Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que a fs. 19/24 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 37/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, Dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la A.F.I.P-D.G.I. En virtud de la cual se dispuso impugnar la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2012 y determinar de oficio la suma de $ 1.125.328,96, con más la suma de $ 2.398.076,02 en concepto de intereses resarcitorios, y aplicar una multa equivalente al setenta por ciento (70%) del impuesto a las ganancias presuntamente omitido correspondiente al período fiscal 2012, de conformidad con lo previsto por el artículo N° 45 de la ley N° 11.683.
Opone en primer lugar, la prescripción de las acciones y poderes del fisco en relación al período Fiscal 2012 por haber excedido el plazo de 5 (cinco) años dispuesto por la ley de procedimientos fiscales.
Alega la improcedencia de la determinación de oficio practicada, en tanto la fiscalización actuante proyectó un ajuste en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2012, tomando las ventas declaradas en el impuesto al valor agregado, resultando inverosímil a los fines fiscales determinar una utilidad neta de la magnitud de la señalada.
Indica que la recurrente se dedica a la construcción y reparación de viviendas y edificios residenciales y resalta que el fisco debió tomar el costo de las ventas o bien presumir un gasto normal y habitual en este tipo de actividades. Ataca nuevamente, esgrimiendo que resulta un parámetro irrazonable tomar la totalidad de las ventas declaradas como utilidad.
Advierte la actora, que ha sufrido una serie de inconvenientes personales y comerciales, en función de la fuerte retracción en su actividad comercial. E indica que la actuante omitió considerar a los proveedores, a los fines de recabar la existencia de gastos y créditos fiscales aplicable a la base de cálculo del impuesto. Se agravia de una incorrecta aplicación del método presuntivo por parte del ente fiscal.
Finalmente cita jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado con costas.
II. El Fisco Nacional a fs. 39/46 contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar, solicita el rechazo del planteo de prescripción para determinar las obligaciones fiscales en el impuesto a las ganancias período fiscal 2012 opuesta por la actora, en tanto invoca la causal de suspensión establecida por el artículo N° 17 de la ley N° 26.860.
En cuanto al fondo del ajuste, informa que las actuaciones tienen origen en la omisión de declarar ingresos en el Impuesto a las ganancias 2012. Dándose inicio del procedimiento de inspección mediante O.I. N° 1010803, notificando al contribuyente en fecha 04/06/2014, donde se le requirió la documentación de respaldo del impuesto a las ganancias período fiscal 2012. Vencido el plazo para su presentación, el 1/06/2014 –posterior al inicio de la inspección - la actora presenta la declaración jurada correspondiente al período bajo análisis.
Indica que de una compulsa de los ingresos declarados por la actora en su declaración jurada del impuesto a las ganancias, con las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, período fiscal 2012 surgían diferencias. Motivo por el cual se solicitó a la recurrente presentara documentación de respaldo, sin respuesta alguna. Alega en respuesta al agravio en torno al cálculo de la base y los parámetros utilizados, que el contribuyente no respondió a los requerimientos ni aportó documentación de respaldo sobre sus operaciones, errando en que se trata de un ajuste sobre base presunta, siendo el mismo sobre base cierta, habiendo tomado las declaraciones juradas en el impuesto al valor agregado.
Sobre este punto, adiciona que la inspección actuante constató los gastos incluidos en la declaración jurada original con los datos e-fisco de sueldos y cargas sociales, confeccionando papeles de trabajo extraídos de los F.931. Se refiere al informe de fiscalización y aclara que se encuentra ante una determinación de oficio sobre base cierta, resultando ajustada a los hechos y derecho de la causa, y ante la falta de elementos probatorios arrimados a la fiscalización, resulta de aplicación la regla del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial conforme la cual incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de hechos controvertidos. Con respecto a la aplicación de intereses resarcitorios y la multa impuesta manifiesta que la recurrente no ha efectuado agravio alguno, y siendo que las alegaciones han devenido insuficientes para desvirtuar las conclusiones vertidas en el acto apelado, solicita su confirmación en todas sus partes.
Hace reserva de caso federal, efectúa oposición a la prueba y solicita se confirme el acto, con costas.
III. A fs. 59 se elevan los autos a consideración de la Sala “B”. A fs. 62/63 se declaró la prescripción de las acciones del Fisco para determinar, exigir el impuesto y aplicar sanciones. A fs. 92/93 la CNCAF resolvió por unanimidad revocar el pronunciamiento de este tribunal y rechazar la excepción de prescripción opuesta por la actora.
IV. Devueltas las actuaciones a este Tribunal, a fs. 123 se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa y se hace lugar parcialmente a la oposición al pto. a) de la prueba pericial contable ofrecida por la actora. A fs. 150 obra la respuesta al oficio dirigido a la Cámara de la Construcción, la cual indica que no cuenta con información para responder a los solicitado en el oficio. A fs. 155 la actora desiste de la prueba informativa ofrecida en el pto. 1) de fs. 23 y a fs. 181 desiste de la prueba pericial contable.
A fs. 188 se clausura el periodo de instrucción, a fs. 195 se elevan los autos a la consideración de la Sala B. Finalmente a fs. 203 pasan los autos a sentencia.
V. Que corresponde entrar al análisis de la cuestión traída a decisión de este Tribunal.
El contribuyente de referencia tiene como actividades declaradas las de “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas”, “Servicios relacionados con la construcción” y “Construcción, reformas y reparación de edificios residenciales”. Que en primer lugar, se advierte que conforme surge del informe final de inspección el personal fiscalizador constató, en el marco de las tareas llevadas a cabo bajo la O.I. 820.886 en el Impuesto al Valor Agregado, la falta de presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período 2012, por lo que solicitó la generación de una nueva orden de intervención.
Tal como expuso en su relato el representante fiscal, de las actuaciones administrativas se desprende que la actora presenta la declaración jurada original del impuesto a las ganancias 2012 – con posterioridad al inicio de la fiscalización - exponiendo ingresos de 3era categoría $2.351.471,55 y como gastos y deducciones especialmente admitidas de la categoría Sueldos y cargas sociales por $1.634.630 y otros gastos que no implican erogaciones de fondos por $516.400, deducciones personales $27.360 arrojando una ganancia neta sujeta a impuesto de $173.081,55.
El organismo fiscal detecta una diferencia con los ingresos declarados en el Impuesto al Valor Agregado y la documental compulsada surgiendo un total de ingresos de $ 5.336.632,26. Así las cosas, la fiscalización intima a la presentación de declaraciones juradas rectificativas en el impuesto a las ganancias período fiscal 2012 y documentación de respaldo por los gastos expuestos en la declaración jurada original. No obteniendo respuesta a los requerimientos formulados, se consultó en el sistema e-fisco los sueldos y cargas sociales, confeccionando un papel de trabajo con los datos extraídos de los F. 931 (conf. Fs. 60 de las actuaciones administrativas). A su vez, en relación con los gastos declarados por la actora, y sin contar con el detalle de los mismos, se tomaron los gastos del libro IVA compras y el impuesto a los Ingresos Brutos devengados (vide fs. 60 vta. Actuaciones administrativas)
Finalmente, corrida la vista del art. 17 de la ley N° 11.683 a la recurrente y ante el silencio configurado, el organismo dicta el acto de determinación de oficio aquí apelado.
VI. Que en relación al agravio de fondo, que consiste en el cuestionamiento de los gastos y costos utilizados en el cálculo de la base imponible para el impuesto a las ganancias período fiscal 2012, como se vislumbra de los relatos del expediente de marras, la actora no acercó las pruebas necesarias para poder revocar el ajuste arribado por el Fisco Nacional.
Esto es así, en tanto la actora ni en la etapa administrativa, donde la fiscalizadora solicitó la documental de respaldo a los fines de que se acrediten los gastos declarados en la declaración jurada original (ver fs. 80 de las actuaciones administrativas), ni en esta etapa, arrimó pruebas suficientes que permitan derribar los ajustes efectuados por el organismo fiscalizador (vide fs. 155 y 181 donde la prueba pericial contable y la informativa fue desistida -con excepción de la respuesta al oficio dirigido a la Cámara de la Construcción la cual no arroja resultado alguno -).
Que en efecto, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que cabe destacar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos, al contribuyente que impugna las liquidaciones hechas en la Entidad Recaudadora le corresponde probar los errores que le atribuye.
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal, siendo esto último lo que no ha ocurrido en la especie.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina-, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Que como ya se ha dicho al respecto, “Quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (cfr. Fallos 331:881), básica regla que en la especie no podría ser dejada de lado, pues ni el carácter inquisitivo ni el principio de búsqueda de la verdad material que informan el procedimiento que se desarrolla ante este Tribunal implican o suponen negar su existencia, ya que aquellos principios hallan su límite en otros de similar gravitación como lo son el de la igualdad entre las partes en el proceso y el de imparcialidad del juzgador. Atento lo expuesto corresponde confirmar el acto apelado. Con costas.
VII. Que no obstante no haber agravio en torno a la sanción aplicada por la administración fiscal, corresponde hacer un breve análisis de la misma.
Que debe tenerse presente que no basta para tener por verificados los extremos de aplicación de la sanción del artículo 45 de la ley ritual, la falta de presentación de declaraciones juradas, sino que el tipo penal descripto por la norma requiere de la culpa del infractor. En la materia que nos ocupa la Corte ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena, es decir que sólo puede ser reprimido quien sea culpable: aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297).
Que, no obstante la existencia del elemento objetivo hace presumir la culpa en el contribuyente (conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala, entre otros, in re Rosmino y Cía., sentencia del 27/09/1999, entre otros), quien tendrá a su cargo la destrucción de dicho elemento subjetivo, alegando y demostrando la existencia de un error excusable con entidad para marginarlo del reproche punitivo, debiendo advertirse que, de conformidad a distintos pronunciamientos de esta Sala (ver, por caso, “Importaciones Alfatex S.A.”, sentencia del 30/12/02 y “Pepa José Luis” del 22/4/03), el error para poseer entidad eximente de reproche debe reunir la triple característica de esencial, decisivo e inculpable, todas circunstancias que no se visualizan con ninguna nitidez en las presentes actuaciones, incumpliendo la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal in re “Casa Elen Valmi de Claret y Garello” (Fallos 322:519).
Que en función de todo lo expuesto y de las circunstancias de autos, no habiendo agravios relativos a la multa aplicada ni ofrecido prueba la actora que pudiera eximirla de la sanción aplicada y no encontrando mérito alguno para apartarse de lo resuelto por el Juzgador Administrativo, corresponde confirmar la sanción aplicada, con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar el acto apelado, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.05.08 15:37:17 ART Date: 2023.05.08 16:50:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.08 18:41:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.08 18:41:37 -03:00
Fin de la sentencia