Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar parcialmente las determinaciones de oficio en el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2006. Costas en la medida de los respectivos vencimientos.
II. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
I. Que a fs. 56/94vta. el Sr. Víctor Moisés Sadrinas interpone recurso de apelación contra la Resolución N°16/2015 (DV RRGA) de fecha 01/07/2015 suscripta por el Sr. Jefe de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Rio Gallegos de la AFIP-DGI, en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, en la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos veintiocho con cuarenta centavos ($449.528,40) con más la suma pesos un millón ciento veintiún mil doscientos setenta y tres con sesenta y ocho centavos ($1.121.273,68) en concepto de intereses resarcitorios; y contra la Resolución N°17/2015 (DV RRGA) de fecha 01/07/2015, emitida por la misma dependencia, en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto sobre los Bienes Personales, período fiscal 2006, en la suma de pesos ocho mil ochocientos ochenta y nueve con sesenta centavos ($8.889,60) con más la suma de pesos veintidós mil ciento setenta y tres con sesenta y dos centavos ($22.173,62) en concepto de intereses resarcitorios.
Que a fs. 200/239 el Sr. Daniel Sadrinas interpone recurso de apelación contra la Resolución N°14/2015 (DV RRGA) de fecha 01/07/2015 suscripta por el Sr. Jefe de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Rio Gallegos de la AFIP-DGI, en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, en la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y tres con veintinueve centavos ($450.433,29) con más la suma de pesos un millón ciento veinticuatro mil setecientos treinta y uno con noventa y dos centavos ($1.124.731,92); y contra la Resolución N°15/2015 (DV RRGA) de fecha 01/07/2015, emitida por la misma dependencia, en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto sobre los Bienes Personales, periodo fiscal 2006, en la suma de pesos ocho mil ciento treinta y uno con veinte centavos ($8.131,20) con más la suma de pesos veinte mil trescientos tres con sesenta y un centavos ($20.303,61) en concepto de intereses resarcitorios.
Cabe adelantar que los apelantes expresan idénticos agravios en sus recursos, razón por la cual y revistiendo los argumentos un carácter análogo, los mismos serán detallados a continuación en forma conjunta.
Plantean la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio con relación al impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales de periodo fiscal 2006, invocando a los efectos del cómputo del plazo, la inaplicabilidad a sus casos de las suspensiones anuales previstas en los artículos 44 de la ley N° 26.476 y 17 de la ley N° 26.860, teniendo presente que tales incorporaciones solo rigen y se aplican a las relaciones jurídicas que nacen con posterioridad a la vigencia de las normas modificatorias. Asimismo, manifiestan no haberse adherido a los regímenes previstos en las leyes en cuestión, razón por la cual no se encontrarían alcanzados por lo allí establecido.
Invocan la nulidad absoluta e insanable de todo el procedimiento por violación de la ley 11.683. Explican que el procedimiento llevado a cabo por el organismo fiscal ha transgredido las normas regulatorias del proceso de verificación y fiscalización contenidas en los artículos 33 y concordantes de la ley de rito, al iniciarse las determinaciones de oficio sin previa inspección fiscal. Esgrimen que el envío de una encuesta virtual -haciendo referencia a las fiscalizaciones electrónicas- no reemplaza ni constituye una actuación fiscalizadora.
Impugnan la validez de la información en la que se sustentan las determinaciones apeladas, haciendo hincapié en la obtención ilegítima de la información. Exponen que la citada información no fue aportada por ninguna autoridad pública, ejecutiva o judicial, de la Confederación Suiza ni por entidades privadas constituidas en el país, sino que se trató presuntamente de la remisión de una nota de la Dirección General de Finanzas Públicas de Francia, organismo que no tiene potestad legal alguna sobre hechos, sujetos y operaciones de otro estado. Esgrimen que no resultan aplicables al caso las previsiones del Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto entre nuestro país y la República de Francia, desde que no podría avalarse bajo tal instrumento internacional la obtención de información que había sido robada y luego comercializada. Bajo tales premisas, plantean la nulidad insalvable de todo lo actuado.
En subsidio, sostienen la improcedencia manifiesta de las determinaciones de oficio, por inexistencia de la materia gravada y la deficitaria e irrazonable aplicación del método presuncional. Plantean que en modo manifiestamente improcedente el organismo ha duplicado la materia imponible presumida -depósito en una supuesta cuenta de Suiza- desde que ha proyectado dos determinaciones de oficio con la misma base, lo que demuestra la ilegitimidad y voracidad del Fisco Nacional.
Citan jurisprudencia. Acompañan prueba documental y ofrecen prueba informativa. Formulan reserva del caso federal. Solicitan se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al fisco nacional.
II. Que a fs. 108/138vta. y fs. 248/273vta., la representación fiscal contesta los recursos cuyos traslados fueron conferidos.
Expone que las presentes actuaciones tienen relación con la causa caratulada “HSBC BANK ARGENTINA S.A. y otros s/ Infracción Ley 24.769” donde el juez interviniente ordenó dar inicio al procedimiento previsto en el artículo 18 de la citada norma legal. Ello así, se dio curso a las fiscalizaciones electrónicas N° 2299654 y N° 2299653 seguidas contra los apelantes, con el fin de establecer el cumplimiento frente al impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2006.
Rechaza el planteo de prescripción, aseverando que las suspensiones anuales contenidas en las leyes N° 24.476 y N° 26.860 son de carácter general, y por ello, plenamente aplicables a los recurrentes, haciendo hincapié en la literalidad y claridad manifiesta de las normas. Asimismo, sostiene que los apelantes no han tenido presente la suspensión por 120 días previsto en el art. 65 de la ley N° 11.683, la que procede para los casos de prescripción inminente y según la cual el término se suspende con la notificación de la vista, siempre que se emita la resolución determinativa 180 días corridos antes de fenecido el plazo, lo que asevera ha acontecido en los casos bajo análisis.
Refuta el planteo de nulidad sustentado en los supuestos vicios en el procedimiento previo al dictado de las resoluciones que se apelan. Expone que según lo previsto en los artículos 33 a 36 de la ley N° 11.683, el fisco nacional tiene amplias facultades y/o poderes para verificar en cualquier momento, incluso respecto de períodos fiscales en curso. Ello así, advierte que las fiscalizaciones electrónicas llevadas a cabo no han transgredido las normas legales del procedimiento, citando en sustento de su postura el artículo 7 del Decreto N° 618/97 que estableció la organización y competencia de la AFIP y lo establecido en la Resolución General N° 3416/2012 que dispuso un procedimiento de control del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables de los tributos a cargo de la AFIP denominado justamente “FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA”. Adiciona a ello, que la ley N° 11.683 no fija normas solemnes ni impone requisitos expresos para el acto por el que se dispone el inicio de una fiscalización, en tanto ésta se trata de un procedimiento no reglado con amplias facultades a favor del organismo fiscal nacional, ello como contrapartida lógica del sistema de autodeterminación de los tributos. Objeta la nulidad basada en el cuestionamiento de la obtención de información con la que se determinó la materia imponible. Sostiene que los ajustes que motivan las resoluciones apeladas no se sustentan en las disposiciones del Convenio para Evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal suscripto con la República Francesa sino en las previsiones de las leyes N°11.683, N° 20.628 y N° 23.966. Aclara que, en lo que sí existe aplicación del citado Convenio, es en cuanto a la información que se ha recabado y que ha servido de base para establecer la real situación económico/financiera de los contribuyentes. Ratifica la validez de la información obtenida, invocando el artículo 27 del citado instrumento internacional, destacando que no existían obstáculos legales para que nuestro país requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el citado convenio.
Finalmente, con respecto a la alegada improcedencia de las determinaciones de oficio por inexistencia de la materia gravada, sostiene que los recurrentes no han acompañado ni ofrecido otros elementos probatorios hábiles a los fines de validar el origen diferente de los fondos aludidos. Manifiesta, con respecto a la realización del procedimiento a ambos apelantes sobre la base de la misma materia imponible, que tampoco han arrimado probanzas que permitan atribuir fehacientemente una porción de titularidad sobre el saldo de la cuenta declarada a alguno de ellos, ratificando los términos de las determinaciones de oficio efectuadas.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por los apelantes. Solicita se rechacen las apelaciones intentadas, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 301 de autos se abre la causa a prueba, confiriendo la producción de la prueba informativa ofrecida por los apelantes.
Que a fs. 308 se resuelve dar por decaído el derecho de la actora de producir la prueba ordenada oportunamente, atento a la falta de cumplimiento de las observaciones efectuadas a los oficios presentados.
Que a fs. 311 se dicta medida de mejor proveer mediante la cual se requirió a la demandada que aporte copia de las planillas de información receptadas de la Administración Tributaria de Francia, la que fue cumplida a fs. 326/330 de autos.
Que a fs. 333 se resuelve clausurar el período probatorio.
A fs. 334 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs. 337 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que a efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que en primer lugar, corresponde expedirse sobre el planteo de prescripción introducido por los recurrentes.
Ello así, a efectos de aplicar el ordenamiento jurídico vigente al caso bajo análisis, se impone atender a la plataforma fáctica que lo identifica, la que a continuación se describe:
i) El impuesto determinado corresponde a ganancias y bienes personales, período fiscal 2006, razón por la cual el cómputo del término se inició el 01/01/2008 (art. 57, ley 11.683).
ii) El 24/12/2008 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.476, que en su artículo 44 dispuso con carácter general la suspensión por un año del curso de la prescripción.
iii) El 03/06/2013 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.860, que en su artículo 17 dispuso con carácter general la suspensión por un año del curso de la prescripción, computada desde la publicación de la norma en el boletín oficial.
iv) En fecha 01/07/2015 el fisco emitió las Resoluciones N°16/2015 (DV RRGA), N°17/2015 (DV RRGA), N°14/2015 (DV RRGA) y N°15/2015 (DV RRGA), las que son objeto de apelación en los presentes autos.
Concretamente, debe examinarse si la acción del Fisco Nacional para determinar los impuestos se encontraba prescripta -tal como sostienen los actores- al momento del dictado de las resoluciones en crisis.
Del relato de los antecedentes emerge que las partes discrepan en torno a la viabilidad de la aplicación al caso de la suspensión del curso de la prescripción, en razón de lo dispuesto por el artículo 44 de la ley N° 26.476 y artículo 17 de la ley N° 26.860.
Cabe recordar que el citado artículo 44 disponía “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. Que el referido artículo 17, se expresaba en idénticos términos, disponiendo asimismo la suspensión con carácter general por el término de un año desde la sanción de la ley. En tal sentido, cabe anticipar que el agravio introducido por los apelantes -según el cual resultaría inaplicable a sus casos lo previsto en los artículos transcriptos- no puede prosperar. Ello así, por cuanto la postura asumida por los recurrentes en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida, teniendo presente que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656). Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476 –similar al que aquí incumbe–, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que las suspensiones anuales resultan plenamente aplicables al presente caso, por ser aquella de carácter general. Por lo considerado, a los fines de resolver la excepción planteada, incumbe exponer el cómputo de la prescripción según el criterio establecido en las consideraciones que preceden. El 01/01/2008 se inició el cómputo del término para todos los casos, presentándose al 24/12/2008 la primera causal de suspensión en razón de la publicación en el Boletín Oficial de la ley N° 26.476, habiendo transcurrido hasta ese momento 11 meses y 23 días del término previsto en la ley de rito. Que reanudado el plazo el 24/12/2009, se presenta la segunda suspensión el 03/06/2013, en virtud de la sanción de la ley N° 26.860, habiendo transcurrido hasta ese momento, 4 años y casi 5 meses del término en curso.
Que el 03/06/2014 el plazo se reanuda por segunda vez y antes de que opere la prescripción, la AFIP confirió vista a los apelantes, siendo de aplicación las previsiones del artículo 65 de la ley N° 11.683 en virtud del cual se suspende por 120 días el término, siempre que se notifique el acto determinativo 180 días corridos antes de que opere la prescripción, lo que ha ocurrido en autos. Ello así, en fecha 18/12/2014 se confirió vista de los ajustes a los Sres. Sadrinas Moisés Víctor y Sadrinas Daniel, dictándose las resoluciones determinativas N° 16/2015, N°17/2015, N° 14/2015 y N°15/2015 en fecha 01/07/2015. Del análisis propuesto se colige que a la fecha de notificación de las resoluciones apeladas en autos, las acciones y poderes del fisco para determinar de oficio el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, periodo fiscal 2006, se encontraban expeditos en ambos casos. En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción planteada por los actores.
Cabe precisar que, toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
V. Que seguidamente, corresponde dar tratamiento a los argumentos de la recurrente relativos a la ausencia de fiscalización, lo que a su entender, habría vulnerado lo previsto en la ley N° 11.683. Cabe mencionar que esta Sala “B”, en su anterior constitución, al sentenciar en la causa “Rodríguez, Gerardo Oscar” del 11/02/09, sostuvo “Que, el dictado de la Orden de Intervención ... por parte del Organismo Recaudador no es más que el ejercicio de las facultades (y deberes) que la ley procedimental otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, para verificar en cualquier momento el cumplimiento que los obligados y responsables dan a sus obligaciones tributarias, no advirtiéndose por parte de este Tribunal, irregularidad alguna en su dictado.”
“Que, mediante la orden de intervención, acto interno de la repartición fiscal, el superior jerárquico de la Dirección Regional instruye a determinado agente para que verifique el cumplimiento que el contribuyente ha dado a las disposiciones de la materia, actuación que resulta razonable y oportuna a efectos de lograr una adecuada puesta en marcha de la ‘maquinaria’ fiscal.”
“Que, cabe destacar que el accionar del ente fiscal encuentra sustento en los artículos 35 y 36 de la Ley de Rito, correspondiéndose con los amplios poderes que posee el Fisco para verificar el cumplimiento que los obligados den a las leyes y demás disposiciones tributarias... En este sentido, no se observa que los requerimientos cuestionados por la recurrente sean arbitrarios, improcedentes ni contrarios a derecho. Al respecto, es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el Organismo Recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente.”
“Que, ello es coherente con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde es el contribuyente quien efectúa una autoliquidación del tributo, reservando entonces la legislación fiscal, amplias facultades al Organismo Recaudador para verificar la corrección de las declaraciones juradas presentadas por los responsables, recayendo sobre los contribuyentes, e incluso terceros en general, el deber de colaboración con en el ente fiscalizador. En efecto, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que ésta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Ed. Cima, 1980, p. 310).”
“Que, la ley procedimental, en su artículo 16, establece que las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos. Por su parte, el artículo 17 de la ley ritual establece que el procedimiento determinativo se inicia con una vista al contribuyente que otorga el juez administrativo, circunstancia que se encuentra cumplida en el subexamine.”
Que, precisamente, conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa (vide fs. 27/56 de la actuación N° 15891-1603-2014/4 y fs. 28/55 de la actuación N° 15981-1604-2014/4) el Organismo Fiscalizador dio cabal cumplimiento con los requisitos establecidos por la ley ritual, habiéndole corrido vista a los recurrentes, según lo dispone el artículo 17 de la ley N° 11.683, verdadera e insubsanable oportunidad en que se anoticia a quienes tengan responsabilidad impositiva, de los cargos, impugnaciones y fundamentos de los mismos.
Ello así, atendiendo a las constancias obrantes en los antecedentes administrativos, en virtud de las cuales emerge que los contribuyentes fueron debidamente notificados de la fiscalización y la vista, el agravio en examen no puede prosperar, pues cabe concluir que no se han vulnerado las garantías del debido proceso adjetivo, tal como lo plantean los apelantes.
VI. En cuanto a los agravios de la recurrente relativos a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado Francés y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley N° 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley N° 26.276 prevé que:
“Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado instrumento internacional, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el artículo 27 del referido Convenio, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
VII. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas agregadas por el fisco a fs. 328/330 de los presentes autos, la existencia de diversos activos (U$D 392.216,00) en una cuenta (N° 5091369911) cuyos datos de perfil coinciden con los asignados a los actores, no habiendo producido prueba alguna tendiente a demostrar que no son titulares de los fondos allí depositados.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que, si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye. Ello no ha acontecido en los presentes autos.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina- las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría fundado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a los apelantes poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Ello no ha ocurrido en autos, por lo que corresponde confirmar las determinaciones efectuadas.
Que sentado ello, corresponde analizar ahora si se encuentra debidamente cuantificado el ajuste. En ese sentido, se advierte que yerra el fisco cuando endilga a cada uno de los apelantes el 100% de la titularidad de los fondos existentes en la cuenta oculta, pues como bien se adelantó, existían dos titulares (account holder) en pie de igualdad, siendo improcedente que cada uno de ellos deba responder por la totalidad de aquellos.
Que en ese marco, de los antecedentes obrantes en la causa (vide fs. 328/330 de autos) surge sin dudas que eran titulares de la cuenta los Sres. SADRINAS MOISES VICTOR y SADRINAS DANIEL, resultando improcedente que el fisco reclame a cada uno de los sujetos por la totalidad de los fondos descubiertos, salvo que alguno de ellos asumiera la titularidad del todo, desvinculando al otro cotitular, y ello no ha acontecido en autos.
Atento lo expuesto, este tribunal considera que corresponde asignar a cada uno de los titulares de las cuentas, en partes iguales, el 50% del saldo existente en la cuenta descubierta.
Que, en virtud de lo expuesto, se procede a confirmar parcialmente las determinaciones de oficio en el Impuesto a las ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales, período fiscal 2006, apeladas en autos, debiendo el Fisco Nacional proceder a reliquidar en función de lo resuelto en este considerando.
VIII. Que no habiéndose emitido agravios contra los intereses resarcitorios, corresponde su confirmación, debiendo ser reliquidados teniendo presente lo resuelto en el considerando precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
I. Confirmar parcialmente las determinaciones de oficio en el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2006. Costas en la medida de los respectivos vencimientos.
II. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
III. Se deja constancia de que la presente sentencia se encuentra suscripta por los miembros titulares de las Vocalías 4ta. y 5ta. Nominación en virtud de lo dispuesto en el art. 6, 10°párrafo, del R.T.F.N. Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44-APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el domicilio constituído y en la CUIT 20-24341306-1 (Dr. Germán Ruetti) y al Fisco Nacional en la CUIT 27-25581496-1 (Dra. Paula Daniela Cervantes). Hecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.02 10:41:30 ART Date: 2023.03.02 14:16:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.02 14:16:35 -03:00
Fin de la sentencia