Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 133/11 por la que se determinó de oficio la obligación fiscal de la contribuyente con relación al Impuesto a las Ganancias respecto de los períodos fiscales 2004 a 2007 y los intereses resarcitorios reclamados. Con costas.
2Confirmar la resolución N° 134/11 por la que se determinó de oficio la obligación fiscal de la contribuyente con relación al IVA respecto de los períodos fiscales 12/2004 a 04/2005; 06/2005; 08/2005 a 09/2006 y 05/2007 y los intereses resarcitorios liquidados. Con costas.
3Reencuadrar las multas impuestas al apelante en las Resoluciones N° 133/11 y 134/11 en el tipo culposo del art. 45 de la ley de rito, en el mínimo legal, costas por su orden (art. 184 Ley 11.683).
I. Que a fs. 14/75 vta. y 136/177 la parte actora interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones N° 133/11 y N° 134/11 dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, siendo ambas de fecha 15 de noviembre 2011. Por la nombrada en primer término, se determinó de oficio la obligación fiscal de la contribuyente con relación al Impuesto a las Ganancias respecto de los períodos fiscales 2004 a 2007, con más intereses resarcitorios al 10/11/11 y multa en los términos del art. 46 de la ley 11.683 equivalente a 3 veces el monto del tributo evadido. Por la segunda, se determinó de oficio la obligación fiscal de la contribuyente con relación al IVA respecto de los períodos fiscales 12/2004 a 04/2005; 06/2005; 08/2005 a 09/2006 y 05/2007, con más intereses resarcitorios al 10/11/11 y multa en los términos del art. 46 de la ley 11.683 equivalente a 3 veces el monto del tributo evadido. La recurrente manifiesta que las mismas le causan gravamen irreparable atento la improcedencia de la determinación de oficio y su nulidad procesal.
Explica que no tiene obligación de presentar declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y de IVA atento a que la Resolución N° 19/11 (DV ORR1) por la que se la excluyera de pleno derecho del Régimen simplificado se encuentra en plena discusión judicial en los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal y, por tanto, toda determinación de oficio debe ser ejercitada cuando quede firme la exclusión efectivizada por la AFIP.
Solicita declarar la nulidad procesal de la determinación de oficio ya que, si resultara el recurso judicial a favor de la actora, la misma devendría abstracta por no tener ésta que presentar las declaraciones juradas y, de igual modo si le resultara desfavorable, la actora presentará las correspondientes declaraciones juradas por lo que la misma también devendrá abstracta.
En subsidio opone excepción de litispendencia, señalando que la notificación de la demanda hace nacer el estado de litispendencia siendo suficiente que exista otro proceso idéntico o análogo al promovido para que se pueda oponer la misma, siendo este el caso que tratamos.
Se expresa asimismo sobre la existencia de “afinidad procesal” dado que existe una proyección necesaria de efectos de un pronunciamiento sobre otro.
Manifiesta que con fecha 4 de febrero de 2010 se le notifica la orden de intervención N° 464.135 por la que a partir de esa fecha se efectuará la inspección del contribuyente monotributista y que, en consecuencia al 30/11/2004 no se puede constatar que no le correspondía estar inscripta en el Régimen Simplificado.
Expone que la Administración procedió a realizar las liquidaciones respectivas y con fecha 20 de mayo de 2011 se dictó la Resolución 19/2011 (DV ORRI) por la que se lo excluyó del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 30/11/2004, siendo que el 6 de junio de 2011 se interpone Recurso de Apelación del art. 74 del Dec. 1397/1979 Agrega que el 6 de julio del mismo año se dicta la Resolución N° 152/2011 no haciendo lugar al Recurso interpuesto, presentando luego el Recurso pertinente ante los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de conformidad con el art 2 inc. 5 y 6 de la ley 48.
Acentúa que sin estar perfeccionada la exclusión del Régimen, la AFIP le concede vista previa e instruye el sumario según Resolución N° 102/2011 de fecha 18 de agosto 2011 Añade que con fecha 17 de noviembre 2011 por formulario AFIP F 8400L se le notifica el dictado de la Resolución N° 133/2011 Expresa que la verificación se realizó sobre base cierta, es decir sobre documentación puesta a disposición por ella misma verificando la Administración que con fecha 30/11/2004 superó el límite máximo para encontrarse categorizada en el Régimen Simplificado, configurándose la causal del art. 21 inc. a) de la Ley 24.977 Hace hincapié en que debe ser aplicado el principio de la realidad económica cuando el hecho imponible jurídico no se condiga con el hecho imponible real como es el caso.
Explica que a comienzos del año fiscal 2004 trabajaba de manera independiente como productora de seguros matriculada dedicada a la comercialización de la “Renta Vitalicia previsional”. Por tratarse de un contrato de seguros esta tarea se efectuaba por medio de un productor de seguros matriculado. Los brókeres congregaban a varios productores y negociaban con las compañías aseguradoras las comisiones a pagar por el cierre de las operaciones las cuales oscilaban entre el 2% y el 9% del saldo de la cuenta de capitalización individual, el cual luego se transfería a la aseguradora de manera definitiva.
Añade que esta operatoria se vio afectada con la intervención de personas no matriculadas que ofrecían a los clientes parte de la comisión para cerrar los tratos, hecho que las aseguradoras conocían. Por otra parte, los matriculados se vieron obligados -debido a la competencia desleal- a levantar ofertas de dinero a cambio de cerrar negocios.
Completa su explicación mencionando que los brókeres se vieron tentados de levantar más comisiones libres de impuestos y convocaban a más gente a vender; es así que las aseguradoras les mejoraran las comisiones La situación descripta provocó que los matriculados que no tenían acceso al mercado asegurador entregasen facturas por mayores valores al verdaderamente cobrado arguyendo que se mejoraría la facturación global y por tanto los porcentajes de las comisiones. Este proceso la obligó a entregar facturas en blanco y por ello las mismas no están redactadas de su puño y letra. Prueba de ello es el formulario Selección de Modalidad N° 110.016 que se encuentra en poder de las aseguradoras, siendo quien firmó dicha selección quien cobro la comisión.
Agrega que la Administración cuenta con la verificación por parte de algunas Compañías de Seguros y alguna identifica las personas que compartían comisiones, pero con la información recabada nada hizo, siendo que es ella quien cuenta con mayores medios y con la mayor base de datos informáticos del país.
Por lo expuesto, se agravia respecto a lo que la AFIP expresa en la Resolución Recurrida en cuanto manifiesta que “no ha podido comprobar sus dichos, en un intento de desvirtuar las cifras que surgen de su propia facturación de servicios.“ afirmando que las resoluciones referidas no han sido motivadas en actos administrativos ciertos y que las liquidaciones de posiciones mensuales del Monotributo solo gozan de legalidad, certeza, legitimidad verosimilitud y veracidad hasta que el acto administrativo efectivice las impugnaciones basadas en la realidad económica y jurídica. Por tanto, el procedimiento determinativo comunicado es insanablemente nulo y de nulidad absoluta, ya que no se han tenido en cuenta elementos sustanciales que hacen a la defensa de sus derechos adjetivos, agregando que ello amerita que se repute a las Resoluciones de arbitrarias.
Se agravia de habérsele impedido el derecho de ofrecer prueba respecto de la verdadera naturaleza jurídica y económica de los hechos y el de ser oído sobre el particular.
Se agravia asimismo de la falta de argumentación y fundamentación en las Resoluciones invocadas y por ello de la arbitrariedad de la sentencia administrativa. Afirma que al rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 152/00 se violó su derecho de ser oído y el de legítima defensa solicitando la nulidad de lo actuado. Plantea el recurrente una desviación de poder del acto administrativo toda vez que no ha motivado adecuadamente el porqué de la denegatoria y en tanto limita o impide la posibilidad de prueba en contrario Denuncia la nulidad de las resoluciones, del sumario y las resoluciones recurridas por falta de causa de acuerdo a lo establecido en la Ley de procedimiento administrativo, por no tener en cuenta la realidad económica y jurídica de la contribuyente.
Manifiesta que habilita la suspensión de los efectos del acto, el hecho que puedan causarse perjuicios graves al interesado. Manifiesta que no hay que confundir la presunción de legalidad con presunción de certeza ya que si la Administración no aporta elementos probatorios no puede desvirtuarse la presunción de inocencia consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Hace referencia a la carga probatoria dinámica, por la cual le compete ella a la parte que se encuentra en mejores condiciones de producirla, ello en busca de una solución justa. Es necesario a tal fin que el juez se expida sobre la cuestión en forma previa al dictado de la sentencia. y atendiendo a las particularidades del proceso. Si bien es cierto que las disposiciones del CPCC se aplican en forma supletoria al procedimiento administrativo tributario, no lo es menos que prima en ambos el principio de la verdad material. El funcionario actuante tiene las facultades suficientes para despejar la incertidumbre y tiene la obligación de hacerlo en virtud el principio de la verdad material.
Rechaza las imputaciones que hace la Administración para excluirla del Régimen Simplificado por demostrar que la estructura de razonamiento adolece de errores graves sobre la realidad económica que la hacen inapropiada para ser aplicables al caso.
Asegura que la Resolución recurrida resulta arbitraria por haberse prescindido sin razones valederas de diversos medios de prueba y por fundarse en meras afirmaciones dogmáticas de los inspectores carentes de sustento probatorio, por lo que devienen nulas las resoluciones impugnadas.
En virtud de lo dicho impugna las Resoluciones N° 133 y 134 /2011 en cuanto al cálculo de capital adeudado por Impuesto a las Ganancias e IVA respectivamente para los periodos fiscales 2004 a 2007 y 12/2004 a 04/2005; 06/2005; 08/2005 a 09/2006 y 05/2007; las imposiciones de intereses resarcitorios y la aplicación de las multas establecidas en el art 46 de la ley 11.683.
Manifiesta que dadas las características de autos la aplicación de una sanción seria arbitraria desconociendo la conducta de esa parte y persiguiendo una sanción por la sanción misma o por la formalidad objetiva de la misma. Que no se configura una conducta dolosa ya que la propia responsable le ha elevado y entregado libre y voluntariamente al Fisco todos los elementos para que induzca vía presunciones la existencia de deuda. Que no solo no se acreditó la conducta omisiva del gravamen sino tampoco el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Expresa que aún no está obligada a la presentación de declaraciones juradas puesto que no es definitiva la exclusión del Monotributo por lo tanto no se configura el tipo y por tanto no son aplicables los arts. 45 y 46 Respecto de la multa impuesta basada en el art. 46 de la ley 11.683 expresa que no surge de la prueba obrante el elemento dolo de imprescindible existencia para la configuración del ilícito, siendo que la carga de la prueba no ha sido configurada por la Administración Agrega que hay error excusable si la conducta del infractor proviene de la aplicación de normas fiscales de difícil interpretación.
Ofrece prueba, cita jurisprudencia hace reserva del caso federal.
II. A fs. 105/119 y fs. 199/213 el Fisco contesta los Recursos planteados negando todos los hechos y el derecho que alega la contribuyente, solicitando su rechazo con costas.
Manifiesta que la actora no ha probado sus dichos respecto a que constituyen ingresos de terceras personas, dejando de ingresar el gravamen pertinente.
Que la fiscalización procedió a practicar las liquidaciones respectivas resultando un saldo a favor del fisco lo que motivo la Resolución N° 19/11 declarando la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado.
Expresa que la actora interpuso recurso de apelación por el art. 74 del Dec. 1397/79 al cual no se le hizo lugar, resolviendose mediante la Resolución 152/11.
Menciona que, vencido el plazo para presentar descargo, no conformó las liquidaciones administrativas y no presentó escrito de descargo.
Esgrime que la nulidad planteada no es válida atento que no especifica las defensas que se vio privada de oponer ya que no ha demostrado la indefensión que le habría sido ocasionada. Y el acto administrativo no se encuentra viciado por lo que no se sustenta la supuesta nulidad a pesar de que la actora pretende fundarla en la falta de motivación del acto. Niega que la actora se encuentre en estado de indefensión o que se haya desconocido su derecho de defensa máxime teniendo en cuenta que no presentó descargo de la vista ni ofreció prueba que hiciera a su derecho.
Respecto de la multa impuesta entiende que encuadra en las prescripciones del art. 47 inc. c) por tanto la recurrente ha presentado declaraciones juradas engañosas, por un monto considerablemente inferior al que le correspondía tributar. Que la actora siempre contó con los elementos necesarios para realizar las declaraciones juradas en debida forma, no obstante, optó por incurrir en ocultación maliciosa solicitando se confirme el acto apelado con costas.
III. A fs. 216 se eleva el Expte 35645-I a la Sala B a fin de considerar la acumulación de causas, lo cual se resuelve favorablemente a fs. 223 con fecha 15 de marzo 2013 A fs. 234 se ordena a la actora cumplimentar una serie de recaudos respecto de la prueba ofrecida en autos, lo cual no es cumplimentado.
A fs. 241 se abre la causa a prueba no haciéndose lugar al apartado V) en sus puntos a,b,c,d,e,f y g de la prueba informativa ofrecida por la actora.; se hace lugar a los puntos d; h y k de la pericial contable y no admitiéndosela respecto de los puntos e;g;i y j apartado V3. No se hizo lugar a la prueba testimonial ni a la caligráfica. Se deja constancia de que varios de los puntos a los que no se hizo lugar, lo fue en virtud de no haber la actora cumplimentado lo requerido por el Tribunal.
A fs. 250 se da por decaído el derecho a la producción de la prueba pericial contable ofrecida por la actora Que a fs. 257 se clausuró el período probatorio. A fs. 258 el Fisco Nacional informa que de las consultas realizadas, las obligaciones determinadas no se encuentran regularizadas en ningún plan de pagos, como tampoco canceladas. A fs. 261 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs. 263 se ponen los autos a sentencia.
IV.- 1 Que, en primer lugar y por una cuestión de lógica precedencia, corresponde tratar el planteo de litispendencia articulado por la parte actora. Al respecto, la apelante señala que, que se ha recurrido ante los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo la Resolución N° 152/11 dictada.
Que si bien respecto de la Resolución N° 19/11 se presentó Recurso de apelación con fecha 06/06/2011, no se hizo lugar a la misma mediante Resolución N° 152/11 (DI ROES) del 06/07/2011 emitida por la Dirección Regional Oeste. Dicha Resolución fue recurrida ante los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, surgiendo a la fecha que de la consulta a la página del poder Judicial https://www.pjn.gov.ar/gestion-judicial que la causa “HENSEL, NÉLIDA LUCÍA C/EN- AFIP –DGI-RESOL 152/11 (PERIODO FISCAL 2004/2007” se encuentra archivada desde el año 2016.
Por ello y siendo que no existe causa comparable a considerar, no procede a tales efectos el análisis de la litispendencia planteada.
No obstante, y a mayor abundamiento, no se vislumbra ningún componente que amerite su examen desde la óptica procedimental de la litispendencia.
En el presente caso no se evidencia la triple identidad que la misma requiere -en tanto el objeto de la pretensión se diferencia en ambos procesos- toda vez que el objeto se encuentra ligado a la determinación del impuesto y en el expediente recurrido ante los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, se tiene como objeto la exclusión del Monotributo, circunstancia que da cuenta de la notoria diferencia de objeto entre los procesos indicados. Que es evidente que, a la luz de las normas procedimentales aplicables al caso, se trata de procesos distintos, faltando la concurrencia de identidad de objeto.
En virtud de lo expuesto, no se verifica litispendencia para la resolución de las presentes actuaciones. IV-2.- Que en segundo término y respecto de la nulidad planteada, la cual se basa en que las Resoluciones apeladas no tienen en cuenta la realidad económica de la actora y no se han tenido en cuenta elementos sustanciales que hacen a la defensa de sus derechos adjetivos, resultando las mismas arbitrarias, debemos recordar lo sostenido por esta Sala –con otra integración- in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004): “debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable” Que, la mera discrepancia con la decisión del Fisco, en cuanto a la interpretación de los hechos ocurridos y la aplicabilidad de la ley, no resulta un fundamento válido para determinar la nulidad del acto.
IV-3.- Que respecto de los agravios planteados en relación a la arbitrariedad de la decisión administrativa basados en su supuesta falta de argumentos y fundamentación, cabe señalar que, respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo, por lo que corresponde rechazar los agravios de la recurrente en este aspecto.
IV-4.- Que respecto del agravio relativo a que la referida base cierta esgrimida por la administración no se condice con la realidad jurídica y económica de los hechos, debe aclararse que la determinación de oficio se ha realizado sobre base cierta en virtud de los propios dichos de la actora en cuanto a que fue ella misma quien puso a disposición la documentación sobre la que versó la fiscalización, más allá de las alegaciones que la actora no pudo probar. Por lo tanto, al no determinarse la deuda sobre base presunta, es que deviene en improcedente para el caso de marras el análisis en que se explaya la actora, por lo que corresponde rechazar los agravios de la recurrente en este sentido.
IV-5.- En cuanto al agravio referido a que los agentes fiscalizadores realizaron cálculos erróneos de impuestos adeudados, cabe consignar que la parte actora no formuló ninguna impugnación basada en cálculos aritméticos, sino que sólo expresó que dichos importes no eran en su totalidad propios y, ello no se encuentra acreditado, por lo que corresponde rechazar los agravios de la recurrente al respecto.
Por otra parte, no se advierte la violación al debido proceso adjetivo argüida por la recurrente, toda vez que el Organismo Fiscal ha desplegado el procedimiento de determinación de oficio de conformidad con la legislación vigente, siendo plenamente válida la determinación.
IV-6.- En lo atinente al agravio de habérsele impedido el derecho de ofrecer prueba respecto de la verdadera naturaleza jurídica y económica de los hechos y el de ser oído, cabe poner énfasis en que a la contribuyente se le confirió vista de las actuaciones administrativas y que, frente a la misma, no presentó descargo alguno ni ofreció pruebas que hagan a la defensa de su derecho, por lo que corresponde rechazar el presente agravio IV-7.- Que corresponde señalar que, si bien los planteos hasta aquí analizados han merecido un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fueron articulados por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “... al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que en lo referente al fondo de la cuestión traída ante este Tribunal, cabe señalar que conforme se desprende de las actuaciones administrativas, el 20 de mayo de 2011 la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste emitió la resolución N° 019 por la cual se le comunicaba a la recurrente su exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 30/11/2004, a partir de la cual se le daba de alta en el Régimen general de impuestos y de los Recursos de la Seguridad social.
Que de la Auditoria oportunamente realizada por la Administración surge que, de las facturas aportadas por la actora, los montos totales facturados ascienden a $ 103.048,92 en el año 2004; 198.564,28 en el año 2005; 242.174,70 en el año 2006 y $ 6.454,91 en el año 2007. A ello la actora manifestó que el talonario era usado por terceras personas dado el funcionamiento típico de esta actividad de producción de seguros en cuanto al producto “renta vitalicia previsional” en esos periodos., agregando un listado de los productores que a su decir intervenían.
Que la administración circularizó a las entidades y a las personas indicadas por la actora, no obteniendo respuesta de su parte que pudiere comprobar sus dichos, conforme surge de la compulsa de las actuaciones administrativas y del Informe final de inspección obrante a fs. 308/314. Aún más, de varias respuestas de las entidades oficiadas surge que, si bien se compartían comisiones, lo facturado por la actora solo a ella le incumbía (Fs. 125, 133/135, 140/209, 210/218, 226/235 cuerpo de actuaciones administrativas I y II).
Que, así las cosas, de los montos determinados en concepto de deuda con el fisco, se le corrió vista a la contribuyente, la cual no presentó descargo alguno ni ofreció pruebas que hagan a la defensa de su derecho.
Que, en cuanto a la producción de la prueba es dable entender que -con arreglo a la norma del art. 33 4to. Párrafo de la ley 11.683-- pesaba sobre la actora la obligación de contar con los comprobantes que avalan sus operaciones, ello con anterioridad a la presentación de los mismos en las Actuaciones Administrativas y por ello no corresponde poner la carga de la prueba sobre el Organismo una vez iniciada la fiscalización.
No obstante ello, al hablar de carga probatoria dinámica debemos tener en cuenta que, si bien pudiere proceder su aplicación, lo cierto es que dicho desplazamiento de la carga de la prueba debe ser justificado por la actora -lo cual no ocurre- y solo realiza meras afirmaciones tendientes a desligarse de su producción.
Que, cuanto a que el Órgano Fiscalizador goza de mayores posibilidades para gestionar la prueba de la actora, surge claramente de la norma del art 33 de la Ley 11.683 la obligatoriedad del contribuyente de llevar registraciones con los comprobantes que las respalden y que permitan establecer clara y fehacientemente los gravámenes que deban tributar y que, a falta de registración fehaciente con los comprobantes respaldatorios habrá de nacer la presunción de que la determinación de los gravámenes efectuada por la ADMINISTRACION FEDERAL de Ingresos Públicos es correcta Si bien debe arraigarse la obligación de cada parte de proporcionar los elementos de prueba que se hallen en su poder o que esté en condiciones de producir, no debemos dejar de lado el principio general que impone la prueba del hecho a aquel que afirma su existencia para fundar en él un derecho.
Si bien el Organismo Fiscalizador debe ejercer el deber de colaboración con el fin de llegar a la verdad objetiva, es el contribuyente quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar la verdad de sus dichos por distintos medios de prueba No menos cierto es también que el Organismo Fiscalizador extendió sus facultades probatorias citando a los “falsos productores” mencionados por la actora de cuya citación no surgió el resultado esperado por la misma, atento la falta de respuesta.
No obstante lo mencionado, cabe tener en cuenta que de la prueba cuya producción fue admitida a fs. 241, informativa pto. h) referente a la orden de intervención N° 464.135, obra agregada a fs. 2 de los Antecedentes administrativos y de la restante prueba a producir por la actora (pericial contable ptos. d; h y k), se le dio por decaído el derecho a fs. 250. Que no habiendo la actora obrado en su propio interés llevando adelante las pruebas que le incumben, no es viable que - más allá de las teorías sobre la prueba que pudieran caber- se le requiera al Organismo fiscalizador mayor diligencia en la producción de las mismas que al propio interesado.
Cabe recordar que, como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina-, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Que, por otra parte, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla que establece que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos Que por tanto y ante la falta de acción de la interesada en la producción de su propia prueba en diferentes instancias del proceso, siendo que de ello derivara la falta de probanza de sus dichos, se rechaza el planteo articulado por la parte actora.
VI. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido la contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Para la constitución en mora es menester que se verifique la coexistencia de los elementos formal y subjetivo, quedando en cabeza del contribuyente o responsable la carga de la demostración de la inimputabilidad. El elemento formal está configurado por el mero acaecimiento del plazo (mora automática) en tanto que el elemento subjetivo se refiere a la imputabilidad del deudor. La ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tributario sobre el origen de la mora del deudor, conduce a recurrir a los preceptos del derecho privado, por aplicación supletoria de dichas normas conforme lo autoriza el artículo 1° de la ley de rito, ya que no discrepan con la letra de la normativa fiscal ni resultan inadecuadas para la solución de los problemas impositivos. Sobre el particular, el art. 888 del Código Civil y Comercial dispone que para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que la misma no le es imputable (siendo ejemplos la existencia de caso fortuito, fuerza mayor o culpa del acreedor).
Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias Que, la CSJN ha revisado la doctrina de Fallos 304:203 en donde se expuso que la exención “queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria” y que “Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
La consideración de este elemento posibilita la exoneración del deudor cuando pruebe que la mora no le es imputable, circunstancia que no se verifica en autos, por lo que corresponde confirmar la liquidación de intereses resarcitorios.
VII. Que, entrando al análisis del aspecto sancionatorio por los ajustes que resultan confirmados en autos, cabe señalar que se imputa a la recurrente la infracción prevista en el artículo 46, con apoyo en la presunción de dolo del art.47 inc. c) de la Ley 11.683.
Que el sustento esgrimido por el Juez Administrativo para la aplicación del art. 46 y al encuadre de la conducta de la contribuyente como “evasión dolosa”, se basa en que la misma ha omitido intencionalmente presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los periodos fiscales 2004 a 2007 haciendo mérito del art. 47 inc. c), no agregando a estos dichos ningún otro fundamento.
Así, se advierte que los argumentos reseñados en la resolución administrativa sancionatoria en modo alguno son suficientes para tener por encuadrada la conducta del contribuyente en el artículo 46 de la ley. Por ende, al no quedar demostrado debidamente que la conducta del actor encuadra en los presupuestos de hecho descriptos en la norma invocada, no es posible presumir su dolo, con lo cual la inversión de la carga de la prueba no llegó a operar. Deviene oportuno insistir en que resultaría consecuente con la estructuración del sistema represivo de la ley 11.683 que la subsunción en la figura de la defraudación quedase reservada exclusivamente para las conductas que claramente traduzcan o denoten una mayor peligrosidad y sofisticación en los medios comisivos del ilícito, situación que puede diferenciarse sin mayores inconvenientes de la simple omisión tipificada en el art. 45. En tal sentido, la idoneidad del ardid o de la maniobra que despliega el sujeto activo con el deliberado objeto de ocultar su incursión en la hipótesis de incidencia o la existencia de una concreta capacidad contributiva e inducir al Fisco a error respecto de ello, no podría dejar de ser considerado un elemento indispensable en la configuración del tipo infraccional defraudatorio que nos ocupa aquí, pues ignorar o minimizar la relevancia de ese dato central de la realidad no conduce más que a una indebida asimilación de esta figura con la de la omisión del artículo 45.
Que en el mismo sentido se ha expresado esta Sala “B” –con otra integración- respecto a la idoneidad del ardid como requisito del tipo defraudatorio in re “Bacaloni, Guillermo E.” de fecha 18/11/2005, en cuanto se dijo que las circunstancias debatidas en aquella oportunidad y la falta de explicaciones convincentes de las razones de la aplicación de las presunciones del art. 47 de la ley ritual, “aventan toda posibilidad de adjudicar a la conducta de la actora, aptitud para configurar una maniobra o ardid con capacidad para engañar, atento la presencia de la inspección en todo el proceso”.
Sentado lo que antecede y descartada la aplicación de la infracción del artículo 46 de la ley 11.683 al caso de autos, corresponde analizar si resulta posible reencuadrar la conducta del contribuyente en la infracción prevista en el artículo 45 de dicha ley. En efecto y tal como afirma el recurrente, la mera comprobación de la circunstancia objetiva de haberse ingresado un impuesto menor al debido no puede llevar directamente a la conclusión de que se ha incurrido en uno de los ilícitos materiales previstos en la ley procedimental y, mucho menos aún, de que se hubiera reconocido la imputación infraccional efectuada por el Organismo. No obstante ello, efectivamente ha existido impuesto omitido, más no así situación comprobada que permita tener por configurado un error excusable, razón por la cual corresponde reencuadrar la multa impuesta al apelante en el tipo culposo del art. 45 de la ley de rito y, en atención a la inexistencia de antecedentes sumariales por parte del contribuyente y la ausencia de una justificación concreta y explícita por parte del Juez Administrativo, se estima prudente fijarla en el mínimo legal.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1).- Confirmar la Resolución N° 133/11 por la que se determinó de oficio la obligación fiscal de la contribuyente con relación al Impuesto a las Ganancias respecto de los períodos fiscales 2004 a 2007 y los intereses resarcitorios reclamados. Con costas.
2).- Confirmar la resolución N° 134/11 por la que se determinó de oficio la obligación fiscal de la contribuyente con relación al IVA respecto de los períodos fiscales 12/2004 a 04/2005; 06/2005; 08/2005 a 09/2006 y 05/2007 y los intereses resarcitorios liquidados. Con costas.
3).- Reencuadrar las multas impuestas al apelante en las Resoluciones N° 133/11 y 134/11 en el tipo culposo del art. 45 de la ley de rito, en el mínimo legal, costas por su orden (art. 184 Ley 11.683).
Registrese, notifíquese, a los domicilios electronicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el domicilio constituído y al Fisco Nacional en la CUIT 23- 17688142-9 (Dr. Pablo A. Clavarino) y CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procedase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel, devuelvanse los antecedentes administrativos y, archívese.
Date: 2023.02.03 20:08:34 ART Date: 2023.02.06 14:43:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.06 15:59:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.06 16:00:30 -03:00
Fin de la sentencia