Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que mediante IF-2023-43903150-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 600/2023 (DV JRCU) de fecha 23/03/2023, dictada por el Jefe (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Rio Cuarto de la Dirección General Impositiva. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a una multa de $939.244,94, en los términos del artículo 45 reducido a un cuarto por aplicación del artículo 49 de la Ley 11.683.
Solicita la actora se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Manifiesta que el organismo Fiscal, instruyó un sumario, señalando que habría presentado “Declaración Jurada Original, con datos inexactos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2020, habiéndose detectado omisión de pagar impuesto, en razón del incremento patrimonial no justificado (omitir ingresos gravados)”.
Plantea la nulidad y sostiene que se viola el principio de congruencia el cual –dice- sustenta su existencia en el debido proceso legal del artículo 18 de la CN y agrega que si el juez se aleja de los términos en los que fue planteado el proceso, traerá aparejado inevitablemente el estado de indefensión para alguna de las partes. Expresa que la resolución impugnada al entrar en el tratamiento de la defensa que plantea y al efectuar un análisis fáctico de la causa, en el segundo párrafo, pareciera abordar una cuestión previa referida a la sanción de la ley 27.653, ampliatoria de las leyes 27.541 y 27.562, y más precisamente referente a la condonación de pleno derecho de multas que establece la normativa en trato, que luego no continúa desarrollando. Explica que eso produce un estado de confusión e indefensión a su parte, ya que no sabe concretamente si la inclusión de ese análisis obedece a un error de tipeo en la resolución o si efectivamente el juez administrativo pretendía hacer un análisis de la normativa a los fines de aplicar la condonación prescripta en la normativa en trato.
Manifiesta que para que resulte configurado el ilícito previsto por el art. 45 de la Ley 11.683, deben necesariamente concurrir dos aspectos, uno objetivo y otro subjetivo.
Expresa que esa subjetividad no puede presumirse “jure et de jure”, y debe estar debidamente probada para poder ser sancionado por ese ilícito quien resulta imputado de haber cometido esta infracción.
Considera que no ha sido acreditada la subjetividad necesaria para que la conducta endilgada sea punible, con lo cual indica que prevalece el principio de inocencia.
Entiende que, al no haberse acreditado el dolo como elemento subjetivo, la imputación no puede prosperar. Acompaña documental.
Por lo expuesto precedentemente, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal, solicita se haga lugar al recurso en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2023-94345845-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso conferido, solicitando que por los argumentos de hecho y fundamentos de derecho se confirme la resolución apelada con costas.
Señala que las presentes actuaciones se originaron atento haberse comprobado que la responsable de autos ha presentado la Declaración Jurada Original correspondiente al Impuesto a las Ganancias -período 2020-, consignando datos inexactos habiéndose detectado una omisión de pagar el impuesto, en razón de la detección de un incremento patrimonial no justificado. Explica que el 29-09-2022 el contribuyente presentó la declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2020, incrementando la existencia final de bienes de cambio y consecuentemente disminuyendo el costo de las mercaderías vendidas por una suma de $10.734.227,83, importe en que se incrementó la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio 2020. Esto generó un ajuste en el impuesto determinado equivalente a $ 3.756.979,74 respecto a la declaración jurada original.
Agrega que la diferencia de saldo a pagar resultante de esa declaración jurada rectificativa se encuentra impaga a la fecha. En consecuencia, señala que se instruyó sumario contra la contribuyente.
Respecto de la nulidad planteada por la actora por supuesta violación al principio de congruencia, ello en tanto entiende que el Juez administrativo aborda una cuestión previa referida a la sanción de la ley 27.653, ampliatoria de las leyes 27.541 y 27.562 y que luego no continúa desarrollando, causándole un supuesto estado de indefensión. Al respecto, expresa que si bien esta circunstancia apuntada por la contraria se vislumbra en la resolución apelada, la misma de manera alguna afecta el mencionado principio de congruencia. Lo expuesto en tanto, de la simple lectura de la resolución de autos se evidencia que el Juez administrativo actuante comienza un desarrollo previo a fin de dilucidar si, a tenor de la normativa señalada - ley N°27.541 y sus modificaciones- le correspondía a la contraria la condonación de la sanción -desarrollo que luego no continúa- sin embargo y como primera medida, a poco que se sigue con la lectura de la resolución surge con palmaria claridad que no le correspondió condonación alguna a la actora, ello en concordancia con lo finalmente expuesto en la parte dispositiva de la citada resolución. Además, de la propia lectura del acto se desprende un desarrollo adecuado de los hechos constatados, del cargo endilgado y de la normativa aplicable, en total consonancia con lo resuelto en la resolución en crisis. Otro aspecto importante que destaca, es que tanto en la instrucción de sumario como en la resolución atacada el cargo formulado siempre fue el mismo, y que la contraria lo ha conocido desde el inicio, presentando su correspondiente descargo -previo a la conformación del cargo formulado por mi mandante, rectificando su declaración jurada en los términos de los ajustes propuestos por la inspección-, por lo cual, no puede venir en esta instancia a alegar desconocimiento de ello o estado de indefensión como lo hace. Resalta que no hay dos soluciones contrapuestas respecto tanto de los hechos, del derecho aplicable y del cargo endilgado, consecuentemente el principio de congruencia se encuentra intacto, no configurándose su violación como sostiene erróneamente en su interpretación la contraria. Cita jurisprudencia relativa que hace a su postura. En el caso de autos, no se vio agravada la garantía del debido proceso adjetivo bajo ningún punto de vista, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el presente.
Destaca que de ninguna manera la actora puede señalar restricción alguna a su derecho de defensa, más teniendo en cuenta que la contraria -insiste- contestó el sumario instruido, alegando su defensa por escrito sin ofrecer prueba alguna.
En cuanto a la sanción aplicada, explica que en estos obrados ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el artículo 45 de la Ley 11.683 (texto vigente) por cuanto de los elementos de juicio agregados a ellos resulta la omisión del pago del Impuesto a las Ganancias -del período fiscal 2020- mediante la presentación de declaración jurada inexacta, no concurriendo circunstancia alguna que exima de responsabilidad a la responsable La resolución atacada -dice-encuentra su causa en los antecedentes que constan en las actuaciones y que son producto de la fiscalización practicada, explica que se expusieron todas las diferencias de valuación a la rubrada para que procediera a realizar los ajustes pertinentes. Estas diferencias representaron un incremento de $10.734.227,83 en la valuación de la existencia final del rubro bienes de cambio (por ajustes en la valuación de las existencias de granos de soja, de la hacienda de cría y de las sementeras de soja y maíz), que implicó una disminución del costo de las mercadería vendidas y por ende, un aumento de la ganancia obtenida por la fiscalizada. Es así que la contribuyente con fecha 29-09-2022 presentó la declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2020, incrementando la existencia final de bienes de cambio y consecuentemente disminuyendo el costo de las mercaderías vendidas por una suma de $10.734.227,83, importe en que se incrementó la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio 2020, lo que generó un ajuste en el impuesto determinado equivalente a $ 3.756.979,74 respecto a la declaración jurada original. En consecuencia, la conducta de la quejosa fue encuadrada acertadamente dentro de los hechos previstos en el artículo 45 de la Ley N°11.683 en su antigua redacción (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
En relación al elemento subjetivo relativo al hecho en estudio, en materia de figuras contravencionales fiscales, basta que el autor obre culposamente para que la infracción sea sancionable. En efecto, la sola materialidad fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley, hace presumir que el autor obró con un mínimo de subjetividad, lo que en el caso de estudio se presentó en una "culpa por negligencia". Entonces, la conducta tributaria observada expresa la falta de adopción de medidas apropiadas en función de las declaraciones correctas de los tributos, lo que implicó una inobservancia de una mediana diligencia, que ha dado lugar a una omisión culposa.
En cuanto a la procedencia del error excusable en la presentación de la declaración jurada -que de ser verificado importaría una causal eximente de la sanción a tenor de los términos en que viene redactado el art. 45 de la ley 11.683-, dicho error debe ser probado y, además, invocado en forma específica (no genérica)”. Finalmente, por todo lo expuesto entiende que queda perfectamente demostrado que la apelante ha incurrido en el ilícito tipificado, por lo que solicita se confirme, con costas a cargo de la actora.
III. El Tribunal resuelve mediante PV-2023-96598560-APN-VOCV#TFN que en atención a que la parte actora no ha aportado prueba en esta instancia, la causa se resolverá con las constancias acompañadas por el Fisco Nacional y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2023-100030125-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
IV. Que a efectos de la resolución de la causa conviene reseñar lo señalado en el informe final de inspección que se encuentra agregado a fs. 7/17 de la Actuación SR2793 Div. Juridica agregada en el IF-2023-94290409-APN- DTD#JGM. Así, surge que el origen del cargo obedece, en lo que aquí interesa, a: a) Diferencias en la valuación de las Existencias Finales de Bienes de Cambio (hacienda vacuna, sementeras y granos de soja y maíz) al cierre del Ejercicio 2020 entre lo estimado por el área de Investigaciones y lo declarado por el contribuyente en la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2020.
Tras sendos requerimientos el contribuyente adjunta la documentación solicitada, la que luego de una exhaustiva revisión, contrastándola con la información obrante en las bases de datos de la A.F.I.P. se procedió a reconstruir el proceso productivo y comercial de la producción de granos de soja y maíz a los efectos de arribar a las existencias finales de dichos granos al 31 de Diciembre de 2020. Para ello, se partió de los datos de las existencias de soja y de maíz al 30/09/2020 declarados por el contribuyente en la Información Productiva 1 IPI del SISA - RG. 4310. A continuación, a las 3987,63 toneladas de soja declaradas al 30/09/2020 se le detrajo 652,53 toneladas que el contribuyente vendió en el período que va desde el 01/10/2020 al 31/12/2020, arribando a un stock fisico de 3335,10 toneladas de soja al 31/12/2020.
Respecto al maíz, partiendo de 5455,34 toneladas declaradas al 30/09/2020, se le detraen 1141,46 toneladas vendidas en el período que va desde el 01/10/2020 al 31/12/2020, arribando a un stock físico de 4313,88 toneladas de maíz al 31/12/2020. Finalmente, se procede a comparar las cantidades físicas teóricas existentes al 31/12/2020 según el inspector actuante con las cantidades físicas declaradas por el contribuyente, observando que éstas coinciden con absoluta exactitud. Por otra parte, para valuar su stock granario, el contribuyente consideró un valor por tonelada de $22.237,60 para la soja y de $11.900 para el maíz, ya que había deducido del valor de Cotización Pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario del día 31/12/2020 en concepto de gastos de comercialización: un 23% para la soja y un 30% para el maíz.
La inspección procedió a calcular el Valor Neto de Realización (V.N.R.) de cada tipo de grano según gastos reales de Certificados de Depósito y Liquidaciones Primarias de Granos del rubrado. Como fruto de ello, concluye que resulta razonable considerar un valor por tonelada de $23.104 para la soja y de $11.900 para el maíz, en virtud de haber estimado los gastos de comercialización en el orden del 20% para la soja y del 30% para el maíz, tal como se detalla en planilla de trabajo. En conclusión, el valor por tonelada de maíz considerado por el rubrado coincide con el valor por tonelada determinado por el inspector, pero no así el valor por tonelada de la soja, el cual resulta inferior al estimado razonable por A.FI.P. y origina un ajuste en valuación de los granos de $2.893.438,63.
Por otro lado, también se observan diferencias en la valuación de las sementeras. Al 31/12/2020 el rubrado tenía sembradas 2410 hectáreas de soja y 3477 hectáreas de maíz. El contribuyente había valorizado a éstas en un importe de $48.745.176,90. Sin embargo, por sumatoria de comprobantes de adquisición de bienes y servicios aplicados a la misma, el inspector actuante determinó que el valor de las sementeras asciende a $53.486.860,10, generando un ajuste de $4.741.683,21 por este ítem del rubro bienes de cambio. Se detallan dichos comprobantes y cálculos en papeles de trabajo incorporados al legajo principal de las presentes actuaciones. Así la inspección expuso todas las diferencias de valuación al rubrado para que procediera a realizar los ajustes pertinentes.
Estas diferencias representan un incremento de $10.734.227,83 en la valuación de la existencia final del rubro bienes de cambio (por ajustes en la valuación de las existencias de granos de soja, de la hacienda de cría y de las sementeras de soja y maíz), que implica una disminución del costo de las mercadería vendidas y por ende, un aumento de la ganancia obtenida.
En razón de dichos ajustes, el contribuyente presentó la declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias correspondiente al Ejercicio 2020 incrementando la existencia final de bienes de cambio y consecuentemente disminuyendo el Costo de las Mercaderías Vendidas por una suma de $10.734.227,83, importe en que se incrementó la ganancia neta sujeta a impuesto del Ejercicio 2020. Esto generó un ajuste en el impuesto determinado equivalente a $3.756.979,7respecto a la declaración original.
IV. Que corresponde tratar la multa aplicada en autos en relación a la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, correspondientes al período fiscal 2020, rectificada por la actora.
En primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado por la recurrente respecto de la violación al principio de congruencia.
Cabe señalar que “(...) es postulado liminar del proceso judicial que la sentencia final que en él se adopte debe ajustarse, como primera medida, a las ‘pretensiones deducidas’ por las partes (arts. 163, inc. 5º; 164; 277 y 278 C.P.C.C.N.). Ello, a fin de preservar el denominado ‘principio de congruencia’ y evitar —en caso de que no se respete — la descalificación del pronunciamiento por nulidad (art. 34, inc. 4º, cód. cit.). La trascendencia de este principio es tal, al punto de habérsele reconocido la más alta jerarquía. Ello obedece a que, en tanto manifestación de la defensa en juicio y del derecho de propiedad, integra el sistema de garantías procesales constitucionales orientadas a proteger los derechos y no a perjudicarlos (Fallos: 315:106. Ver, asimismo, Fallos: 294:127; 306:2054; 310:1764, entre otros)” (causas 30.005/2007 “Toer, Ariel Esteban c/ EN y/o responsable s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 28/06/2012 y 18.639/2006 “Editorial Perfil S.A. y otro c/ EN – Jefatura Gabinete de Ministros – SMC s/ Amparo Ley 16.986”, sent. del 14/08/2012).
Ahora bien, señalado ello, en el caso si bien el acto del ente fiscal omitió completar el análisis de la aplicación de la condonación prevista en la norma por éste citada, no luce de la conclusión del acto una incongruencia que cause agravio a la parte, toda vez que no ha acreditado ni planteado ésta ni en esa instancia ni en esta que fuera aplicable los beneficios del régimen de regularización.
Al respecto, cabe señalar que tal como advierte la representación fiscal, si bien el acto apelado no concluye respecto de la aplicación de la condonación prevista en la Ley 27.653, lo cierto es que no fue un agravio presentado por la parte en instancia administrativa, ni acreditó esta haber abonado el tributo que origina la sanción lo que podría haber implicado el análisis respecto de la posible condonación.
En efecto, para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de ese derecho y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
Tampoco en esta instancia ha acreditado el contribuyente que correspondiera el análisis y aplicación de los beneficios condonatorios que dicha ley otorga. En atención a lo señalado precedentemente, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado.
Cabe recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013 en el que expresó que “tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
V. Que, como se desprende de las actuaciones y del Informe Final de Inspección surgieron diferencias en relación al Impuesto a las Ganancias a favor del Organismo Fiscal, en virtud de una diferencia de valuación de bienes y la existencia final de los mismos.
Que, el artículo 13 de la Ley Nº 11.683 señala que “la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad”. Que, en los presentes autos, es la misma actora quien, a instancias de la verificación efectuada por el organismo fiscal, advierte las diferencias que se le endilgan y conforma la pretensión de la administración presentando la declaración jurada rectificativa. Por este motivo, el actuar del Fisco Nacional constituye el motivo principal por el cual la actora efectúa la rectificación correspondiente y acepta, de esta manera, la omisión del pago que se le imputa y, posteriormente, determina el impuesto adeudado en su justa medida.
Al respecto, cabe señalar que el art. 45 de la ley de rito tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”.
En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente rectificó su declaración jurada relativa al período en crisis del Impuesto a las Ganancias. En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente efectuó la correspondiente rectificación, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción.
En este sentido, cuadra indicar que quien haya presentado una declaración inexacta, omitiendo el pago del impuesto resultante, aún cuando la rectifique queda incurso en el ilícito material de omisión de impuesto al concurrir los presupuestos esenciales (conforme art. 13, ley de rito). Ahora bien, ello no implica que no debe analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular. Como ya se señaló, en relación con el elemento subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo fue declarar datos en la declaración jurada que no representaban la verdadera situación fiscal de la contribuyente. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, la parte actora no esgrime ningún argumento para exculparse, mucho menos aporta elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante.
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.09.01 16:45:09 ART Date: 2023.09.04 16:14:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.04 16:45:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.04 16:45:19 -03:00
Fin de la sentencia