Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que, a fs. 73/76, la actora interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76, inc. b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra las Resoluciones N° 114/2012 (DV MRRI) y N° 115/2012 (DV MRRI), ambas de fecha 30/08/2012, dictadas por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En virtud de la Resolución N° 114/2012 (DV MRRI), se determinó de oficio la obligación en el Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2009, por la suma de $29.519,23.- en concepto de capital y el monto de $22.592,05.- en concepto de intereses resarcitorios. Además, se le aplicó una multa de $88.557,69.-, equivalente a tres veces del impuesto supuestamente omitido, en los términos de los artículos 46 y 47 inciso a) de la ley de rito. En cuanto a la Resolución N° 115/2012 (DV MRRI), se determinó de oficio con relación al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 01/2009 a 05/2009 y 07/2009 a 11/2009, el monto de $39.765,62.- en concepto de capital y el monto de $37.192,56.- en concepto de intereses resarcitorios. Además, se le aplicó una multa de $119.296,86.- equivalente a tres veces del impuesto supuestamente omitido, en los términos de los artículos 46 y 47 inciso a) de la ley de rito.
En primer término, sostiene que la orden de intervención N° 584534 comprendía la fiscalización del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2009 e IVA 01/09 con la clara intención de verificar la compra del vehículo marca Ford. Sin embargo, manifiesta que con fecha 28/01/2009, la solicitud de libros IVA compras y ventas se extendió a todo el período 2009 con el objetivo de verificar Ganancias, pero resultó que con fecha 07/04/11 el inspector concluye con una propuesta de ajuste a los períodos fiscales 05/09, 07/9 a 11/09 del Impuesto al Valor Agregado, que no estaban bajo fiscalización, el que fue aceptado a los efectos de evitar mayores erogaciones de tiempo y dinero.
Esgrime que, la compra del automóvil marca Ford fue efectuada con fondos girados desde el exterior por su padre y que cuenta con la documentación de respaldo de la donación efectuada por su familiar junto con las firmas certificadas por escribano más el apostillado del Consulado Argentino en India.
Manifiesta que, la determinación de oficio fue recibida por el encargado del local que se encuentra ubicado en la vereda de enfrente de su domicilio fiscal y que, por este motivo, no pudo ejercer su derecho de defensa ni presentar su descargo. Destaca que el artículo 100 de la Ley N° 11.683, prevé con claridad los procedimientos a seguir para la notificación y, que, en el caso de autos, no se cumplió con lo allí dispuesto ya que se notificó en el domicilio fiscal de Larrea 292 y fue dejado a un tercero que se encontraba en el domicilio de Larrea 291/293. Detalla que, “...la metodología utilizada para calcular el ajuste no es coherente ni lógica ya que: (1) es contradictorio que se resten de las compras las facturas de compras de más de mil pesos ($1.000) conforme a la normativa vigente y se sumen todas las facturas de más de mil pesos no registradas por el mismo período (2) del método inductivo para la determinación de la utilidad a partir del costo tiene doble posibilidad de error ya que parte de un costo erróneamente estimado por lo dicho en el punto 1 y porque el método inductivo lleva implícito un error en la estimación reconocido por la propia metodología inductiva (3) los registros y declaraciones de ganancias del contribuyente no son tomadas como válidos en la liquidación del impuesto pero si al momento de utilizar el margen de actividad que surge de los mismos (4) como es de público conocimiento los márgenes de utilidades disminuyen a medida que aumenta la actividad (curva de producto / beneficio) por lo que no puede aplicarse los márgenes de ganancias de 2007 y 2008 a, las cifras estimadas por el Organismo para el año 2009 ya que supera el 300% por lo que el margen de utilidad se reduciría a menos del 10% ya que no se podría atender con solo empleado ni con 1 solo local ni con los mismos costos operativos (5) nadie en pleno uso de sus facultades puede pensar que una explotación comercial como la que aquí nos ocupa puede operar con cuatro rubros en su costo (alquiler, sueldo aportes y contribuciones, ingresos brutos), como puede omitirse gastos de agua, luz, teléfono, mantenimiento, limpieza, impuesto de sello, ABL, ninguno de estos conceptos fueron contemplados en el cálculo del resultado efectuado por la AFIP...”(sic).
Relata que en las resoluciones atacadas los ajustes no se efectuaron en forma directa y por conocimiento cierto de la materia imponible, por lo que advierte un vicio en el método empleado por el Organismo que acarrea la nulidad de la determinación efectuada por no encontrar sustento legal.
Finalmente, ofrece prueba documental, informativa y testimonial. Hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 87/100, el Fisco Nacional contesta el recurso de apelación interpuesto, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, quien en orden a las razones que expone solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora.
Señala que no existen causales de nulidad de las resoluciones dictadas y que son legítimas y regulares sin presentar vicios que las afecten.
Detalla que el hecho cierto en que se apoyan las determinaciones de oficio son las anomalías e inconsistencias detectadas del análisis de los elementos aportados en las registraciones efectuadas por la propia actora y de las constancias obtenidas de los proveedores y bases informáticas. En ese sentido, a través de dichas pruebas, afirma que se acreditó que las irregularidades encontradas encubren la maniobra llevada a cabo por la recurrente con el único fin de evadir el pago de los tributos. Afirma que dicha situación fue reconocida por la parte actora al rectificar sus declaraciones juradas.
Esgrime que, solo es presunto el cálculo de una parte de la materia imponible evadida conforme surge del artículo 18 de la ley ritual, pero no es presunto el hecho de que la actora no registró la totalidad de sus compras y por ende de sus ventas.
Por último, cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Acompaña los antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Hace reserva del caso federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que, a fs. 110, se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa. A fs. 111 y 115 se intimó a la recurrente a que, acredite el diligenciamiento de los oficios ordenados, bajo apercibimiento de tenerla por desistida respecto de la producción de dicha prueba. A fs. 117, frente a los incumplimientos de las intimaciones cursadas, se hicieron efectivos los apercibimientos oportunamente fijados.
A fs. 127 se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y a fs. 132 pasan las presentes actuaciones a sentencia.
IV. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Sentado ello, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
Conforme surge de las actuaciones administrativas (ver informe final de inspección fs. 485/494 de los antecedentes administrativos), mediante la OI N° 584.534 y su ampliación de fecha 09/08/11, se dispuso la fiscalización de la recurrente por los impuestos y periodos discutidos en los presentes autos.
El origen del caso fue generado al observarse la existencia de un automóvil marca Ford, (patente HVF539) adquirido en enero de 2009 por $70.650 que no fue declarado en el impuesto a las ganancias. El contribuyente procedió en forma voluntaria a rectificar la DDJJ del Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2008 incorporando la suma de $60.585,97 como ingresos recibidos por herencia, legado o donación. Asimismo, rectifica el periodo fiscal 2009 incorporando el vehículo por $70.650. Motivo por el cual, se dio por justificado el origen y la aplicación de los fondos.
Como resultado de la circularización de los proveedores, se detectaron inconsistencias tales como: 1) las facturas desconocidas por los proveedores Importadora Americana SRL y Tronos S.A., 2) la factura de compra de Colorpen S.A. registrada por un monto superior, 3) incorrecto cómputo de las notas de crédito N° 0001-00006609 y N° 0001-00008878 de Niani S.A.
El contribuyente reconoció parcialmente estas inconsistencias y procedió a rectificar sus declaraciones juradas en el IVA, como así también las facturas no registradas en el libro de IVA compras por los periodos fiscales 05/2009 a 11/2009.
Asimismo, el Fisco Nacional procedió a realizar los ajustes por ventas omitidas a partir de la información brindada por terceros como resultado de las circularizaciones y teniendo en cuenta la documentación ofrecida por la parte actora (libro de sueldos y recibo de haberes, contrato de locación, comprobantes de pagos de ingresos brutos), por aplicación del primer párrafo y el último del art. 18 de la ley de rito. El monto de ventas omitido surgió de aplicar el promedio de los márgenes de utilidad bruta declarados por la recurrente en los ejercicios fiscales 2007 y 2008 del impuesto a las ganancias sobre la suma de las compras declaradas con más las informadas por los terceros que no han sido consideradas por la parte actora.
A partir de ello se realizaron determinaciones de oficio en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias que se discuten en estos autos.
V. Que, corresponde a este Tribunal analizar la cuestión traída a decisión, a los efectos de otorgar un adecuado tratamiento a los distintos agravios formulados por la recurrente contra los actos apelados y el accionar fiscal. En primer lugar, corresponde tratar la nulidad planteada por el recurrente respecto de la validez la notificación de las resoluciones apeladas.
Tal como se señaló, la actora invoca la falta de cumplimiento del artículo 100 de la ley de rito, en virtud de que supuestamente, la determinación de oficio fue recibida por el encargado de un local ubicado en la vereda de enfrente y no en su domicilio fiscal declarado, motivo por el cual no tuvo la oportunidad de realizar descargo ni ejercer su derecho a defensa.
En efecto, de las cédulas de notificación cuestionadas se desprende que éstas han sido digilenciadas en la forma establecida en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al que remite el inc. e) del artículo 100 de la ley 11.683, cumpliendo los recaudos necesarios para que dicho instrumento goce de plena fe. Ello así, observándose que en el caso la actora no plantea vicio de la notificación en sí misma, sino que niega su recepción y no habiendo redargüido de falsedad la constancia del Oficial Notificador en torno a las circunstancias en que se ha llevado a cabo la notificación de la cédula obrante a fs. 533/533vta. del cuerpo principal III de los antecedentes administrativos, queda sin sustento la alegación de la recurrente de no haber recibido las mismas, ya que no se advierte vicio alguno que pueda tomar procedente la nulidad de las notificaciones consideradas deficientes por la recurrente.
En ese orden de ideas, los doctrinarios Fassi y Yañez sostienen que “en cuanto constituyan un hecho que dicho funcionario denuncia como cumplido por él mismo o que ha pasado su presencia, hace plena fe acerca de la circunstancia de haber tenido lugar, y sólo podría desvirtuarse por la respectiva de redarguación de falsedad, las afirmaciones del oficial notificador vertidas en la diligencia de notificación no pueden ser desvirtuadas por la sola afirmación en contrario de su destinatario, máxime cuando los actos ejecutados por aquél gozan de presunción de regularidad.” (C.P.C.C.N. Comentado, anotado y concordado, Ed. Astrea, 3era. Edición Actualizada y Ampliada, pág. 706)
Asimismo, cabe aclarar que de los antecedentes administrativos se encuentran agregadas las cédulas de notificación de las determinaciones de oficio en el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en la calle Larrea 292 (vide fs. 533/533vta. del cuerpo principal III de los antecedentes administrativos).
En este sentido, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En efecto, no se observan agravios específicos relativos a supuestos defectos o vicios de la resolución apelada, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos, por lo que este Tribunal no observa que se haya violentado el derecho de defensa de la actora.
Sentado el carácter restrictivo para la procedencia de las nulidades, cabe precisar que respecto a lo estrictamente formal, las resoluciones discutidas, en cuanto al acto administrativo en sí, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía S.A.”, 21/2/13).
VI. Que, en cuanto a los agravios referidos al método de estimación de la obligación tributaria, cabe señalar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente... deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007).
Es sabido que, en materia de determinaciones de oficio, la ley fija un orden de prelación cronológico: sólo cuando el Fisco no disponga de elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión de la materia imponible (ausencia de elementos, insuficiencia de éstos o descalificación fundada de los existentes) se encontrará facultado para recurrir al método indiciario de determinación. En otros términos, la Administración Fiscal debe primero agotar los medios que permitan reconstruir la materia imponible de modo directo (o "sobre base cierta") y, sólo en los supuestos más arriba indicados, recurrir a aquel modo excepcional de determinación.
Ciertamente la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto (ver entre otros: "Dadea, Marta Elisa" - T.F.N. - Sala "B" – 22/12/83, "Antonio Gonzalez y Otros Mansión Almar" - T.F.N. - Sala "D" – 16/8/89, "Beraja, Alberto David y Dwek, José Roberto" - T.F.N.- Sala "A" – 25/2/98).
En el caso particular, no resultan acertadas las consideraciones que efectúa la actora en este sentido. En efecto, no basta con invocar la falta de razonabilidad a través de la mera transcripción de citas doctrinarias y jurisprudenciales. El Fisco Nacional, una vez verificada la situación fáctica -facturas no incluidas en el libro IVA compras-, procedió a determinar la materia imponible –las ventas omitidas- en forma presunta conforme las previsiones de la norma legal pertinente, resultando por ello adecuado el método utilizado.
En este caso, las ventas omitidas incluidas en las determinaciones de oficio practicadas por el organismo fiscal se fundan en las presunciones previstas en el primer y el último párrafo del artículo 18 de la Ley 11.683. En la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y por la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996). Por ende, la causa se refiere a una verdadera cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo debiendo aportar prueba concreta y fehaciente.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Sobre el particular cabe tener en cuenta que la actora en sede administrativa no formuló descargo ni presentó u ofreció prueba, como así tampoco contestó la vista y en instancia de este Tribunal, tampoco impulsó la prueba propuesta.
Por lo tanto, corresponde concluir que los agravios de la recurrente, al no ser sustentados por actividad probatoria conducente, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional relativos al ajuste efectuado en los actos apelados, razón por la cual, sólo cabe disponer su confirmación. Ello así, corresponde confirmar las determinaciones de oficio apeladas, con costas.
VII. Que, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que, corresponde analizar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Tal como surge de los relatos, en el caso de autos se le aplicó a la recurrente sendas multas con sustento en el artículo 46 y sobre la base de las presunciones contenidas en el artículo 47, inciso a) de la ley de rito.
Ello así, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento, se exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado”.
En este punto, visto la maniobra utilizada por la actora con el fin de ingresar menos impuestos, es que se puede considerar que la actora utilizó un ardid o engaño para llevar a cabo una disminución en el impuesto declarado. Más allá de todas las conjeturas y explicaciones volcadas por la recurrente, lo cierto es que no ha podido aportar detalles y evidencias fehacientes que acrediten sus dichos ni que permitan desvirtuar la presunción contemplada en el artículo 47 de la ley de rito y que fue utilizada por el Fisco Nacional.
Por lo expuesto ut supra, se concluye que la sanción efectuada por el organismo fiscal ha sido adecuadamente ponderada, toda vez que se acreditó no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
En este sentido, la actora no acompañó ningún tipo de elemento probatorio fehaciente que permita acceder al convencimiento de que ha procedido conforme a derecho, sino que por el contrario, las irregularidades destacadas pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la realidad de los hechos. Por lo expuesto, ante la ausencia de soporte probatorio suficiente como para rebatir la postura fiscal, tanto en sede administrativa como ante este Tribunal, y en atención a las circunstancias expuestas, corresponde confirmar la sanción aplicada.
En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarlas en tres veces el impuesto omitido; por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal previsto en el artículo 46 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2023.09.07 09:33:55 ART Date: 2023.09.07 12:08:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.07 13:42:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 13:42:27 -03:00
Fin de la sentencia