Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 36.871-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar en todas sus partes, las resoluciones dictadas en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado; con excepción del ajuste referido a las operaciones exentas que contempla la resolución N°166/2012, el cual debe ser revocado. Costas según los respectivos vencimientos.
2Ordenar a la AFIP-DGI para que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al Organismo Fiscal.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-15577504-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 10 de Febrero de 2023 MIGUEL MARTIN S/ Recurso de apelación” VOCXII En la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EXPTE N° 36.871-I y sus acumulados N° 36.872-I, 36.873-I y 41.275-I “POLI MIGUEL MARTIN S/ Recurso de apelación”
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 48/56, 145/154, 241/248 y 411/418 el Sr. Poli Miguel Martín interpone recursos de apelación contra las resoluciones Nº 166/2012, 167/2012, 168/2012 y 186/2014, dictadas las tres primeras el 14 de septiembre de 2012 y la última el 12 de septiembre de 2014 por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Mercedes de la D.G.I- A.F.I.P, mediante las cuales se:
a) Determinó de oficio en conjunto con los intereses resarcitorios el Impuesto al Valor Agregado para los períodos fiscales enero 2007 a abril 2009, señalando que el ajuste por el total de los períodos afectados implica: mayores débitos fiscales; impugnación y anulación de imputaciones de créditos fiscales y ajuste anual por las operaciones exentas, lo que permitió obtener nuevos saldos técnicos y de libre disponibilidad a favor de la contribuyente inferiores a los originales. (Resolución 166/2012).
b) Estableció junto con los accesorios, la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2007 y 2008; arrojando para este último período un menor saldo de libre disponibilidad a favor de la actora. Asimismo, dejó suspendida la aplicación de sanciones para el período 2007, atento lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 24.769 (texto actualmente derogado por el art. 280 de la Ley N° 27.430 Titulo IX- Régimen Penal Tributario y sustituido por el artículo 279). (Resolución 167/2012)
c) Determinó de oficio junto con los intereses resarcitorios la obligación impositiva con relación al Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas respecto de las operaciones perfeccionadas en los períodos fiscales comprendidos entre diciembre 2006 y diciembre 2008; aplicando sanción únicamente para el mes diciembre 2006 en los términos del artículo 46 de la Ley N° 11,683 y modificatorias, toda vez que para el resto de los períodos la multa quedó suspendida conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Penal Tributaria. (Resolución N° 168/2012).
d) Aplicó una multa equivalente a dos veces el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas evadido respecto de los períodos enero 2007 a diciembre 2008 encuadrada en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones). (Resolución 186/2014).
En primer lugar, plantea la nulidad absoluta de las resoluciones recurridas al considerar que las mismas no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.549. En este sentido explica, que el debido proceso adjetivo se encuentra integrado por tres componentes esenciales: el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada, por lo que la ausencia de todos o de alguno de estos elementos significa la vulneración de dicha garantía; tal como sucede en las resoluciones que se apelan. En virtud de ello, se manifiesta respecto del ajuste efectuado como incremento patrimonial no justificado, entendiendo que el mismo no fue tratado y fundamentado correctamente en las resoluciones recurridas.
En cuanto al fondo de la cuestión, se agravia de que nunca llego a tramitar el mecanismo dispuesto en el artículo 43 de la ley de IVA respecto a los créditos fiscales asumidos en las compras/locaciones relacionadas con prestaciones propias exentas, toda vez que los terceros contratantes con los que realiza la operación no entregaron la documentación suficiente para poder transformar esos saldos acumulados en créditos propios. En consecuencia, aplicó en dichas transacciones el tratamiento establecido en los artículos 13 de la Ley N° 23.349 y 17 y 18 de la Ley N° 20.628 (sic).
Por otra parte entiende que de existir un incremento patrimonial no justificado, tal como señala el Fisco Nacional, sus gastos y consumos debieron aumentar. (sic)
Respecto al ajuste practicado por facturación apócrifa, menciona que los proveedores calificados como tales fueron incluidos en la Base Apoc en fechas posteriores a las operaciones realizadas con el Sr. Poli y debido a que las pruebas ofrecidas no fueron admitidas, sus derechos quedaron vulnerados.
Finalmente señala la improcedencia de las sanciones aplicadas al no configurarse los aspectos objetivo y subjetivo que requiere la norma. Postula la “caducidad de la pretensión sancionatoria” indicando que a las fechas de inicio del proceso determinativo de deuda (12/06/2012) y de la resolución determinativa N° 168/2012 (12/09/2012) la conducta atribuida por el organismo fiscal contra su persona en relación al Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas- por los períodos fiscales 2007 y 2008 ya se encontraba fuera de la figura penal del artículo 1° de la Ley N° 24.769; por lo que el Fisco Nacional no se encontraba sujeto al límite del artículo 20 dispuesto en la mencionada norma ya que no había conducta susceptible de ser encuadrada conforme lo dispone el artículo 1°.
Por los motivos expuestos, solicita que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas. Ofrece prueba documental, informativa, testimonial y pericial contable. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 64/87, 161/183, 259/280 y 431/444, se presenta el Fisco Nacional contestando los traslados deducidos en autos.
Expone que los actos administrativos en crisis fueron dictados con fundamento en circunstancias de hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido los requisitos extrínsecos de validez, sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone. En este sentido, menciona que las resoluciones apeladas invocan la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como también los conceptos, montos determinados y las circunstancias de hecho que lo motivan. Por dicha razón, solicita que se rechacen los planteos de nulidad articulados por la actora, con costas.
Frente a los argumentos esgrimidos por esta última respecto al ajuste practicado en el Impuesto al Valor Agregado señala que de la comparación de las declaraciones juradas de los períodos enero 2007 a abril 2009 (Rectificativas N° 2 del 23/12/2009) y las anteriores presentadas previo al inicio de la Orden de Intervención, se observó que el contribuyente en una primera instancia consignaba en el rubro “Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables” los créditos fiscales vinculados a la actividad exenta; mientras que en las rectificativas vigentes, los pasó a imputar en el rubro “Ajustes del crédito fiscal por operaciones exentas”. Este criterio no fue admitido, toda vez que la norma aplicable establece claramente el tratamiento de los créditos fiscales vinculados a operaciones exentas alcanzadas por el Punto 26 inc. h) del artículo 7 Ley del gravamen; al otorgarle el mismo alcance que el de las operaciones de exportación, es decir el dispuesto en el artículo 43 de la Ley. En este orden de ideas, indica que los ajustes propuestos en el Impuesto al Valor Agregado inciden en la determinación del Impuesto a las Ganancias, pues los créditos fiscales vinculados a operaciones exentas, -que fueron considerados por el responsable como gastos deducibles- en la liquidación ajustada representan créditos a favor del mismo.
Continúa expresándose respecto al ajuste efectuado en los débitos fiscales originado en el incremento patrimonial no justificado. Para referirse al mismo se remite a las diferencias detectadas en las declaraciones juradas rectificativas presentadas en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2007 y 2008 (Período 2007: N° 3 y N° 4 y Período 2008: N°2 y N° 3). En este orden de ideas, destaca que del análisis de las mismas existe: a) una variación en los rubros efectivo y herramientas, b) una diferencia entre el total del activo imputado al 31/12/2007 y el que figura al inicio (01/01/2008) de la declaración jurada del ejercicio 2008 y c) la incorporación del resultado de la venta de un automóvil que antes no se había informado. Adelanta que dichos hechos no fueron justificados por la actora ni en esta instancia ni en la etapa administrativa; lo que provoca que los mismos deban ser considerados como incrementos patrimoniales no justificados de acuerdo a lo normado en el artículo 18 de la ley de rito.
Respecto al cargo realizado por “facturación apócrifa” señala que de la inspección realizada surge que los proveedores cuestionados no cuentan con capacidad operativa y económica para comerciar, por lo que si ellos no son quienes efectuaron los servicios o quienes entregaron los bienes, por tratarse de sujetos interpósitos, no se perfeccionó el hecho imponible y por lo tanto no se da la concurrencia del aspecto material que habilita el cómputo del crédito fiscal y la deducción del gasto en el Impuesto a las Ganancias.
Finalmente, en relación al ajuste realizado en el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas explica que los cargos efectuados no se basaron en presunciones sino en hechos ciertos y probados que surgen de las propias manifestaciones del contribuyente, las circularizaciones bancarias y de las verificaciones practicadas a los proveedores con los que supuestamente habría operado. Destaca que algunos de ellos reconocieron no haber operado con la recurrente y que en las operaciones cuestionadas se efectuaron erogaciones respaldadas por facturación apócrifa, omitiéndose así declarar el tributo en su total cuantía.
Concluye manifestándose respecto de la multa aplicada. Sostiene que la actora actuó con pleno conocimiento de su conducta, presentando declaraciones juradas engañosas y esta actitud subjetiva es lo que el derecho declara idóneo para acarrear responsabilidad penal para la configuración de la defraudación.
Por lo expuesto, solicita que se rechacen los recursos interpuestos por la recurrente, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas, con expresa imposición de costas a la parte actora. Se opone a la prueba propuesta. Ofrece antecedentes administrativos. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 294 se hace lugar a la prueba informativa y pericial contable, la cual consiste en el diligenciamiento de los oficios dirigidos al Banco Central de la República Argentina, Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de San Nicolás, Registro de la Propiedad automotor, Sindicato de choferes de camiones y a Migraciones; obrando las respuestas a fs. 333/335, 321/324, 357/358, 340/341, respectivamente. Por su parte, para producir la prueba pericial contable se designó a los Dres. Ximena Torroba en representación de la recurrente y Juan Estévez a propuesta del Fisco Nacional, para que realizaran la pericia ordenada en autos, que luce agregada a fs. 362/377. En consecuencia, a fs. 386 se declara cerrado el período de instrucción.
IV.-Que a fs. 188, 284 y 450 la Secretaría General de Asuntos Impositivos procede a acumular al expediente de referencia los que llevan los Nos 36.872-I, 36.873-I y 41.275-I de igual carátula dando cumplimiento a lo ordenado en las sentencias a fs.187 y 449 de Tribunal en Pleno y la obrante a fs. 283 dictada por ésta Sala. V.- Que a través de la PV-2022-78867827-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. y mediante el IF-2022-83082639-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar. En el RE-2022- 86554181-APN-SGAI#TFN obran los alegatos del Fisco Nacional.
Finalmente mediante IF-2023-12256426-APN-VOCII#TFN se pasan los autos para sentencia.
VI. Que se ha informado que la actividad principal desarrollada por el contribuyente responde a la construcción y reparación de buques, tratándose de una actividad, que, en tanto se trate de trabajos de transformación, modificación, reparación, mantenimiento y conservación efectuados sobre embarcaciones destinadas al uso exclusivo de actividades comerciales o utilizadas en la defensa y seguridad, encuadra dentro de las prestaciones y locaciones exentas en el IVA, conforme punto 26 inc. h) del artículo 7° de la Ley del gravamen, actividades que, establece tendrán en todos los casos el tratamiento del artículo 43 de la misma, Que también efectúa trabajos de montajes para distintas empresas, actividad que sí se encuentra alcanzada con el citado tributo.
Que por una cuestión lógica de procedencia, corresponde tratar el planteo de nulidad esgrimido por la recurrente. Que en lo estrictamente formal, las resoluciones recurridas satisfacen los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos, puesto que tanto del acto administrativo de inicio de del proceso de determinación de oficio y apertura del sumario como así también las resoluciones apeladas consignaron de manera concreta la causa y la motivación del procedimiento, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la Ley Nº 19.549 como causales de nulidad absoluta.
Con relación al agravio que presenta el recurrente para solicitar la nulidad de la resolución de IG, por considerar que el incremento patrimonial no justificado no fue debidamente tratado y fundamentado, el mismo debe desestimarse ya que se observa que en el acto administrativo que determina el gravamen, se expuso detalladamente cada una de las razones que componen el ajuste propuesto. Su disconformidad solo puede estar referida a la cuestión de fondo -que no acepta- y que será analizada a continuación en la presente instancia, pero que de ninguna manera afecta la legalidad del acto administrativo aquí cuestionado.
Que si bien la actora en su escrito recursivo manifiesta que el organismo fiscal no hizo lugar a la prueba ofrecida, vulnerando de esta forma su derecho de defensa, dicho agravio debe ser desatendeido toda vez que la prueba ofrecida en la etapa administrativa es idéntica a la ofrecida en esta instancia, a la cual se hizo lugar conforme surge a fs. 294.
Que a su vez ha planteado la “caducidad de la pretensión sancionatoria”, sin indicar los fundamentos ni la violación de plazos en que hubiera incurrido el Fisco Nacional. De todas maneras los cinco años que conserva el organismo para aplicar multas, con más el año de suspensión general dispuesto por Ley 26.476 han sido respetados y al momento del dictado de la Resolución 186/2014, contaba con las facultades intactas para producir el acto.
Que por lo tanto, corresponde rechazar los planteos bajo trato, no imponiéndose costas a su cargo, en virtud que tales defensas fueron interpuestas como otros agravios correspondiente al fondo, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
VII. Que en función de lo analizado corresponde evaluar si las resoluciones apeladas se ajustan o no a derecho.
VII.1. Que ello así, se debe examinar el primer agravio planteado por la recurrente con relación al ajuste propuesto como incremento patrimonial no justificado, con impacto en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado.
Que en primer lugar, cabe destacar que el Sr. Poli Miguel Martín había sido fiscalizado por el Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Bienes Personales e Impuesto al Valor Agregado, todos ellos correspondientes al período fiscal 2007, de acuerdo a la orden de intervención N° 381.860, en la cual la actora conforma el ajuste propuesto por el Fisco Nacional rectificando en agosto de 2009 las declaraciones juradas de los impuestos bajo trato. Sin embargo, con fecha 20 de enero de 2010 vuelve a rectificar sus declaraciones juradas por los ejercicios 2007 y 2008, disminuyendo en la primera de ellas el saldo a favor del organismo fiscal a cero; y en la correspondiente al periodo 2008 reduce el saldo a pagar $ 292.205,29 a $119.366,11 (DDJJ IIGG) (fs. 8/31 Cuerpo antecedentes División de Investigación OI: 501.186). De la comparación de éstas últimas rectificativas presentadas se observa entre otras cosas, el incremento de gastos y la disminución considerable del patrimonio, hecho que motivó al Fisco Nacional a iniciar una nueva inspección bajo la O.I N° 501.186.
Que ello así, cabe destacar que del análisis de las declaraciones juradas presentadas en su oportunidad producto de la anterior inspección (O.I Nº 381.830) y la última presentada, se desprende una gran reducción en los rubros “Herramientas” (de $ 1.453.683 a $339.000) y “Efectivo” (de $ 750.000 a $518.559). Asimismo, debe señalarse que no coincide el total del activo imputado al 31/12/2007 y el que figura al inicio (01/01/2008) de la declaración jurada del ejercicio 2008 y tampoco se incluyen en el rubro “Créditos” los ingresos impositivos relacionados con retenciones sufridas, pagos y anticipos.
Que a los fines de justificar las modificaciones entre una declaración jurada y otra, la recurrente manifiesta que los mismos corresponden al resultado de la venta de una camioneta Renault Kangoo producida en el año 2008, la cual no había sido informada oportunamente en la declaración jurada anterior; y que los rubros efectivo y herramientas se encontraban sobrevaluados en la anterior inspección.
Que, el artículo 18 de la ley de rito menciona una de las facultades que posee el organismo fiscal para determinar sobre una base presunta. En este sentido, establece que la estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida. En consecuencia, el inciso f) del mencionado artículo señala que los incrementos patrimoniales no justificados, representan en el impuesto a las ganancias aquellas rentas netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.
Que en este orden de ideas, cabe señalar que dicha norma fue establecida como un elemento esencial de cierre que busca evitar que ciertos ingresos ocultados al organismo fiscal escapen de la tributación, gravándolos cuando éstos se manifiestan. Se basa en la presunción de ganancias no exteriorizadas a partir de ciertos gastos o elementos patrimoniales. Se conciben como medio de prueba encaminado a acreditar la existencia de rentas ocultas, debiéndose demostrar la cuantía y la ubicación de las mismas en un período impositivo que puede ser aquel en el cual se sitúe el descubrimiento de los elementos patrimoniales de cuya existencia se infiere la de las utilidades invertidas en su adquisición, o cualquier otro anterior en el tiempo -siempre dentro del plazo de prescripción-. Por lo tanto, si se descubren o se declaran elementos patrimoniales o adquisiciones que no se corresponden con lo previamente declarado, se presume que tales elementos constituyen ganancia gravada. (Reidy, Georgina s/recurso de apelación - Trib. Fiscal Nac. - Sala A - 15/08/2017).
Que si bien a fs. 362/377 luce agregada la prueba pericial contable, en su Anexo I se detallan las máquinas y herramientas que dispone el Sr. Poli, en ningún momento se informa la fecha de adquisición de las mismas, tampoco se aportó en esta instancia o en la etapa administrativa las facturas que respaldaron la compra de dichos bienes, ni se informó la relación que poseen éstos con la actividad de la empresa. Tampoco cuál fue el destino de los bienes cuestionados.
Que por otra parte, aunque la recurrente haya manifestado en su escrito recursivo que en la rectificativa N° 4 se incorporó el resultado de la venta de un rodado dominio DOG 064, dicho planteo no debe prosperar toda vez que a fs. 321/324 el Registro Automotor informa que ese automóvil es propiedad del Sr. Poli, no habiendo aportado ninguna otra documentación alternativa válida que permitiera evaluar la admisión de la venta sin que se hubiere confeccionado la documentación de transferencia.
Que asimismo, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a fs. 333/335 informa que el Sr. Miguel Martin Poli dispone de una propiedad a su nombre; por lo que se estima que la variación en el rubro “Inmuebles” entre una declaración jurada y otra corresponde a la valuación de dicha propiedad.
Que en cuanto a las diferencias observadas en el rubro “Efectivo” debe señalarse que a fs. 375 vta. la perito contadora designada a propuesta de la actora manifiesta que las mismas corresponden a la incorporación en dicho rubro de los anticipos del impuesto a las ganancias y las retenciones sufridas por tal impuesto. En virtud de ello, cabe destacar que en este rubro corresponde exponer el dinero real que dispone el contribuyente en ese período, informando los anticipos y retenciones sufridas en el rubro “Créditos”; por lo que el planteo esgrimido por la recurrente no puede prosperar. Se podría considerar la omisión de las retenciones y anticipos, pero no se demuestra porqué varía el dinero en efectivo en igual monto.
Bajo tales pautas, y teniendo en cuenta lo expuesto se concluye que el ente fiscal actuó diligentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación y fiscalización con el objeto de considerar dichas variaciones como incrementos patrimoniales no justificados en los términos del art. 18 inciso f), primer párrafo de la ley de rito, motivo por el cual corresponde confirmar el ajuste apelado en autos, con costas.
VII.2. Que a continuación se evaluará el ajuste practicado por el Fisco Nacional en relación a las operaciones apócrifas.
Que en las presentes actuaciones se realizaron tareas tendientes a verificar las transacciones efectuadas con los proveedores Jorge Daniel Rojas, Spahn Mario Alberto y/o Conimac y/o Transportes JM, Transporte Coniter S.A, Sergio Alberto Montenegro y Metales San Patricio S.A, los cuales atento a las irregularidades y ante la falta de capacidad económica y operativa que presentaban se declararon como apócrifas las operaciones por ellos instrumentadas, impugnando el ente fiscal los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado y los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias.
Que a continuación se detallan las principales inconsistencias presentadas en los proveedores cuestionados: a.- Jorge Daniel Rojas: Facturó a la recurrente el servicio de mecanizado de piezas, construcciones, soldaduras fletes y transporte tal como se detalla a fs. 634/718 del Cuerpo Principal N° 4 en el Impuesto a las Ganancias. De la fiscalización realizada se pudo comprobar que no registra movimientos en bancos y que tampoco posee rodados para cumplir con la actividad declarada (transporte automotor de cargas y venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos metálicos). Asimismo, cabe señalar que el contrato de alquiler presentado a fs. 14/14 vta. de los antecedentes administrativos (Cuerpo I Legajo Antecedentes Rojas, Jorge Daniel) era apócrifo ya que quien en realidad alquiló el inmueble fue su empleado el Sr. Edgardo Satal y no el proveedor cuestionado. No pudo ser localizado. De los datos ingresados en el Sistema Registral surge que el Sr. Rojas falleció en el año 2009 (fs. 85/86 del Cuerpo IVA). Fue incorporado en la Base Apoc el 16 de septiembre de 2008 por inexistencia de capacidad económica y financiera, considerándose “prestanombre” (fs. 34 Cuerpo I Legajo Antecedentes Rojas, Jorge Daniel).
b.- Spahm Mario Alberto y/o Conimac y/o Transportes JM: Facturó a la recurrente servicios de mecanizado de piezas, construcciones, soldaduras fletes y transporte tal como se detalla en las facturas a fs. 18/45 del Cuerpo I Legajo Antecedentes: Spahm Mario Alberto. No obstante, cuando fue localizado informó no reconocer dichas facturas. Se encuentra inscripto en la actividad de transporte automotor de cargas, pero no posee rodados a su nombre, ni inmuebles, ni movimientos en sus cuentas bancarias. Trabaja en relación de dependencia en el Hotel Colonial y posee un taller mecánico, lo cual no condice con la actividad declarada. Fue incorporado en la Base Apoc el 15 de enero de 2007.
c.- Transporte Coniter S.A: Se encuentra incorporado en la Base Apoc desde el 26 de febrero de 2009 bajo la condición de carecer capacidad económica para el desempeño de sus actividades (fs. 190 Cuerpo antecedentes Transporte Coniter S.A.) Obra en las facturas de venta la prestación del servicio de fletes a la recurrente (fs. 571/603 Cuerpo N° 3 y 4 Impuesto a las Ganancias), pero no posee rodados ni bienes registrables a su nombre, tampoco dispone de cuentas bancarias. No pudo ser localizado. Presenta declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado o en el Impuesto a las Ganancias en cero o con escasos movimientos.
d.- Sergio Alberto Montenegro: Facturó al Sr. Poli varillas, tuercas, arandelas, juegos de engranajes, planchas de acero inoxidables, caños, tubos, chapas, etc, conforme surge a fs. 384/441 del Cuerpo N° 2 y 3 Impuesto a las Ganancias. No registra acreditaciones bancarias. Al ser localizado manifestó desconocer al Sr. Poli y no haber realizado operación comercial alguna (fs. 751 Cuerpo N°4 Impuesto a las Ganancias). No se verifica la existencia de bienes registrables. Sus declaraciones juradas en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado son sin movimientos.
e.- Metales San Patricio S.A: Vendió a la recurrente hierros, perfiles y pegados de chapas sin embargo sus actividades declaradas no condicen con dicha facturación. No posee rodados, inmuebles, bienes registrables de su titularidad, ni registra movimientos en sus cuentas bancarias. Tampoco se encuentra inscripto como empleador. No pudo ser localizado y sus declaraciones juradas son presentadas con escasos movimientos.
Que ello así, durante la etapa de fiscalización la recurrente aportó documentación referida a las operaciones concertadas, la que fue agregada en los distintos cuerpos de antecedentes formados por cada uno de los proveedores, entre la que se advierten facturas de compra, y las constancias sobre verificación de validez de los comprobantes emitidos.
Que si bien la recurrente sostiene en su escrito recursivo que dichos proveedores no se encontraban incluidos en la Base Apoc a la fecha de las operaciones, teniendo las facturas impugnadas C.A.I vigente y cumpliendo los requisitos formales que de estas se desprenden, lo cierto es que esta circunstancia no implica que los proveedores posean capacidad operativa para operar. Por consiguiente, para que una factura posea entidad suficiente para generar un crédito fiscal, deben encontrar sustento en la realidad fáctica de las operaciones, es decir debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material, puesto que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
A dicha conclusión es posible arribar por estricta aplicación de lo que la doctrina ha dado en llamar la “concurrencia de los elementos materiales y formales del crédito fiscal”, según la cual “para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos materiales (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiera por expresa disposición legal). En tal sentido, la ley del IVA condiciona la procedencia del cómputo del crédito fiscal a la discriminación formal del tributo -salvo excepciones no aplicables al caso-, es decir, si no existe facturación del impuesto, no hay derecho a dicho cómputo. Con relación al aspecto formal aludido, el texto de la ley es claro en cuanto a que el crédito fiscal debe ser facturado ‘al responsable’, correspondiendo la imputación del mismo al sujeto pasivo a quien este le hubiese sido facturado” (cfr. TFN, Sala A, “Nachon Jorge Héctor c/DGI”, sentencia del 4/02/2013, cita on line Thomson Reuters AP/JUR/775/2013).
Que con los elementos colectados por la inspección ha quedado demostrado que los proveedores mencionados no tenían la capacidad operativa para desarrollar las operaciones supuestamente facturadas, al carecer de personal en relación de dependencia, bienes registrables, y no registrar movimientos en sus cuentas bancarias para recepcionar los pagos. En este sentido, cabe señalar que la prueba informativa que luce agregada a fs. 333/335, 344/351, 357/358 y 340/341 referida a los informes realizados por la Municipalidad de San Nicolás, el Sindicato de Choferes de Camiones y Migraciones, respectivamente, no logra aportar elementos probatorios adecuados a los fines de conmover el criterio adoptado por el Fisco Nacional. Por consiguiente, teniendo en cuenta que los proveedores en cuestión no fueron quienes entregaron los bienes o prestaron el servicio, por tratarse de sujetos sin capacidad económica, no se perfeccionó el hecho imponible, por lo que tampoco se configuraría el aspecto material que posibilita el cómputo del crédito fiscal y a la deducción de gastos en el Impuesto a las Ganancias. En efecto, corresponde confirmar el ajuste fiscal propuesto tanto en las Resolución N° 166/2012 como la 167/2012, con costas.
VII.3. Que corresponde analizar el ajuste efectuado respecto del crédito fiscal vinculado con las operaciones exentas.
Que de las presentes actuaciones y conforme surge de los antecedentes administrativos acompañados, y como se adelantara en el considerando VI se desprende que la actividad principal desarrollada es la construcción y reparación de buques, cerrando sus ejercicios en diciembre de cada año. Dicha actividad se encuentra comprendida dentro de las prestaciones y locaciones exentas en el Impuesto al Valor Agregado, conforme lo dispone el punto 26 inc. h) del artículo 7º de la Ley Nº 20.631; siempre y cuando se trate de trabajos de transformación, modificación, reparación, mantenimiento y conservación de las embarcaciones destinadas al uso exclusivo de las actividades comerciales o utilizadas en la defensa y seguridad, las que tendrán el tratamiento dispuesto por el artículo 43. Sin embargo, es preciso destacar que la recurrente efectúa trabajos de montajes para distintas empresas; siendo ésta actividad alcanzada por el impuesto bajo trato.
Que ello así analizando las declaraciones juradas rectificativas presentadas el 27 agosto 2009 ( periodos enero a diciembre del 2007 ) y el 12 de octubre del mismo año (enero a diciembre del 2008) producto de la O.I anterior y comparándolas con las presentadas el 23 de diciembre del 2009 en ambos ejercicios (base ajuste), se aprecia que el contribuyente consignó en el rubro “Impuesto vinculado con exportaciones” créditos fiscales supuestamente vinculados a la actividad exenta, los cuales luego rectificara eliminando dichos importes e imputándolos en diciembre 2007 y 2008 en el rubro “Ajuste anual de operaciones exentas”, conforme surge a fs. 16 y 28 del Cuerpo N° 1 Impuesto al Valor Agregado.
Que dicho criterio no fue aceptado por el Fisco Nacional toda vez que la norma es clara al establecer un tratamiento para las operaciones de exportación en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente. (Cargill SACI c/EN-AFIP-DGI - R. 79/2010 84/2010 y otros s/DGI- Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. Sala V- 31/10/2017). Que la actora no aporta prueba fehaciente alguna a los fines de justificar sus hechos, sino que solo se limita a manifestar que no se encontraba en condiciones de aplicar el tratamiento del artículo 43 debido a que sus proveedores no le brindaron la información necesaria por considerarlo un pequeño contribuyente.
Que el citado artículo establece que “los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas, el impuesto que por bienes, servicios y locaciones que destinaren efectivamente a las exportaciones o a cualquier etapa en la consecución de las mismas, les hubiera sido facturado, en la medida en que el mismo esté vinculado a la exportación y no hubiera sido ya utilizado por el responsable ”.
Que el segundo párrafo agregado a continuación enuncia las modalidades o formas de recupero y los requisitos que se deben cumplir para ello.
Que el único método que no necesita el cumplimiento de tales requisitos y puede ser utilizado por el exportador en la declaración jurada del IVA correspondiente al mes en que recibió la factura del proveedor, es la compensación. El mismo, consiste en computar el impuesto trasladado por el proveedor y no informar los débitos fiscales que surgen de dicha operación. Si no pudiese recuperar íntegramente, el remanente quedará pendiente de recupero para compensar en el o los meses siguientes, o –de lo contrario- por utilización de alguna de las otras modalidades de recupero (acreditación, transferencia a terceros y devolución) a ser empleadas después de perfeccionada la exportación, con la solicitud pertinente y el dictamen de contador público independiente. Que teniendo en cuenta que el Sr. Poli realiza actividades tanto en el mercado interno como de exportación se debe determinar un coeficiente que resulte de dividir el monto de operaciones destinadas a exportación -neto del valor de los bienes importados temporariamente, en su caso- por el total de operaciones gravadas, exentas y no gravadas, acumuladas desde el inicio del ejercicio hasta el mes, inclusive, en que se efectuaron las operaciones que se declaran. Dicho porcentaje no es objetado por el Fisco Nacional; así como tampoco se cuestiona si las actividades son exentas, sino que sólo se limita a impugnar el crédito fiscal computado en concepto de “Ajuste anual por exportaciones exentas” y la exposición en que éste fue informado en las declaraciones juradas, ya que a su entender el mismo debe ser tratado de acuerdo a lo normado en el artículo 43.
Que no obstante ello y tal como se mencionó con anterioridad el citado artículo en su primer párrafo establece que el tratamiento dispuesto será de aplicación siempre y cuando los créditos fiscales “no hayan sido usados por el responsable”.
Que en el caso de autos, la recurrente presentó en las declaraciones juradas de los periodos fiscales diciembre 2007 y diciembre 2008 el cómputo dichos créditos exponiendo los mismos bajo el concepto “Ajuste de anual del crédito fiscal por exportaciones exentas”, conforme surge a fs. 16 y 28 del Cuerpo IVA Nº 1); cumpliendo de esta forma con lo establecido en la norma.
Que ello así, teniendo en cuenta que los motivos por los cuales el Fisco Nacional impugna dichos créditos son meras manifestaciones referidas a la exposición de los mismos y como estos deben ser tratados y toda vez que el tratamiento dispuesto en el artículo 43 (independientemente de los métodos utilizados) contempla el cómputo de los créditos fiscales referidos a las operaciones de exportación; corresponde rechazar el ajuste propuesto por el ente fiscal, resaltando que las operaciones que originan ese crédito no fueron cuestionadas por el Fisco Nacional. Con costas según los respectivos vencimientos.
Que por otra parte, cabe destacar que la recurrente también dedujo en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias los gastos vinculados a las operaciones exentas; hecho que fue impugnado por el Fisco Nacional. Que en este aspecto debe resaltarse que estos gastos como crédito fiscal ya fueron computados en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto, no corresponde la deducción de dicho costo en las declaraciones del Impuesto a las Ganancias. En virtud de ello, corresponde confirmar el ajuste propuesto por el ente fiscal en éste último impuesto, con costas.
VIII. Que resta referirse al ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas. Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias (“t.o en 1998) Dto 649/97) establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que con relación a la jurisprudencia, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
19. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 254:362; 256:277) o, dicho en otras palabras, ‘las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación’ (Fallos: 243:204 y su cita, entre otros).
20. Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (artículos 1 y 2 en el t.o. 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta - en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
IX. Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos de prueba colectados durante la fiscalización, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios. Que cabe recordar que el Sr. Poli Miguel Martín, computó en la declaración jurada de los períodos 2007 y 2008 presuntas compras generadoras de gastos/ costos, las que luego de la verificación practicada se desconoce su real existencia al encontrarse incluidas en la Base Apoc. Las facturas objeto de esta impugnación motivaron el ajuste en el Impuesto a las Ganancias- Salidas no Documentadas por el carácter de apócrifas ya que conforme lo establece la norma en el supuesto de no existir respaldo de la operación o cuando el mismo fuera impugnado, nace la obligación de abonar el citado tributo.
Que ello así, se señala que de la inspección realizada se desprende que las facturas efectuadas por los proveedores apócrifos habían sido canceladas en efectivo, siendo algunas de ellas abonadas mediante transferencia bancaria. Sin embargo, cabe destacar que los comprobantes de transferencia que surgen a fs. 74/79 de los antecedentes administrativos Cuerpo Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas no especifican las facturas que cancelan.
Que para aplicar el instituto de las salidas no documentadas, el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron percibidas por los proveedores, ya que éstos no fueron quienes llevaron a cabo las operaciones facturadas. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la operación reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Que a ello cabe agregar, que de admitirse que el beneficiario se encuentra identificado por el hecho de que una persona física o jurídica -distinta a la que emitió la factura- figure como perceptor en el cheque endosado, llevaría a neutralizar la aplicación de la figura de la salida no documentada.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste, con costas.
X. Que resta referirse a la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas con sustento 46 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que en primer lugar, cabe destacar que la Resolución 168/2012 sólo aplica sanción para el período diciembre 2006; dejando suspendida la fijación de multa para el resto de los períodos atento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 24.769.
Que de acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo y conforme surge a fs. 41/51 de los antecedentes administrativos (Cuerpo Salidas No Documentadas) con fecha 30 de agosto de 2013 el Juzgado Federal de San Nicolás Nº 2 resolvió sobreseer al Sr. Miguel Martín Poli por el delito referente a la evasión simple del impuesto bajo trato por los períodos fiscales 2007 y 2008.
En consecuencia, y ante la sentencia firme planteada en el párrafo anterior la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Mercedes resuelve mediante la resolución 186/2014 aplicar la multa en cuestión en orden a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones).
Que dicho artículo (texto vigente) dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Que en el caso en autos, el elemento objetivo requerido por la norma del art. 46 queda acreditado mediante la omisión de impuesto siendo el mismo declarado en menor medida, hecho que implica un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
Que respecto al elemento subjetivo, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
Que los considerandos V a VIII.- demuestran la actitud dolosa de la recurrente al declarar impuesto en menor medida, advirtiendo a su vez que la prueba ofrecida en autos nada dice acerca del verdadero destinatario de dichas operaciones, motivo por el cual corresponde tener por configurado el elemento subjetivo de la sanción. Que atento a las circunstancias expuestas, corresponde confirmar las multas apelada, con costas.
XI. Finalmente acerca de los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que los mismos han sido liquidados en conformidad con lo prescripto en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario y que la recurrente no planteo agravios concretos al respecto. En consecuencia, corresponde disponer su confirmación.
XII. Que por lo tanto, teniendo en cuenta los motivos enunciados en los considerandos V a XI; corresponde confirmar en todas sus partes, las resoluciones dictadas en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado; con excepción del ajuste referido a las operaciones exentas que contempla la resolución N°166/2012, el cual debe ser revocado. Costas según los respectivos vencimientos.
Por consiguiente, corresponde ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
Las Dras. Gómez y O´Donnell dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por el Vocal Instructor Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar en todas sus partes, las resoluciones dictadas en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado; con excepción del ajuste referido a las operaciones exentas que contempla la resolución N°166/2012, el cual debe ser revocado. Costas según los respectivos vencimientos.
2. Ordenar a la AFIP-DGI para que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar la obligación tributaria de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al Organismo Fiscal.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.02.09 09:11:40 -03:00 Date: 2023.02.09 12:01:31 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.10 10:43:37 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.10 10:43:38 -03:00
Fin de la sentencia