Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso por retardo de repetición intentado en autos, con costas.
I. Que mediante RE-2021-107967748-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso por retardo de repetición a fin de requerir la devolución del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, por la suma de $ 31.293.815, correspondiente a los períodos fiscales octubre de 2019 a diciembre de 2020, ambos inclusive, que ha sido ingresado al Fisco por retenciones sufridas en cabeza de esa sociedad y practicadas por el Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario, Banco Mariva, Banco Interfinanzas, Banco Industrial, Banco Meridian, Banco Macro, Banco Supervielle, Banco La Pampa, Banco Ciudad, Banco BICA y Banco Neuquén, y solicita se ordene su inmediata devolución a la sociedad, con más sus correspondientes intereses.
Manifiesta que la suma oportunamente retenida totaliza la suma de $ 48.416.511,00, y aclara que parte de las sumas retenidas en concepto del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios por los períodos de octubre de 2019 a diciembre de 2020 ya fue computada como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2019 y 2020.
Señala que su mandante interpuso formal reclamo administrativo de repetición el día 16 de abril de 2021, ante la AFIP, quedando dicho reclamo individualizado como Nro. 202100418523. Agrega que habiendo expirado el plazo de tres meses previsto en el art. 81, 2° párrafo de la ley 11.683, interpone recurso por retardo de repetición, a fin de que el Fisco Nacional restituya a la sociedad la suma de $ 31.290.815,30, con más sus correspondientes intereses por repetición de tributos, y con expresa imposición de costas a Fisco Nacional.
Sostiene que Crédito Directo S.A. es una sociedad anónima que fue constituida el 15/11/2011 cuya actividad principal consiste en otorgar microcréditos, y préstamos a personas humanas y personas jurídicas y que la sociedad se financia tanto con capital propio, como también a través de préstamos que recibe del mercado de capitales y de entidades financieras locales que se encuentran comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Añade que las entidades financieras financian a la sociedad a través de adelantos en cuentas corrientes, préstamos amortizables, préstamos sindicados, underwritting de títulos valores, compra de cartera de préstamos, adquisición de obligaciones negociables y títulos valores de fideicomisos financieros cuyo activo subyacente son préstamos originados por la sociedad.
Refiere que el 10/06/2014 el Banco Central de la República Argentina, con el propósito de regular la asistencia crediticia que se brinda a proveedores no financieros de crédito, emitió la Comunicación “A” 5593 BCRA en donde, en su punto 2), resolvió extender la aplicación de las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras a los proveedores no financieros de crédito que se inscriban en el “Registro de Otros proveedores no financieros de crédito”.
Indica que en dicha Comunicación se consideraron proveedores no financieros de crédito a aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades de conformidad con la Ley de Entidades Financieras, realizan -como actividad principal o accesoria- oferta de crédito al público general, otorgando de manera habitual financiaciones alcanzadas.
Así las cosas, expresa que Crédito Directo S.A., en base a la principal y única actividad que desarrolla, ha sido considerado un Proveedor de Crédito No Financiero y que ha quedado alcanzado por las disposiciones de la Comunicación “A” 5593.
Entiende que, sin ser un sujeto comprendido en los artículos 1º o 2º de la Ley de Entidades Financieras, a partir de su registro en el BCRA como “Proveedor No Financiero de Crédito”, resulta ser una sociedad regida por la Ley de Entidades Financieras, y obligado, por tal motivo, al reporte a la Central de Deudores y a tributar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias -Ley 25.413- bajo las pautas del Artículo 7 del Decreto Nro. 380/01, sin que sus cuentas abiertas en entidades financieras se encuentren incididas por dicho tributo, ya que dichos tratamientos son mutuamente excluyentes entre sí.
Considera que las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras resultan ser contribuyentes del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias únicamente por los pagos que realicen por su cuenta y a su nombre por los conceptos incluidos taxativamente en la normativa, quedando fuera del alcance del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias el flujo de fondos vinculados a la operatoria de la intermediación financiera.
Señala que Crédito Directo S.A. interpuso una Consulta Vinculante en los términos de la Resolución General (AFIP) 1948, a fin de dilucidar el tratamiento que en el Impuesto Sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias se debería aplicar a la Sociedad en tanto se considera incluida en las disposiciones del Artículo 7 del Dec. 380/01.
Manifiesta que, en virtud de la Resolución Nº 41/16 que resolvió la consulta vinculante efectuada, entendió que a partir de su registro ante el BCRA como Proveedor No Financiero de Crédito, se le extendía la aplicación de la Ley De Entidades Financieras, resultando obligado al reporte de asistencias otorgadas a la Central de Deudores del BCRA, y, por tanto, como entidad regida por la ley, debía tributar el Impuesto Sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias bajo las pautas establecidas en el Artículo 7º del Dec. 380/01 sin que sus cuentas abiertas en entidades financieras se encontraran incididas por dicho tributo, ya que dichos tratamientos eran mutuamente excluyentes entre sí.
Previo al dictado de la Resolución Nº 41/16 (SDG TLI), el Departamento de Asesoría Legal Tributaria, en el marco de las actuaciones números 91/16 y 425/1 (DI ALIR), elaboró un informe en fecha 19/08/2016 en donde primeramente dispuso lo siguiente: “(…) a fin de establecer si a Crédito Directo S.A. le resultan de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 7º del Dec. Nº 380/01 y sus modificatorias, será necesario definir si la misma resulta ser una entidad regida por la Ley De Entidades Financieras.
Asimismo, dice que en el mencionado informe previo se señala que la Comunicación “A” 5593 del BCRA –actualizada mediante la Comunicación “A” 5603- dispuso extender la aplicación de las disposiciones de la Ley De Entidades Financieras a los proveedores no financieros de crédito que se inscriban en el “Registro de otros proveedores no financieros de crédito” con el alcance previsto en esa comunicación y señala que son considerados proveedores no financieros de crédito aquellas personas jurídicas que, sin ser Entidades Financieras de conformidad con la Ley de Entidades Financieras, realicen –como actividad principal o accesoria- oferta de crédito al público en general, otorgando de manera habitual financiaciones alcanzadas.
Sostiene que ese Departamento de Asesoría Legal Tributaria concluye que se extiende la aplicación de las disposiciones de la citada ley a los proveedores no financieros de crédito que se inscriban en el mencionado registro.
Agrega que Crédito Directo SA a partir de su registro ante el Banco Central de la República Argentina como proveedor no financiero de crédito, resulta ser una sociedad regida por la Ley de Entidades Financieras conforme los términos de la Comunicación “A” 5593 –actualizada por la Comunicación “A” 5603.
Manifiesta que el servicio asesor entiende que toda vez que Crédito Directo S.A. se encuentra regida por la Ley de Entidades Financieras, le resultan de aplicación los términos del artículo 7º del Decreto Nº 380/01 y sus modificaciones.
Señala que toda vez que CRÉDITO DIRECTO S.A. se inscribió en el “Registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito”, quedó comprendida en la Circular “A” 5593 del BCRA y, en consecuencia, pasó a ser una entidad regida por la Ley de Entidades Financieras, por lo que, a partir de dicho momento le resultan de aplicación los términos del tercer párrafo del Artículo 7 del Decreto 380/01 y sus modificaciones. Entiende que a partir del dictado de la Resolución 41/16 (SDG TLI) en fecha 4 de octubre de 2016, la respuesta vincula y obliga al Fisco Nacional a mantener dicho criterio.
Destaca que la postura de Crédito Directo S.A. es coincidente con la postura del Banco Central que entiende que la Comunicación “A” 5593 extiende los alcances de la Ley De Entidades Financieras a las entidades inscriptas en el Registro, como es el caso de la Sociedad.
Ahora bien, indica que a partir de la Resolución Nº 71/2019 (SDG TLI) el Fisco resolvió intempestivamente dejar sin efecto el criterio sostenido en la anterior Resolución Nº 41/16 (SDG TLI), motivo por el cual a partir del mes de octubre de 2019 la sociedad CRÉDITO DIRECTO S.A. ya no fue considerada como un sujeto alcanzado por las disposiciones del tercer párrafo del artículo 7º del Anexo del Dec. Nº 380/2001 y sus modificaciones, y por lo tanto, desde ese momento, comenzó a sufrir retenciones sobre sus cuentas bancarias en concepto del Impuesto Sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, las cuales –dice- son objeto de la presente acción de repetición.
Reitera que el reclamo de repetición incoado no comprende aquella parte del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en cuentas bancarias que ya fue aplicado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Afirma que Crédito Directo S.A., no siendo un sujeto comprendido en los Artículos 1º y 2º de la LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, ha sido objeto de supervisión bajo invocación de su Artículo 3º, otorgándosele a la Sociedad la condición que –dice- ahora la AFIP le niega, que es ser una entidad regida por la LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS.
La recurrente se pregunta cuál fue la motivación de la AFIP para efectuar una consulta al BCRA cuando la propia normativa –Comunicación “A” 5593- ya preveía la respuesta, y agrega que la misma ya había sido considerada previamente por la AFIP, y no se había producido un cambio legislativo.
Expresa que la respuesta al interrogante se encuentra en la Resolución Nº IF-2019-43318972-APN-DNI#MHA del 10-05-2019 que se acompaña en el ANEXO F del reclamo administrativo-, donde se hace mención a una presentación efectuada por la Asociación de Bancos Argentinos (“ADEBA”) mediante la cual controvierte el criterio plasmado en la Resolución Nº 41/16 (SDG TLI) objetando que en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias los Proveedores no financieros de crédito puedan ser beneficiarias del tratamiento dado a las entidades financieras por el tercer párrafo del Artículo 7º del Dec. 380/01. Manifiesta que la Sociedad no es del “tipo de empresas” a las que hace referencia ADEBA, ya que la actividad de crédito que desarrolla es tanto original como principal y nunca complementaria de otra, por lo que dice que sus consideraciones no aplican.
Señala que con la definición de “financiaciones alcanzadas” tampoco sería posible calificar al “tipo de empresas” a las que refiere ADEBA como proveedor no financiero de crédito ya que directamente quedarían excluidas de esa condición sin que les sea posible empadronarse en el registro a aquellas sociedades que, por caso, sean financiadoras de sus ventas; solamente estarían incluidas si desarrollaran una actividad financiera no vinculada a sus ventas.
El apelante señala que por medio del Informe Nº 2019-00198242, la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social indicó que “llamada… a intervenir la Dirección Nacional de Impuestos, ésta se pronunció mediante el Dictamen de Firma Conjunta IF 2019-43318972… donde concluyó que, en atención a que del temperamento sostenido por el Banco Central… se desprende que los proveedores no financieros de crédito no verifican la condición para acceder al tratamiento impositivo contemplado para las entidades financieras… no encuentra fundamentos que permitan apartarse de esa opinión…” y “habiendo tomado conocimiento del criterio vertido por la dependencia precitada del Ministerio de Hacienda, corresponde girar los presentes actuados… a la Dirección de Asesoría Técnica, a los fines de que comunique a la entidad del epígrafe, así como a la firma Crédito Directo S.A., el cambio de criterio operado de acuerdo con los términos indicados por el Banco Central…”.
A partir de allí, indica que se llega a la Resolución Nº 71/19 (SDG TLI) que la parte actora considera improcedente y que dio lugar al reclamo de repetición de autos.
Además, objeta la conclusión de la Dirección Nacional de Impuestos, ya que estima que el cambio de criterio de la AFIP requiere un sustento de ponderación legal, función que estima excede a la gerencia principal de emisión y aplicaciones normativas del BCRA en las que se apoya la DNI al hacer propias sus consideraciones, y agrega que dicha opinión no distingue entre aquellos proveedores no financieros de crédito inscriptos por ante el Registro del BCRA frente a aquellos proveedores que carecen de dicha inscripción, y por lo tanto, -dice- la interpretación de la DNI contradice expresamente lo establecido por la propia Comunicación 5593 BCRA.
Indica que la Resolución General 1948 (AFIP) que regula el régimen de consulta vinculante, dispone en su artículo 2º lo siguiente: La consulta y su respectiva respuesta vincularán exclusivamente al consultante y a la Administración Federal de Ingresos Públicos con relación al caso estrictamente consultado.
Añade que la normativa es clara en cuanto a que la respuesta brindada en una consulta vinculante obliga a la AFIP mientras no se hubieran alterado las circunstancias antecedentes ni los datos suministrados y destaca que en el régimen de la consulta vinculante priman los principios de estabilidad y seguridad jurídica. Solicita que se declare que resulta improcedente el criterio jurídico vertido en la Resolución Nº 71/19 (SDG TLI) (en tanto allí se deja sin efecto la Resolución Nº 41/16 (SDG TLI) y que declara que Crédito Directo S.A. no se trata de una entidad regida por la LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS y no se encuentra alcanzada por las disposiciones del tercer párrafo del Artículo 7º del Dec. Nº 380/01 referidas al tratamiento del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias –Ley 25.413-), y, en consecuencia, se haga lugar al recurso por retardo de repetición respecto de las sumas ingresadas en concepto de dicho impuesto por los períodos mencionados.
Acompaña documental. Ofrece prueba pericial contable, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso en todas sus partes, con costas.
II. Que mediante IF-2022-13207452-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente, con costas. La representación fiscal niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente, que no fueran materia de expreso reconocimiento en su responde o no surgieran de los antecedentes administrativos que se acompañan. Señala que deja sentado expresamente que no se certifica el ingreso de la retenciones que se indican sufridas, cuya repetición se pretende, estando pendiente el análisis de los montos utilizados como pago a cuenta en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias a su cargo durante los períodos 2019 y 2020, aspecto sobre el cual –dice- informará a la brevedad. Agrega que no surge de la documentación acompañada por la actora su claro ingreso a las arcas fiscales, por lo que en principio se niega el mismo.
Sostiene que la discusión se centra en que la recurrente cuestiona la validez del cambio de criterio de la Administración establecido en la Resolución Nro. 71/2019 (SDG TLI) del 07/10/2019 que a partir de su dictado y notificación dejó sin efecto la respuesta brindada a la consulta vinculante oportunamente formulada por la contribuyente a través de la Resolución Nro. 41/2016 (SDG TLI) del 04/10/2016, ello en relación a la sujeción de la actora a lo previsto por el Decreto 380/01, atento se considera encuadrada dentro de las previsiones de la Ley de Entidades Financieras, y por ello eximida de tributar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias por las operaciones que se registren en las cuentas bancarias abiertas por la firma en distintas entidades Bancarias.
Agrega que la Ley Nº 11.683 en su artículo 4 establece un régimen optativo al cual pueden acceder los contribuyentes en cuestiones de impuestos y de seguridad social y que esa reglamentación de la ley que dicte la AFIP, emanada del artículo 99 inciso 2) de la Constitución Nacional no puede ir más allá ni interferir con la misma, y su respuesta vincularán exclusivamente al consultante y a la AFIP con relación al caso estrictamente consultado, en tanto no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos suministrados hasta el momento del dictado del acto mediante el cual se responda la consulta.
Indica que la actora no cuestionó a través de recurso alguno la Resolución Nro. 71/2019 de fecha 07 de octubre de 2019.
Manifiesta que Ley 25.413 creó el gravamen en trato, estableciendo en su artículo 2º los créditos y débitos en cuentas bancarias exentos del tributo, y que ello sin perjuicio de que el último párrafo del citado artículo faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer exenciones parciales o totales en el mentado impuesto.
Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 380/01, en cuyo artículo 7º del Anexo dispuso que las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras estarán alcanzadas por el impuesto únicamente por las sumas que abonen por su cuenta y a su nombre, cualquiera sea el medio utilizado para el pago respecto de los conceptos que se indican Expresa que conforme los registros de su mandante, la firma se encuentra inscripta en la actividad consistente en la prestación de Servicios de Financiación y Actividades Financieras No Clasificadas en Otra Parte. Además, dice que a través de la Resolución 41/16 (SDG TLI) la Dependencia interviniente efectivamente informó a la contribuyente que por haberse inscripto en el “Registro” del B.C.R.A. había quedado comprendida en la Comunicación “A” 5593, y en consecuencia, se la consideró una entidad regida por la Ley de Entidades Financieras, por lo que a partir de dicho momento le fue aplicable lo establecido en el artículo 7º del Decreto 380/01 y sus modificaciones, reglamentario de la ley del gravamen en trato.
Por otro lado, dice que el Organismo consultó al B.C.R.A. acerca de los alcances y efectos de la inscripción de los contribuyentes en el “Registro” establecido por la Comunicación “A” 5593 y, puntualmente, si los sujetos allí incorporados revestían por el sólo hecho de estar allí inscriptos, la condición de Entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras -Ley 21.526-.
Sostiene que el B.C.R.A. por medio de la Nota del 25-04-2019 informó que de acuerdo con los antecedentes de la Comunicación “A” 5593, la medida adoptada se circunscribía a la necesidad de contar con información relativa a la actividad crediticia llevada a cabo fuera del sistema financiero.
Además agregó que a través de su Gerencia, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del punto 1.1 de la Comunicación “A” 5593: “...Son considerados proveedores no financieros de crédito aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades financieras de conformidad con la Ley de Entidades Financieras, realicen como - actividad principal o accesoria- oferta de crédito al público en general, otorgando de manera habitual financiaciones alcanzadas...”.
Asimismo, manifiesta que el BCRA en su nota destacó que no regula la actividad de los proveedores no financieros de crédito, ni autoriza su funcionamiento como en el caso de las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, por lo que la inscripción en los registros habilitados al efecto no resulta obligatoria para este tipo de proveedores de crédito, ni otorga derecho a obtener otro tipo de tratamiento preferente por parte de dicha Institución, aunque sí es condición necesaria para acceder a financiamiento de entidades financieras. Manifiesta que a la luz de los fundamentos vertidos por el B.C.R.A. en su última intervención se le comunicó a CRÉDITO DIRECTO S.A., a través del dictado de la Resolución 71/19 (SDG TLI) del 07/10/2019, que lo dispuesto por su antecesora 41/16 (SDG TLI) quedaba sin efecto a partir del momento de notificación de aquella, y por lo tanto, que no se encontraba alcanzada por las disposiciones del tercer párrafo del artículo 7° del Anexo del Decreto 380/01 y sus modificaciones.
En cuanto a la pretensión de que su mandante contradice sus propios actos, señala que la función de la AFIP – DGI es la de administrar la recaudación de los tributos que las leyes nacionales pone a su cargo, y ante nuevos elementos, sea que los detectare la propia Administración, o sea advertido por entidades ajenas a la misma, dice que puede y debe corregir la interpretación realizada en el marco del régimen de consulta vinculante. Entiende que, sin perjuicio de la elevación a la Dirección Nacional de Impuestos, la AFIP se encuentra absolutamente habilitada a cambiar el criterio sustentado en respuestas a consultas vinculantes por imperio del artículo 15 de la Resolución Nro. 4497/2019, siempre y cuando sea acabadamente fundado, y con efectos posteriores dicho cambio de criterio, no siendo aplicable al caso la pretendida vulneración a la teoría de los actos propios.
Respecto a la pretendida aplicación de intereses, la representación fiscal manifiesta que siendo que se niega la procedencia de la repetición intentada por la actora, se solicita el rechazo de los mismos.
Señala que se opone a la producción de las medidas probatorias ofrecidas, atento que considera a la cuestión como de puro derecho, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Acompaña los antecedentes administrativos Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando su postura, con costas.
III. El Tribunal resuelve mediante PV-2022-22322970-APN-VOCV#TFN, dar traslado a la recurrente de la oposición articulada por la representación fiscal en el punto VII de su escrito de responde a las medidas probatorias ofrecidas por su contraria, quien por IF-2022-28470000-APN-DTD#JGM contesta dicho traslado. De ese modo, el Tribunal mediante PV-2022-29214746-APN-VOCV#TFN resuelve requerir a las partes que manifiesten, en el término de cinco días, si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley 11683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia este Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
A tal efecto, la parte actora por IF-2022-29847076-APN-DTD#JGM manifiesta que la audiencia dispuesta en el Art. 173 de la Ley 11.683 (modif. Ley 27.430) se encuentra suplida con las manifestaciones efectuadas por esa parte en las presentaciones de fecha 8/11/2021 y 25/03/2022 y, en consecuencia, deviene innecesaria; y la representación fiscal señala mediante IF-2022-32470029-APN-DTD#JGM que la misma se encuentra suplida con las manifestaciones efectuadas por esa parte en oportunidad de contestar el recurso que diera origen a las actuaciones, deviniendo innecesaria su realización.
Ello así, el Tribunal por PV-2022-33101573-APN-VOCV#TFN resuelve tener presente lo manifestado por las partes respecto de la audiencia.
En otro orden, la representación fiscal por IF-2022-87247594-APN-DTD#JGM hace saber que respecto a la eventual certificación de ingreso al Fisco de las sumas que la actora intenta repetir, teniendo en cuenta la impresión de pantalla acompañada por esa parte en fecha 10/05/2022 (IF-2022-46361127-APN-DTD#JGM) de donde surge el detalle de las percepciones sufridas por la actora durante los períodos que corren entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, manifiesta que no se certifica el ingreso de las sumas indicadas por la actora en el mentado ANEXO I, ya que los montos allí consignados - montos que aquella asevera habrían sido percibidos por sujetos cuyo número de CUIT NO es indicado en el referido anexo - NO se corresponden con exactitud con ninguno de los montos que surgen de la planilla mencionada más arriba.
La recurrente mediante IF-2022-102467996-APN-DTD#JGM señala que la accionada pretende negarse a certificar los montos sujetos a repetición y que el hecho de que la certificación contable no señale los números de CUIT es más bien una excusa para dilatar la situación que un verdadero argumento, no solo porque en la certificación se consignan los nombres de los bancos y por ende se puede identificar las retenciones y percepciones y correlacionar a sus correspondientes agentes, sino porque la indicación de los CUIT es una información de acceso público y de pleno conocimiento por parte del Fisco.
El Tribunal por PV-2022-120713424-VOCV#TFN resuelve requerir al Fisco Nacional que, proceda a certificar por intermedio de quien corresponda, el ingreso de los montos de las percepciones efectuadas a la recurrente en concepto de Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios en el período Octubre/2019 a Diciembre/2020. Mediante IF-2022-128132530-APN-DTD#JGM la representación fiscal sostiene que viene certificar que la planilla aportada por esa parte mediante -IF-2022-46361127-APN-DTD#JGM-, contiene el detalle de las percepciones sufridas por la actora durante los períodos que corren entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, por parte de los sujetos agentes de percepción cuyo número de CUIT es consignado en la primera columna de dicha planilla.
Posteriormente, el Tribunal por PV-2022-130489971-APN-VOCV#TFN resuelve 1) No hacer lugar a la oposición del Fisco Nacional a la producción de la medida probatoria ofrecida por su contraria. 2) Abrir los presentes actuados a prueba por el término de 60 días. 3) Hacer lugar a la informativa solicitada a en el acápite V punto b) incisos 1) y 2), ofrecida en el recurso de apelación. 4) Hacer lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la parte actora y designase a los peritos contadores.
Asimismo, mediante RE-2022-133870559-APN-DTD#JGM la parte actora acredita el diligenciamiento de los oficios dirigidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Banco Central de la República Argentina. Que por RE-2023-11927428-APN-DTD#JGM contesta parcialmente el oficio el Banco Central de la República Argentina y manifiesta que Crédito Directo S.A. se encuentra inscripta desde el 4-7-2016 en el “Registro de otros proveedores no financieros de crédito” bajo el código 55054 y, como tal, regida por el Texto Ordenado de las normas sobre “Proveedores no Financieros de Crédito”, que dicha inscripción se mantiene vigente en el citado Registro y que la Gerencia de Supervisión de Entidades no Financieras señaló que el informe 389/271/17 es anterior a la entrada en vigencia de la Com. “A” 7146 (vigencia plena marzo de 2021), fecha a partir de la cual se incorporaron las exigencias normativas para los otros proveedores no financieros de crédito que les resultan aplicables actualmente.
Además, en IF-2023-31114373-APN-SGAI#TFN se agrega otro oficio del BCRA en el cual hace saber que Crédito Directo SA ha sido pasible de una verificación en la cual se concluyó que desarrollaría actividades concordantes con las declaraciones ante AFIP.
Que por IF-2023-18353086-APN-DTD#JGM contesta oficio la AFIP. Por otro lado, mediante IF-2023-
35590314-APN-DTD#JGM los Peritos Contadores presentan el informe pericial.
Por último, en las presentaciones efectuadas por el Fisco Nacional en IF-2023-67790981-APN-DTD#JGM, IF- 2023-67790165-APN-DTD#JGM y en IF-2023-67789576-APN-DTD#JGM, adjunta copia integra del Expediente Electrónico identificado como EX-2021-01294261-AFIP-DIATEC#SDGTLI en el cual obran los antecedentes de la Consulta Vinculante requerida.
IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2023-71954866-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2023-75973810-APN-VOCV#TFN los pone para alegar, dando cumplimiento las partes en IF-2023-86147052-APN-DTD#JGM e IF-2023-
88306149-APN-DTD#JGM y mediante IF-2023-95553514-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
V. Que corresponde señalar que el tema en discusión se centra en el cuestionamiento de la recurrente de la validez del cambio de criterio de la Administración establecido en la Resolución Nro. 71/2019 (SDG TLI) la cual dejó sin efecto la respuesta brindada a través de la Resolución Nro. 41/2016 (SDG TLI) de fecha 04 de octubre de 2016, a la consulta vinculante que fuera formulada por la contribuyente en relación a su pretendida sujeción a lo previsto por el Decreto 380/01, atento considerarse encuadrada dentro de las previsiones de la Ley de Entidades Financieras, y por ello eximida de tributar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias por las operaciones que se registren en las cuentas bancarias abiertas por la firma en distintas entidades Bancarias, tal como surge de los relatos de la presente.
En ese sentido, cabe reseñar que por el artículo 1º de la Ley Nº 25.413 (B.O. 26/3/2001) se creó un impuesto sobre los débitos y créditos bancarios.
El objeto del tributo fue redefinido por la ley 25.453 (B.O. 31/07/01), y con las modificaciones introducidas por la Ley 27.541 (B.O. 23/12/2019), quedando redactado el citado artículo 1º, de la siguiente manera: "Establécese un que se aplicará sobre: a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas —cualquiera sea su naturaleza— abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo —incluso a través de movimiento de efectivo— y su instrumentación jurídica. c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito.
En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear un régimen especial de determinación para las entidades financieras aludidas. El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia.
Cuando se trate de los hechos a los que se refieren los incisos a) y b), las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras actuarán como agente de percepción y liquidación, y en el caso del inciso c), el impuesto será ingresado por quien realice el movimiento o entrega de los fondos a nombre propio, o como agente perceptor y liquidador cuando lo efectúa a nombre y/o por cuenta de otra persona. El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos, o conceptos similares, que se indiquen por separado en forma discriminada en los respectivos comprobantes, perfeccionándose el hecho imponible en el momento de efectuarse el débito o crédito en la respectiva cuenta, o en los casos de los incisos b) y c), cuando, según sea el tipo de operatoria, deba considerarse realizada o efectuado el movimiento o entrega, respectivamente.
Por su parte el artículo 2º de la Ley 25.413 (texto actualizado) establece: “Estarán exentos del gravamen: a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, como así también las operatorias y movimientos de fondos, correspondientes a los Estados nacional, provinciales, las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estando excluidos los organismos y entidades mencionados en el artículo 1° de la Ley 22.016. b) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en la República Argentina, a condición de reciprocidad. c) Los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y los débitos en dichas cuentas hasta el mismo importe. A los efectos del impuesto establecido en la presente ley, no serán de aplicación las exenciones objetivas y/o subjetivas dispuestas en otras leyes nacionales —aun cuando se tratare de leyes generales, especiales o estatutarias—, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía normativa. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer exenciones totales o parciales del presente impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente.”
En este sentido, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 380/2001. En el artículo 7º del Anexo del mismo se dispone que “…Cuando se trate de entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, las mismas estarán alcanzadas por el presente impuesto, únicamente por las sumas que abonen por su cuenta y a su nombre, cualquiera sea el medio utilizado para el pago —débito en cuenta corriente bancaria, transferencia, cheque propio, movimiento de fondos, incluidos los originados en las cuentas que poseen dichas entidades en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, u otros—, respecto de los conceptos que se indican a continuación: 1. Honorarios a directores, síndicos e integrantes del consejo de vigilancia. 2. Remuneraciones y cargas sociales. 3. Otros gastos de administración no mencionados en los puntos precedentes. 4. Gastos de organización, incluidos los originados en los contratos para la provisión de software. 5. Donaciones. 6. Tributos nacionales, provinciales, municipales y del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, que deban ingresar por verificarse a su respecto la condición de sujeto pasivo de los mismos o como responsable por deuda ajena. Este punto no comprende las sumas que deban rendir a los Fiscos Nacional y Provinciales, a las municipalidades y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, como recaudadores y/o liquidadores de tributos, incluidos pagos a cuenta, anticipos, retenciones, percepciones y similares, hubieran o no suscripto convenio de recaudación. (Apartado sustituido por art. 1°, inciso a) del Decreto N° 828/2003 B.O. 1/10/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial). 7. Adquisición de bienes muebles e inmuebles no afectados a contratos de intermediación financiera. 8. Dividendos o utilidades, en este último caso cualquiera sea su denominación - retorno, interés accionario, etc. 9. Comercios adheridos a sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito.”
Por su parte, con fecha 10/06/2014 el Banco Central de la República Argentina dictó la Comunicación “A” 5593 referida a la Asistencia Crediticia a Proveedores No Financieros de Crédito, extendiendo la aplicación de las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras a los Proveedores No Financieros de Créditos que se inscribieran en el “Registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito” con el alcance previsto en dicha comunicación. Se aclara allí -Anexo punto 1.3.1.2 in fine- que la inscripción en el Registro no dará derecho al proveedor no financiero de crédito a obtener otro tipo de tratamiento preferente que el previsto expresamente por esa norma, esto es la asistencia crediticia a los proveedores no financieros de crédito.
Ante esta situación la recurrente se inscribió en dicho Registro y se consideró incluida en las disposiciones del art. 7 del Decreto 380/01 presentando ante la AFIP una consulta vinculante a fin de dilucidar el tratamiento que le correspondía en el impuesto que aquí nos ocupa.
En respuesta a la consulta formulada, mediante la Resolución N° 41/16 de fecha 04/10/2016, la AFIP manifiesta que su respuesta tendrá carácter vinculante únicamente para las obligaciones posteriores a la interposición de la consulta, advirtiendo que el análisis de la cuestión se efectuó desde un punto de vista teórico y de acuerdo con la información brindada por la recurrente, sin llevar a cabo verificación alguna, la cual –dice- estará a cargo del área operativa pertinente. Con dichas salvedades informa que al haberse inscripto en el BCRA, en el Registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito, quedó comprendida en la Circular “A” 5593 y, en consecuencia, pasó a ser una entidad regida por la Ley de Entidades Financieras, por lo que a partir de dicho momento le resultan de aplicación los términos del tercer párrafo del artículo 7 del Decreto 380/01.
Ahora bien, conforme surge de las actuaciones administrativas, del informe del Departamento de Asesoría Legal de la Administración Federal (fs. 156/160 Dictamen DIALIR 18/09/2019) según la autoridad bancaria, el hecho de que las entidades de crédito no financieras estén inscriptas en el citado registro “… no les dará derecho (…) a obtener otro tipo de tratamiento preferente del BCRA. Sostuvo que esos sujetos no están regidos por la ley de entidades financieras, ello debido a que, si bien para continuar en el mencionado registro tienen la obligación de suministrar la información mencionada (…) tal obligación opera como un requisito para que los mismos puedan ser sujetos de créditos por parte de entidades financieras”.
Asimismo, en dicho dictamen, menciona que la Dirección de Asesoría Técnica procedió a efectuar un nuevo análisis de la cuestión de fondo, exponiendo a su control el proyecto de nota de respuesta a ser cursada a la consultante, donde pone en su conocimiento que ante la consulta efectuada por el Organismo Fiscal al BCRA, éste informó que la extensión de la Ley de Entidades Financieras prevista en la Comunicación “A” 5593 no implica considerar a los sujetos inscriptos en el Registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito como entidades regidas por la ley de entidades financieras.
Señala que de acuerdo a los normado por el art. 15 de la Resolución General 4497 (AFIP) mediante la cual sustituyó a su par Nº 1948 (AFIP) comunicará que se dispuso dejar sin efecto –de oficio- el criterio vertido en la Resolución 41/16, por lo cual Crédito Directo SA no se encuentra alcanzado por las disposiciones del tercer párrafo del art. 7 del Anexo del Decreto 380/01.
Agrega que dicha Asesoría entiende que corresponde proceder al cambio de opinión propiciado por el área técnica, en el sentido de interpretar que la consultante, en su calidad de proveedora no financiera de crédito, no se encuentra alcanzada por las disposiciones contempladas en el tercer párrafo del art. 7 del Anexo del Decreto 380/01.
Por otro lado, añade que dicho temperamento también fue receptado por la Dirección Nacional de Impuestos en su dictamen (IF-2019-43318972-APN-DNI#MHA), donde concluyó que en atención a la postura sostenida por el BCRA, se desprende que los proveedores no financieros de crédito no verifican la condición para acceder al tratamiento impositivo contemplado para las entidades financieras por el tercer párrafo del art. 7 del Anexo del Decreto 380/01, no encontrando fundamentos que permitan apartarse de esa opinión, máxime cuando se trata del criterio emanado por parte de la autoridad emisora de las comunicaciones que forman parte del objeto de estudio de este tema. Por ello, el área asesora concluye que corresponde comunicar el cambio de criterio en los términos del art. 14 de la Res. 1948 sustituido por el art. 15 de la Nº 4497.
En efecto, también se observa de las actuaciones administrativas el informe del BCRA (fs. 154/155 A.A NO- 2019-00085136-GDEBCRA-GG#BCRA) que, de acuerdo con los antecedentes de la Comunicación “A” 5593, expresa que la medida adoptada por ese Banco Central se circunscribe a la necesidad de contar con información relativa a la actividad crediticia llevada a cabo fuera del sistema financiero, denominado “sistema bancario a la sombra” a fin de prevenir una fuente de riesgo para el sistema regulado por la Ley de Entidades Financieras a través de los lazos que los conectan con las entidades financieras.
Asimismo sostiene que, la extensión de la Ley de Entidades Financieras no implica considerar a tales sujetos como entidades financieras bajo el régimen de la ley, sino como un elemento que habilita exclusivamente al Banco Central a requerir información para la Central de Deudores del Sistema Financiero y aplicar una Sanción en el supuesto de incumplimiento de tal requerimiento.
Agrega que, tal como lo prevé la norma del BCRA sobre “Asistencia crediticia a proveedores no financieros de crédito” “…Proveedores no financieros de crédito, son considerados proveedores no financieros de crédito aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades financieras de conformidad con la Ley de Entidades Financieras, realicen –como actividad principal o accesoria- oferta de crédito al público en general, otorgando de manera habitual financiaciones alcanzadas.”
Además sostuvo que, se crearon dos registros según el tipo de proveedor de crédito de que se trate, uno para “empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra” y otro para “otros proveedores no financieros de crédito” y también destaca que el BCRA no regula la actividad de los proveedores no financieros de crédito, ni autoriza su funcionamiento como en el caso de las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, por lo que la inscripción en los registros habilitados al efecto no resulta obligatoria para este tipo de proveedores de crédito ni otorga derecho a obtener otro tipo de tratamiento preferente por parte de la institución. También luce agregado en las actuaciones administrativas, el Dictamen emitido por la Dirección Nacional de Impuestos ya reseñado (IF-2019-43318972-APN-DNI#MHA fs. 169/173 de los AA) que indica que la norma reglamentaria procuró evitar, para las entidades regidas por la Ley de entidades financieras la incidencia del tributo sobre las transacciones realizadas en virtud del desarrollo de la actividad de intermediación financiera, y agregó que siendo que del temperamento sostenido por el BCRA se desprende que los proveedores de crédito no financieros no verifican la condición para acceder al tratamiento impositivo descripto en el art. 1 de la Ley 25.413, esa Dirección Nacional no encuentra fundamentos que permitan apartarse de esa opinión, máxime cuando se trata del criterio emanado por parte de la autoridad emisora de las Comunicaciones que forman parte del objeto de estudio.
En ese orden, mediante Resolución N° 71/19 de fecha 07/10/2019, la AFIP manifiesta que ante la consulta del Organismo al BCRA, se informó que la extensión de la ley de entidades financieras prevista en la Comunicación “A” 5593 no implica considerar a los sujetos inscriptos en el Registro de otros proveedores no financieros de crédito como entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras.
Asimismo, señala que de acuerdo a lo normado por el art. 14 de la Resolución N°1948 (AFIP) sustituida por su similar Nº 4497 (AFIP) ha decidido dejar sin efecto –de oficio- el criterio vertido en la Resolución Nº 41/16, por lo cual –dice- Crédito Directo SA no se encuentra alcanzada por las disposiciones del tercer párrafo del art. 7 del Anexo del Decreto 380/01.
VI. Que, señalado ello, en principio corresponde analizar el régimen de la consulta vinculante, atento el agravio del recurrente respecto de que la respuesta dada por el Organismo fiscal a través de la Resolución N°41/16 (SDG TLI) vincula y obliga al Fisco Nacional a mantener dicho criterio, entendiendo improcedente el dictado de la Resolución N° 71/17 (SDG TLI).
Así ello, cabe reseñar que el artículo sin número incorporado por la Ley 26.044 (B.O. 6/7/2005) a continuación del artículo 4° de la Ley 11.683 dispone: “La consulta deberá presentarse antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración conforme la reglamentación que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, debiendo ser contestada en un plazo que no deberá exceder los NOVENTA (90) días corridos. La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el incumplimiento de los obligados. La respuesta que se brinde vinculará a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y a los consultantes, en tanto no se hubieran alterado las circunstancias antecedentes y los datos suministrados en oportunidad de evacuarse la consulta.
Los consultantes podrán interponer contra el acto que evacúa la consulta, recurso de apelación fundado ante el Ministerio de Economía y Producción, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el mismo. Dicho recurso se concederá al solo efecto devolutivo y deberá ser presentado ante el funcionario que dicte el acto recurrido. Las respuestas que se brinden a los consultantes tendrán carácter público y serán publicadas conforme los medios que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos. En tales casos se suprimirá toda mención identificatoria del consultante” (el resaltado es propio). El Organismo Fiscal reglamentó el procedimiento de la consulta vinculante mediante el dictado de la R.G.
Nº 1948 del 30/9/2005 la cual, en lo que aquí interesa, disponía en su artículo 14 que “El criterio sustentado en el acto interpretativo individual será de aplicación obligatoria hasta la vigencia de nuevas disposiciones legales, reglamentarias o actos administrativos de alcance general emitidos por el organismo o, en su caso, hasta su revocación o modificación por un pronunciamiento del Ministerio de Economía y Producción dictado en los recursos de apelación interpuestos. La respuesta emitida podrá ser revisada, modificada o dejada sin efecto, de oficio y en cualquier momento, por esta Administración Federal. Cuando el criterio respectivo surja de un pronunciamiento del Ministerio de Economía y Producción dictado en el recurso de apelación deducido, deberá requerirse la conformidad previa de dicho organismo.
El cambio de criterio surtirá efectos respecto de los consultantes, únicamente con relación a los hechos imponibles que se produzcan a partir de la notificación del acto que dispuso su revocación o modificación” (el destacado es propio).
Dicha resolución general fue modificada por la R.G. Nº 4123/2017 (B.O. 7/9/2017), sin que se introdujera cambio alguno en la redacción del artículo antes transcripto. Por último, la R.G. 4497/2019 (B.O. del 30/5/2019) sustituyó la resolución general antes referida, contemplando al igual que la anterior, en su artículo 15 que “El criterio sustentado en el acto interpretativo individual será de aplicación obligatoria hasta la vigencia de nuevas disposiciones legales, reglamentarias o actos administrativos de alcance general emitidos por este Organismo que lo modifiquen o, en su caso, hasta su revocación o modificación por un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda dictado en el recurso de apelación interpuesto. La respuesta emitida podrá ser revisada, modificada o dejada sin efecto, de oficio y en cualquier momento, por esta Administración Federal. Cuando el criterio respectivo surja de un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda dictado en el recurso de apelación deducido, deberá requerirse la conformidad previa de dicho ministerio. El cambio de criterio surtirá efectos respecto de los consultantes, únicamente con relación a los hechos imponibles que se produzcan a partir de la notificación del acto que dispuso su revocación o modificación”.
De la normativa hasta aquí analizada se desprende que lo actuado por el Fisco Nacional, específicamente su cambio de criterio, respecto de la consulta vinculante se ajusta formalmente a derecho. En efecto, de conformidad con la norma legal y reglamentaria, la respuesta a la consulta vinculará a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y a los consultantes, en tanto no se hubieran alterado las circunstancias antecedentes y los datos suministrados en oportunidad de evacuarse la consulta. Dejando en claro que la respuesta emitida podrá ser revisada, modificada o dejada sin efecto, de oficio y en cualquier momento, por la Administración Federal. Lo cual fue puesto en conocimiento del aquí recurrente. Asimismo, se advierte que el cambio de criterio no afectó a los hechos imponibles producidos con anterioridad a la notificación del acto que dispuso la modificación.
VII. Ello así, corresponde entrar a analizar la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal. Que corresponde por lo tanto mencionar que el dictado de la Comunicación “A” 5593 (10/06/2014) por parte del BCRA -cuyo fin era contar con información relativa a la actividad crediticia llevada a cabo fuera del sistema financiero-, dio lugar a que la recurrente tuviese la posibilidad de inscribirse en el Registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito.
Dicha comunicación tenía por finalidad aprobar las normas sobre “Asistencia crediticia a proveedores no financieros de crédito” contenidas en el Anexo que forma parte de la misma, extendiendo la aplicación de las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras a los proveedores no financieros de crédito que se inscriban en el “Registro de Otros proveedores no financieros de crédito”, aclarando que ello es así “con el alcance previsto en esta comunicación”, precisando en el punto 1.3.1.2. que la inscripción en el registro correspondiente no dará derecho al proveedor no financiero de crédito a obtener otro tipo de tratamiento que el previsto expresamente por esa normativa. Es decir, la inscripción en el registro allí previsto era un requisito para obtener asistencia crediticia, siendo que la aplicación a los proveedores no financieros de crédito tenía únicamente por finalidad el contralor a tales efectos por parte del BCRA.
Se desprende de ello que, el objeto de la Comunicación “A” 5593 del BCRA nunca pudo haber sido extender la aplicación de la normativa en cuanto a las exenciones de la Ley de Entidades Financieras en el tributo que nos ocupa ampliando los sujetos alcanzados. De lo contrario, se estaría vulnerando los límites del principio constitucional tributario de legalidad, el cual determina no sólo que no puede haber tributo sin ley previa que lo establezca, sino que implica la imposibilidad que se creen impuestos y exenciones por analogía, o que se deroguen obligaciones tributarias nacidas de la ley. Cabe destacar, que conforme inveterada jurisprudencia de la CSJN, las normas que consagran exenciones impositivas deben interpretarse en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 322:2624; 344:140, entre otros). Asimismo, con igual insistencia, ha señalado que las exenciones tributarias deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicación de las normas que las establezcan. Fuera de esos casos, corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas, por lo que, en caso de duda, deben ser resueltas en forma adversa a quien invoca el beneficio fiscal (Fallos: 319:1855; 320:1915; 329:5210; 344:140, entre muchos otros). Ratifica lo señalado, el informe del BCRA (fs. 158/159 informe en respuesta al oficio al BCRA, antecedentes administrativos RE-2021-107967830-APN-SGAI%TFN), cuando destaca que “la medida adoptada por este Banco Central se circunscribe a la necesidad de contar con información relativa a la actividad crediticia llevada a cabo fuera del sistema financiero, denominado “sistema bancario en la sombra”, a fin de prevenir una fuente de riesgo para el sistema regulado por la Ley de Entidades Financieras (LEF) a través de los lazos que los conectan con las entidades financieras.”
Continúa señalando que “La extensión de la Ley de Entidades Financieras no implica considerar a tales sujetos como entidades financieras bajo el régimen de la LEF, sino como un elemento que habilita exclusivamente a este Banco Central a requerir información para la “Central de deudores del sistema financiero” y a aplicar una “sanción” en el supuesto de incumplimiento de tal requerimiento”.
Se agrega allí que “son considerados proveedores no financieros de crédito aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades financieras de conformidad con la Ley de Entidades Financieras, realicen –como actividad principal o accesoria- oferta de crédito al público en general, otorgando de manera habitual financiaciones alcanzadas”. Y aclara que con la finalidad expuesta se creó el registro para “otros proveedores no financieros de crédito” y se dispuso como elemento persuasivo que, para acceder a la financiación de las entidades financieras, los sujetos en cuestión deben estar inscriptos en el registro pertinente.
Por último, destaca que “…el BCRA no regula la actividad de los proveedores no financieros de crédito, ni autoriza su funcionamiento como en el caso de las entidades regidas por la LEF, por lo que la inscripción en los registros habilitados al efecto no resulta obligatoria para este tipo de proveedores de crédito, ni otorga derecho a obtener otro tipo de tratamiento preferente por parte de esta institución, aunque –se reitera- si es condición necesaria para que accedan a financiamiento de entidades financieras”.
Bajo este lineamiento, cabe mencionar que, el hecho de que Crédito Directo SA esté inscripto en el Registro del BCRA de ninguna manera implica que quede asimilado en los términos de la Ley del Impuesto a las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, ni que le corresponda el tratamiento impositivo previsto en el artículo 7 del Anexo del Decreto 380/01.
Por lo tanto, las conclusiones expuestas por la Administración Federal en la Resolución Nº 71/19 (SDG TLI) del 07 de octubre de 2019, se ajustan a derecho y en consecuencia corresponde rechazar el recurso por retardo de repetición intentado en autos, con costas.
Por ello, SE
Rechazar el recurso por retardo de repetición intentado en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2023.08.23 16:39:31 ART Date: 2023.08.23 18:24:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.24 10:01:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.24 10:03:05 -03:00
Fin de la sentencia