Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución DE PRLA Nº 2507/13, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12039-716-2008, en cuanto impone la pena de multa a la firma KASDORF SA, la que asciende a un total de DIECISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 70/100 ($ 16.035,70). Costas en un 34% a cargo de la importadora y en un 66% a cargo del Fisco.
2Confirmar parcialmente el art. 3 de la referida resolución, en cuanto intima el pago de tributos a ambas co recurrentes, los que ascienden a un total de DIECISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 70/100 ($ 16.035,70), con más los intereses que se devenguen desde el 25/04/13, por aplicación del artículo 794 del Código Aduanero. Costas a las co recurrentes.
3Revocar parcialmente el citado art. 3, en cuanto intima el pago de las percepciones del IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Costas al Fisco.
4Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 de la presente en un 10% a cargo de las co recurrentes y en un 90% a cargo del Fisco.
I. Que, a fs. 10/18, se presenta la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 2507, dictada en fecha 29 de mayo de 2013 en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12039-716-2008, por la cual se la intima – en su calidad de garante – al pago de tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, por parte de su asegurado, en relación a la destinación de importación temporaria 02 001 IT14 002440 R. Sostiene que la Aduana incurre en un excesivo rigor formal, toda vez que considera que el informe de la Sección de Procedimientos Técnicos expresa que la descarga de la temporal sería parcial, sin hacer referencia a la documentación aportada por la firma importadora, y que sobre la base de este dictamen, la Dirección General de Aduana declara la existencia de la infracción, sin fundamentar por qué se desconoce la documentación citada. Opone excepción de prescripción del Fisco para el reclamo de los tributos, manifestando que el trámite del sumario administrativo presenta falencias procedimentales, y que el transcurso de nueve años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 C.N. y art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Plantea la improcedencia del reclamo en dólares en relación a los tributos. Respecto a la póliza, expresa que su falta de agregación permite concluir que fue devuelta por encontrarse cancelada la operación en cuestión. En subsidio solicita que se limite su responsabilidad hasta el límite asegurado en la misma. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al presente recurso.
Que, a fs. 189/207, se presenta la firma importadora KASDORF S.A. mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la referida resolución, en cuanto se la condena al pago de multa y tributos. Afirma que ha cancelado la totalidad de la mercadería importada al amparo de la operación DIT Nº 02 001 IT14 002440 R, aclarando que 92,458 kg de insumos fueron nacionalizados mediante la destinación de importación a consumo Nº 04 001 IC81 000303 C. Enumera los permisos de embarque mediante los cuales habría cumplido con la exportación. Sostiene que su forma de proceder no configura delito tipificado por el Código Aduanero, por tanto debe ser absuelto. En forma subsidiaria, solicita la aplicación del principio de bagatela. Asimismo, solicita se aplique en autos el principio del art. 898 C.A., y peticiona para el caso que no se concuerde con los argumentos vertidos en su recurso, que la sanción sea atenuada por debajo del mínimo legal atento que no registra antecedentes infraccionales. Formula cuestionamientos en relación a la duración del sumario administrativo, señalando que la investigación por falta de cancelación de una destinación de importación temporal oficializada en el año 2002, es decir hace 11 años, desvirtúa la naturaleza del procedimiento administrativo, lesionando la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, conforme art. 18 C.N. Por último, solicita en subsidio la aplicación del art. 972 C.A. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con costas.
II. Que, a fs. 227/232, la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de un expreso reconocimiento, o que surjan de las actuaciones administrativas. Sobre el planteo de prescripción, expresa que el mismo debe desestimarse atento la apertura del sumario que tiene como efecto la interrupción de la prescripción de la acción penal aduanera, y lo establecido en los arts. 803, 804, 805 del C.A. Respecto a la destinación involucrada en autos, recuerda la DGA que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Que la firma importadora o su responsable solidario deben demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con las obligaciones dentro del plazo legal otorgado, lo que afirma, no lo hicieron en las actuaciones administrativas al corrérsele vista de lo actuado. Por lo que concluye que con las solas expresiones de las partes actoras no alcanzar a desvirtuar las pruebas aportadas en la causa, verificándose la infracción que se les imputa. Cita jurisprudencia y normativa aplicable. Ratifica la exigencia del derecho adicional. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas N° 12039-716-2008, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-716-2008 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia 333/04 de fecha 02/06/2004. A fs. 4 obra carpeta de la destinación Nº 02 001 IT14 002440 R. A fs. 6 se encuentra Nota Nº 3958/04 (SE PRTE) que ratifica la denuncia, descontando la mercadería nacionalizada por 04 001 IC81 000303 C. A fs. 11 obra la carpeta de la operación 04 001 IC81 000303 C. A fs. 13 con fecha 18/07/2008 se dispone la instrucción del sumario. A fs. 18 la determinación de tributos y multa. A fs. 20 se encuentra impresión de póliza Nº 744529. A fs. 31 con fecha 12/03/2013 se corre vista a la firma Kasdorf S.A. y se cita a Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. A fs. 41 se encuentra cédula dirigida a la aseguradora, con fecha de notificación 25/03/2013. A fs. 42 se encuentra acuse de recibo de citación dirigido a Kasdorf S.A., con fecha de notificación 26/03/2013. A fs. 43/47 y 51/60 presentan su descargo la compañía de seguros y la importadora, respectivamente. A fs. 63 obra Nota Nº 2824/13 (SE PRTE) de fecha 03/05/2013 que ratifica la denuncia efectuada en autos. A fs. 64/65 se reliquidan los tributos y multa. A fs. 66/69 obran antecedentes infraccionales de la importadora. A fs. 71/74 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 2507 de fecha 29/05/2013, apelada en autos.
IV. Que corresponde, en primer lugar, analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco introducido por la aseguradora, cuestión que se encuentra expresamente regulada por los artículos 803 y siguientes del CA, el cual establece que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, conforme lo dispone el art. 804 primera parte.
Que, por aplicación de las citadas normas, resulta que la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr desde el 1 de enero de 2005, toda vez que el hecho gravado ocurrió al vencimiento del plazo de permanencia de la DIT Nº 02 001 IT14 002440 R, que operó el 10/05/2004.
Que, por su parte, el art. 805 del C.A. determina que la prescripción para percibir los tributos se suspende, entre otros supuestos, desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que, de conformidad con las constancias de las actuaciones administrativas, la resolución que dispone la instrucción del sumario data de fecha 18/07/2008, por lo que desde la mencionada fecha y hasta el dictado de la resolución definitiva aquí apelada (29/05/2013), la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se mantuvo suspendida en los términos del art. 805 inciso a) del C.A.
Que, en consecuencia, el plazo de prescripción en el caso de autos comenzó a correr el 01/01/2005 y se vio suspendido desde el 18/07/2008 hasta el 29/05/2013, fecha en la cual la Aduana formula cargo a la recurrente por los tributos correspondientes las destinaciones individualizadas, por lo que cabe concluir que el servicio aduanero ha ejercido su acción para percibir tributos cuando aún no se había operado la prescripción, por lo cual corresponde el rechazo de la excepción formulada por la aseguradora.
V. Que, sentado lo precedente, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.
Que no resulta controvertido que mediante la destinación de importación temporaria Nº 02 001 IT14 002440 R, la firma KASDORF S.A. documentó la importación temporaria de insumos correspondientes a la posición arancelaria 2922.49.90.900F (Ítem 1), por una cantidad de 550 kilogramos, 2922.50.99.900F (Ítem 2) por 350 kilogramos, y 2933.99.49.900K (Ítem 3) por 100 kilogramos, al amparo del decreto 1439/96, otorgándose un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó en 10/05/2004.
Que, por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la propia firma KASDORF S.A., la mercadería quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia – conf. artículo 250 C.A. – o eventualmente, a convertirse su importación, en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa – Res. ANA 127/92 y sus modificatorias –, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir – en principio – constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo, se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los referidos documentos aduaneros que permitan acreditar la cancelación de la mercadería sometida al régimen suspensivo (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que, en oportunidad de presentar su descargo en instancia administrativa, la aquí apelante KASDORF S.A. aportó como prueba documental la copia simple de los permisos de embarque y CTC que, presuntamente, cancelarían la DIT en cuestión. A posteriori, la DGA mediante Nota Nº 2824/13 (SE PRTE) de fecha 03/05/2013, concluyó que sólo se encuentran efectivamente cancelados 92 kilogramos de mercadería correspondiente al Ítem 2 de la destinación temporaria, que fueron nacionalizados a través de la importación a consumo documentada mediante la destinación 04 001 IC81 000303 C, quedando en infracción la totalidad de la mercadería correspondiente al Ítem 1 y 3, y el saldo de 258 kilogramos correspondientes al Ítem 2 de la DIT. Que la importadora cuestiona el decisorio con fundamento en que ha cumplido con la cancelación de la mercadería en su totalidad, y que ello ha quedado demostrado en la sustanciación del sumario administrativo. Por su parte, la aseguradora manifiesta que, en el decisorio recurrido, la demandada no hace referencia a la prueba documental aportada por Kasdorf S.A., por lo que el fallo carece de fundamentación.
VI. Que, junto al presente recurso de apelación, la firma importadora acompañó copias simple de los siguientes permisos de embarque: 03 001 EC03 016942 H, 03 001 EC03 022187 F, 03 001 EC03 020496 G, 03 001 EC03 027864 M, 04 001 EC03 001920 V, 04 001 EC03 002802 V, 04 001 EC03 010894 X, 02 001 EC03 022006 R, 02 001 EC03 023607 C, 02 001 EC03 024507 C, 02 001 EC03 027034 A, 02 001 EC03 028614 F, 03 001 EC03 005083 B, 03 001 EC03 006712 B, 03 001 EC03 031845 G, 03 001 EC03 032511 U, 04 001 EC03 003079 F, 04 001 EC03 010447 C, 04 001 EC03 012755 G, 02 001 EC03 022003 Y, 02 001 EC03 022038 W, 02 001 EC03 022889 N, 02 001 EC03 013275 C, 02 001 EC03 013527 C, 02 001 EC03 014975 K, 02 001 EC03 018598 P, 02 001 EC03 019682 K, y 02 001 EC03 020 810 S. Además, acompaño copia simple de la solicitud de CTC 061- 001485/99.
Que, a su vez, la Dirección General de Aduanas que remita a estos actuados, remitió los originales de las destinaciones Nº 03 001 EC03 016942 H, 03 001 EC03 022187 F, 03 001 EC03 032511 U, 03 001 EC03 031845 G, 03 001 EC03 027864 M, 03 001 EC03 005083B, 04 001 EC03 003079 F, 04 001 EC03 010447 C, 04 001 EC03 010894 X, 04 001 EC03 012755 G. También se acompañó copia certificada del CTC definitivo 3562, correspondiente a la Solicitud Nº 061-001485/99.
Que surge de la compulsa de los permisos de embarque aportados que, si bien éstos cuentan con sus correspondientes hojas de descarga, en las mismas no se encuentra detallado cuál ítem de la destinación se estaría cancelando, advirtiendo que mediante la DIT se han ingresado insumos ubicados, como se dijo, en tres diferentes posiciones arancelarias: 2922.49.90.900F (ítem 1), 2922.50.99.900F (ítem 2) y 2933.99.49.900K (ítem 3). Que, en consecuencia, no resulta posible corroborar que la mercadería en cuestión haya sido efectivamente reexportada en plazo, ya que no puede efectuarse un correcto cruce de datos para así comprobar que los insumos pertenecientes a cada uno de los ítems que conforman la DIT hayan sido efectivamente descargados, por lo que las apelantes no logran desvirtuar lo denunciado por el servicio aduanero.
Que, encontrándose suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero respecto de la falta de cancelación de la mercadería importada temporariamente, se concluye que la firma importadora KASDORF S.A. ha incurrido en la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
VII. En consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VIII. Que, en lo que respecta al quantum de la multa, la importadora se agravia manifestando que no posee antecedentes infraccionales, por lo que solicita la atenuación de la misma en los términos del art. 915 C.A. Que corresponde que la misma sea recalculada teniendo en cuenta la postura adoptada por este Tribunal, contemplando lo preceptuado por el artículo citado, que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor. En ese sentido, el servicio aduanero sancionó, a la firma importadora, al pago de una multa igual a dos veces (2) el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción.
Que, respecto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del C.A. contempla el supuesto de aquel que, habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
Que, a su vez, el art. 928, inc. a), del C.A., establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso.
Que, en el caso que nos ocupa, la condena impuesta por el servicio aduanero tuvo en cuenta los antecedentes infraccionales de la firma importadora que habrían quedado firmes con fecha 29/10/10 y 19/06/2012 (a fs. 68/69 del sumario administrativo).
Adviértase que los antecedentes quedaron firmes con fecha posterior a la fecha de configuración de la infracción de marras. Cabe recordar en este punto que la infracción en autos fue configurada el día 10/05/2004 siendo ésta la fecha de vencimiento del plazo fijado para la regularización de la mercadería importada temporariamente al amparo de la destinación DIT N° 02 001 IT14 002440 R.
Así las cosas, en ejercicio de las facultades previstas en los arts. 915 y 916 del C.A, resulta procedente reducir la multa impuesta a una sola vez el importe de los tributos.
IX. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde referirse a la liquidación tributaria practicada en las actuaciones administrativas respecto de las sumas correspondientes al Derecho Adicional de Importación y a las percepciones por IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Que, respecto del Derecho Adicional, cabe destacar que el mismo resulta improcedente por expresa aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “FRISHER SRL (TF 16236-A) c/ A.N.A.” e “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ D.G.A.”, ambos del 14/08/2013; sin perjuicio de señalar que he declarado la inconstitucionalidad de dicha norma al votar con fecha 31/07/13 la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D:G.A. S/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”).
Que, por otro lado, en relación a los agravios formulados por la aseguradora respecto a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
Que, por último, en lo que respecta al agravio por la liquidación de los tributos en dólares, corresponde precisar que la obligación de autos se originó con fecha 10 de mayo de 2004 y, por aplicación del art. 20 ley 23.905, nació en dólares estadounidenses y así se mantuvo. No obstante ello, y sin perjuicio de que en la resolución apelada la deuda se expresó en dólares, lo cierto es que la misma fue pesificada al momento de practicarse liquidación (ver fs. 64 de las actuaciones administrativas), al tipo de cambio 2,92.
X. Que, por último, corresponde determinar el importe que en concepto de tributos la co-actora aseguradora debe abonar en su carácter de garante, el que, desde ya se adelanta, se encuentra limitado a la suma máxima garantizada.
Que, conforme surge de la póliza de seguro Nro. 744529, cuya copia certificada se encuentra glosada a fs. 246 de estos actuados, la apelante garantizó al servicio aduanero el pago en efectivo de hasta la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL ($ 91.000.-), por las eventuales obligaciones en concepto de tributos como consecuencia de la operación de importación temporaria involucrada en autos, con más intereses y accesorios. Que el seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
Que la aseguradora garantiza a la Aduana hasta una suma máxima, sin importar los conceptos individuales que comprenden la misma, en cuanto su obligación queda comprendida por los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente, vigentes a la fecha en que se considera cometida la infracción, y hasta el importe de la garantía otorgada, sin perjuicio que la obligación del importador pueda ser superior.
Que, según se advierte de la liquidación que a continuación se practica, el monto de tributos que corresponde reclamar a la firma aseguradora es inferior al el monto máximo que prevé la póliza, por lo cual se encuentra dentro de su límite y determina el alcance de su responsabilidad:
Ítem 1 – Valor en Aduana USD 19.528,06 Derechos de Importación (2%) USD 390.56 Tasa de Estadística (0,5%) USD 97,64 Base IVA USD 20.016,26 IVA (21%) USD 4.203,41 Ítem 2 – Valor en Aduana USD 5.463,77 Derechos de Importación (2%) USD 109,28 Tasa de Estadística (0,5%) USD 27,32 Base IVA USD 5.600,37 IVA (21%) USD 168,01 Ítem 3 – Valor en Aduana USD 2.062,27 Derechos de Importación (2%) USD 41,25 Tasa de Estadística (0,5%) USD 10,31 Base IVA USD 2.113,83 IVA (21%) USD 443,90 Total Tributos: USD 5.491,68 - TC 2,92 – $ 16.035,70 Total Multa: $ 16.035,70 Que, por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución DE PRLA Nº 2507/13, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12039-716-2008, en cuanto impone la pena de multa a la firma KASDORF SA, la que asciende a un total de DIECISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 70/100 ($ 16.035,70). Costas en un 34% a cargo de la importadora y en un 66% a cargo del Fisco.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la referida resolución, en cuanto intima el pago de tributos a ambas co recurrentes, los que ascienden a un total de DIECISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 70/100 ($ 16.035,70), con más los intereses que se devenguen desde el 25/04/13, por aplicación del artículo 794 del Código Aduanero. Costas a las co recurrentes.
3. Revocar parcialmente el citado art. 3, en cuanto intima el pago de las percepciones del IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Costas al Fisco.
4. Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 de la presente en un 10% a cargo de las co recurrentes y en un 90% a cargo del Fisco.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), Dr. Gustavo Grinberg (20-23431164-7) y Dr. Jorge Luis Peluffo (20-08426456-4). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.10.31 19:03:06 -03:00 Date: 2023.10.31 19:58:21 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 19:58:22 -03:00
Fin de la sentencia