Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 44.317-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 194.669 (Pesos ciento noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y nueve) por el patrocinio letrado y $ 77.867 (Pesos setenta y siete mil ochocientos sesenta y siete) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en las dos primeras etapas en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos, en la suma de $ 240.351 (Pesos doscientos cuarenta mil trescientos cincuenta y uno) equivalente a 19,26 (diecinueve con 26/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- por el patrocinio letrado y $ 96.140 (Pesos noventa y seis mil ciento cuarenta) equivalente a 7,70 (siete con 70/100) UMA por la representación procesal, respectivamente, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 03/2023 (24/02/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-31855202-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Marzo de 2023 En la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte Nº 44.317-I (acumulado Nro. 44.318-I) “MIGUENS PABLO HERNAN s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 99/120 vta. y 270/292 Pablo Hernán Miguens interpone de recurso de apelación contra las Resoluciones Nº 167/2015 (DV DEOB) y Nº 168/2015 (DV DEOB) de fecha 1 de julio de 2015, dictadas por la Jefa (int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, por las que se determinaron de oficio sus obligaciones impositivas en los Impuestos a las Ganancias por el período fiscal 2008 y al Valor Agregado por los períodos fiscales 02/2008 a 12/2008 con más intereses resarcitorios y se aplicaron multas equivalentes a tres veces los impuestos omitidos por los períodos fiscales determinados en los términos de los arts. 46 y 47 inc. e) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Rechaza el ajuste practicado por improcedente, y se queja de que el organismo fiscal haya rechazado sus defensas y argumentos sin analizarlos en debida forma, a lo que agrega que además denegó las probanzas ofrecidas sin mayores argumentos.
Señala que el Fisco pretende alterar aspectos sustanciales de los tributos al crear nuevos hechos imponibles y pretender gravar un tipo de renta que no lo estaba durante los períodos fiscales inspeccionados al encontrarse exenta en virtud de lo establecido en el art. 20 inc. w) de la ley del Impuesto a las Ganancias. Explica que el ente fiscal entendió que omitió declarar ingresos provenientes de operaciones de compraventa de títulos públicos bajo la modalidad de “contado con liquidación”, los que conforme la realidad económica no configuraron una “inversión de portfolio en el exterior”, sino el mero envío de divisas al exterior, al haber actuado como “facilitador” de la operatoria, por lo que la retribución obtenida está alcanzada por el apartado 21 del inc. e) del art. 3 de la ley del Impuesto al Valor Agregado y por el inc. e) del art. 49 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Afirma que se trató de operaciones bursátiles, que fueron el resultado del arbitraje financiero sin que los ingresos puedan clasificarse como “retribución” cuando no hubo ningún servicio prestado sino que fueron realizadas en propio beneficio. Reconoce que llevó a cabo operaciones de contado con liquidación y que por ello se giraron dólares estadounidenses al exterior para pagar ciertos títulos valores adquiridos, aclara que se trataba de títulos emitidos por el Estado Nacional cuyas condiciones de emisión permitían a sus tenedores realizarlos contra dólares transferencia. Explica que los vendedores de los títulos adquiridos, a quienes no conocía, recibieron dólares en una cuenta del exterior, no comprada en el Mercado Único y Libre de Cambios sino proveniente de haber vendido una tenencia en el mercado bursátil.
Remarca que tales operaciones resultaban plenamente lícitas y que no existían restricciones en la compra de divisas como sucede en la actualidad, sin estar tampoco prohibido el giro de divisas al exterior, lo que entiende hace que carezca de sentido la postura fiscal.
Realiza una minuciosa descripción de las operaciones involucradas y refiere que el monto obtenido por la venta de los títulos adquiridos en dólares fue acreditado en la cuenta comitente que poseía en Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A. y no en el Banco de Valores S.A., como sostiene el Fisco. Añade que dicha sociedad tampoco fue garante de las operaciones, ya que solo actuó como intermediaria.
Puntualiza que aportó la documentación respaldatoria de todas las operaciones, las que fueron realizadas en estricta observancia de todas las normas impositivas, bursátiles y cambiarias. No obstante, menciona que el Banco Central de la República Argentina inició un sumario sobre la licitud de las operaciones.
Critica la aplicación al caso del principio de realidad económica al considerar inadecuada su invocación para crear una nueva hipótesis de gravabilidad tributaria no prevista en la ley, lo que vulnera el principio de legalidad en materia fiscal.
Estima infundada la aplicación de sanciones por las razones desarrolladas contra el cargo formulado, lo que pone en evidencia la clara ausencia de una conducta ilícita al no verificarse los elementos objetivos ni subjetivos de la figura de defraudación.
Por último, ofrece prueba documental, testimonial e informativa y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 131/159 y 306/333 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos. Advierte que las operatorias fiscalizadas comprende la adquisición de títulos públicos en el mercado local con cotización en dólares estadounidenses y liquidación contra cable en el exterior y la respectiva venta en dicho mercado con liquidación en pesos, lo que no sucedió siempre en ese orden ya que en algunos casos, por permisiones de la operatoria del mercado, es posible efectuar la venta antes que la compraventa en descubierto. Expone que en el caso el Sr. Miguens adquirió dólares estadounidenses en el mercado local y los giró a cuentas del exterior con la finalidad de realizar pagos de los títulos valores adquiridos (liquidación contra cable) en la que el vendedor de tales títulos recibe los dólares directamente en una cuenta del exterior son que sean comprados en el mercado único y libre de cambios, mientras que la venta se hacía por liquidación en pesos en el país, con escasa diferencia temporal entre ambas operaciones.
Indica que de esta forma se generó una renta por las diferencias de cotización de los títulos entre ambas monedas y que por aplicación del principio de realidad económica se trató de girar divisas al exterior, siendo el Sr. Miguens un facilitador de dicha tarea, por lo que apunta que la renta obtenida no es compatible con la aplicación de la exención estipulada en el inc. w) del art. 20 de la ley del Impuesto a las Ganancias, sino que dicha retribución está sometida a tributación en razón del apartado 21 del inc. e) del art. 3 de la ley del Impuesto al Valor Agregado y del inc. e) del art. 49 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Refiere a que el recurrente reitera los mismos argumentos ya considerados en sede administrativa por lo que acentúa que las resoluciones recurridas resultan suficientes para responder sus agravios, cuando además considera que los mismos no logran conmover la tesitura fiscal dado que la materialidad de los hechos se encuentra acreditada con los elementos reunidos y obrantes en los antecedentes administrativos.
Señala que de las comprobaciones efectuadas se encuentran acreditados los elementos que hacen a la procedencia de las multas aplicadas, en razón de haberse constatado que el Sr. Miguens evadió al vencimiento de los plazos legales los pagos debidos de los impuestos determinados, mediante declaraciones engañosas que no se ajustaban a la realidad, por lo que entiende que las sanciones deben ser confirmadas.
Por lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 339 se acumuló el Expte. Nº 44.318-I al que lleva el Nº 44.317-I.
Que a fs. 350 se rechaza la prueba testimonial ofrecida y se hizo lugar a la prueba informativa. A fs. 658 se declaró cerrado el período de instrucción. Que por PV-2022-89176578-APN-VOCXII”TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF-2022-92162916-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar, agregándose con RE-2022-99612435-APN-SGAI#TFN los alegatos producidos por el Fisco Nacional. Por último con IF-2023-25396414-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para dictar sentencia.
IV. Que se debe establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que el Sr. Miguens poseía la actividad de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.
Que con motivo de la fiscalización se detectó que declaró improcedentemente en el Impuesto a las Ganancias ingresos exentos originados en operaciones de compraventa de títulos públicos bajo la modalidad contado con liquidación, los que, a criterio del Fisco Nacional, no configuraron una “inversión de portfolio en el exterior” sino el mero envío de divisas al exterior como facilitador de la operatoria, por lo que se concluyó que la retribución lograda estaba alcanzada por el apartado 21 del inc. e) del art. 3 de la ley del Impuesto al Valor Agregado y por el inc. e) del art. 49 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Que la renta así obtenida se generó por las diferencias de cotización de los títulos públicos entre los dólares estadounidenses y los pesos, debido a que el tipo de cambio obtenido a partir de dividir el importe de la venta con liquidación en pesos por la cantidad de dólares puestos en el exterior entregados por la compra contra cable, resultó superior al tipo de cambio vigente en el mercado de cambio local.
Que por aplicación del principio de la realidad económica se concluyó que la finalidad de las operatorias no se correspondía con la exención prevista en el art. 20 inc. w) de la ley del Impuesto a las Ganancias, como pretendía el actor.
Que respecto de las operaciones se pusieron de resalto las siguientes particularidades: a) los fondos ingresaron mediante su acreditación en la Caja de Ahorro abierta a nombre del contribuyente en el Banco de Valores S.A.; b) la compra de dólares cable se efectuó mediante débito del correspondiente importe de la caja de ahorro mencionada; c) obtenidos los dólares se instruyó al banco para que sean transferidos a la cuenta de Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A. en el Banco Standard Chartered para que se acrediten en su cuenta comitente; d) se hizo la compra de títulos públicos con la modalidad “contra cable” en U$S usando los valores girados al exterior mediante las firmas Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A. y Fénix Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.; e) se hizo la venta de la totalidad de los títulos adquiridos en U$S y se obtuvo por esa operación pesos que fueron acreditados en la cuenta comitente en pesos que el Sr. Miguens poseía en el Banco de Valores S.A.; f) los pesos fueron girados a las cajas de ahorro que el apelante tenía en el país, por las cuales se obtuvieron dólares para saldar la transacción; g) la totalidad de las operaciones se liquidaron el mismo día; h) actuó como garante la firma Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A., de cuyo directorio el recurrente era integrante. Que ello así, al carecer tales operaciones de finalidad bursátil debido a las características del circuito operativo descripto se entendió que las mismas se llevaron adelante con fines netamente cambiarios, pasando por alto los controles vigentes en el mercado único y libre de cambios para permitir así la salida de divisas del país. Que el personal actuante discernió que el Sr. Miguens realizó un inadecuado uso de las modalidades operativas habilitadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. ya que utilizó las formas y procedimientos típicos de cualquier operación bursátil pero con el objetivo de lograr un resultado cambiario y ajeno al riesgo inherente de toda operación bursátil.
V. Que en primer lugar cabe señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse en aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
Que ello así cabe considerar los agravios planteados, junto con la prueba informativa agregada en autos a los efectos de decidir el tratamiento a dispensar a las operaciones involucradas en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado.
Que para ello cabe tener en cuenta que el recurrente manifiesto que actuó como comitente y consignó la retribución obtenida bajo la exención del art. 20 inc. w) de la ley del Impuesto a las Ganancias en razón de su finalidad bursátil, mientras que el ente fiscal consideró que, al haber actuado como facilitador, el resultado de las operatorias estaba alcanzado por el art. 49 inc. e) de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y mod.) y, como consecuencia de ello sujeto al Impuesto al Valor Agregado conforme el apartado 21 del inc. e) del art. 3 de la ley del tributo.
Que entre las probanzas agregadas por el actor en apoyo de sus argumentos se encuentran distintos oficios, así a fs. 359 obra la respuesta del Banco Central de la República Argentina por el cual acompañó copias de un sumario dirigido respecto del recurrente, luego a fs. 363 TPCG Valores S.A. respondió que intervinó como vendedora de los títulos y que no hubo participación de terceros en la operación al haber sido manejada por su propia cartera, a fs. 364 la sociedad de bolsa Allaria Ledesma y Cia. contestó que también intervinó como parte vendedora a través del Mercado de Valores en el segmento prioridad precio/tiempo y que las ventas fueron operadas para un tercero, Inversiones del Cono Sur S.A., agente de valores, por lo que era política comercial cobrarle arancel en operaciones de acciones, opciones y cauciones y no en títulos públicos. Luego a fs. 367 se incorporó la respuesta dada por Transacciones Agente de Valores S.A., la que igualmente actuó como parte vendedora, a fs. 369 brindó contestación Fénix Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. al anunciar las operaciones concertadas correspondientes a compras contado continuo garantizado a través del Sistema Integrado de Negociación Asistida por Computador (SINAC) y hace saber que cuando se operaban títulos públicos no era posible conocer al emisor de la oferta hasta una vez adjudicada la misma. Sobre la operación consultada comentó que correspondía a Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A. Asimismo, manifestó que intervinó como parte vendedora y que percibió una contraprestación por la intermediación. Por último, Mariva Bursátil S.A a fs. 371 reconoció su intervención como parte vendedora.
Que se advierte que las respuestas dadas por las entidades oficiadas no hacen a la cuestión controvertida en autos debido a que el ente fiscal no objetó la modalidad ni las características propias de las operatorias involucradas sino que lo que se encuentra en debate es si las mismas tuvieron o no una clara finalidad bursátil, o por el contrario, meramente cambiaria.
Que por lo tanto del análisis de las operaciones propiamente dichas, se desprende que no existió una transacción típicamente bursátil al no ser útiles las probanzas producidas ni suficientes las meras manifestaciones del Sr. Miguens, ya que el resultado que exime la ley del Impuesto a las Ganancias -art. 20 inc. w) ley vigente- es el que proviene de la comparación de dos precios fruto de sus cotizaciones, una de compra y otra de venta, en el mismo mercado y en la misma moneda. En el presente caso se observa un resultado fruto de la puesta en práctica de una operatoria compleja, conforme fuera descripto en el Considerando IV, integrada por varios pasos, lo que excede las simples transacciones de compra y venta. La operatoria global se compone y se halla incidida por dos tipos de monedas, un tipo de cambio diferente al oficial, un desplazamiento de mercado y un arbitraje que permite que un mismo bono, aún sin movilidad en la cotización dentro de la misma jornada produzca un resultado que claramente no procede de una mera diferencia de cotización que pueda ser calificada como un resultado bursátil, del previsto en la LIG. A ello se suma la conjunción de la utilización de un capital más una labor personal desplegada por el aquí recurrente con un propósito ajeno a una inversión, además de no coadyuvar en favor del recurrente, la gran cantidad de operaciones que exceden largamente el carácter esporádico o secundario de su actividad.
Que hechos similares recibieron tratamiento ante la Alzada, Sala II, en la causa “Bacqué, Paul c/EN - AFIP-DGI - R. (RNOR) 180/2011 s/DGI” mediante sentencia de fecha 08/10/2015, en la que se entendió que la operatoria realizada no respondía estrictamente a una finalidad bursátil y correspondía catalogarla como una operación que involucraba el manejo de distintos tipos de cambio, mientras que en el caso de autos se reitera y resalta la actividad desplegada por el Sr. Miguens, quien asumía la condición de facilitador, como se dijo precedentemente, confluyendo una combinación de capital y trabajo destinado a terceros. Allí se presentan aspectos que, en lo que aquí interesa, cabe traer a colación. En ese sentido se sostuvo “que la operatoria consistió en la adquisición de los mentados títulos públicos en el mercado local con cotización en dólares estadounidenses y liquidación contra cable en el exterior, y la respectiva venta también en ese mercado con liquidación en pesos, no habiendo ocurrido necesariamente en ese mismo orden, puesto que en algunas ocasiones -por permisiones de la operatoria- es dable efectuar la venta antes que la compra (“venta en descubierto”).”
“Es decir, el contribuyente adquirió dólares estadounidenses en el mercado local y los giró a cuentas del exterior con el fin de realizar los pagos de los títulos valores adquiridos (operatoria conocida como “liquidación contra cable”), en la que el vendedor de tales títulos recibe los dólares directamente en una cuenta del exterior sin que sean comprados por él en el mercado local, mientras que la venta de los mismos fue efectuada por liquidación en pesos en el país, y ambas operaciones se concertaron los mismos días.”
“Dado lo anterior, se generó una renta a partir de las diferencias de cotización de los títulos entre ambas monedas, en tanto el tipo de cambio obtenido a partir de dividir el importe de la venta con liquidación en pesos por la cantidad de dólares puestos en el exterior, entregados por la compra contra cable, resulta superior al tipo de cambio vigente en el mercado de cambios local.”
“… que con la compra de títulos era concertada su venta, de modo que el mecanismo empleado priva del riesgo inherente a toda operación bursátil, por cuanto la compra de los títulos queda neutralizada por la venta de igual valor nominal, especie y oportunidad de liquidación.”
“…que la sociedad que habría adelantado los fondos para concretar operaciones, no obtuvo beneficio alguno, sino que quien aumentó su patrimonio con estas operaciones fue solamente el Sr. Bacqué, para el cual se verificó el incremento de determinados rubros al cierre del período fiscal 2008.”
“Lo expuesto, a juicio del Organismo Recaudador, demuestra la cabal intención de las operaciones bajo análisis, por cuanto la realidad económica indica que se trata de girar montos de moneda extranjera al exterior, siendo el ahora y aquí actor un mero facilitador de dicha operatoria, obteniendo por ello una renta que no resulta compatible con la aplicación de la exención estipulada en el inciso w) del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, en razón a su finalidad distinta a la bursátil.”
“En otras palabras, en cuanto importa al fondo de la cuestión, el actor debió desvirtuar aquello que constituye el núcleo argumental de la decisión administrativa, luego ratificada por la instancia anterior; esto es que la cabal intención de las operaciones bajo análisis, no fue el ejercicio de una actividad bursátil a título personal, sino que el actor actuó como un mero facilitador de la operatoria (giro de montos de moneda extranjera al exterior), obteniendo por ello una renta que no resulta compatible con la aplicación de la exención estipulada en el inciso w) del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, en razón a su finalidad distinta a la bursátil.” “De lo reseñado anteriormente no se sigue, bajo ningún concepto, que la premisa por la cual fue dictada la resolución administrativa cuestionada resultara incorrecta, en tanto el criterio valorativo expuesto por el Organismo Recaudador no resulta susceptible de objeción si no existen elementos de prueba con entidad suficiente como para controvertir las bases fácticas tenidas en cuenta para resolver del modo en que lo hizo”. Que también merece mención la sentencia dictada por la Sala A de este Tribunal Fiscal en el expte. “Bacqué, Chantal s/apelación - ganancias e IVA” del 24/10/2016, en la que si bien por el voto de la mayoría integrado por los Dres. Buitrago y Vicchi se resolvió revocar las resoluciones recurridas, en el voto del Dr. Pérez se comparte la línea argumental expuesta anteriormente al señalar que “…la Administración Fiscal finca los ajustes practicados en el principio de realidad económica establecido en el art. 2 de la ley 11.683. Al respecto cabe señalar que la Corte Suprema ha sostenido que en la determinación del hecho imponible se debe atender a la sustancia y no a las formas jurídicas de los actos involucrados, o sea que los artificios usados por los contribuyentes no deben prevalecer sobre la realidad que encubren (Fallos: 271:359, entre otros); que la interpretación judicial debe establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).”
“…si bien las operaciones cumplían con todas las formalidades para encuadrarlas en la estructura prevista para la compra-venta de títulos públicos argentinos, cabe destacar que la mismas no dan lugar a que los movimientos normales del mercado influyan en el valor del título, minimizando el nivel de riesgo que toda operación bursátil lleva implícito. En efecto, cabe resaltar que los contribuyentes concretaron las operaciones (compra y venta) en el mismo día y con igual plazo de liquidación. En definitiva, la rentabilidad de la operación no estaba dada por la tenencia de los títulos, sino por la diferencia de cotización entre ambas monedas.
Atento lo expuesto precedentemente no se vislumbran motivos en el caso concreto que lleven a prescindir de la aplicación del principio de la realidad económica, debiendo señalarse que no ha sido desvirtuado por la recurrente que la estructura jurídica adoptada como una operación bursátil ha constituido en realidad un instrumento por el cual se buscó la formación de activos externos, resultando los responsables meros facilitadores a tal efecto. Por lo que la retribución definida por la diferencia de cotización de los títulos entre ambas monedas se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Ganancias y por el apartado 21 del inciso e) del art. 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. De igual modo se expidió la Sala II de la CNCAF en autos "Bacqué, Paul c/EN" con fecha 08/10/2015.”
Que no obstante la sentencia favorable ante esta instancia, la cual había sido apelada por el ente fiscal, la actora se acogió a los términos de la ley N° 27.260 y se la tuvo por desistida de la acción y del derecho. Que en igual sentido esta Sala se pronunció en la causa “SCHCOLNIK ALEJANDRO JAVIER s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”, Expte Nº 44.057-I (acumulados Nros. 47.033-I) con sentencia de fecha 11/8/22.
VI. Que al no advertirse elementos que logren conmover el criterio fiscal y destacando que no se encuentra en debate en esta instancia la licitud de las operaciones llevadas a cabo, sino estrictamente su tratamiento frente a los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, atento a las consideraciones expuestas, voto por confirmar los ajustes practicados en autos.
VII. Que teniendo en cuenta que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA el DGI, 01/06/2000), al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer su confirmación.
VIII. Que cabe hacer mención de las multas aplicadas en ambos impuestos con sustento en los arts. 46 y 47 inc. e) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo al recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en los Considerandos precedentes ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta del aquí recurrente en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas, sin que existan elementos que justifiquen un reencuadre de la conducta, o la consideración de un supuesto de error excusable.
IX. Por lo cual, cabe confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 194.669 (Pesos ciento noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y nueve) por el patrocinio letrado y $ 77.867 (Pesos setenta y siete mil ochocientos sesenta y siete) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en las dos primeras etapas en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos, en la suma de $ 240.351 (Pesos doscientos cuarenta mil trescientos cincuenta y uno) equivalente a 19,26 (diecinueve con 26/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- por el patrocinio letrado y $ 96.140 (Pesos noventa y seis mil ciento cuarenta) equivalente a 7,70 (siete con 70/100) UMA por la representación procesal, respectivamente, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 03/2023 (24/02/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse con licencia la Vocal Titular de la 11° Nominación (conf. art. 184 de la ley N° 11.683 – t.o. en 1998 y sus modif.-). Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.03.22 16:00:17 -03:00 Date: 2023.03.22 16:20:00 -03:00 Edith Viviana Gomez Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.22 16:20:01 -03:00
Fin de la sentencia