Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en autos que determina el Impuesto a las Ganancias en lo que respecta al ajuste efectuado con fundamento en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25.345 –impuesto, intereses y multa-, conforme da cuenta el Considerando IV, con costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas en autos, en relación a la impugnación de gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias a que se refiere el Considerando V y con respecto a la impugnación del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado al que alude el Considerando VI, más los respectivos intereses. Con costas.
3Confirmar las sanciones aplicadas, reduciéndolas a su mínimo legal, conforme se da cuenta el Considerando VIII, con costas, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
4Ordenar al Fisco Nacional a que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación de los montos que resulta adeudar la recurrente en función de la forma en que se resuelve. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
Y
I. Que a fs. 62/66vta., se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 240/2012 (DV RRIIP) y la Resolución N° 241/2012 (DV RRIIP), ambas de fecha 25/10/2012, suscriptas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
A través de la Resolución 240/2012 (DV RRIIP) se determina de oficio con carácter parcial el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2006 por la suma de $33.857,79 con más la suma de $52.220 en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplica una multa de $101.573,37 equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b), c) y d) de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.)
Mediante la Resolución 241/2012 (DV RRIIP) se determina de oficio con carácter parcial, el Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 04/06 a 07/06 y 09/06 a 12/06 por la suma de $15.784,91, con más la suma de $26.489,45 en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplica una multa de $ 47.354,73, equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido, con sustento en el art. 46 y 47 inc. b) c) y d) de la Ley de rito. En relación al presunto proveedor, la actora señala que, en ningún momento el Fisco Nacional indica que, según “AFIP REPROWEB”, durante los periodos fiscales 2006 a 2010, dicho proveedor -PACTON S.A se- encontraba en condición 1. Además en cuanto a los cuestionamientos respecto de tal proveedor, la recurrente remarca que le resultan inoponibles toda vez que no tiene modo alguno de conocerlas al momento de operar con la firma. Remarca que de la circularización efectuada al presunto proveedor, el organismo recaudador le reconoce haber provisto combustibles, servicios de engrase y lavado a la recurrente, para todo lo cual contaba con instalaciones y personal necesario, y que las operaciones efectuadas fueron canceladas en efectivo. Asimismo, indica que las facturas N° 0001-00000443 y N° 0001-00000444, poseen mismo domicilio y código postal que las demás, como así también los números de CUIT, convenio multilateral e inicios de actividades, y los códigos de autorización de impresión, coinciden.
Por otro lado, manifiesta que el organismo recaudador no formuló objeción alguna respecto a que los gastos fueron efectivamente realizados y que tampoco se da otra circunstancia que permita poner en duda la veracidad de las operaciones.
Aduce que, si una operación está relacionada con la fuente productora de ganancias y esta, a su vez, resulta ser debidamente probada, debe ser admitida como deducción y entiende que si los pagos fueron llevados adelante por medios distintos a los establecidos por la Ley N° 25.345, pero se concluye que el contribuyente efectivamente las realizó, no se le puede negar el derecho computarse el crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado y a realizar las deducciones correspondientes en el Impuesto a las Ganancias, en privación a lo establecido por el art. 34 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Sostiene que el art. 2 de la Ley 25.345 no cumple con la legalidad y la razonabilidad de las normas, y que su aplicación implica una lesión a las garantías del debido proceso y los derechos de defensa en juicio, solicitando se declare su inconstitucionalidad y, en consecuencia, se aplique al caso el art. 34 de la Ley de rito. Cita doctrina y jurisprudencia. A su vez, solicita prueba testimonial. Finalmente, la actora hace reserva del caso federal.
II. Que, a fs. 80/96, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la actora. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado, con expresa imposición de costas a la recurrente. A fs. 102 se hace lugar a la oposición a la prueba efectuada por el Fisco Nacional.
No existiendo prueba a producir, a fs. 115 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. Seguidamente se ponen los autos para dictar sentencias a fs. 119.
III. Que, en el Impuesto a las Ganancias, conforme se desprende de autos y de las actuaciones administrativas que corren por separado, en especial del informe de inspección obrante a fs. 323/330 del Cpo. Impuesto a las Ganancias, el ajuste determinado se originó en la Orden de Intervención N° 591.252, a través de la cual la fiscalización procedió a verificar la situación real del contribuyente de autos en relación al Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2006, detectando que en la declaración jurada ha computado compras y/o gastos improcedentes, por ser:
1. Gastos personales de supermercado, electrodomésticos e indumentaria que no se relacionan con la actividad del contribuyente en DISCO SA, CENCOSUD S.A., AUCHAN ARGENTINA S.A., FRAVEGA S.A., HOME PUEYRREDON de Gustavo Plotnik y VISVISION SRL (fs. 191/197 del Cpo. Impuesto a las Ganancias).
2. Gastos y/o costos que no poseen comprobantes de compras por las facturas expuestas en sus planillas de IVA Compras o que fueron registrados erróneamente en las mismas (fs. 18/25 del Cpo. Impuesto a las Ganancias).
3. Gastos y/o costos superiores a $1000 que no han sido cancelados a través de los medios de pago establecidos por la Ley 25.345 (y modif.) (fs. 191/197 del Cpo. Impuesto a las Ganancias).
4. Gastos y/o costos desconocidos por los proveedores BA CONSTRUCCIONES, SAAD MARCELO PEDRO, SAAD ERNESTO SH, LACARIA HORACIO NESTOR, por no haber operado en el año 2006 con el contribuye (fs. 186/188 del Cpo. Ganancias).
5. La fiscalización consideró improcedente el cómputo de los gastos y/o compras supuestamente efectuadas al proveedor “PACTON S.A.”, toda vez que la actora no pudo demostrar con documentación fehaciente la real existencia de las operaciones.
Con respecto al proveedor cuestionado, explicó el Fisco Nacional que se detectaron ciertas inconsistencias, a saber: circularizado el presunto proveedor, dio como respuesta a la requisitoria fiscal que las operaciones con el contribuyente de autos se efectuaron en concepto de venta de combustible, servicios de lavado y lubricación de vehículos y que las mismas se abonaron en efectivo. No obstante, ello, no se exhibieron y/o aportaron los libros donde consten registradas tales operaciones (fs. 260/265 de los AA Cpo. Circularizaciones y fs. 326 de los AA Cpo. Impuesto a las Ganancias).
Por otro lado, de las bases de datos del organismo fiscal, puede observase que “PACTON S.A.” no posee bienes inmuebles ni rodados, tampoco surgen datos referidos tanto a los integrantes de la sociedad (RG AFIP N° 4120/1996) como a la nómina salarial (fs.284/286 y fs. 290 de los AA Cpo. Circularizaciones). En cuanto a los sistemas informáticos del organismo, se colige que tiene la baja definitiva en el IVA desde el periodo fiscal 10/2011, en el Impuesto a los Bienes Personales – acciones o participaciones – desde 12/2005 y Aportes de la Seguridad Social (Ley N° 24.241) desde 10/2011 (fs. 272/273 de los AA Cpo. Circularizaciones y fs. 326 de los AA Cpo. Impuesto a las Ganancias). De las facturas “A” N° 001-00000443 y N° 0001-00000444 (fs. 289/290 de los AA Cpo. Ganancias), surge que las mismas no poseen la razón social “PACTON S.A.”, sino “PACTON OIL”.
Concurrida la inspección al domicilio fiscal del presunto proveedor, mediante declaraciones de la Sra. María del Carmen Gómez pudo constatar que, actualmente opera la firma “SERVI TRANS” de Mirtha Beatriz Gómez, quien alquila el inmueble pero desconoce quién es su propietario y que antes ejercía su actividad “PACTON S.A.”.
A su vez, se cursó citación al Sr. Sergio Daniel Serravalle (presidente de la firma), a su domicilio fiscal, habiendo sido devuelta dicha correspondencia por el correo con la leyenda “cerrado/ausente se dejó aviso de visita” y “plazo vencido no reclamado” (fs. 292/298 de los AA Cpo. Circularizaciones y fs. 327 de los AA Cpo. Impuesto a las Ganancias)
En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 04/06 a 07/06 y 09/06 a 12/06, cabe destacar que, mediante las actas N° 076000201213251302/1213251602, de fecha 14 y 15 de febrero de 2012 respectivamente, se le notificó al contribuyente de autos la ampliación de la Orden de Intervención N° 591.252, al impuesto y los periodos fiscales mencionados.
En ese contexto, en fechas 20/05/2012 y 27/05/2012 la actora presenta las declaraciones juradas rectificativas del IVA (periodos 01/06 al 12/06) reconociendo los ajustes efectuados con excepción de los créditos fiscales considerados por el Fisco como improcedentes relacionados al proovedor Pacton S.A. A su vez, se impugnaron aquellos créditos fiscales cuyo origen se encuentra en las operaciones efectuadas por un monto superior a los $1000, por no haber sido canceladas en los términos del art. 1 de la Ley 25.345 (y sus modif.).
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la Litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Este Tribunal se expedirá respecto a los agravios efectuados por la actora con relación a los ajustes efectuados por el Fisco Nacional, con respecto a la Ley 25.345 (“ley antievasión”).
Cabe destacar que con fecha 19/03/2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo “Mera, Miguel Ángel” se expidió sobre el particular, confirmando el criterio de la Excma. Cámara en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley N° 25.345.
Así la Corte destacó que “...la objeción constitucional formulada por el a quo se funda en que la aplicación de esa norma -en casos como el sub examine en que está acreditada sin margen de duda la veracidad de las respectivas operaciones en las que el accionante efectuó pagos en efectivo a sus proveedores- distorsionaría la situación del contribuyente frente a los impuestos en los que se le efectuaron los ajustes: en el tributo a las ganancias se le impedirían deducir gastos necesarios para la obtención de las ganancias con lo cual se gravaría una utilidad ficticia y desproporcionada con la que verdaderamente el legislador ha querido gravar con el tributo; y frente al IVA se desnaturalizaría el cotejo entre débitos y créditos al excluirse la posibilidad de computar éstos últimos. En síntesis, la cámara juzgó irrazonable que el incumplimiento de deberes de carácter formal -como los establecidos en el art. 1° de la citada ley 25.345- puedan acarrear tales consecuencias.” Por otro lado, en dicha causa al referirse a la presunción absoluta establecida por el artículo 2° de la ley antievasión y su inconstitucionalidad, nuestro más alto Tribunal menciona que “...en ese contexto cabe recordar que esta Corte ha establecido que las presunciones “requieren un uso inteligente, concreto y racional” y que su utilización debe limitarse “a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen” (conf. “Hermitage”, Fallos: 333:993, considerando 12). Asimismo, hizo notar en el citado precedente -para declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta en un caso en el que se había demostrado que el contribuyente no había obtenido ganancia alguna en el período examinado- que el legislador no había dado “fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley” (considerando 14), y concluyó en que “el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso” (considerando 16).”
Finalmente concluye que “... es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.”.
En relación a los gastos impugnados con exclusivo fundamento en la Ley 25.345 (ver punto 3) Considerando anterior), se debe poner de resalto que el único argumento en que se sustenta el Juez Administrativo radica en la falta de acreditación de lo dispuesto en la Ley N° 25.345 (fs. 15, cuerpo principal), no objetando la veracidad de las operaciones realizadas, por lo que a tenor de la doctrina jurisprudencial mencionada supra, corresponde revocar el ajuste efectuado en este aspecto, con costas.
V. Que ahora bien, a fin de adecuar el presente pronunciamiento a los lineamientos establecidos por la Corte Suprema mencionados ut supra, cabría ahora juzgar la veracidad de las operaciones cuestionadas correspondientes al proveedor “PACTON S.A” (ver punto 5) del Considerando III), a los fines de decidir si corresponde atribuirles los efectos tributarios que el Fisco Nacional pretende desconocer, pues de otro modo se caería en una impugnación por motivos estrictamente formales que no resultan razonables en los términos que lo expresa el Máximo Tribunal.
Tal como se ha mencionado precedentemente, el Fisco Nacional fundó el ajuste –además del incumplimiento de la Ley N° 25.345, tratada previamente- en la falta de ubicación del proveedor y la carencia de documentación respaldatoria. En base a ello, existen observaciones concretas de la inspección actuante que implican también la impugnación de la veracidad de las operaciones. Así, la capacidad económica del proveedor quedó seriamente cuestionada y la deficiente registración de las supuestas operaciones impide corroborar su veracidad y hacer seguimiento de las mismas.
En tal sentido, debe advertirse que en referencia a todos los ajustes expuestos ut supra, pese a contar en esta instancia con amplias posibilidades de probar sus dichos, la actora no ha desplegado actividad probatoria alguna tendiente a controvertir las concretas objeciones formuladas por la fiscalización actuante. En particular, no se advierte que haya arrimado elemento probatorio alguno con entidad suficiente que permita acreditar la autenticidad de estas operaciones y revertir las impugnaciones formuladas.
Siendo ello así, y atento que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal se encuentra debidamente fundamentada por indicios graves, precisos y concordantes que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas, corresponde recordar que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues, como lo establece el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido, correspondía a la actora demostrar la veracidad de las operaciones discutidas, en atención a que si bien la intimación de pago se funda en el incumplimiento formal de los medios de pago, en los hechos existen indicios de que las mismas, justamente, no son verosímiles.
Como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reitera la doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)” (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En consecuencia, "la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito" (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S), correspondiendo concluir, que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de demostrar sus afirmaciones (arg. Art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria alguna, resultan meras consideraciones dogmáticas. En cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el Impuesto a las Ganancias en relación al proveedor PACTON SA, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que el sujeto mencionado en los comprobantes impugnados fue el verdadero proveedor, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que las supuestas operaciones en concepto de combustible, engrase y lavado, no se han arrimado elementos que acrediten la veracidad de tales operaciones ni el valor real de las mismas, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
Toda vez que la actora no alcanza a evidenciar el circuito comercial desplegado para tener por existentes a las operaciones impugnadas que permita inferir que fueron efectivamente realizadas, por lo que corresponde concluir que los agravios de la recurrente, al no ser sustentados por actividad probatoria conducente, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional relativos a los ajustes efectuados, razón por la cual, sólo cabe disponer su confirmación.
En relación al resto de las impugnaciones formuladas por el Fisco Nacional en el Impuesto a las Ganancias (puntos 1), 2) y 4) del Considerando III), cabe mencionar que la actora, en uso de su derecho de contradicción, no ha aportado ni ha ofrecido producir prueba alguna en las presentes actuaciones que permitan evidenciar que los gastos efectuados, de los cuales pretende valerse para la procedencia de las deducciones en el impuesto que nos ocupa, se corresponden con la actividad ejercida o que las operaciones impugnadas poseen documentación de respaldo o que se encontraban debidamente registradas en el Libro IVA Compras, por lo que los agravios de la recurrente resultan meras consideraciones dogmáticas que lejos se encuentran de conmover el criterio fiscal.
Por ello, corresponde confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en la Resolución N° 240/2012 (DV RRIIP), excepto el tratado en el Considerando IV, con respecto al Impuesto a las Ganancias, con costas.
VI. Que, en lo que respecta a las impugnaciones formuladas respecto de PACTON S.A. en el Impuesto al Valor Agregado, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas... "
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con el proveedor indicado en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’.
Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la existencia de tal proveedor y la participación de el en las operaciones cuestionadas, circunstancias que no ha demostrado al no presentar elementos de prueba que permitan evidenciar la real capacidad operativa, económica y financiera del supuesto proveedor. Por lo tanto, cabe concluir que, en virtud de lo expuesto, no procede el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto. En consecuencia, cabe confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en todas sus partes en relación con el Impuesto al Valor Agregado determinado en las Resolución N° 241/2012 (DV RRIIP). Las costas se imponen a la actora.
VII. Que, no habiendo agravios concretos en materia de los intereses resarcitorios en este último caso, sólo cabe su confirmación respecto de la parte que se confirma, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000), no habiéndose probado en autos que la mora fuera inculpable.
VIII. Que, finalmente, resta expedirse con respecto a las multas por defraudación aplicadas en relación a la parte del ajuste que se confirma, con sustento en el art. 46 y 47 inc. b), c) y d) de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). Debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re “Vadelux SRL c/DGI s/recurso directo” del 5/06/2014 “la figura de la defraudación -tipificada en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683- requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (conf. esta Sala en las causas: “Casino del Litoral S.A.” del 08/02/99; “Carlos Romero Hijos y Cía. S.A.” del 02/05/05; “Sacks, Santiago (TF 20.669-I) c/ DGI” del 15/09/10).
Por otro lado, el citado artículo 47 incorpora diferentes presunciones legales “iuris tantum”, por las cuales se invierte la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto significa que, como consecuencia de estas presunciones, una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esta Sala in re: “Beleza SA (TF 21.382-I) c/ DGI” del 24/06/05; Sala III in re: “Andechaga Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ DGI” del 15/04/09; Sala IV in re: “Garnero Víctor Hugo (TF 24.331-I9) c/ DGI” del 30/07/09). En el mismo sentido, se ha expedido la Sala I, en el fallo “Consultora Borlenghi SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo” de fecha 13/07/2017.
En ese orden de ideas, es importante resaltar que, en el caso de autos, se alcanzan a evidenciar las razones que indujeron al ente fiscal a hacer mérito de las presunciones del art. 47 de la ley ritual. Estos elementos sustentan la pretensión fiscal y hacen adecuado el encuadre infraccional de la conducta de la actora, a quien le correspondía la prueba de que su accionar no estaba dirigido a defraudar a la hacienda pública, situación que no se produjo en el presente expediente.
En cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio.
Ello así, se advierte en los actos atacados una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarlas en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental, con costas salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Por ello, SE
1. Revocar la resolución apelada en autos que determina el Impuesto a las Ganancias en lo que respecta al ajuste efectuado con fundamento en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25.345 –impuesto, intereses y multa-, conforme da cuenta el Considerando IV, con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas en autos, en relación a la impugnación de gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias a que se refiere el Considerando V y con respecto a la impugnación del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado al que alude el Considerando VI, más los respectivos intereses. Con costas.
3. Confirmar las sanciones aplicadas, reduciéndolas a su mínimo legal, conforme se da cuenta el Considerando VIII, con costas, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
4. Ordenar al Fisco Nacional a que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación de los montos que resulta adeudar la recurrente en función de la forma en que se resuelve. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2023.09.28 15:12:52 ART Date: 2023.09.28 15:24:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.28 16:33:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.28 16:33:25 -03:00
Fin de la sentencia