Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 39.027-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 61/2014 (DV RR1P) en cuanto determina impuesto, intereses resarcitorios y multa, por efecto de la aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley N° 26.860. Costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 34/47 la firma MEDIA STRATEGY S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 61/2014 (DV RR1P) emitida por la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI mediante la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 06/2007 a 08/2007 por la suma de pesos ciento veintiocho mil ciento cincuenta y tres con treinta y cuatro centavos ($128.153,34) con más la suma de pesos doscientos cincuenta y siete mil ochocientos uno con ochenta centavos ($257.801,80) en concepto de intereses resarcitorios y le aplica una multa graduada en tres veces el impuesto dejado de ingresar por un monto de pesos trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con dos centavos ($384.470,02) encuadrando su conducta en las previsiones del artículo 46 de la ley N° 11.683.
Explica que es una empresa dedicada a la prestación de servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario y servicios de publicidad, y que en el marco de la fiscalización llevada a cabo por el organismo fiscal se le impugnaron las operaciones que había concertado con la compañía NTW CONSULTING GROUP S.R.L en el mes de junio de 2007 por defectos formales en la documentación de respaldo; asimismo se impugnó el computo improcedente de saldo técnico y saldo de libre disponibilidad en el impuesto que se determina.
Manifiesta que en el año 2009 la firma con la que había concertado aquellas operaciones fue incluida en la base E-APOC de la AFIP-DGI y que alertados de tal situación decidieron espontáneamente cancelar las obligaciones surgidas de esas facturas, adhiriéndose al régimen de facilidades de pago previsto en la ley N° 26.476. Asimismo, frente al defecto detectado en la documentación de respaldo, mediante nota de fecha 13/09/2013 le informó a la administración tributaria que se acogería a los beneficios de la ley N° 26.860, suscribiendo los CEDINES correspondientes, incluyendo los comprobantes referidos a NTW CONSULTING GROUP S.R.L. Ello así, el 27/09/2013 presentó los CEDINES Nros. 35802075 y 35808079 por la suma total de US$ 132.530 a fin de que sean imputados hasta cubrir los ajustes proyectados en la determinación que impugna.
Se agravia en tanto el Fisco Nacional decidió negarle el goce del beneficio de eximición de pago, en abierta contradicción con lo previsto por el artículo 9 inciso c) de la ley N° 26.860. Frente a ello, sostiene que la norma es clara y no limita el beneficio ni permite su exclusión para el caso en que se han impugnado créditos fiscales provenientes de facturación apócrifa. Entiende que el criterio adoptado por el juez administrativo se aparta de la letra de la norma, propugnando una lectura sesgada del beneficio e introduciendo una distinción que la ley no hace al excluir motus proprio el beneficio para el caso en que se impugnan créditos fiscales por gastos.
Agrega que vislumbra una abierta contradicción en el obrar de la administración tributaria pues mientras decide dejar sin efecto los ajustes en el impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias-salidas no documentadas por imperio de la adhesión al régimen de exteriorización, mantiene los referidos al Impuesto al Valor Agregado sin argumento de derecho valido que así lo autorice.
Cita jurisprudencia. Acompaña prueba documental y ofrece prueba pericial contable. Formula reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 59/72 la representación fiscal contesta el recurso.
Ratifica en todos sus términos la determinación de oficio en cuanto al impuesto, los intereses resarcitorios y la sanción impuesta.
Admite que mediante acta y multinota del 27/09/2013 –obrante en los antecedentes administrativos- la recurrente adjuntó las copias de los Certificados de Depósito para Inversión (CEDINES) Nros. 35802075 y 35802079 por la suma de US$ 132.530, depositados en fecha 23/09/2013, manifestando que había imputado la exteriorización de la ley N° 26.860 al Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2007, Impuesto a las Ganancias- Salidas no documentadas e Impuesto al Valor Agregado, periodo junio de 2007, el que se había ajustado por la impugnación de las facturas pertenecientes al proveedor NTW CONSULTING GROUP S.R.L.
Remarca que de acuerdo a lo establecido por la ley en cuestión no resulta procedente incluir en la regularización formulada los créditos fiscales impugnados, por encontrarse respaldados con facturas consideradas apócrifas. Insiste en que los créditos fiscales en cuestión no pueden enmarcarse bajo el concepto de “liberado” a que se refiere la normativa, atento a que el mismo apunta a las operaciones objeto del gravamen (ingresos alcanzados por el tributo) habida cuenta que la misma metodología de cálculo en ella prevista lleva a establecer -con algunas simplificaciones que hacen más beneficioso el régimen- el monto de ingresos necesarios cuya medida resulte justificante del valor de los activos exteriorizados.
Por ello, entiende que el beneficio cuyo goce reclama la recurrente no alcanza a los créditos fiscales impugnados en la determinación de oficio. Asimismo, sostiene que atento a que los ingresos no declarados son los que han de exteriorizar fondos, en ningún caso podrían atribuirse a la adquisición de bienes o servicios, no correspondiendo el cómputo de crédito fiscal alguno.
Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por el recurrente y hace reserva del caso federal. Requiere se rechace la apelación intentada y se confirme la resolución recurrida, con costas a la parte actora.
III. Que a fs. 82 se abre la causa a prueba, proveyéndose la producción de la pericial contable ofrecida por la parte actora.
Que a fs. 103 se da por decaído el derecho de la recurrente a producir la prueba pericial contable oportunamente ordenada y a fs. 106 se clausura el periodo probatorio.
A fs. 118 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “B” y a fs. 120 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que corresponde dar tratamiento a la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, determinando si resulta aplicable la eximición establecida por la ley N° 26.860 como consecuencia de la exteriorización de moneda extranjera informada, lo que –según plantea la recurrente– tendría la virtualidad de dejar sin efecto la determinación de oficio en el impuesto al valor agregado practicada por el organismo fiscal.
Que la ley en cuestión regula la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados, a esos fines, por el Título I de la misma, siendo reglamentada por la Resolución General N° 3509 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y sucesivamente prorrogada su vigencia mediante los Decretos N° 1503/2013; N° 2170/2013; N° 440/2014; N° 1025/2014; N° 1705/2014; N° 2529/2014; N° 471/2015; N°1232/2015 y N° 2008/2015. Cabe precisar que el Decreto N° 2008/2015 prorrogó por última vez la vigencia de los plazos establecidos en la ley 26.860 para acogerse a su régimen, por tres meses calendario contados a partir del 01/10/2015.
La referida ley, en su artículo 3°, dispone las condiciones en que será aplicable la exteriorización de moneda extranjera, la cual comprenderá la tenencia de la misma, en el país y en el exterior, al 30 de abril de 2013, inclusive, pudiendo, a su vez, incorporarse la tenencia de moneda extranjera que surja del producido de bienes existentes a dicha fecha. En su artículo 5° establece que el importe exteriorizado no estará sujeto a impuesto especial alguno, quedando el goce de los beneficios, según el artículo 7°, supeditado a que dicho importe se afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros a que hace mención el Título I.
El artículo 9°, en la parte que aquí interesa, establece que “… los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios:
c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice.
2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar.
3. Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bines sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas”
El artículo 10°, por su parte, manifiesta que las personas físicas y las sucesiones indivisas podrán, mediante la exteriorización, “liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares”. Debe entenderse que el término “liberar” empleado por el legislador en referencia a las “obligaciones fiscales” indica que los beneficios de la ley alcanzan incluso a obligaciones que ya hubieren sido determinadas, por cuanto en caso contrario, de ser inexistentes, no podrían ser referidas como pasibles de liberación. Ello así, toda vez que de la misma ley surge que el Organismo Fiscal ha de abstenerse de sustanciar recursos por el valor del monto liberado contra los contribuyentes que se hubieren acogido al régimen mentado. A su vez, en el artículo 11°, explicita: “La liberación establecida en el inciso c) del artículo 9° no podrá aplicarse a las retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas”
A su turno, el artículo 13° sostiene: “Será requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.”
En el título III, por su parte, se establecen las disposiciones generales que regulan la presente ley. Siendo que el artículo 18° expresa que “la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.”, corresponde hacer referencia a la Resolución General 3509/2013, dictada por el Fisco Nacional con fecha 06 de junio de 2013, por la cual se regula la ley bajo análisis. Que la misma en su artículo 1° reproduce prácticamente de manera literal lo establecido por la Ley 28.680 en sus artículos 9° y 10°. El artículo 2°, en lo que hace a las presentes actuaciones, dispone: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, conforme lo establecido por la Ley N° 26.860 (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presentes resolución general y demás normas que se dicten al efecto.”
En el artículo 5° se aclara en qué situación se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13° de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. Se encontrarán consumados, explicita el articulado, cuando “las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal.”
V. Que en virtud de lo establecido anteriormente, procede analizar la efectiva aplicación de la norma descripta en el caso de autos.
Que corresponde, en primer término, poner de resalto que el organismo fiscal se opone a la liberación que solicita el apelante en virtud de la exteriorización efectuada, en razón de tratarse del impuesto al valor agregado, insistiendo en que por la misma mecánica de su liquidación resulta inviable desde el punto de vista conceptual considerar que los créditos fiscales impugnados al contribuyente generen un activo (bien material o derecho) susceptible de ser exteriorizado en el marco del régimen establecido en la ley 26.860.
Que a propósito de ello, corresponde afirmar que la norma bajo análisis exime del pago de impuestos, taxativamente enumerados en su articulado, respecto de los montos exteriorizados. En dicho sentido y considerando que el monto exteriorizado oficia, en vistas del monto impositivo que se libera como efecto del acogimiento, una vez convertido a moneda nacional, como base imponible sobre la cual aplicar la tasa correspondiente a cada impuesto en cuestión - exceptuando al IVA y a los Impuestos Internos, que conllevan la aplicación de un ratio considerando la utilidad bruta del período a liberar-, cabe afirmar que la finalidad de la ley es la de eximir del pago del impuesto, por los períodos previos, al monto que hubiere permanecido oculto y que fuere, conforme a la ley en cuestión, exteriorizado.
Así las cosas, y en tanto la regulación refiere a la exteriorización de moneda extranjera, cabe señalar que las liberaciones ocurren respecto de todas aquellas operaciones capaces de generar, en favor del sujeto que exterioriza, una disponibilidad de dinero en efectivo pasible de ser convertido a moneda extranjera. Por tanto, en nada diferirá, tanto para el Impuesto a las Ganancias como para el Impuesto al Valor Agregado, el hecho de ocultar una venta, por el cual se obtiene un ingreso que permanece oculto hasta el momento de su exteriorización, del hecho de simular una compra, que plantea una erogación cuyos fondos, en realidad, han permanecido en manos del contribuyente.
Que, en función de lo antedicho, corresponde indicar que, en lo que hace a la declaración jurada del IVA, idénticos efectos conlleva en el caso el hecho de reducir el monto declarado de débito fiscal, que el de aumentar los créditos fiscales declarados. En efecto, el “ahorro fiscal” que goza el contribuyente se equipara en tanto la alícuota aplicable sobre unos y otros es idéntica y en cuanto el monto de impuesto a ingresar surge de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal declarados para cada período.
De hecho, y para reforzar este último argumento, cabe hacer referencia a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre caso “Álcalis de la Patagonia S.A.I.C.” (06/05/1986), en el cual sentenció: “El denominado crédito fiscal por impuesto al valor agregado no reviste el carácter de un verdadero crédito del sujeto pasivo de la obligación tributaria, cuya satisfacción pueda reclamar en todo supuesto al organismo recaudador, sino que constituye tan solo uno de los términos de la sustracción prevista por la ley dentro del sistema de liquidación del gravamen, lo que requiere, para su virtualidad, que deba operar en relación necesaria con el elemento restante constituido por el débito”. Que, consecuentemente, siendo el crédito fiscal un término de sustracción en la liquidación del impuesto, el temperamento de limitar su aplicación al blanqueo en el presente caso exhibe de una falta de contemplación del espíritu y objeto de la ley 26.860 por cuanto la misma “exime el pago del tributo que hubiera correspondido”, esto es, permite al contribuyente eludir su obligación de ingresar el correspondiente tributo cuando, de no haber exteriorizado moneda extranjera, debería haberlo hecho (in re “COPPARONI S.A. s/Apelación Impuesto a las Ganancias e I.V.A.”, Expte. N° 39.027-I, sentencia del registro de esta Sala “B”, de fecha 09/04/2016).
En este marco, carece de asidero considerar que en tanto no haya generado el correspondiente débito fiscal no corresponde admitir el acogimiento contra el ajuste contemplado por el Fisco, por cuanto en definitiva es el acogimiento al régimen de exteriorización el que les exime de ingresar el correspondiente tributo y no la ley de cada tributo en particular que, fuera de los casos por la ley 26.860 regulados, continúan generando las mismas obligaciones. Al amparo de lo hasta aquí analizado, las probanzas producidas en el marco de la presente causa, cabe concluir que la postura según la cual el Fisco Nacional se opone al goce de los beneficios por parte del apelante, no importa necesariamente una correcta interpretación de la norma.
Que en el Dictamen de la Procuración de la Nación, suscripto en fecha 19/09/2018 al que adhiere la Corte Suprema de la Nación en su sentencia de fecha 02/07/2020 en los autos “Copparoni S.A c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, se ha concluido:
“(…) No tuerce mi razonamiento la interpretación que propone la recurrente, en cuanto busca limitar el beneficio en el IVA únicamente al débito fiscal omitido, pues considera que solo en estos supuestos pudo obtenerse un capital oculto susceptible de posterior exteriorización.
Por el contrario, es claro para mí que tal capital oculto puede originarse tanto en ventas omitidas cuanto en compras ficticias. Es que, por ambas vías –disminución del débito fiscal mediante ventas omitidas o incremento del crédito fiscal por adquisiciones ficticias- el contribuyente declara un IVA menor al realmente adeudado (cfr. Arts. 11,12 y ccdtes., ley 23.349, t.o. 1997) y obtiene así un capital que permanece oculto al fisco y cuya exteriorización el régimen de la ley 26.860 procura.
Desde mi punto de vista, ello adquiere especial relevancia puesto que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema en que esta engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482) y la verificación de los resultados a que su exegesis conduce en el caso concreto (Fallos: 303:917; 307: 1018; 310:464; 311:1025; 317:1505; 318:79; entre otros).
Bajo este prisma, nada encuentro en la letra de la ley ni en el espíritu del legislador que permita inferir que se admite la regularización de la deuda nacida como consecuencia del empleo de la primera modalidad (ventas omitidas) mientras se excluye la que tiene su origen en la segunda (compras ficticias o apócrifas) cuando ambas –como se explicó- arrojan un resultado idéntico (disminución del IVA a pagar)”.
Que, por las consideraciones que anteceden, corresponde revocar la determinación de oficio en el impuesto al valor agregado contenida en la resolución que se apela por efecto de la aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley N° 26.860.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución N° 61/2014 (DV RR1P) en cuanto determina impuesto, intereses resarcitorios y multa, por efecto de la aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley N° 26.860. Costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el domicilio constituído y al Fisco Nacional en la CUIT 23- 22279071-9 (Dr. Tullio L. Culini). Hecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.02 10:43:12 ART Date: 2023.03.02 15:49:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.03 12:01:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.03 12:02:49 -03:00
Fin de la sentencia