Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 49.357-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
y
I. Que a fs. 30/35vta la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 207/2018 (DV RRMR) de fecha 16/10/2018, dictada por el Jefe (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal 01/2014 a 12/2015, por la cual se determina un impuesto a ingresar a favor del Fisco Nacional para ese periodo de $10.889.353,36 con más intereses resarcitorios de $13.190.387,62.
Asimismo, a fs. 130/135vta, el apelante interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 206/2018 (DV RRMR) de fecha 16/10/2018, y dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2014, por la cual se determina un impuesto a ingresar a favor del Fisco Nacional para ese periodo de $6.424.275,03 con más intereses resarcitorios de $7.921.131,11.
Atento contener agravios análogos, éstos, se detallan en forma conjunta a continuación:
La actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, la recurrente plantea la nulidad del procedimiento. Manifiesta que se ha violado el principio del debido proceso adjetivo toda vez que –dice- no se ha respetado los plazos que la IG 633/02 establece de modo que el accionar fiscalizador debe ser dejado sin efecto anulándose la OI.
Agrega que se trata de un acto de arbitrariedad y de ilegalidad manifiesta configurado por la demandada, ya que no se han respetado los plazos que se le asignan al Inspector para concluir las tareas fiscalizadoras. Expresa agravios por causarle un daño irreparable. De este modo sostiene que existió falta de motivación de la resolución determinativa, ausencia de explicación suficiente del procedimiento empleado para practicar la determinación y solicita su nulidad.
Sostiene que la Administración se explaya con escasos fundamentos al sustentar la determinación, sin hacer mención al procedimiento realizado para arribar a los ajustes notificados.
Señala que el Fisco Nacional no ha tenido en cuenta las argumentaciones contenidas en la contestación de la vista.
En segundo lugar se agravia de la resolución recurrida y manifiesta que los proveedores FA DOT SRL, STAWILA SA, INDUSTRIALIZADORA DE METALES SA, GRUMAVE SRL, ERIK TRANS SA, ESGAR GROUP SRL, PINCER SRL, no se encontraban incluidos en la base e-apoc en el periodo fiscalizado (2014) de modo que la impugnación genérica carece de validez.
Expresa que la AFIP descarga la tarea de control que le corresponde a ella en cabeza de los contribuyentes. Acompaña documental y ofrece prueba pericial contable.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva de cuestión federal.
Finalmente, la actora solicita la revocación del acto apelado, con costas al Fisco.
II. Que a fs. 47/71vta y fs. 148/170vta contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente, que se confirme el acto apelado, con costas.
La representación fiscal manifiesta que con motivo de la fiscalización realizada a la contribuyente se detectaron diferencias a favor del organismo fiscal y que el origen de la inspección surge del cruce de información en el cual se verificó una baja relación ingresos versus pagos en comparación con el resto de los contribuyentes que realizan la misma actividad.
Señala que teniendo en cuenta la falta de cumplimiento a los requerimientos notificados y la falta de colaboración con la fiscalización, los actuantes efectuaron todo el análisis de la documentación obrante junto con la información de los sistemas del Organismo y como resultado se detectaron irregularidades y observaciones en las facturas y/o registros de la rubrada.
Detalla las tareas y elementos en relación a cada uno de los proveedores observados.
1)FA DOT SRL, STAWILA SA e INDUSTRIALIZADORA DE METALES SA, de la información recabada surge que las facturas fueron emitidas a otros clientes, por importes distintos y fechas variadas verificándose la correspondiente registración en el libro aportado. Por lo que resultó procedente impugnar las facturas aportadas por la rubrada y los registros efectuados en relación a este proveedor.
2)PIN CER SRL, de la información recabada surge que en el domicilio fiscal localizado vive gente hace dos años, quienes desconocen la firma en cuestión. No posee bienes registrables. Los integrantes de la sociedad se encuentran incluidos en la base e-apoc del organismo. Se observaron escasos pagos de impuestos. Tanto la sociedad como el socio gerente se encuentran inscriptos en más de veinte actividades comerciales sin relación lógica entre ellas.
3)ESGAR GROUP SRL, el socio de Esgar Group SRL es integrante de dos sociedades. Pagos mínimos de impuestos, como así también retenciones y/o percepciones. No existe información registrada en el sistema Citi Compras y Ventas. En cuanto a bienes registrables, no surge información registrada en el sistema. La contribuyente no aportó ninguna documental requerida. Se concluye que se trata de una empresa inscripta al solo efecto de facturar crédito no legítimo y que no presta los servicios por falta de capacidad operativa. 4)ERIK TRANS SA, al concurrir los actuantes al domicilio fiscal, con posterioridad al requerimiento, se encontraron que la estación de servicio que existía en el lugar, no funcionaba más allí y que el predio que ocupaba se encontraba tapiado. La firma expendedora de combustible no posee acreditaciones bancarias, ni depósitos de cobranzas, capacidad operativa limitada (tres surtidores), socios insolventes y de difícil comparecencia y deja de tener actividades inmediatamente con el comienzo de la fiscalización.
5)GRUMAVE SRL, la empresa no ha sido localizada en su domicilio fiscal el cual pertenece a un tercero que manifiesta desconocer a la firma o sus integrantes. No presenta declaraciones juradas del Impuesto sobre Bienes Personales – Participaciones Societarias. La firma en cuestión no posee bienes de uso propios y no ha probado fehacientemente el alquiler de los mismos para el desarrollo del supuesto servicio que realiza. Ni la firma ni los socios poseen propiedades ni bienes registrables a su nombre.
La representación fiscal contesta agravios y manifiesta que el planteo de nulidad efectuado no apunta a aspectos sustanciales de la controversia sino intenta lograr la nulidad absoluta e insanable del acto sin entrar al aspecto sustancial de la Litis.
Agrega que del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que el accionar del Organismo Fiscal fuera arbitrario o discrecional encuadrando el procedimiento en la Ley 11.683 cumpliendo cada uno de los pasos que integran el mismo.
Señala que el accionar dilatorio y de ocultamiento desplegado por la quejosa es una muestra de la hipótesis que dio lugar a la fiscalización como así también el accionar de los inspectores –dice- estuvo bien encaminado, resultando improcedente el planteo de nulidad.
En cuanto a la cuestión de fondo, en primer lugar niega todos y cada uno de los hechos que no sean expresamente reconocidos por su parte o surjan de los antecedentes administrativos.
Sostiene que la rubrada no expone argumento alguno en relación a la impugnación de las compras y/o créditos fiscales correspondientes a tres proveedores que manifestaron no haber realizado operaciones comerciales con la rubrada, FA DOT SRL, STAWILA SA y INDUSTRIALIZADORA DE METALES SA.
En relación a los proveedores GRUMAVE SRL, ERIK TRANS SA, ESGAR GROUP SRL y PINCER SRL expresa que la constancia de inscripción, la autorización para facturar, etc, son solicitados por el propio contribuyente y la Administración Federal la otorga o no de buena fe.
Expresa que si bien los proveedores observados utilizados por GLOBAL ENERGY SOLUTIONS SA fueron incluidos en la citada base e-apoc en fecha posterior a las operaciones cuestionadas, la referida base representa una herramienta más de control que se va nutriendo a medida que la Administración va detectando nuevas usinas, prestanombres, empresas ficticias, etc.
Añade que la carga de la Base Apoc del organismo requiere de un periodo de verificación, y que con el objetivo de cotejar la efectiva existencia de las operaciones cuestionadas, se llevaron a cabo tareas de auditoría fiscal tendientes a constatar la real existencia de las mismas.
Manifiesta que a los fines de tener por acreditada una operación, no basta con la mera exhibición de facturas, sino que se debe acreditar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección, toda vez que tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida.
De este modo, asevera que no compete a su parte sino a quien pretende el cómputo de la deducción del crédito fiscal y consecuentemente la validez de las erogaciones efectuadas, arrimar los elementos necesarios que acrediten que los mismos provienen de transacciones comerciales reales.
Considera que la responsable no ha demostrado en forma fehaciente que realmente ha efectuado las transacciones comerciales con los proveedores observados.
Entiende que ha quedado demostrado en autos que la contribuyente con su accionar ha ocultado su real capacidad contributiva al computar en las declaraciones juradas presentadas créditos fiscales improcedentes provenientes de operaciones correspondientes a proveedores que desconocieron las operaciones atribuidas a los mismos, o proveedores incluidos en la Base Apoc del Organismo.
Además afirma que las operaciones cuestionadas poseen todas las características que revisten las operaciones simuladas, en las cuales mediante facturas apócrifas se utiliza nombre y datos fiscales de personas que ni siquiera tienen actividad para luego imprimir facturas a su nombre y deducir gastos o créditos ficticios. Concluye diciendo que los dichos de la contribuyente son insuficientes y que no ha aportado prueba idónea para rebatir los indicios graves, precisos y concordantes que sirvieron de fundamento para determinar la inexistencia de las presuntas obligaciones comerciales que se intentan probar por lo que ratifica el cargo.
Respecto de los intereses resarcitorios aplicados, manifiesta que la actora no formuló agravios, que la mora es automática y que resultan de la aplicación del art. 37 de la Ley Nº 11.683.
Acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la prueba de la actora por inconducente y dilatoria. Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva de cuestión federal.
Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas a la actora.
III. El Tribunal a fs. 172 resuelve elevar a Sala los presentes autos a fin de considerar su acumulación a los que llevan el Nº 49.356-I que tramitan en Sala B 5ta Nominación y a fs. 175 se resuelve acumular el expediente Nº 49.357-I al que lleva el Nº 49.356-I.
Atento el estado de autos, el Tribunal a fs. 181 resuelve de la oposición articulada por la representación fiscal a la producción de las medidas probatorias ofrecidas por su contraria, correr traslado a la recurrente por el término de cinco días.
En atención a que los argumentos de las partes respecto de los hechos sobre los que versa la presente causa se encuentran debidamente desarrollados en los escritos de inicio y de responde, el Tribunal por PV-2022- 43412196-APN-VOCV#TFN (fs. 185) resuelve requerir a las partes que manifiesten en el término de cinco días si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley Nº 11.683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia el Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
De este modo, la representación fiscal mediante RE-2022-43825015-APN-SGAI#TFN cumple el requerimiento y manifiesta que su mandante ratifica la pertinente oposición realizada respecto de la prueba ofrecida por la actora al momento de contestar los recursos de apelación.
Asimismo, el Tribunal mediante PV-2022-85940551-APN-VOCV#TFN resuelve reiterar a la apelante el citado requerimiento bajo apercibimiento, en caso de silencio, de quedar este Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
En ese orden, el Tribunal resuelve por PV-2022-91586592-APN-VOCV#TFN intimar a ambas partes para que, dentro del quinto día de notificada la presente, informen a este Tribunal si las obligaciones tributarias discutidas en estos actuados fueron regularizadas en los términos de las Leyes Nº 27.541, 27.562 y/o 27.653. A tal efecto, la representación fiscal en RE-2022-103126699-APN-SGAI#TFN contesta el requerimiento y señala que conforme lo manifestado por la Agencia pertinente consultada, la contribuyente no ha regularizado las deudas en discusión.
Ello así, el Tribunal por PV-2022-105343590-APN-VOCV#TFN resuelve atento el tiempo transcurrido sin que la recurrente diera cumplimiento al requerimiento que le fuera efectuado a fs. 185 y reiterado a fs. 189, hacer efectivo el apercibimiento allí dispuesto y, en consecuencia, merituando la pertinencia y admisibilidad de las medidas probatorias ofrecidas por la apelante en estos actuados y sus acumulados, hacer lugar a la oposición a su producción articulada por el Fisco Nacional.
IV. Que en atención al estado de la causa a fs. 207 se elevan los autos a consideración de la sala “B”. Finalmente a fs. 212 pasan los mismos a sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada mediante O.I. 1.463.876 de fecha 29/03/2016, para que verificara sus obligaciones con el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2014 e IVA periodos fiscales 01/2014 a 12/2015.
Atento a que de las tareas realizadas sobre la contribuyente por la fiscalización, no pudo constatarse la actividad realmente desarrollada con las declaradas ante el organismo fiscal, a saber: construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales; construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos; movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras; construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.
El 28/11/2017 se notificó requerimiento con vencimiento en el que se solicitó a Global Energy Solutions (Ex Arcat Global SA) que informe que actividades realiza efectivamente, y el mismo, no fue respondido. El presente caso reconoce su origen en un “cruce – actividad construcción mapa regional rubro construcción y/o sus partes generado por la División de Investigaciones de la Dirección regional Mercedes, por surgir en el 2013 una baja relación ingresos versus pagos en comparación con el resto de contribuyentes que realizan la misma actividad.
Se observa que la relación débito/crédito es muy baja. El Impuesto a las Ganancias determinado es bajo en relación a las ventas efectuadas. Año 2014 se observa una diferencia entre las ventas de las declaraciones juradas. Se observa un incremento significativo del pasivo del año 2013 al 2014.
El inicio de la fiscalización se realizó en el domicilio fiscal de la Localidad de Zárate, el cual fue notificado en carácter se segunda visita a Arcat Global SA el 22/04/2016. Con fecha 11/05/2016 la inspeccionada realizó el cambio de domicilio fiscal por internet. Con fecha 21/09/2016, la inspeccionada presentó en la agencia Zárate el cambio de denominación de personas jurídicas siendo la nueva razón social: Global Energy Solutions SA. El domicilio fiscal de la encartada, parece ser un domicilio particular, observando en todos los casos en que se concurrió ventanas cerradas. Tiene una puerta de vidrio con rejas de color rojo oxidado, a la vista se ve un pasillo. En dos de las tres ocasiones al llamar a través del timbre de la propiedad la actuante fue atendida por una persona mayor de sexo femenino que fue quien recibió las cédulas de notificación de las contestaciones realizadas a la firma por los recursos presentados.
Asimismo, se verificó el domicilio alternativo el cual se encontraba a la vista cerrado. Visualmente es un local con persianas blancas cerradas con cámaras de seguridad a la vista. Ante los llamados abrió una señorita y que a preguntas realizadas manifestó que es una empleada de Global Energy Solutions SA desde 09/2017, que en el domicilio funciona la oficina de ingeniería y que no se encuentra abierto al público, que las cobranzas y facturación no se realizan en ese domicilio.
Se verificó que existe una página web arcatglobal.com.ar y en contactos figura como domicilio comercial una oficina en Puerto Madero, Constituidos los actuantes fueron atendidos por una persona de sexo femenino que al ser consultada por la firma Global Energy Solutions solicitó esperar consultó en la computadora y llamó por teléfono y manifestó que en el interno no la atendía nadie y que solo podía contestar que allí se encuentra la firma Global Energy Solutions SA.
Según las bases de datos de la AFIP la firma Global Energy Solutions SA tiene dos socios (el vínculo entre ambos sería el de yerno-suegra), Mohlinger Berta Esther como Presidente de la firma y administradora de la clave fiscal y Arias Walter Rubén como socio.
La actuante con la documentación aportada por la inspeccionada, información obtenida a través de las bases de datos E-Fisco y la información obtenida de terceros se abocó al análisis de las mismas.
Respecto a Esgar Group SRL, la actuante verificó en base a los libros IVA aportados que la inspeccionada durante el 2015 registró operaciones con el contribuyente Esgar Group SRL por un importe neto de $33.611.360 y un crédito fiscal de $7.058.385,60, no aportando la contribuyente documentación respaldatoria alguna de dichas registraciones por lo que –a criterio de la fiscalización- corresponde su impugnación. Adicionalmente Esgar Group fue incorporada dentro de la base apoc en 01/2016.
Respecto a Erik Trans SA, se verificó en base al libro IVA compras suministrado por la inspeccionada que la misma registró operaciones con Erik Trans SA en el periodo fiscal 2014, no aportando el contribuyente documentación respaldatoria alguna por lo que corresponde la impugnación de las operaciones registradas por un importe neto de $8.879.454,42 y un crédito fiscal de $1.864.685,42. Adicionalmente se informa que Erik Trans SA se encuentra incorporada en la base apoc en 01/2015.
Respecto a Pin Cer SRL se verificó en base al libro IVA compras suministrado por la inspeccionada que la misma registró operaciones con Pin Cer SRL en el periodo fiscal 2014 que presenta indicios de apocrificidad siendo los conceptos facturados servicios por lo que correspondería la impugnación de las operaciones registradas por un importe neto de $4.406.842,86 y un crédito fiscal de $925.437,01.
En otro orden, se relevaron libros IVA compras y ventas. Se relevaron las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado con el detalle de los débitos y créditos fiscales declarados en los periodos bajo análisis. En función de la información relevada con los totales mensuales de los libros IVA compras, se cruzó la misma con las declaraciones juradas del periodo inspeccionado observándose inconsistencias.
En definitiva la fiscalización concluye que corresponde impugnar el crédito fiscal registrado y declarado atento que la contribuyente o bien no exhibió la respectiva documental respaldatoria o bien no pudo constatarse la real prestación del servicio ya que se trata de proveedores apócrifos.
Finalmente, los ajustes propuestos no fueron conformados a través de la presentación de las declaraciones juradas rectificativas de los tributos y periodos notificados.
Teniendo en cuenta la falta de cumplimiento a los requerimientos notificados y la falta de colaboración con la fiscalización llevada a cabo, los actuantes efectuaron el análisis de la documentación obrante conjuntamente con la información de sistemas del organismo.
En primer lugar, se realizó el cruce de datos entre registros del libro IVA compras de la rubrada con la base apoc del organismo. De dicho cruce se verificó la utilización de facturas atribuidas a tres proveedores incluidos en la citada base: Grumave SRL, Erik Trans SA y Esgar Group SRL. Asimismo se detectó otro proveedor con irregularidades e indicios de resultar apoc: Pin Cer SRL.
Por otra parte se realizó el análisis del Pasivo declarado al 31/12/2014. El mismo se compone de diversos proveedores, razón por la cual la fiscalización comenzó a circularizar a los que registraban deuda mayor a $100.000 y se obtuvo información de tres proveedores que manifestaron no haber realizado operaciones comerciales con la rubrada: Fa Dot SRL, Stawila SA e Industrializadora de Metales SA.
A continuación el detalla de cada proveedor:
1)Fa Dot SRL, Stawila SA, e Industrializadora de Metales SA: de la información recabada surge que las facturas fueron emitidas a otros clientes, por importes distintos y fechas variadas verificándose la correspondiente registración en el libro aportado. Por lo que resultó procedente impugnar las facturas aportadas por la rubrada y los registros efectuados en relación a este proveedor.
2)Pin Cer SRL, de la información recabada surge que el domicilio fiscal fue localizado siendo el mismo un departamento y quien vive allí hace dos años desconoce la firma en cuestión. En el domicilio alternativo siendo una casa particular, no se localizó persona alguna. No posee bienes registrables. Lo integrantes de la sociedad (Horacio Coronel y Mercedes Pineda) se encuentran incluidos en la base apoc del organismo. Posee falta de presentación de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias desde el periodo fiscal 2015 y la presentada en 2015 tiene todos los rubros en cero. No presenta declaraciones jurada del Impuesto al Valor Agregado desde el 05/2016. Tanto la sociedad como el socio gerente se encuentran inscriptos en más de 20 actividades comerciales, sin relación lógica entre ellas.
3)Esgar Group SRL, la empresa se encuentra incorporada en la base apoc desde el 2016. El socio de Esgar Group SRL es integrante de dos sociedades. La fiscalización actuante se constituyó en el domicilio fiscal de Esgar Group SRL, dejando constancia en el acto que se trata de una casa de familia con aspecto de abandono siendo atendidos por una persona que respondiendo a las preguntas formuladas dijo: que desconoce que en el domicilio que habita tiene su domicilio la firma Esgar Group SRL, que vive ella solamente y que tiene setenta y dos años. La contribuyente no aportó ninguna documental requerida, motivo por el cual se verificó en Efisco las ventas efectuadas por la contribuyente según lo declarado por terceros.
La última declaración jurada presentada por el IVA corresponde a 02/2016, resultado coincidente con la información de ventas de terceros. No surge la transferencia electrónica de Estados Contables. Se concluye que se trataría de una empresa inscripta al solo efecto de facturar crédito no legítimo y que no prestaría los servicios por falta de capacidad operativa. 4)Erik Trans SA, la empresa se encuentra incorporada en la base apoc del organismo desde el 2016. Durante la inspección se procedió a verificar que el domicilio de la localidad de Don Torcuato es una esquina donde funciona una estación de servicio no identificada con un determinado proveedor mayorista de combustibles, de las denominadas de Bandera Blanca que posee tres surtidores identificados con las palabras kerosene, gasoil y nafta, dos talleres de medianas dimensiones identificados con las palabras lavado y engrase, una pequeña oficina y una máquina expendedora de hielo.
La actividad desarrollada coincide con aquella en la que se encuentra inscripto. Se concurrió al domicilio fiscal del contribuyente sin localizar al titular ni persona alguna. Se constató de la consulta a los sistemas informáticos del organismo que la rubrada posee baja definitiva en todos sus impuestos desde agosto 2014 y marca en padrón por Estado erróneo del domicilio. Se realizó análisis débito/crédito correspondiente a los periodos fiscales 09/2012 a 08/2013 siendo el promedio de la misma 1 y dicho valor se mantiene constante durante todos los periodos fiscales considerados. Atento que se trata de una firma expendedora de combustibles líquidos posee las siguientes características: sin acreditaciones bancarias, sin depósitos cobranzas, sin bienes registrables de su titularidad, con capacidad operativa limitada, con socios insolventes y de difícil comparecencia, con ventas considerables y desproporcionadas respecto de su capacidad operativa y relación débito/crédito igual a 1, deja de tener actividades (desaparece) inmediatamente con el comienzo de la fiscalización no habiendo realizado ningún cambio de domicilio.
5)Grumave SRL, la empresa se encuentra incorporada en la base apoc. La firma no cumplimentó ninguno de los requerimientos y citaciones cursadas tanto a las fiscalizadas como a los socios. La empresa no ha sido localizada en su domicilio fiscal el cual pertenecería a un tercero que manifiesta desconocer a la firma o sus integrantes. No presenta las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales-Participaciones societarias. Sus integrantes no poseen solvencia patrimonial, ni dan cumplimiento a los deberes formales ante la AFIP-DGI. La firma no posee bienes de uso propios y no ha probado fehacientemente el alquiler de los mismos para el desarrollo del supuesto servicio que realiza. Se considera que realizó una simulación de empleados declarados dado la exigua cantidad de aportes y contribuciones por montos de escasa relevancia. Ni la firma ni los socios que la conforman poseen propiedades ni bienes registrables a su nombre.
En otro orden, se detectó una diferencia entre las ventas declaradas en el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2014 y registradas en el Libro IVA ventas, con las ventas declaradas en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01/2014 a 12/2014.
VI. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de la resolución administrativa por no haberse cumplido con las tareas fiscalizadoras en los plazos establecidos en la Instrucción General Nº 633/02.
Que en lo que respecta a la aplicación al caso de la Instrucción General Nº 633/02, cabe señalar que la misma se trata de un acto interno de la repartición fiscal, que tiene por finalidad regular en forma interna el accionar de los inspectores, pero carente de valor normativo y por ende no vinculante para este Tribunal.
Por otro lado, los plazos son prorrogables y no contempla sanción alguna por incumplimiento u inobservancia al cumplimiento de los mismos.
Que, cabe destacar que el accionar del ente fiscal encuentra sustento en los artículos 35 y 36 de la Ley de Rito, correspondiéndose con los amplios poderes que posee el Fisco para verificar el cumplimiento que los obligados den a las leyes y demás disposiciones tributarias... En este sentido, no se observa que los requerimientos cuestionados por la recurrente sean arbitrarios, improcedentes ni contrarios a derecho. Al respecto, es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el Organismo Recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente.
Que, ello es coherente con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde es el contribuyente quien efectúa una autoliquidación del tributo, reservando entonces la legislación fiscal, amplias facultades al Organismo Recaudador para verificar la corrección de las declaraciones juradas presentadas por los responsables, recayendo sobre los contribuyentes, e incluso terceros en general, el deber de colaboración con en el ente fiscalizador. En efecto, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que ésta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Ed. Cima, 1980, p. 310).
Cabe destacar que, la Ley Nº 11.683 no contiene plazos máximos de inspección. Que además, respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que, por ello, no existe motivo para declarar la nulidad de lo actuado ya que el plexo de actuaciones administrativas pone de manifiesto que la actora estuvo abundantemente informada sobre el actuar fiscal y con total posibilidad de ejercer sus derechos.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio.
En primer lugar, corresponde señalar que la actora manifiesta en forma genérica que los proveedores impugnados no se encontraban en la base Apoc en el periodo fiscalizado de modo que la impugnación carece de validez. Al respecto, se debe destacar que la impugnación de los proveedores Fa Dot SRL, Stawila SA e Industrializadora de Metales SA, se sustenta en que los mismos han manifestado no haber realizado operaciones comerciales con la aquí recurrente siendo que además, las facturas fueron emitidas a otros clientes, circunstancia ésta no rebatida por la parte actora, la que tampoco ha aportado prueba que desvirtúe tales circunstancias, por lo que corresponde la confirmación del ajuste respecto de tales proveedores.
Que entrando al análisis de la impugnación de los demás proveedores, Grumave SRL, Erik Trans SA, Esgar Group SRL y Pincer SRL, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando V, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que en definitiva no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del impuesto al valor agregado, sino que en virtud de la normativa del impuesto a las ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y/o servicios han sido efectivamente recibidos y/o prestados, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde confirmar este ajuste.
VIII. Que por último, respecto del ajuste determinado por el Fisco Nacional a partir de la diferencia detectada entre las ventas declaradas en el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2014 y registradas en el Libro IVA ventas, con las ventas declaradas en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01/2014 a 12/2014, cabe señalar que la actora no expresa agravio alguno, razón por la cual corresponde tenerlo por consentido y, en consecuencia, confirmar el mismo.
IX. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Que atento lo expuesto precedentemente; SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.15 17:50:59 ART Date: 2023.03.16 17:20:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.16 21:12:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.16 21:13:21 -03:00
Fin de la sentencia