los contratos de mutuo; (iii) la refinanciación de los préstamos y sus Adendas; (iv) la capitalización de intereses; (v) los montos concedidos en préstamo, en tanto exceden el patrimonio neto y capital del prestatario; y (vi) la supuesta vocación de permanencia de los fondos remitidos por la empresa controlante y la supuesta asunción del riesgo empresarial por parte de ésta última.
Manifiesta que la recurrente es una empresa dedicada al transporte de energía eléctrica la cual cierra su ejercicio anual el 31 de diciembre de cada año. CTM presta en forma exclusiva el transporte de energía a través del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional a través del Sistema de Transporte de Interconexión Internacional Nodo Rincón Santa María (Argentina) - Nodo Frontera Garabí (Brasil). Cabe destacar que el sistema de transporte de energía eléctrica fue, originariamente, construido por CTM con el propósito de exportar energía a Brasil.
Señala que la Empresa financió la construcción del sistema de transmisión internacional por medio de préstamos contraídos con CIEN. CIEN es una empresa ubicada en Río de Janeiro, Brasil, accionista de CTM, tenedora del 99.99% de sus acciones, mientras que Inversiones Energéticas S.A. es propietaria del 0.01% restante. Relata que la Empresa suscribió varios contratos de mutuo, a través de los cuales CIEN le prestó a la Empresa fondos destinados en forma exclusiva a la construcción de la obra de infraestructura, préstamos contraídos en vigencia de la ley de convertibilidad, es decir, cuando un peso equivalía a un dólar. Los citados préstamos fueron concertados en condiciones de mercado, como entre partes independientes. En consecuencia, los préstamos devengaron un interés de mercado a favor de CIEN, los cuales fueron cancelados vía capitalización practicándose la respectiva retención en la fuente del impuesto a las ganancias.
Señala que en primer lugar, no hay una vocación de permanencia de los aportes en la sociedad, bien por el contrario, fueron directamente aplicados a la construcción de una obra pública de ingeniería para la prestación de un servicio comprometida con el estado nacional, y al tiempo que no pudieron ser íntegramente devueltos fueron cancelados por medio de capitalizaciones tal como admite el artículo 18 de la LIG. En segundo lugar, no fue objeto de las transacciones afrontar dificultades financieras, bien por el contrario, la Empresa contrató préstamos con CIEN para afrontar la obra de ingeniería antes descripta.
Manifiesta que tampoco puede entenderse que el aportante tuvo intención de acceder o incrementar la participación social y gozar de eventuales beneficios de socio en tanto y en cuanto, por una parte, ya detentaba el 99% de las acciones de la Empresa, y por la otra, el mutuo fue concertado en condiciones de mercado como entre partes independientes.
Señala que no existiendo normas jurídicas en materia tributaria que validen una re-caracterización del préstamo como aporte a efectos fiscales, la AFIP las crea contra legem relegando los dos extremos esenciales para impugnar la existencia de un mutuo, así el fisco omite: (i) controvertir la fijación de un interés, en el caso, tratándose de empresas vinculadas, una tasa de interés acorde con los valores del mercado. Al respecto, el fisco no hace alusión alguna al interés concertado; y (ii) analizar si económicamente hubo interés de ambas partes de realizar el negocio de préstamos y, en caso de no haber sido así, analizar por qué causa. Al respecto, la AFIP en ningún momento consideró que la Empresa concertó los préstamos con el objeto de construir una obra de ingeniería para el otorgamiento de un servicio público. Tampoco reparó, tal como se destacó más arriba, que las empresas de ningún modo pretendían alcanzar los efectos de los aportes, atendiendo a la ya existente participación mayoritaria de CIEN en CTM; (iii) considerar que toda la documentación y registros de las empresas se condicen con la concertación de un mutuo. En este sentido, indica que el fisco no impugna la formalidad ni contenido de los contratos de préstamo, ni el registro de los mismos en los estados contables de las empresas; por el contrario considera que los mismos revisten todas las formalidades para ser considerados "préstamos".
Señala que el origen de la errónea y arbitraria calificación de la operación de préstamo como aporte de capital se funda en la exigencia por parte del Fisco de una serie de requisitos no contemplados en la integridad del ordenamiento jurídico vigente y que tampoco pueden deducirse de los precedentes jurisprudenciales. Muy por el contrario se contraponen a ambos. En este sentido, difícilmente podría haberse ajustado la Empresa a los requisitos para la configuración de un préstamo reclamado por el fisco cuando éstos no se encuentran contemplados ni por la ley ni por la jurisprudencia y, además, son contrarios a la doctrina en la materia. Alega que la impugnación del crédito y su posterior categorización como un aporte de capital implicaría la violación del Convenio con Brasil, en tanto se cuestionan los intereses pactados entre las partes, los cuales han sido capitalizados y gravados con el impuesto a las ganancias en Argentina (nótese que al momento de capitalizarse los intereses se retuvo en la fuente el impuesto a las ganancias por un total de $1.707.297,93). Afirma que el fisco intenta desestimar esta violación al sostener que no se encuentra cuestionado el destino dado a los fondos, pero pasa por alto que su postura cuestiona directamente los intereses que fueron pagados a un residente de otro país, afirmando literalmente que empresas vinculas de ambos países no pueden ser considerados entes jurídicos distintos, pues ambos sujetos revisten, bajo el amplísimo principio de la realidad económica propugnado por el fisco, una única voluntad social.
Indica que requerir la comprobación de intereses contrapuestos u opuestos, tal como lo interpreta el fisco para la configuración del préstamo es inconsistente con la noción y concepto de conjunto económico. En primer lugar, no caben dudas de que al concertar el contrato de préstamo cada una de las partes perseguía intereses individuales y contrapuestos; por una parte la Empresa pretendía financiar una obra de infraestructura y por la otra, CIEN pretendía desarrollar su objeto propio. Ello de ningún modo obsta que los fines de una y otra empresa queden subsumidos en los intereses del grupo económico. No caben dudas de que la conformación de grupos económicos generalmente se traduce en una afinidad de actividades u objetivos.
Manifiesta que dicha afinidad de ningún modo puede anular los intereses particulares de las partes en sus transacciones. Si bien la finalidad del grupo económico, consiste en la provisión de servicios y transporte de energía eléctrica, construcción, desarrollo de proyectos, ello de ningún modo obstaculiza que al concertar el empréstito CIEN pretendiera obtener un lucro, como cualquier tercero independiente, de la transmisión de fondos, y que CTM, pretendiera hacerse de fondos suficientes para financiar sus operaciones.
Alega que resulta paradójico que la AFIP cuestione la naturaleza del préstamo (y lo considere un aporte de capital) cuando éste fue utilizado para la construcción de una obra que a la postre terminaría siendo utilizada por el Estado Nacional para cubrir necesidades públicas, tales como abastecer al mercado local de energía eléctrica importada de Brasil. Por último, fue el propio Estado Nacional (del cual depende AFIP) quien autorizó a CTM a la construcción de la obra, obra que requería para su conclusión el otorgamiento de préstamos, los cuales no fueron otorgados por el Estado Nacional sino por CIEN, estando esta situación en conocimiento de aquél. Indica que en el fisco apela al principio de realidad económica para recalificar lo que no es más que un mero cambio de rótulo que no refleja sustancia ni "realidad económica" alguna (como sí la hay en la voluntad de las partes de celebrar el mutuo para realizar la Empresa un determinado negocio).
Se está ante una voluntad recaudatoria que quiere imponerse y que se sirve de cualquier argumento para lograr su objetivo. En efecto, los ejemplos de las contradictorias conductas del fisco en dictámenes sobre la misma cuestión (aporte vs préstamo) demuestran que ese "principio de realidad económica", más que un principio, es empleado como una herramienta recaudatoria de uso fungible e indiscriminado como, "ropaje" conceptual a fin de prescindir de la propia realidad económica que invoca, del derecho aplicable y los hechos verdaderamente ocurridos. El principio de realidad económica no es más que un medio usado en este caso para conseguir un fin impropio a su cometido: recaudar. Manifiesta que en ese uso arbitrario del principio de realidad económica tenemos que si un aporte se realiza en un contexto fáctico donde el tipo de cambio es estable (no generándose diferencias de cambio negativas que disminuyan la base imponible del impuesto a las ganancias) entonces el fisco buscará recalificarlo -usando el principio de realidad económica y poniendo requisitos exigentes para su caracterización como aporte- como préstamo a fin de cobrar retenciones de impuesto sobre los intereses presuntos o impuesto de igualación.
Indica que si bien es cierto que, por ser las obligaciones tributarias obligaciones de plazo cierto, la mora se produce de manera automática por el solo vencimiento del plazo de pago y "sin necesidad de interpelación alguna"; se debe considerar también como elemento configurativo de la mora la circunstancia que el retardo en el cumplimiento de la obligación corresponda a un obrar doloso o culposo por parte del contribuyente. En cuanto al Expte. N° 33.555-I donde se aplica multa la actora efectúa planteo de prescripción de las acciones y poderes del Fisco para aplicar la multa. Indica que tal como surge de las constancias de autos, la AFIP aplicó la pretendida multa con fecha 22 de diciembre de 2009 encontrándose entonces ampliamente prescriptas las facultades del fisco para sancionar a CTM, el que operó el 1 de enero de 2009.
Manifiesta que conforme lo establecido por el artículo 58 de la Ley 11.683, citado más arriba, el término de la prescripción para imponer a CTM sanciones relacionadas con un supuesto incumplimiento de su obligación tributaria con respecto al impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2002 comenzó a correr el 1 de enero de 2004, año siguiente al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada y pago del mismo.
Manifiesta que a la luz de las circunstancias fácticas descriptas es evidente que a la fecha de emitirse la resolución sancionatoria había transcurrido el plazo de prescripción dispuesto en el artículo 56 del de la ley 11.683. Afirma que aún cuando se considere válido extraer --vía interpretación extensiva-- una causal de suspensión de la prescripción para aplicar sanciones del texto del artículo 20 de -la Ley 24.769 (interpretación que se rechaza de plano en tanto resulta incompatible con el principio de legalidad vigente en materia infraccional), y por lo tanto se entienda que el curso de la prescripción para aplicar multas ha sido suspendido desde la fecha en que la AFIP formuló la denuncia penal (10 diciembre de 2008), hasta la fecha en que el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2 dictó sentencia definitiva desestimando la denuncia (16 de abril de 2009), igualmente al 22 de diciembre de 2009—fecha de la resolución condenatoria-- ha transcurrido el plazo de prescripción de las acciones del fisco para sancionar con multa a CTM.
Sostiene que si aún si se admitiera que corresponde suspender el cómputo de la prescripción ante la denuncia penal formulada por el Fisco, dicha suspensión habría ocurrido restando 21 días para que opere el plazo de prescripción de cinco años. Habiéndose reanudado el curso de la prescripción para sancionar el 16 de abril de 2009 (fecha en que se dictó sentencia definitiva en sede penal), al 22 de diciembre de 2009 (fecha en que se dictó la Resolución condenatoria recurrida) al 7 de mayo de 2009 habían transcurrido holgadamente los veintiún días de plazo indicado precedentemente, para completar el cómputo de la prescripción pendiente —conforme el Fiscoal momento de formularse la denuncia penal.
La recurrente considera que no existe ninguna deuda por tributo, en tanto tal como fuera explicado por CTM por otra parte, con relación a las sanciones aplicadas, la empresa ha concertado los contratos de mutuo y ha devengado las consiguientes diferencias de cambio de conformidad con la legislación vigente. Luego, no habría configuración del aspecto objetivo de la infracción pues no habría omisión de impuesto alguna que pueda serle reprochada a la recurrente. Ello así, en el caso bajo análisis no puede entenderse que la recurrente omitió el pago del tributo en cuestión cuando en realidad su obrar estuvo dirigido en un todo acorde con las normas aplicables vigentes así como los precedentes y antecedentes de derecho. Luego, la responsabilidad punitiva que el organismo recaudador endilga a la recurrente deviene totalmente infundada e ilegítima.
Manifiesta que es descabellado sostener que la recurrente omitió deliberadamente el pago de impuestos cuando: (i) expuso con claridad meridiana la totalidad de sus transacciones, documentadas debidamente; y (ii) obró de conformidad con su juicioso entendimiento de las normas aplicables vigentes y de conformidad con los precedentes y antecedentes de derecho aplicables.
Alega que resulta insensato plantear la posible omisión intencional en tanto y en cuanto, al momento de concertar los préstamos, es decir, a partir de 1999, la Empresa no podría haber previsto de modo alguno que en el año 2002 se desencadenaría una crisis económica y financiera en función de la cual el Estado Nacional decidiera salir del régimen de convertibilidad y finalmente resultara aplicable el régimen de diferencias de cambio en relación a las operaciones concertadas en moneda extranjera.
Alega que trasladados esos conceptos generales al caso bajo análisis y teniendo en cuenta que CTM ha obrado con debida diligencia en la interpretación de la normativa y que su conducta no puede serle reprochada en modo alguno, ni a título de culpa ni, mucho menos a título de dolo, solicita se revoque la grave sanción de multa impuesta a la recurrente en las Resoluciones apeladas.
Alega que la imputación penal fiscal achacada a la recurrente debe ser revocada toda vez que el ente fiscal nacional no ha logrado demostrar --ni siquiera invoca-- circunstancia alguna que lleve a admitir la existencia de un accionar fraudulento o doloso, ni siquiera culposo, que torne procedente la imputabilidad subjetiva de la conducta y que determine la aplicación de la sanción atribuida a la Compañía.
Sostiene que es procedente la deducción de las pérdidas cambiarias sufridas y, por ende, no corresponde el impuesto reclamado y mucho menos la aplicación de una sanción por presunta "omisión de impuestos", por la ausencia de configuración de los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal que le fuera imputado por la AFIP en estas actuaciones. Indica que para el improbable supuesto que se resuelva lo contrario, no caben dudas que en todo caso se ha configurado el error excusable, que eximiría de responsabilidad penal fiscal a CTM. Manifiesta que trasladados esos conceptos generales al caso bajo análisis y teniendo en cuenta que CTM ha obrado con debida diligencia en la interpretación de la normativa, su conducta no puede serle reprochada en modo alguno, ni a título de culpa ni, mucho menos a título de dolo.
En lo relativo al Expte. N° 34.223-I y N° 42.033-I la actora además indica que el ajuste contenido en las Resoluciones 61/2010 y 165/2014 no puede prosperar conforme a derecho, a poco que se repare en que la pretensión fiscal no tiene en cuenta ni la ratio legis ni el texto mismo del artículo 65 inciso (a) de la Ley 11.683, según fuera reformado por la ley 26.422 (B.O. 21.11.08).
Manifiesta que parte de las diferencias impugnadas en las Resoluciones 61/2010 y 165/2014 resultan inescindiblemente ligadas y causadas en saldos a favor resultantes de determinaciones de oficio actualmente controvertidas ante el TFN, tales saldos serían computables (y fueron efectivamente computados) en los períodos fiscales contenidos en aquellas y, por tanto, considera que existe un dispendio procesal generado por dichas Resoluciones el cual resulta inútil e innecesario (i.e. hasta que no se resuelvan las controversias en curso ante el TFN), en tanto el crédito fiscal está protegido normativamente de su extinción por prescripción. Manifiesta que la reforma dispuesta en noviembre de 2008 por la Ley 26.422 ha venido a modificar por completo la situación descripta anteriormente. Según el nuevo segundo párrafo del artículo 65 inciso (a) de la -Ley 11.683 - trascripto supra- la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para exigir el pago de obligaciones pretendidamente compensadas con saldos a favor que hubieren sido impugnados, queda alcanzada por la suspensión dispuesta por dicho artículo respecto del período fiscal en que los referidos saldos a favor se hubieren generado.
Alega que puede apreciarse entonces que, luego de la reforma introducida por la Ley 26.422, no existe ya un riesgo para el crédito fiscal similar al que se daba cuenta en la "Introducción" de la Instrucción General N° 9/07, al punto que ésta fue dejada sin efecto por la Instrucción General N° 1/09. Por ende, no existe tampoco ninguna excusa que pueda justificar el dictado por parte del Fisco de actos determinativos como los aquí recurridos; actos que no tienen contenido propio alguno. Ello supone, como ya lo hemos expresado, un inútil dispendio administrativo y jurisdiccional carente de sentido norrnativo. Así lo ha entendido el legislador al disponer el resguardo del crédito fiscal mediante la referida ampliación del alcance de la suspensión de la prescripción introducida por la Ley 26.422.
Sostiene que el Fisco debió entonces ajustar su proceder al mandato legislativo, absteniéndose de seguir adelante con procedimientos de determinación en casos como el presente. De lo contrario, se habrá atentando claramente contra el espíritu del reformado artículo 65 de la Ley 11.683.
En cuanto al Expte. N° 48.369-I correspondiente al período fiscal 2014 por el cual se determina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta afirma que el el Fisco sostiene que los resultados contables e impositivos de CTM se encuentran incididos por las diferencias de cambio y los intereses provenientes de los pasivos con CIEN, y que fueran impugnados atento a la aplicación del principio de realidad económica. De tal manera, postula que, en realidad, el quebranto impositivo declarado tiene su origen en la deducción de montos en concepto de diferencias de cambio e intereses provenientes de la simulación de pasivos, por lo que resulta posible la aplicación del IGMP. Alega que para determinar la doctrina resultante (punto III de la IG 2/17), la Instrucción se remite a los fallos "Hermitage S.A." y "Diario Perfil S.A.", ambas sentencias del Máximo Tribunal, recordando la inconstitucionalidad del Título V, art. 6 Ley 25.063 que estableció el IGMP. Ello, por considerar que de la norma surgía una presunción de renta, fundada en la existencia de activos en poder del contribuyente, existiendo una marcada desconexión entre el hecho imponible y la base imponible.
Alega que son dos los requisitos exigidos para tener por probado que la renta presumida por el IGMP simplemente no existió: (i) pérdidas en el balance contable; y (ii) quebrantos en la DDJJ del Impuesto a las Ganancias; exigencias que se dan en el caso de CTM, ya que surgen del Balance Contable (Ejercicio 2014) las pérdidas en las que incurrió la Empresa en el periodo involucrado por el monto de $137.784.620 - antes del Impuesto a las Ganancias-, a la vez que se registran quebrantos en la DDJJ del Impuesto a las Ganancias del mismo período, por la suma de $65.386.416,95.
Indica que la capacidad contributiva es inexistente, ya que no ha existido ninguna renta. Sostiene que los iniciadores de los proyectos de interconexión para la exportación de energía a Brasil (CEMSA y Costanera) deben abonar a CTM un canon por el transporte de energía. Ahora bien, sin perjuicio de lo previsto contractualmente, los iniciadores han dejado de pagar el mencionado canon desde el mes de enero de 2006 (circunstancia que ha sido reconocida por la propia AFIP). La falta de pago del canon por parte de los comitentes se debe a la situación en que se encuentran los contratos de exportación a Brasil. Al respecto, cabe recordar que las operaciones de exportación a Brasil celebradas entre CIEN y CEMSA y Costanera -cuyo suministro se encuentra actualmente suspendido- son las que dieron lugar a la celebración de los correspondientes Contratos COM de los Sistemas de Transporte de Energía de Interconexión Internacional con CTM.
En cuanto al Expte. N° 46.076-I por el cual por el cual se determina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta períodos fiscales 2012 y 2013 afirma que la grave situación económica y financiera de CTM no es nueva sino que proviene desde hace largo tiempo, tal como surge de los balances correspondientes al periodo 2012 y 2013 de la empresa. Así en el periodo 2012 sufrió pérdidas contables por $ 16.325.484'y fiscales por $ 7.638.458,95; mientras que en el periodo fiscal 2013 las pérdidas contables fueron de $ 67.004.202 y las fiscales fueron de $ 33.131.630,95. Indica que los quebrantos impositivos ascendieron a $ 7.638.458,95 durante el periodo fiscal 2012 y a $ 33.131.630,95 en el periodo 2013, acumulando un total de $ 40.770.089,90.
Alega que la AFIP pretende deslegitimar estos resultados negativos, en base a meras suposiciones, alegando que los quebrantos serían simulados a efectos de emitir el pago del Impuesto a las Ganancias. La realidad es que la ausencia de ingresos frente a la existencia de costos, conlleva como resultado inexorable a que se registren pérdidas.
Manifiesta que la existencia de quebrantos permite demostrar que los activos del contribuyente no han producido la ganancia mínima presunta, lo que sucede es que el ánimo recaudador fiscal lleva a impugnar los quebrantos en base a suposiciones falsas. Por lo tanto resulta necesario que se ordene la producción de las pruebas que se ofrecen para demostrar el hecho negativo, la inexistencia de una mínima ganancia. Indica que resulta demostrativo de lo expuesto, las conclusiones de los peritos transcriptas en la Resolución sobre el plazo promedio de cobro de los "Créditos por Ventas", que en el periodo 2012 era de 2.585,42 días, mientras que respecto del 2013 ascendió a 2.950,42 días.
Alega que los importes de los mutuos que han generado las deducciones aquí discutidas, así como sus intereses, han sido mantenidos en todo momento como pasivos. Si bien los intereses de los mutuos en cuestión, en determinadas ocasiones, han sido capitalizados (esto es, adicionados al monto principal del pasivo) ni tales intereses ni los préstamos que los han generado han sido convertidos en capital social de la Empresa. Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 89/111, 227/240, 1400/1428, 2334/2356, 3636/2663, 2864/2876, 3144/3160, 3308/3337, contesta los traslados la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Que respecto a los ajustes en el Impuesto a las Ganancias corresponde señalar que los argumentos resultan ser análogos en dichos expedientes. El Fisco Nacional manifiesta que conforme surge del informe de inspección la recurrente computó como pérdida en la liquidación del Impuesto a las Ganancias, sumas en concepto de Diferencias de Cambio e Intereses devengados, conceptos ambos originados en presuntos préstamos otorgados por su controlante, la firma Compañía de Interconexión Energética (CIEN); la cual es titular del 99,99% del paquete accionario de la recurrente.
Manifiesta que a efectos de establecer la procedencia de la deducción en concepto de Diferencias de Cambio e Intereses, -ambos originados en los fondos remitidos por su casa matriz-, el Juez Administrativo procedió a analizar la naturaleza y las características de los supuestos préstamos otorgados por CIEN. Indica que a efectos de proceder a su análisis, y con el objeto de establecer si es un verdadero préstamo, tal como lo registró e intenta fundamentarlo la recurrente, o si por el contrario, se trataba de fondos en concepto de aportes de capital, se debió en principio acudir al Principio de Realidad Económica, figura que se encuentra contemplada en el artículo 2° de la Ley, N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones).
Afirma que los supuestos pasivos declarados por la fiscalizada y que dieran origen al cómputo de diferencias de cambio provienen de fondos recibidos de la firma CIEN -COMPANIA DE INTERCONEXAO ENERGETICA accionista mayoritaria con un 99,99% a la fecha en que fueran remitidos.
Sostiene que si bien existe plazo de devolución, tal como lo dispone el artículo 2240 del Código Civil como característica distintiva del mutuo, las líneas de crédito fueron refinanciadas en distintas oportunidades por la empresa contratante, a efectos de que la recurrente pueda desarrollar sus actividades y afrontar los compromisos asumidos oportunamente para realizar las mismas. Si bien se devengaron intereses, estos nunca fueron cancelados, procediéndose a su capitalización.
Indica que también se desprende que no se verificó la existencia de intereses contrapuestos por cuanto el socio mayoritario y acreedor se concentraban en un mismo sujeto. Es decir, no existen dos partes -requisito esencial de un contrato de mutuo-, sino una única voluntad social. Destaca que la cuantía de las remesas no guarda relación proporcional con el patrimonio neto y el importe en concepto de capital.
Alega que la realidad de los hechos demuestra que la intención de las partes no se condice con aquella propia de los mutuos donde el prestamista busca un rédito financiero con la colocación de un capital asegurándose su restitución en plazos previamente establecidos. Con referencia a que es errónea y arbitraria la calificación efectuada por el Fisco se entiende que el préstamo es un aporte de capital, por la falta de elementos accesorios entre otros la constitución de avales y garantías-, cabe indicar que, si bien no son requisitos típicos del contrato de mutuo, son clausulas normales y habituales que no son dejadas de lado en transacciones de la entidad de la aquí tratada.
Afirma que en el mutuo se requiere que el deudor restituya lo prestado, y tal como lo menciona el artículo aludido en el párrafo anterior, en un tiempo convenido, situación que no se configura en el presente caso, toda vez que los fondos entregados por CIEN tuvieron su origen en el año 1999 y ante reiteradas renegociaciones a la fecha la deuda no fue cancelada, debiendo inferirse ante las mismas que esta dirigido a solventar necesidades de largo plazo. Sostiene que la vocación de permanencia aludida por el Fisco queda, reflejada a través de la fecha de remesa de fondos, año 1999, los que al día de la fecha no fueron devueltos.
Sostiene que en función de todo lo reseñado, es imposible sostener que los fondos recibidos por la recurrente constituyan un préstamo recibido del exterior. Si así fuera, habría que creer que un acreedor del exterior invierte en el país en una empresa nacional de su control sin capacidad económica alguna, sin cobrar nunca ni capital ni intereses y sin reclamar por ello.
Manifiesta que respecto a la devolución de las retenciones de ganancias ingresadas al Fisco correspondientes a beneficiarios del exterior por la capitalización de intereses, cabe indicar que no corresponde la compensación dispuesta por el penúltimo párrafo del artículo 81 pretendida por la contribuyente pues ella sólo procedería cuando los sujetos pasivos involucrados son idénticos, lo cual no sucede en este caso, ya que el impuesto solo ha sido ingresado por la actora como responsable de un sujeto distinto, dándose la inexistencia de identidad subjetiva en la titularidad del crédito y la deuda.
Con respecto al Expte. N° 33.555-I y en lo relativo al planteo de prescripción manifiesta que no se encuentran prescriptas las acciones y poderes del Fisco aplicar la sanción pertinente, con relación al Impuesto a las Ganancias - Ejercicio Fiscal 2002, dado que con fecha 16/04/2009, se dictó la sentencia definitiva y tal como lo prevé el art. 20 de la Ley N° 24.769, el Juez Administrativo quedó habilitado para aplicar la sanción prevista por la Ley 11.683.
Indica que en cuanto al aspecto objetivo requerido por tal norma, éste se configuró con el sólo hecho de haberse omitido actuar corno agente de retención en el momento que la norma lo dispone. En cuanto al elemento subjetivo, entiende éste quedó configurado al no haber actuado la quejosa con el recaudo conducente al cumplimiento oportuno de las normas vigentes.
En lo relativo al Expte. N° 34.223-I y relativo al planteo de prescripción indica que habiéndose demostrado que el quebranto no reviste el carácter de un saldo a favor, como erróneamente interpreta la actora, y dado que la Ley Procedimental define claramente que la mentada suspensión de la prescripción opera cuando la Administración Federal impugna total o parcialmente los "saldos a favor" del contribuyente o responsable que hubieren sido aplicados a la cancelación -por compensación- de otras obligaciones tributarias, haciendo extensiva tal suspensión de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para exigir el pago de las obligaciones tributarias que fueron canceladas con dichos "saldos a favor", y no menciona que sus disposiciones también se aplican a los quebrantos. Afirma que la suspensión de la prescripción opera a favor del Fisco Nacional.
En cuanto a los Exptes. N° 46.075-I y 48.370-I afirma que quien la contribuyente exhibe como principal responsable de la situación planteada es al propio Estado; en tanto considera que “el eventual incumplimiento que el mismo habría efectuado a las condiciones contractuales relacionadas con la construcción del Electroducto que tenía por objeto el transporte de energía entre la Argentina y Brasil”(sic).
Indica que de la propia estructura de la operación relatada, surge claro que la constitución de la contribuyente fue al sólo efecto de llevar adelante un negocio asumido por su controlante, en la medida que sólo contaba con un patrimonio mínimo para registrarse como sociedad y luego a través de una suerte de apalancamiento, la fue “surtiendo” con capital a través de los pretendidos préstamos que el Fisco entiende que son simples aportes de capital.
Señala que independientemente del ajuste por inflación, no fue la diferencia cambiaría lo que determinó el destino final de los emolumentos en cuestión; la realidad es que el objetivo fue que ese dinero ingresara a la firma en forma de préstamos para dar capital a la controlada argentina y al mismo tiempo, otorgarle ciertos beneficios importantes en materia de tributos, disminuyendo drásticamente la base imponible a través de estas deducciones impertinentes. Desde ya, la formalidad exhibida es precisamente el elemento central sobre el que se sostiene la recurrente para argumentar su posición, pero la realidad económica –dice correctamente aplicada por el Juez administrativo- nos muestra que esa formalidad sólo era una máscara.-
Afirma que lo que intenta mostrarse es que los emolumentos remesados a la rubrada, tenían el fin específico de capitalizarla para realizar puntualmente la tarea por la cual había sido creada. Esa capitalización fue realizada por su controlante, poseedora del 99.99% de las acciones, en un marco que implicó asumir el "riesgo empresario", otro elemento determinante de los aportes de capital.-
Manifiesta que no ha sido ni el contexto económico ni las circunstancias de pago, las consideradas por el Fisco para la recalificación de estas remesas; sino los hechos puntuales que ha referenciado y que van mucho más allá del aspecto netamente monetario. Por más que el contribuyente intente sostener este argumento para desacreditar la postura fiscal, lo cierto es que el análisis de los elementos por parte del Juez administrativo, dista mucho más allá de la cuestión referenciada, que resulta ser el único elemento sobre el que la rubrada parece apoyarse, para intentar desviar la atención de las demás circunstancias que rodean las operaciones cuestionadas y que desvirtúan totalmente su postura.-
En lo relativo a los Exptes. N° 48.369-I y 46.076-I afirma que el llamado Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta es, en realidad un impuesto a los activos igual al creado por la Ley N ° 23.760 y que rigió en nuestro país hasta el año 1995, sin que se haya declarado su inconstitucionalidad. La única diferencia que existe entre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y el Impuesto a los Activos es que ahora la ley permite compensar el impuesto con los pagos hechos por el Impuesto a las Ganancias y viceversa. Es una modalidad que aporta más justicia a la tributación.-
Sostiene que la confusión radica en la definición de los conceptos, el suponer que existe un sólo tipo de capacidad contributiva. Cada imputación prevé una capacidad contributiva que se corresponde con el hecho imponible. El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta satisface dicho principio, pues recae sobre activos capaces de generar una renta futura, razón por la cual equivale a un impuesto sobre la renta neta virtual o abstracta, pero no sobre la renta actual o efectiva.
Alega que el contribuyente de autos posee capacidad contributiva porque es poseedora de activo y ello a los fines del tributo en si mismo, es plenamente válido, en tanto la imputación respete los principios básicos que hacen a la legalidad y equidad en la imposición de tributos.
Sostiene que en el caso de autos, esa presunta capacidad contributiva desvirtuadas-porque no es la que puntualmente establece la ley del impuesto - aún considerándola, tampoco respeta parámetros de razonabilidad en la medida que- como se ha sostenido - el resultado contable que pretende exponer la actora para demostrar su estado pseudo falencial, se sustenta en la existencia de estos préstamos cuestionados por el Fisco y que habrían devengado cargos tendientes a acrecentar el Pasivo Contable.-
Por último, considera que las sanciones aplicadas resultan procedentes y correctamente ponderadas en las resoluciones apeladas, por lo que solicita su confirmación.
III. A fs. 120 se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa y pericial contable. A fs. 142, 1656, 1773/1782, 1890/1947, 1980/2049, 2703/2704, 2707, 2718, 2721, 2725, 3366/3374, obra prueba informativa. A fs. 1756/62, 150/152, 2528/2532, 2689/2691, 3704/3721 obra prueba pericial contable. A fs. 3670/3687 obra prueba pericial técnica. A fs. 2693 se hace lugar a la producción de la prueba pericial contable y a la restante prueba informativa.
En PV-2023-102018686-APN-VOCV#TFN se clausura la etapa probatoria, se elevan los autos a consideración de la sala “B” y pasan para alegar. En RE-2023-124599753-APN-SGAI#TFN obra alegato del Fisco Nacional y IF- 2023-122104102-APN-DTD#JGM el de la actora. Finalmente en IF-2023-139616998-APN-DTD#JGM se llaman los autos a sentencia.
IV. Que en lo relativo al Expte. N° 32.938-I y sus acumulados con motivo de la verificación fiscal. realizada por la Administración Federal en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 33 y 35 de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), se detectaron diferencias a favor del Organismo, por lo cual correspondió otorgar Vista de las actuaciones administrativas y liquidaciones del Impuesto a las Ganancias de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley citada, a fin de que formulen por escrito su descargo y ofrezcan o presenten las pruebas que hagan a su derecho, en relactón con el cargo formuladó.
La recurrente reviste el carácter de una Sociedad Anónima siendo su actividad principal declarada ante el Organismo, el Transporte de Energía Eléctrica (C.I.I.U. 401.200) y cierra sus ejercicios comerciales el 31 de Diciembre de cada año. Cabe destacar que la firma se dedica a la prestación en forma exclusiva del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica, de Interconexión Internacional a través del primer Sistema de Transporte de lntercoñexión Internacional Nodo Rincón de Santa María (Argentina) Nodo Frontera Garabi (Brasil)., Cabe dejar constancia que el porcentaje de participación de los accionistas se conforma de la siguiente manera, según surge de las registraciones as en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 - 411-98 de fecha 19/06/1998 (Fojas 7 y 50): COMPAÑIA DE INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA (C.I.E.N.)
(99,99%) e INVERSIONES ENERGÉTICAS S.A. (0,01%)
Al respecto se constató que la contribuyente COMPAÑÍA DE TRANSMISION DEL MERCOSUR S.A., declaró montos imponibles en defecto en el ejercicio fiscal 2002. Dicho cargo obedece al hecho de haberse verificado, que la contribuyente dedujo improcedentemente montos en concepto de "Diferencias de cambio” e “intereses devengados”
Del análisis de los actuados, la inspección actuante observó que la recurrente computó como pérdida en la liquidación del Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales en discusión, sumas en concepto de Diferencias de Cambio e Intereses Devengados, conceptos ambos, originados en presuntos préstamos otorgados por su controlante, la firma Compañía de Interconexión Energética (CIEN), la cual es titular del 99,99% del paquete accionario de la fiscalizada.
Que, ahora bien, a efectos de establecer la procedencia de la deducción en concepto de Diferencias de Cambio e Intereses, -ambos originados en los fondos remitidos por su casa matriz-, la fiscalización procedió a analizar la naturaleza y características de los supuestos préstamos otorgados por CIEN.
Con el objeto de establecer si nos encontrábamos frente a un verdadero préstamo, tal como lo registró e intenta fundamentarlo la recurrente, o si por el contrario, se trataba de fondos entregados en concepto de aportes de capital, se debió en principio acudir al Principio de Realidad Económica, figura que se encuentra contemplada en el artículo 2° de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones).
Asimismo fueron señaladas las siguientes observaciones que caracterizan a los fondos remitidos por la casa matriz:
a) Los supuestos pasivos declarados por la fiscalizada y que dieran origen al cómputo de diferencias de cambio provienen de fondos recibidos de la firma CIEN - COMPAÑIA DE INTERCONEXAO ENERGETICA, accionista mayoritaria con un 99,99% a la fecha en que fueron remitidos.
b) Si bien existe plazo de devolución, tal como lo dispone el artículo 2240 del Código Civil como característica distintiva del mutuo, las líneas de crédito fueron refinanciadas en distintas oportunidades por la empresa controlante, a efectos de que la responsable pueda desarrollar sus actividades y afrontar los compromisos asumidos oportunamente para realizar las mismas.
c) Si bien se devengaron intereses, estos nunca fueron cancelados, procediéndose a su capitalización. d) Del punto a) también se desprende que no se verificó la existencia de intereses contrapuestos por cuanto el socio mayoritario y acreedor se concentraban en un mismo sujeto. Es decir, no existen dos partes -requisito esencial de un contrato de mutuo-, sino una única voluntad social.
e) La cuantía de las remesas no guarda relación proporcional con el patrimonio neto y el importe en concepto de capital. Tal como se desprende de las propias declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 1998 y 1999, la responsable no había iniciado operaciones. No es un hecho menor que la recurrente en dichos períodos declaraba como Capital, el importe mínimo legal, o sea la suma de $ 12.000. A pesar de ello, registraba como "Deudas – Soc. controladas, controlantes y vinculadas" la suma de $ 31.312.896 al 31/12/1999, habiendo recibido tales fondos de su casa matriz. Tal circunstancia revela en primer lugar que no se tratan de operaciones de mercado celebradas como entre partes independientes, ya que la responsable no habría nunca accedido a dichas sumas de parte de terceros, con un patrimonio casi inexistente. Asimismo, no caben dudas que dichos fondos fueron incorporados al objeto societario de la fiscalizada, asumiendo de esta forma el consiguiente riesgo empresarial que se deriva de una inversión.
En función al mentado análisis, la fiscalización actuante concluyó que, sin perjuicio de la acreditación del ingreso de los fondos, no ha sido demostrado que dicho dinero deba caratularse como préstamos habida cuenta de las observaciones efectuadas, las cuales todas ellas caracterizan a los fondos remesados como aportes de capital. En consecuencia, y en virtud de las inconsistencias detectadas, la fiscalización actuante concluyó que la operatoria descripta, en nada se asimila a una realizada entre partes independientes en el marco de un contrato de mutuo y/o préstamo, máxime si se tiene en cuenta que el socio mayoritario y el acreedor se concentran en un mismo sujeto.
En razón a todo ello, los agentes fiscalizadores consideraron que no resultaba procedente computar en las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2002 deducciones en concepto de Diferencias de Cambio e Intereses, ya que las sumas recibidas por la contribuyente -de acuerdo al principio de la Realidad Económica- no constituyen préstamos, definiéndose los mismos como aportes de capital.
Por lo tanto, no correspondía deducir diferencia de cambio alguna ya que, dado que las cuestionadas remesas no revisten las características para ser consideradas “pasivo”, no resultan aplicables los artículos 68 y 97 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones) y artículos concordantes de su Decreto Reglamentario.
Asimismo, correspondió también darle a los intereses devengados por el presunto préstamo el mismo tratamiento y encuadre legal que el mencionado para las diferencias de cambio.
En definitiva, se concluyó que aún cuando CIEN y COMPAÑIA DE TRANSMISIÓN DEL MERCOSUR S.A. se tratan desde el punto de vista estrictamente jurídico de entes diferentes, no puede pasarse por alto a efectos del análisis de la presente controversia, la situación de dominación que ejerce la firma foránea sobre la local, ello en función al principio de la Realidad Económica previsto en la Ley N° 11 .683-, tal cual lo menciona nuestro más Alto Tribunal.
Asimismo, debemos señalar que no solo se tratan de empresas vinculadas, sino que en función del porcentaje de tenencia accionaria en poder de CIEN, esta es controlante casi absoluta sobre las decisiones que adopte la rubrada.
Por lo tanto, los aspectos señalados por la recurrente en su escrito de disconformidad en cuanto a la existencia, de fecha cierta, de su correspondiente protocolización, de los intereses pactados como si se trataran de entes independientes, se tratan de aspectos formales, importantes, necesarios pero no suficientes para dilucidar la caracterización de las operaciones, cuando nos encontramos con entes en una posición extrema de dominación que distorsionan la realidad aparente derivada de los contratos celebrados. Para ello, tal como fue expuesto en la resolución de Vista, resulta necesario el análisis, de los hechos, los cuales adquieren una relevancia superior respecto a las formalidades pactadas por las partes.
La fiscalización actuante señala que dejando los aspectos de índole eminentemente formal, la realidad de los hechos demuestran que al día de la fecha se ha devuelto escaso capital y que parte de los intereses fueron capitalizados, no constituyendo ello cancelación alguna por carecer del requisito de disponibilidad exigido por el artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Es decir que si bien se encuentra previsto el plazo de devolución, éste no ha sido cumplimentado en el tiempo convenido.
En los presentes actuados se vislumbra que la firma Compañía de Interconexión Energética (C.I.E.N.), accionista mayoritaria de la rubrada, al momento que decidió el aporte de tamañas sumas de dinero, lo hizo con la intención de afectarlos en forma permanente a la realización del objeto societario, asumiendo el consiguiente riesgo empresarial.
En definitiva, las decisiones adoptadas por su casa matriz al proceder a transferir sumas de estas magnitudes, y con pleno conocimiento de que su controlada poseía un capital operativo de $ 12.000.-, implicaban necesariamente asumir el riesgo empresario de tales inversiones.
Asimismo, esgrime que debe tenerse en cuenta, que la recuperación de las sumas invertidas quedaba supeditada indudablemente a la evolución de los negocios de CTM S.A., con independencia absoluta de las fechas pactadas de devolución que surgen de los "contratos de mutuo", característica esencial de los aportes de capital, y que la diferencia de las sumas dadas en carácter de préstamos. (sic)
A este respecto, no debemos olvidar, como ya fue expuesto en considerandos precedentes que, en fecha previa a la crisis económica señalada por la recurrente, se procedió a la capitalización de $ 14.164.000, lo cual, a dicha fecha demuestra su intención de no devolución, supeditando el recupero de las sumas invertidas a la operatoria comercial de la recurrente, con independencia de las fechas de devolución acordadas.
Por lo tanto de los elementos de hecho como de derecho que obran en las presentes actuaciones, se demuestra que la operatoria realizada entre la recurrente y su controlante no puede ser catalogada como préstamos celebrados entre partes independientes, asemejándose en función de los indicios a aportes de capital.
En consecuencia la fiscalización concluyó que no resultaba procedente la deducción en la liquidación del Impuesto a las Ganancias, de las diferencias de cambio originadas en dichos préstamos, ya que no tratándose de un pasivo, no resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 68 y 97 de la Ley del Tributo.
V. Que, en principio, corresponde destacar que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, no analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I; como tampoco están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Corresponde señalar que la AFIP basó su ajuste en el principio de la realidad económica, recalificando los préstamos como aportes de capital, por el hecho de ser CIEN accionista mayoritario de Compañia de Transmisión del Mercosur y por la fala de pago de la deuda contraida en el plazo estipulado, verificándose así, a criterio del Fisco Nacional la vocación de permanencia de los fondos recibidos y de esa forma impugnó la deducción de las diferencias de cambio e intereses propias de los préstamos.
Corresponde señalar que el Fisco Nacional analizó el pasivo que poseía la firma Compañia de Tranmisión del Mercosur con su casa matriz y la operatoria financiera entre estas empresas vinculadas y se determinó precisamente que la estructura contractual que soportan los contratos de préstamo de dinero se distancia de un verdadero contrato comercial de préstamo de dinero, y se asemejan por las condiciones pactadas a un aporte de capital.
Es dable señalar que en el caso de marras tal como reconoce el Fisco Nacional en las resoluciones apeladas la recurrente efectuó pagos para cancelar parcialmente el capital. Corresponde reseñar que la empresa suscribió varios contratos de mutuo y adendas entre los años 1999 y 2006, a traves de los cuales CIEN prestó a la Empresa fondos destinados en forma exclusiva a la construcción de la obra de infraestructura. Cabe aquí destacar que conforme se desprende de la lectura de los actos recurridos, el Fisco Nacional no desconoce el ingreso de los fondos ni su posterior destino a la obra de ingeniería realizada por la recurrente (vide a título ilustrativo fs. 25 y 33vta. de autos).
Corresponde advertir que como se encuentra expuesto en las resoluciones apeladas en autos la recurrente procedió a la cancelación parcial de los préstamos en los momentos donde tuvo liquidez, por otra parte hubo negociaciones y acuerdos con el fin de renegociar la deuda impaga según la evolución del giro comercial de la recurrente, firmándose varios documentos "addendas" conforme es reconocido por el mismo Fisco Nacional (vide por ejemplo, fs. 14 a 17 de autos).
Asimismo, es el propio Fisco Nacional quien (vide fs. 2306 Vta./2307 de autos) deja sentado que la recurrente capitalizó una parte de los préstamos originados en el año 1999 y que, recien con fechas 05/09/2001 y 07/03/2002, realizó pagos parciales de la deuda, por las sumas de $ 6.900.000 y $ 3.225.000,00 respectivamente. En tal sentido señala que canceló totalmente el primer contrato de mutuo celebrado el 05/03/1999, abonando con fecha 23/10/2003 la suma de u$s 621.871,94. Además se observó la existencia de diversas Novaciones celebradas entre la recurrente y la firma Transportadora de Energia SA (T.E.S.A.), de la cual CIEN también posee el 99% de su paquete accionario, las que fueron utilizadas como pagos parciales de la deuda. También se puso de resalto que el día 19/12/2008 la recurrente volvió a efectuar otro pago parcial de la deuda por la suma de $ 16.932.037,84 tal como surge de los asientos contables, del mayor de la Cuenta N° 211.130 "Intereses Préstamo CIEN" y de los Swift aportados (vide fs. 2307 de autos).
Por otra parte, de los informes periciales producidos en autos se desprende que, además de las cancelaciones parciales mencionadas anteriormente, se realizaron otras cancelaciones parciales de capital e intereses. Se hace referencia allí que los intereses por U$S 1.563.244,00 y U$S 1.533.693,00 detallados en el Anexo I de la Certificación Contable de Auditor Independiente presentada por la actora, se encuentran registrados en los folios 337 y 366 del Libro Diario N° 3 y el pago de intereses por U$S 2.704.818,00 y U$S 2.251.868,00 se encuentran registrados en el Folio 71 del Libro Diario N° 4. Asimismo constan las cancelaciones por U$S 3.500.000 y por U$S 3.000.000, detalladas en la referida certificación, de los préstamos otorgados a la sociedad por CIEN, las que se encuentran registradas en el folio 71 del Libro Diario N° 4 (vide los informes periciales obrantes en autos a fs. 154/157 y 2689/2691, punto 2).
Por otra parte se efectuaron cancelaciones parciales de capital e intereses conforme surge de la certificación contable obrante a fs. 1174/1188 efectuándose la cancelación parcial de los prestamos por US$ 6.900.000 y US$ 1.500.000 y por los préstamos de US$ 616.465,13 y U$S 175.437,31. Como asi también la capitalización de intereses originados en los préstamos por US$ 601.010,77, US$ 230.870, US$ 10.771, US$ 5.741.289 y US$ 793.697.
Asimismo de la pericial contable obrante a fs. 1756/1762 surge que ambos peritos son contestes en que, respecto a los pagos efectuados en el mes Diciembre de 2008, se constató la contabilización de dos pagos de capital e intereses por USD 5.258.131,65 y USD 4.463.713,93, y su correspondiente en pesos $ 17.961.777,82 (préstamo CIEN $ 8.722.119; intereses préstamo CIEN 9.239.658,19) y 15.248.046,78 (préstamo CIEN $ 7.555.667,13; intereses préstamo CIEN $ 7.692.379,65), respectivamente.
Dichos movimientos fueron corroborados en los mayores de las cuentas 111033 Banco Santander N. York, 211110 Préstamo CIEN, 211130 Interes Préstamo CIEN y 213060 Retenciones. Asimismo, la contabilización del pago de los conceptos descriptos precedentemente, se encuentra registrada en el Libro Diario Nro 4- Rúbrica N° 40526-08 de fecha 26-05-2008, folio Nro 71.
Adicionalmente señalan los expertos contables que se les exhibió fotocopia del extracto bancario del Banco Santander Central Hispano New York donde figuran, con fecha 19/12/2008 los débitos por los siguientes conceptos y montos: Pymt. Order 0007 Standard Charter: USD 5.258.131,65, Pymt. Order 0008 Standard Charter: USD 4.463.713,93. En la citada fotocopia consta la leyenda "...Enviar a Compañía Transmisión de Mercosur."
Asimismo se exhibieron los certificados de retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias por el pago de los intereses, según los siguientes comprobantes: Certificado de Retención # 0000-2008-000491 del 19/12/2008 S 2.692.332.87 Certificado de Retención # 0000-2008-000490 del 19/12/2008 $ 3.233.880,37 Volante de Pago F 799/E por $ 5.926.213,24, y cheque n° 84302270, por el mismo importe.
Cabe señalar que no ha sido planteado por el Fisco Nacional que los intereses pactados en los mutuos no respondieran a condiciones de mercado.
En lo que respecta al período 2002 el juez administrativo sostuvo (vide fs. 31 de autos) que en las actuaciones se discute la caracterización de las operaciones que dieron lugar a la remisión de los fondos de la casa matriz a su controlada y no la de establecer si la tasa de interés pactada sería como entre partes independientes en condiciones normales de mercado, descartando la aplicación de la legislación del impuesto a las ganancias referida a los denominados precios de transferencia. De ello se sigue que no se cuestionó entonces las tasas pactadas. En el mismo sentido, en la resolución determinativa de ganancias de los períodos 2003 a 2006, la de los períodos 2007/2008 y la de los períodos fiscales 2009/2013, el juez se expide en forma similar (vide fs. 277, 2313, 2564 y 3239vta. de autos).
Asimismo de la pericial contable ambos peritos son contestes en que se han presentado los estudios de precios de transferencia correspondiente a los ejercicios 2009 a 2014, según reflejan los formularios exhibidos y que hacen referencia a operaciones de préstamos. De los mismos surge que los intereses pactados no diferirían de los que hubieran sido utilizados por empresas independientes en transacciones similares (condiciones arm´s lenght) -(vide fs. 3704/3721 punto x)-.
Por otra parte a fs. 3588/3657 obra contestación de oficio efectuada por el Fisco Nacional en el cual se agrega copia certificada de los estudios de precio de transferencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2014 presentado por la recurrente.
En definitiva, de lo hasta aquí expuesto surge que el Fisco Nacional no cuestiona desde lo formal los contratos de mutuo celebrados por la recurrente con su controlante y que fueron aportados en la instancia de fiscalización, tampoco el ingreso de fondos y de su aplicación; por otra parte, reconoce la existencia de la cancelación total del mutuo de fecha 5/3/1999 y de cancelaciones parciales de los restantes, como así también remesas en concepto de intereses de dichos mutuos; no ha cuestionado que las tasas pactadas no respondan a operaciones de mercado entre partes independientes.
Todo ello, hace aplicable al presente caso la doctrina que emana del Fallo de la Corte en la causa "Transportadora de Energía S.A.", de fecha 26/12/2019, empresa que integra el mismo grupo económico al que pertenece la aquí recurrente, donde compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuración en cuanto sostuvo que: “...del mero incumplimiento de un acuerdo no se puede derivar sin más y sin considerar las circunstancias de cada caso, una mutación en la naturaleza jurídica de un instituto, ya que ello importaría, derechamente, dejar librada la sustancia jurídica de todo acto a lo que pudiera suceder a la postre, es decir supeditando toda conclusión a lo que los hechos ulteriores determinasen”. En el mismo caso se agrega: “...debo poner de manifiesto que el Fisco ha privado de toda relevancia al hecho de que, precisamente por tratarse de dos empresas fuertemente vinculadas entre si, se han respetado todos los lineamientos legales a fin de evitar la aplicación de normas correctivas de estas situaciones -las que, básicamente, buscan evitar el fraude fiscal-. De esta manera, los contratos fueron celebrados atendiendo las pautas relativas a la independencia de las partes - aportando los respectivos estudios de precios de transferencia- y las normas que regulan el problema de la infracapitalización. Debe ponerse de resalto que en momento alguno el Fisco cuestionó el accionar de ambas firmas desde esta perspectiva de las normas anti fraude”.
Se agrega allí que: “...el principio de la realidad económica, previsto en los ya citados arts. 1º y 2º de la ley de rito fiscal, ha sido tratado en reiteradas ocasiones por V.E., como por ejemplo en la causa de Fallos: 328:130, “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe v. Dirección General Impositiva”, del 22/2/2005, en el que afirmó que “para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 2º de la ley 11.683). Ello, en consonancia con el principio de la realidad económica, al que alude el art. 1º del citado ordenamiento”. Y para la aplicación del instituto se requiere que existan motivos serios por los cuales quepa dejar de lado la configuración de un determinado negocio jurídico para reencuadrarlo en aquel otro que mejor se adecue a la sustancia económica del asunto o a la auténtica intención jurídica de las partes intervinientes, circunstancias que, por lo ya expuesto, considero que no se hallan en la presente especie”. A igual conclusión corresponde arribar en la causa aquí en estudio.
Al respecto se agrega en el precedente que se viene analizando que “Además, también ha dicho con firmeza esa Corte, en Fallos: 319:3208, "Autolatina Argentina S.A. (T.F. 12.463-I) v. Dirección General Impositiva", del 27/12/1996, que "sin desconocer la significativa importancia que tiene en esta materia el principio de la 'realidad económica', su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que regula concretamente la realidad tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o de legalidad (...), supondría paralelamente un serio menoscabo al de seguridad jurídica (...), e importaría prescindir de la 'necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria' (...)". Ello así, en función de la doctrina emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación antes referida, cabe concluir que los argumentos del Fisco Nacional limitados a la falta de devolución total de los fondos recibidos de la empresa del exterior, no se encuentran debidamente sustentados, por lo que corresponde revocar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia del impuesto a las ganancias, con costas.
VI. Por otra parte en lo relativo a los ajustes efectuados en los Exptes. N° 46.076-I y 48.369-I, en materia del Impuesto a la Ganancia mínima presunta de los períodos 2012, 2013 y 2014, corresponde señalar que deben examinarse dentro del cuadro argumental abierto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Hermitage S.A.", de fecha 15/6/2010 (Fallos 333:993), por cuanto resulta un viraje en la jurisprudencia mayoritaria que le antecedió, así como el apuntalamiento de una vía plausible para la revisión de la constitucionalidad en cada caso concreto del impuesto que aquí se trata.
Que en dicho pronunciamiento, luego de un extenso desarrollo de los Antecedentes Parlamentarios correspondientes a los debates que precedieron el dictado de la ley del gravamen, la Corte puntualizó que "La peculiaridad que se presenta en el caso, es que tanto quienes presentaron la propuesta de ley, como algunos de los oponentes a ésta, manifestaron su coincidencia acerca de que con el tributo creado se trataba de captar la capacidad contributiva de una renta mínima cuya existencia el legislador presumía en términos absolutos, con abstracción de que esa renta efectivamente se haya generado y, por consiguiente, sin aceptar la posibilidad de una demostración en contrario...".
Allí la Corte señaló que: "14) Que, en el caso, sobre la base de la alegada necesidad de inducir al pago del impuesto a las ganancias y asegurar al fisco la recaudación de un ingreso mínimo -argumento del legislador-, o bien, con sustento en que quien mantiene un activo afectado a una actividad empresaria es porque, al menos, obtiene una rentabilidad que le permite su sostenimiento -argumento del mensaje de elevación n° 354-, se ha contemplado en la hipótesis de incidencia del tributo la presunción de obtención de una ganancia mínima que no es posible derribar mediante prueba en contrario. "
"Como fue señalado en el considerando 10 de la presente -y a diferencia de los casos precedentemente citados-, el tributo en examen pesa sobre un universo de actividades heterogéneas -sin consideración a particularidad alguna- y sobre innumerables formas de organización de los recursos humanos. Prueba de ello, lo constituyen los diferentes supuestos fácticos que el Tribunal tiene ante sí...."
"Sin embargo, el legislador, sin tener en cuenta las modalidades propias que pueden adquirir explotaciones tan diversas, ha supuesto -sobre la base de la existencia y mantenimiento de sus activos- que dichas explotaciones, en todos los casos, obtendrán una renta equivalente al 1% del valor de éstos, y no ha dado fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley." "15) Que, la iniquidad de esta clase de previsión, se pondría en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha existido."
Concluyó entonces en ese caso el Alto Tribunal "16) Que, en las condiciones relatadas en este pronunciamiento, corresponde concluir que el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso, lo que así se declara."
El Máximo Tribunal ha dejado establecida la pauta rectora a tener en cuenta a fin de subsumir posteriores casos en la doctrina allí establecida, esto es, la comprobación fehaciente de que la renta presumida por la ley no ha existido.
Tal como lo señalara esta Sala en los autos "Mellinas Hnos. S/apelación -Ganancia Mínima Presunta", sentencia del 13/5/2013, atento que la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación remite ineludiblemente al examen y valoración de las pruebas rendidas en autos, a fin de discernir si -tal como lo pretende la recurrente- se encuentra afectado en el caso concreto el principio de capacidad contributiva, corresponde pues el análisis de las probanzas colectadas en estos actuados.
A tales efectos, cabe recordar que en la causa “Diario Perfil”, donde se discutía la restitución de las sumas abonadas en concepto de los anticipos 1 a 7 del impuesto a la ganancia mínima presunta del ejercicio 1999, alegando que en ese período tuvo un resultado contable negativo, el Alto Tribunal sostuvo que la allí actora había registrado “pérdidas en sus balances contables correspondientes a los períodos 1998 y 1999 (hasta el 30/9)” y un quebranto en su declaración jurada del impuesto a las ganacias en el primero de esos períodos. Parece claro que, contrariamente al criterio que sostiene el Fisco Nacional en estos actuados, el dato determinante para revocar la sentencia y admitir el recurso de queja deducido por la parte allí actora fue la prueba de que en los períodos examinados existió pérdida en los balances contables (en igual sentido lo ha interpretado la Sala I de la Alzada in re “La Inversora SA y otros”, sentencia del 22/10/2020).
En el caso concreto debe tenerse en cuenta que el criterio fiscal de reencuadrar los préstamos contabilizados por la recurrente como aportes de capital es revocado en este acto por el Tribunal, lo que lleva a que los quebrantos de los ejercicios aquí involucrados que habían sido impugnados por el Fisco Nacional, vuelvan a ser computables para la recurrente. Además cabe señalar que conforme surge de la pericial contable obrante a fs. 3704/3721 (en especial puntos V, VI y VII) se observa que al considerar los ingresos anuales devengados por transporte de energía, los créditos por ventas al cierre de cada ejercicio y la comparación de este último con el saldo del año inmediato anterior, puede apreciarse que desde el año 2006 la sociedad no ha cobrado monto alguno por los ingresos devengados en concepto de transporte de energía.
Asimismo conforme surge del informe técnico agregado a fs. 3670/3687, surge que el Estado Nacional como autoridad regulatoria del transporte de energía eléctrica modificó a partir del 2002 con el dictado de la ley 25561 los mecanismos de ajuste de tarifas de todos los contratos de concesión de transporte eléctrico y en el caso que estuvieran las tarifas nominadas en dólares, cambió la moneda de éstas. También surge de dicho informe que el marco regulatorio priorizó el mercado interno lo que dificultó el cumplimiento de los contratos de exportación, resultando que desde el 2008 el mercado no estuvo en condiciones de exportar energía eléctrica como originalmente estaba previsto. En dicho informe se señala también que la recurrente tenía infrastructura disponible y en uso para la importación de energía eléctrica y cubrir el abastecimiento interno, no recibió remuneración alguna por el uso de la infraestructura en cuestión. En consecuencia, tal como lo expresa el perito contador de la actora en el informe de los puntos de pericia del Expte. Nº 48369-I (vide fs. 3719Vta.) corresponde señalar en cuanto a la potencialidad de producción de los activos de la recurrente que el mercado de interconexión internacional permanece totalmente regulado por el Estado Nacional y la remuneración transitoria percibida por CTM está limitada a la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión sin que se haya concretado aún el repago de la inversión (todo ello debido a la alteración unilateral por parte del Estado Nacional de los contratos que dieron origen a la construcción de dichas líneas), en una situación que se mantiene indefinida en el tiempo, son las decisiones del Estado Nacional en materia regulatoria las que finalmente determinarán la potencialidad de que los activos antes mencionados pueden producir los ingresos suficientes para la sustentabilidad de la empresa. En definitiva se observa de la pericia de fs. 3704 y sgtes., que el resultado de los ejercicios comerciales ajustados en Ganancia Mínima Presunta, antes del impuesto a las ganancias, arrojan resultados negativos Ello así, en función de la doctrina emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación antes referida, en atención a los balances aportados por la actora en autos, ha quedado acreditado que la renta presumida por la ley no ha existido en cabeza de la recurrente, por lo que corresponde revocar también los ajustes en materia de Ganancia Mínima Presunta, con costas.
VII. En atención a lo expuesto, corresponde revocar la totalidad de los actos recurridos en autos. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE
Revocar los actos apelados, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.12.01 19:47:34 ART Date: 2023.12.04 07:47:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.04 10:24:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.04 10:25:16 -03:00
Fin de la sentencia