Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 37.534-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan los impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 86/103, fs. 144/154 la firma PILLADO CEREALES S.R.L. interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Junín de la DGI-AFIP:
(i) N° 015/2013 de fecha 18 de marzo de 2013 que le determina de oficio la obligación fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 01/2009 a 04/2010 (Expte. N° 37.534-I).
(ii) N° 109/2014 de fecha 28 de octubre de 2014 que decide aplicarle una multa de pesos un millón trescientos sesenta y ocho mil cuarenta y ocho con setenta centavos ($1.368.048,7) equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido por el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 01/2009 a 04/2010, ambos inclusive, encuadrando su conducta en las previsiones de los artículos 46 y 47 inciso a), b) y c) de la ley N° 11.683 (Expte. N° 41.568-I).
Pone de manifiesto que, según expresa la resolución determinativa de oficio, como resultado de las tareas de investigación el organismo fiscal sostiene que ciertos proveedores de la firma no cuentan con capacidad operativa/económica para realizar las operaciones comerciales instrumentadas y, a partir de allí, impugna las operaciones realizadas con aquellos, considerándolas inexistentes.
Señala que resulta errónea la interpretación del Fisco Nacional al entender que la buena fe del comprador, en caso de existir, no resultaría un elemento suficiente que posibilite el cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado cuando la operación que le da origen no resulta verdadera. Además, arguye que ha cumplido con todas las diligencias necesarias que le correspondían en su calidad de comprador, habiendo consultado que los proveedores figuren como activos en el Registro de Operadores de granos, requiriendo las facturas respectivas y habiendo cancelado estas últimas mediante transferencias bancarias. Sostiene que el fisco valora equivocadamente los hechos y circunstancias de las presentes actuaciones recurriendo a la aplicación del principio de realidad económica establecido en los arts. 1 y 2 de la ley 11.683, no resultando de aplicación en el caso de autos.
Alega que el Fisco Nacional no cuestiona la real existencia de las operaciones, sino sólo la capacidad operativa y económica de los proveedores en cuestión, por lo que no se verificarían los supuestos indicios comprobados, graves y precisos, que llevarían a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las operaciones.
Agrega que yerra el ente fiscal al querer restar valor probatorio a los pagos realizados a través de transferencias bancarias, los cuales resultarían el medio más idóneo para acreditar la verdadera existencia de las operaciones.
Asimismo, se agravia en tanto el fisco consideró que la prueba pericial contable ofrecida no lograría desvirtuar los cargos formulados, ni serviría para acreditar la veracidad de la operatoria de compraventa impugnada, por cuanto la misma solo aportaría el hecho o circunstancia de que se cumplió con la formalidad de la registración.
Con respecto al proveedor Infuagro SRL ratifica, en relación a los medios de pago, que se habría verificado que la totalidad de las operaciones fueron canceladas por transferencia bancaria a la cuenta de titularidad de la proveedora. Además, afirma que las facturas y comprobantes emitidos son formalmente correctos y que las operaciones fueron efectivamente realizadas.
Respecto al proveedor Rifomar S.A., al igual que en el anterior, ratifica en relación a los medios de pago, que se habría podido verificar que la totalidad de las operaciones fueron canceladas por transferencia bancaria a la cuenta de titularidad de la proveedora. Además, afirma que las facturas y comprobantes emitidos son formalmente correctos y que las operaciones fueron efectivamente realizadas.
Con relación al proveedor Agro Nuevo Cereales S.A., manifiesta que se encontraría acreditado fehacientemente el pago de las operaciones realizadas y que las facturas existen y los comprobantes emitidos son formalmente correctos, ostentan CAI y fecha de vencimiento válidos, como así también cumplen con los medios de pago exigidos.
Asimismo, y respecto de Pirica Cereales S.R.L. argumenta que la proveedora se encontraría inscripta en el Registro Fiscal de Operadores de Granos y que su exclusión del mismo operó una vez finalizadas las operaciones con Pillado Cereales S.R.L. Asegura que las facturas existen y se encuentran correctamente registradas.
En relación al circuito financiero, afirma que se encuentra acreditado el pago de las operaciones realizadas mediante transferencia bancaria.
Respecto del proveedor Cavina Raul Antonio, manifiesta que de la circularización a la firma Agropol S.A., intermediario entre la firma Pillado Cereales S.R.L. y el Sr. Cavina, reconoce las operaciones llevadas a cabo entre comprador y vendedor.
Con relación al proveedor Roca Cereales S.A., afirma que las operaciones fueron debidamente canceladas, que las facturas resultan existentes y los comprobantes emitidos son formalmente correctos. En el caso de Pro-Gran S.R.L., señala que las operaciones fueron debidamente canceladas, que las facturas resultan existentes y los comprobantes emitidos son formalmente correctos.
Finalmente, rechaza la multa aplicada invocando que no se encuentran acreditados en el procedimiento los requisitos previstos en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683, en tanto quedó demostrado en autos la real existencia de las operaciones. Invoca la falta de acreditación de una grave contradicción, la inexistencia de datos inexactos y la falta de disconformidad con las normas legales y reglamentarias.
Por último, plantea la inconstitucionalidad del art. 9 punto 1. B) del Decreto 618/97, que otorga al juez administrativo la facultad de aplicar sanciones de naturaleza penal.
Cita jurisprudencia. Acompaña prueba documental y ofrece prueba informativa. Formula reserva del caso federal. Solicita que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 112/129 y fs. 165/180 la representación fiscal contesta los recursos.
Expresa que el error del recurrente consistiría en afirmar que el hecho de que las operaciones se encuentren registradas debidamente y que los proveedores se encuentren inscriptos en el Registro de Operadores de Granos resultaría suficiente para acreditar la existencia de las mismas con los proveedores cuestionados.
Manifiesta que las facturas extendidas por los proveedores carecen de eficacia para probar que las operaciones fueron efectuadas, toda vez que no habría podido verificarse su legitimidad y autenticidad, porque existirían otras pruebas contundentes que las contradicen.
Advierte que a fin de desvirtuar las acciones que ese Organismo impulsa, no bastaría con la mera exhibición de documentos y registraciones, sino que, corresponde que el contribuyente acredite con pruebas palpables la secuencia completa de la operatoria respaldada con documentación fehaciente y no con argumentos genéricos. Por ello, entiende que las críticas del actor constituyen meras manifestaciones teóricas carentes de sustento y deben ser desestimadas.
Razona que no le asiste razón a la actora al sostener que la obligación que le compete como contribuyente habría sido cumplida al limitarse a corroborar la apariencia de legitimidad de la facturación y la situación frente al Organismo Recaudador de los sujetos emisores, toda vez que dichos elementos únicamente acreditan la existencia formal de la operación, pero no prueban la real efectivización de la misma. Advierte que la recurrente no habría probado en ningún momento que los proveedores cuestionados realizaron efectivamente las operaciones.
Finalmente, ratifica la multa por el impuesto al valor agregado, advirtiendo que las infracciones discutidas en autos se encuentran motivadas en la constatación por parte de la inspección de que las operaciones de venta no fueron realizadas por los supuestos proveedores, siendo indudable que la comisión de los hechos violatorios que se le imputan se encuentran debidamente probados en autos y en tales condiciones la defraudación determinante de la infracción imputada resulta indiscutible. Concluye que los elementos objetivo y subjetivo de la conducta imputada se encuentran acreditados, resultando procedente la aplicación de la sanción.
Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y hace reserva del caso federal. Solicita se rechacen los recursos interpuestos y se proceda a confirmar las resoluciones impugnadas, con costas a la actora.
III. Que a fs. 186 se resuelve acumular el Expte. N° 41.568-I al Expte. N° 37.534-I.
Que a fs. 202 se resuelve abrir a prueba el Expte. N° 37.534-I, disponiendo hacer lugar a la prueba informativa sólo en cuanto al punto 7 de la misma.
A fs. 217/225 obra agregado el informe remitido por la Sección de Juicios Universales dependiente de la Dirección Regional Junín.
Que a fs. 241 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala "B".
A fs.242 se ordena poner los autos para alegar. A fs. 248/254 alega la parte actora, y a fs. 253/254 hace uso de su derecho el Fisco Nacional.
Que a fs. 256 se ponen los autos para el dictado de la sentencia.
IV. Que en cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los indicios que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida a los proveedores que declara la recurrente, para luego emprender el análisis de aquellos, teniendo en cuenta la prueba arrimada y producida, y lo alegado por las partes al respecto. Las presentes actuaciones tienen su origen en la fiscalización efectuada en el Operativo de Granos 2010 a los efectos de impugnar los créditos fiscales presuntamente apócrifos o sin capacidad operativa de los terceros proveedores.
Que según el informe final de inspección obrante a fs. 38/77 del Cuerpo Antecedentes División de Investigación de los antecedentes administrativos (en adelante “AA”), la firma se encuentra inscripta y desarrolla principalmente la actividad de venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (Código de actividad 511.111).
Los ajustes efectuados en el Impuesto al Valor Agregado se detallan por cada proveedor, según los siguientes los indicios:
Infuagro S.A. (véase el exhaustivo análisis de este proveedor obrante a fs. 41/ 46 del “del Cuerpo Antecedentes a División de Investigación”): constituidos los funcionarios en el domicilio fiscal de la firma, se llamó al departamento “A” no recibiendo respuesta. Continuando con la búsqueda de la firma los inspectores se apersonan en el domicilio del presidente de Infuagro S.A. en tres oportunidades, no logrando contactarse con ningún integrante de la firma.
De la consulta efectuada respecto de las presentaciones realizadas en los distintos impuestos, se constató que realizó presentaciones del impuesto al valor agregado hasta Abril 2009 por montos muy significativos tanto en débitos como en créditos fiscales así también generando saldos a favor de gran cuantía. Asimismo, consta como titular de la mayoría de las cuentas bancarias que posee la firma el Sr. José Ignacio Licari, el cual en los registros del organismo fiscal aparece como “prestanombre” y es titular de las cuentas bancarias de la firma Rifomar S.A. (otro proveedor cuestionado en estos autos).
En cuanto al circuito del cereal, con los datos que surgían de las cartas porte, se procedió a circularizar y/o visitar a catorce de los transportes involucrados en el traslado de dichos cereales, los cuales en su mayoría han manifestado nunca haber realizado viajes a la firma que se les consulto, no haber realizado viajes de transporte de mercadería con los números de cartas porte mencionadas y/o no conocer a la firma mencionada (fs. 44/45 AA).
Rifomar S.A. (véase el exhaustivo análisis de este proveedor obrante a fs. 46/53 del “del Cuerpo Antecedentes a División de Investigación”): de las consultas realizadas surge que el contribuyente se encuentra excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos establecido en la R.G. 2300 desde el 20/07/09. Asimismo, surge que posee presentaciones en el Impuesto al Valor Agregado y régimen de SICORE hasta mayo 2009 y que no posee propiedades, ni automotores de su titularidad.
En cuanto a la información del CITI Compras posee informados montos muy importantes de operaciones realizadas con distintas firmas en los períodos transcurridos entre Septiembre y Diciembre de 2007. Respecto del SICORE de Impuesto al Valor Agregado hay informados montos muy significativos durante los años 2007, 2008 y 2009.
Asimismo, se constató que no posee propiedades ni automotores de su propiedad.
Para lograr entrevistar a algún integrante de la firma, los agentes fiscales se constituyeron en el domicilio fiscal de la firma, donde se procedió a llamar al departamento “B” del portero eléctrico y siendo atendidos por una persona de sexo masculino quien no desea identificarse y manifiesta pertenecer a las oficinas ubicadas en el departamento “A y C”, quien ante las preguntas efectuadas por los funcionarios, responde que la firma Rifomar S.A. funciona al lado de la suya, es decir en la oficina “B”, que él atendió porque escucho el timbre de dicha oficina y sabía que no había nadie atento a que es frecuentada de vez en cuando y por períodos cortos de tiempo, por personas a las que conoce de vista pero no sabe sus nombres, apellidos, domicilios, ni teléfonos y desconoce la actividad que realiza la empresa.
Además, se visitó el domicilio real o legal de la firma, no logrando los actuantes que se conteste en el piso o departamento consultado, se procedió a entrevistar al portero del edificio, quien no se identifica, pero responde que en el piso y departamento no funciona ninguna empresa, que desconoce a la firma Rifomar S.A., y que en el edificio solamente hay departamentos de vivienda familiar, no existiendo oficinas comerciales (fs. 49 AA).
Con los datos que surgían de las cartas porte, se procedió a circularizar y/o visitar a los transportes involucrados en el traslado de los cereales, los que manifestaron no haber realizado viajes a la firma y no conocer a la firma mencionada. Cabe destacar la respuesta brindada por la transportista Demetria Margarita Iglesia, quien aportó fotocopias de facturas propias de los servicios de viaje realizados en el periodo que abarcan los indicados en las cartas porte consultadas, ratificado que dicho camión se encontraba en otro lugar cuando la firma PILLADO CEREALES SRL, quiere demostrar que está transportando mercadería para ella (fs. 50 AA). En esta línea, el Sr. Dario Peovich, socio gerente de la firma Dabrada SRL, aportó copias de cartas porte de viajes realizados por el Dominio FKQ 686, y analizadas las mismas se detecta que el día 22/06/2009 el dominio se encontraba en las plantas de CARGIL S.A. con hora de entrada 07:04 y hora de salida 20:09; y la firma PILLADO CEREALES SRL aporta un comprobante de pasaje con fecha 22/06/2009 ticket nro 402 con horario de entrada 3:30 y salida 4:32 (fs. 51 AA).
Agronuevo Cereales S.A. (véase el exhaustivo análisis de este proveedor obrante a fs. 53/61 del “del Cuerpo Antecedentes a División de Investigación”): constituidos los funcionarios en el domicilio fiscal de la firma, se llamó no recibiendo respuesta. Continuando con la búsqueda de la firma proveedora, los inspectores se apersonan en el domicilio fiscal del Sr. Héctor Norberto Timarchi, quien consta como presidente de la firma, donde son atendidos por la Sra. Bárbara Vitale, quien manifiesta que vive en el domicilio hace tres años, que se lo alquila a la Sra. Adriana Oliveasi, quien es propietaria del mismo. Asimismo, manifiesta no conocer al Sr. Timachi y que tampoco recibe ningún tipo de información ni documentación del mismo.
Atento a que la firma con fecha 15 de diciembre de 2009 cambio el domicilio fiscal a la calle Pi y Margall N° 1120 Piso10 Dpto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los funcionarios procedieron a verificar el nuevo domicilio, siendo atendidos por Alejandra Temer, quien manifiesta no ser directivo ni empleada de la empresa y que le realiza únicamente trabajos de traducción del inglés al castellano. Además, manifestó que el responsable de la firma, el Sr. Ferrazzano se encuentra en el exterior haciendo un curso de lavado de dinero, desconociendo el domicilio que posee en el país.
De las consultas realizadas surge que el contribuyente posee presentaciones del impuesto al valor agregado por montos muy significativos, tanto en débitos como en créditos fiscales. Asimismo, surge que la contribuyente se encuentra incluida en la base E-APOC desde el 20/01/09 con irregularidades en la cadena de comercialización.
Con los datos que surgían de las cartas porte, se procedió a circularizar y/o visitar a catorce empresas de transportes involucradas en el traslado de los cereales de las cuales cuatro manifiestan nunca haber realizado viajes de transporte de mercadería a la firma que se le consultó, otras han manifestado que dichos transportes no han sido realizados por sus camiones (fs. 57/58 AA).
Pirica Cereales S.R.L. (véase el exhaustivo análisis de este proveedor obrante a fs. 61/64 del “del Cuerpo Antecedentes a División de Investigación”): surge que la contribuyente se encuentra incluida en la base E- APOC desde el 27/07/2010 condición “sin capacidad económica”. Asimismo, constituidos los funcionarios en el domicilio fiscal de la firma, no ha contestado persona alguna y consultando en portería manifiestan que hace un año la firma no está más en dicho lugar. Asimismo, los funcionarios se constituyeron en el domicilio legal y siendo atendidos por el encargado suplente, quien manifestó no conocer a la firma y que el departamento se encuentra desocupado. Además, los funcionarios concurrieron al domicilio de la socia gerente Sra. D’Elia Mabel Ester, siendo atendidos por el Sr. Omar Bordone, quien manifiesta que la Sra. D’Elia realizó una cesión total de las cuotas en noviembre 2008, aportando copia de dicho contrato (fs. 67 a 74 del cuerpo Anexo IV).
De la verificación realizada, se constató que el proveedor no cuenta con bienes inmuebles o bienes registrables.
Respecto del circuito del cereal, no se obtuvo información a efectos de realizar dichas tareas de fiscalización.
Cavina Raúl Antonio (véase el exhaustivo análisis de este proveedor obrante a fs. 64/65 del “del Cuerpo Antecedentes a División de Investigación”): se concurrió al domicilio alternativo del contribuyente y siendo atendido por la esposa de este –señora Rosa Elida Troncaro-, la misma manifestó que desconoce el paradero de su esposo, y que el mismo se encontraría en la localidad de Guampecha, provincia de Santiago del Estero desarrollando como actividad el cultivo de cereal y oleaginosa en inmuebles rurales arrendados. Por su parte, el personal fiscalizador se constituyó en la comisaría de la localidad de Inriville, provincia de Córdoba y siendo atendidos por el Sargento Ayudante, señor Ricardo José Gallardo, comisaría que se encuentra frente al domicilio alternativo del señor Cavina, y preguntando por el contribuyente, el sargento manifestó y se dejó sentado en el acta que el Señor Cavina reside habitualmente en el domicilio de la calle San Martín esquina General Paz de la localidad de Inriville, provincia de Córdoba. Concluyendo que la esposa del Sr. Cavina falta a la verdad cuando expresa que el mismo no reside en dicho domicilio. Asimismo, surge que el contribuyente se encuentra incluida en la base E-APOC desde el 31/07/2009 condición sin capacidad económica.
Con relación al circuito de cereal, se solicitó a la firma Agropol S.A., donde Pillado Cereales SRL entregó el cereal, que proporcione las cartas de porte relacionadas a la entrega de cereal de Raúl Antonio Cavina. En su respuesta, la firma Agropol S.A. manifiesta no poseer las cartas de porte solicitadas, pues se gestionan entre vendedor y entregador del cereal, indicando que el entregador fue la empresa Amato y Catalano S.R.L.
Roca Cereales S.A. (véase el exhaustivo análisis de este proveedor obrante a fs. 65/69 del “del Cuerpo Antecedentes a División de Investigación”): la sociedad no pudo ser ubicada en el domicilio fiscal declarado. Se procedió a visitar al domicilio fiscal correspondiente a quien consta como presidente de la firma, el Sr. Mario Oscar Chandler, y siendo atendidos por una persona de sexo femenino manifiesta que el Sr. Chandler hace aproximadamente dos años que no vive más en dicho domicilio y que desconoce el lugar donde reside actualmente. Asimismo, se procedió a visitar dos domicilios del Sr. Cristian Cabral, quien consta como socio de la firma Roca Cereales, dejando constancia que no se pudo encontrar al Sr. Cabral en ninguno de ellos, manifestando personas consultadas no conocerlo.
Con los datos que surgían de las cartas porte, se procedió a circularizar y/o visitar a los seis transportes involucrados en el traslado de los cereales, los que manifestaron no haber realizado dicho transporte de mercaderías y que desconocen totalmente la existencia de las firmas consultadas. Respecto al transportista Horacio Francisco Fazzari, manifestó que en el periodo consultado trabajaba exclusivamente para la firma IMPLA S.A., aclarando que el dominio que consignan las cartas de porte como de su propiedad VHQ480 no le pertenece.
Respecto al circuito financiero, se dejó constancia de que una sola operación fue cancelada con cheque a la orden de Roca Cereales S.A. siendo endosados por una persona no identificada y aclarando en manuscrito “director”, siendo presentado dicho cheque al Banco girado por la firma Mozzoni Porta Argelec S.A. y que circularizada la misma informa por e-mail que el cheque le fue entregado por un cliente de ellos llamado Electromecánica Daniel Basílico S.R.L., en concepto de pago de facturas en cuenta corriente y que circularizada esta última firma, informa que dicho cheque le fue entregado por la firma Pillado Cereales S.R.L. como anticipo por la compra de materiales para una obra eléctrica en una planta de silos que luego no fue realizada por decisión de Pillado Cereales S.R.L.
Asimismo, surge que la contribuyente se encuentra incluida en la base E-APOC, condición “con irregularidades en la cadena de comercialización”.
Pro-Gran S.R.L. (véase el exhaustivo análisis de este proveedor obrante a fs. 69/74 del “del Cuerpo Antecedentes a División de Investigación”): Constituidos los funcionarios en el domicilio fiscal de la firma, son atendidos por una persona que se niega a identificarse, y preguntada por la proveedora la misma manifiesta que en dicho lugar funciona un estudio contable que recibía documentación de la firma, pero hace aproximadamente dos meses la firma posee domicilio en la ciudad de Rosario, no habiendo realizado el cambio de domicilio ante el organismo fiscal.
Asimismo, se constituyeron en el domicilio legal de la firma, situado en la ciudad de Rosario, donde se pudo constatar que no se trata de un domicilio particular ni de oficina, sino que se trata de un edificio, que no cuenta con portería donde se pueda consultar sobre la firma en cuestión.
Con los datos que surgían de las cartas porte, se procedió a circularizar y/o visitar a los veintidós transportistas involucrados en el traslado de los cereales, de los cuales tres de las circularizaciones fueron devueltas por el correo por “Domicilio Inexistente” (fs. 315 de los AA) o con la observación “Se Mudo” (fs. 332 de los AA) y diecinueve manifestaron no haber realizado viajes y no conocer a las firmas mencionadas.
Se destaca que de la declaración de la mayoría de los transportistas que figuran en las Cartas de Porte, ninguno afirma haber realizado los viajes detallados en estas últimas y tampoco haber realizado viajes para la firma Pillado Cereales SRL.
Con relación al circuito financiero, se pudo comprobar que el resto de los pagos fueron realizados vía cheques de pago diferido Banco Credicoop Coop. Limitado, emitidos a la orden de PRO-GRAN S.R.L. y endosados por la señora Ana Mónica Salgado –Socio Gerente-, y presentados al cobro por las firmas: Edisbon S.A. y Logística Metropolitana. Que se procedió a circularizar a las firmas que presentaron al cobro los cheques por la inspección actuante, no respondiendo las mismas y siendo devuelto por correo las notas de pedido de información remitidas. Como consecuencia de ello, la inspección se constituyó en los domicilios de las dos firmas constatando en el caso de Edisbon S.A., que en dicho domicilio funciona una inmobiliaria y que la firma hacía aproximadamente un año y medio que no se encuentra en el lugar. Por otro lado, en el caso de la firma Logística Metropolitana S.A., siendo los inspectores atendidos por una persona de sexo masculino manifiesta que en dicho domicilio solo se recibe correspondencia de la empresa, pero que allí no funciona oficina algún de la empresa.
Que en razón de las serias irregularidades corroboradas en los proveedores detallados en párrafos precedentes, el organismo recaudador procedió a impugnar el crédito fiscal originado en las mismas.
V. Que, en cuanto se refiere al ajuste por facturación presuntamente apócrifa, que generó la impugnación del crédito fiscal computado en el IVA por la recurrente, es doctrina sentada por este Tribunal que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formal del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos material (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal)” (vide “Impulso S.A.”, Sala “A” del 27/3/1998; jurisprudencia continuada en “Idoipe Larraga, Angel”, Sala “A” del 11/12/2001; y compartida en “Cooperativa Avícola Mendoza Limitada”, Sala “B” del 19/04/2010; “Raúl Pitteri Hogar S.R.L.”, Sala “C” del 28/02/2006; “Prodecom S.A., Sala “D” del 24/08/2000, entre muchas otras).
Que ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación, toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito.
Que en análogo sentido se ha expedido nuestro Más Alto Tribunal in re “Industrias Electrónicas Radio Serra S.A.”, de fecha 06/08/1991 (Fallos 314:745), en tanto establece que “en orden a esta prevalencia de la denominada “realidad económica”, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes que solo existirán en el futuro, pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible... podría originarse un crédito fiscal a favor del “comprador” que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas”. Que de la mera lectura de los indicios colectados por la inspección consta que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores observados en el IVA, en principio, se encuentra debidamente fundamentada por indicios graves, precisos y concordantes, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas tal como fueron presentadas.
Corresponde recordar entonces que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues, como lo establece el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido, corresponde a la actora demostrar la existencia de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo.
Que a fs. 217/221 obra agregada la respuesta brindada por la Sección Juicios Universales dependiente de la Dirección Regional Junín mediante la cual se determina la forma de solicitar la inclusión en el Registro de Operadores de Granos y la necesidad de acreditar la capacidad para realizar la actividad de acuerdo a la categoría en la que se pretende inscribir.
Que a fs. 480/624 del Cuerpo N° III de IVA de los antecedentes administrativos, obra agregado el informe pericial contable en el cual se observa que el profesional indica que “se comprobó que las facturas de los proveedores se encuentran registradas en el Libro IVA Compras, coincidiendo los distintos totales mensuales con los asientos parciales y globales insertos en el Libro Diario”.
A su turno y con respecto a los puntos de pericia requeridos, el perito señaló: “compulsando las Cuentas de Gestión de todos los proveedores involucrados y los Mayores Contables, se observa en los mismas que cada pago se identifica con un número de transferencia electrónica o cheque emitido por la empresa según corresponda”.
Asimismo, manifestó que “en todos los comprobantes originales que avalan las transferencias electrónicas se encuentra identificado el beneficiario, coincidiendo con las empresas proveedoras con las cuales se realizaron operaciones”.
Por último, consignó que “de la Cuenta de Gestión surgen débitos y créditos por los distintos conceptos, se identifican claramente los pagos por concepto de IVA, los cuales directamente se relacionan con una operación determinada, el resto son pagos que se efectúan de acuerdo al saldo de la cuenta del proveedor”.
Que la prueba pericial contable se ha limitado a analizar los libros y los registros de la recurrente, los que no habían sido cuestionados por la fiscalización en cuanto a su forma sino en cuanto a la materia allí declarada, por las inconsistencias detectadas al investigar cómo se dieron las operaciones en la realidad de los hechos.
En definitiva, la prueba pericial aportada no es suficiente para acreditar de modo alguno la veracidad de las operaciones, resultando la misma infructuosa para la solución del caso.
Cabe aclarar, que los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente al Organismo Fiscal no se relacionan con los aspectos formales de la facturación aportada –los cuales no se encuentran cuestionados- sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria refleje operaciones de venta de bienes que efectivamente hayan existido tal como han sido declaradas.
Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza de los referidos proveedores; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como explicara nuestro más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto …“el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986). Que en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con los proveedores cuestionados, no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto procediendo a confirmar los ajustes proyectados en las resoluciones recurridas, con costas.
VI. Que seguidamente, corresponde examinar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente una multa con sustento en el artículo 46 e incisos a), b) y c) del artículo 47 de la ley procedimental.
Que, en cuanto al agravio expresado por el apelante, referido al planteo de inconstitucionalidad del artículo 9 punto 1. B) del Decreto 618/97, cabe mencionar que el art. 185 de la Ley 11.683 veda a este organismo pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes tributarias o aduaneras, a menos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, supuesto que no acontenció en los presentes autos.
Que cabe dejar sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re “Ruggiero, Aldo”, sentencia del 21/12/2006 “… la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que ‘no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación” (cfr. Diaz Sieiro, H.D.; Veljanovich, R. D. y Bergoth, L. “Procedimiento Tributario” (1993) comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 – “Casino Del Litoral SA” -TF 15.319-I- c/DGI- 8/2/1999).
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la victima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el articulo 47 incorpora una serie de presunciones legales ‘iuris tantum’ tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el ente fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (“Batello, Tarcisio Ludovico” – CNFED. CONT. ADM. – SALA V- 29/03/1999). Que no puede negarse que la pretensión fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que, más allá de encontrarse acreditada vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al organismo recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que tenía conocimiento de que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las facturas.
No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es facultad discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio.
Ello así se observa que el juez administrativo fijó la misma en tres (3) veces el Impuesto al Valor Agregado omitido a ingresar por los períodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2009 y febrero, marzo y abril de 2010 y, considerando que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto en el art. 46 de la ley ritual.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan los impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese. Fecho, procedase a la impresión y agregación de la presente al expediente de papel, devuelvanse los antecedentes administrativos y archivese.
Date: 2023.05.04 14:29:33 ART Date: 2023.05.04 16:05:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.05 00:32:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.05 00:34:02 -03:00
Fin de la sentencia