Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determinan impuesto, intereses y aplica multa la que se reduce al mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la cual se imponen por su orden.-
I. Que mediante IF-2022-133583553-APN-DTD#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2022-195-E-AFIP-DVRRME#SDGOPII, de fecha 23 de noviembre de 2022, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la A.F.I.P. – D.G.I. El apelante impugna la mencionada resolución mediante la cual se determinó de oficio sus obligaciones frente al Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales enero de 2017 a febrero de 2019 por $982.830,47 con más intereses resarcitorios liquidados al 22/11/2022 por $2.021.136.91 y se le aplica una multa del art. 46 y 47 inciso “b” de la ley 11.683, de ($ 2.948.491,41), equivalente a tres (03) veces el monto del tributo supuestamente omitido.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
La recurrente manifiesta que LIPAR S.R.L., es una distribuidora de minerales para el uso industrial, con amplio conocimiento técnico y una vasta experiencia en el sector y que la extracción de los minerales, tales como el cuarzo, el feldespato, los carbonatos y otros, se lleva a cabo en los yacimientos ubicados en distintas provincias del país, para ser luego trasladados en camiones hasta las plantas de molienda, también ubicados en diferentes provincias y que luego se envasa en bolsas de polipropileno o en big bag, cumpliendo las necesidades de cada cliente.
Señala que el destino final de los productos minerales es para la fabricación de cerámicas, porcelanas, pinturas, revestimientos, pisos industriales, caucho, etc. Por ejemplo Sinteplast S.A; Porcelanas Tsuji, entre otros. Sostiene que la actividad de extracción, molienda, transporte y logística, están a cargo de otras empresas, tales como Planta Tres S.A.S., Voladuras San Luis S.R.L; Nodar Oscar Pablo, entre otros.
Agrega que en el marco de la inspección se impugnaron créditos fiscales en el impuesto al valor agregado, por desconocer la AFIP DGI las operaciones realizadas con VALLE DEL CONLARA MINING S.A. y PONCE, DARÍO.
Indica que su representada se ha visto perjudicada injustamente por inconsistencias verificadas por los contribuyentes citados, las cuales –dice- son en absoluto desconocidas por su parte, siendo que en todo momento -dice- actuó de buena fe y bajo la creencia de contratar con proveedores reales, puesto que los mismos cumplieron con las prestaciones que se les contrató, y emitieron el comprobante respectivo.
Plantea la nulidad de la resolución en lo que hace al sumario instruido, toda vez que –dice- no surgen elementos ni en los hechos ni en el derecho sobre los cuales se base la imputación penal y agrega que respecto de los proveedores impugnados por la AFIP DGI y que motiva los ajustes, la resolución atacada, se limita a hacer referencia a una situación huérfana de detalle alguno.
Alega que los extremos exigidos por el art. 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, - dice- subsidiariamente aplicable en la materia, no se cumplieron en oportunidad de conferir la vista en los términos del art 17 de la ley 11.683, y –dice- tampoco advierten cumplidos en la resolución determinativa, por la presente atacada. Indica que la resolución recurrida se encuentra viciada gravemente por falta de motivación. Asimismo, señala que la pretensión fiscal actual lesiona gravemente los derechos e intereses de su representada, atento se trata, de bienes y servicios efectivamente contratados, y prestados por los proveedores, los cuales emitieron los comprobantes válidos por dichos bienes o servicios, y respecto de los cuales –dice- se ha demostrado en el transcurso de la inspección que dichos bienes y servicios han sido incorporados a la actividad comercial de su representada.
Sostiene que, los ajustes proyectados son improcedentes, y que su origen es el desconocimiento por parte de la AFIP DGI de proveedores con los cuales su representada ha operado y que, al momento de ser contratados, tenían CUIT y CAI válido y vigente, no se encontraban incluidos en la base de proveedores apócrifos ni en ninguna otra base que demuestre la supuesta falta de capacidad operativa esgrimida por el fisco para su impugnación, y que cumplió con el objeto del contrato conforme lo requerido por su representada, abonándosele los servicios prestados mediante cheque a la orden del proveedor.
Además, manifiesta que el fisco impugna los comprobantes emitidos por el proveedor contratado por mi representada, vulnerando reglas y principios imperantes en la relación fisco contribuyente, tales como la Teoria de la apariencia del derecho (sic), aplicable a la recepción de comprobantes y que tutela la expectativa o la confianza de los terceros de buena fe respecto de la existencia y del alcance del negocio o acto; el secreto fiscal con base en el art. 101 de la Ley 11.683; el principio de buena fe y solidaridad en materia tributaria, ya que el fisco impugna comprobantes por formalidades extrínsecas, o por considerar que el proveedor no tiene capacidad operativa, pese a existir cadena de pagos y encontrarse inscripto ante la AFIP, se violentan los principios que emanan de lo dispuesto en los artículos 5 a 8 de la ley 11.683 (t.o. 1998); el Principio de la apariencia jurídica (sic) en el ámbito de las sanciones tributarias, en virtud del cual, si un sujeto, actuando bajo la creencia racional y objetiva de que ciertos hechos son ciertos, resulta vinculado o peor aún perjudicado por el actuar disvalioso de un tercero, no puede ser por esto, sujeto de reproche penal; la Teoría de los actos propios y su aplicación al derecho tributario, el Principio de capacidad económica o capacidad operativa, según el cual la capacidad económica no es una cualidad que deba ser evaluada por el contribuyente que compra a otro, sino por AFIP (DGI); y el Principio de veracidad de las operaciones.
Alega que se revoque por improcedente la resolución determinativa atacada por ser su parte un tercero adquirente de buena fe, y porque no se han cumplido recaudos básicos del derecho tributario sancionador.
Indica que su representada verificó la constancia de inscripción en AFIP, así como el hecho de que la actividad principal esté relacionada con los servicios a prestar. También dice que controló la validez y vigencia de los comprobantes emitidos.
Agrega que si las empresas contratadas por un contribuyente tienen inconsistencias fiscales, como vinculadas a su domicilio fiscal, o si no declaran la totalidad del personal, o no poseen bienes registrados a su nombre, son –dicecuestiones que escapan al verdadero control que puede realizar su representada, y al que por cierto le puede legalmente ser exigido.
Entiende que el derecho de propiedad, se ve afectado por una interpretación unilateral y arbitraria de los artículos 33 y 34 de la Ley 11.683, impugnando a proveedores y pretendiendo que el contribuyente se avoque al cumplimiento de una tarea de contralor que le es inherente al propio fisco.
Añade que hay otro aspecto que contribuye a invalidar constitucionalmente el obrar arbitrario del Fisco, y es la violación del principio de razonabilidad, ya que dice que la razonabilidad aquí no existe, pues hay manifiesta desproporción entre el fin perseguido por el Fisco y el medio elegido para que la empresa lo concrete. Considera que el fisco, al no precisar en forma clara cuales son los deberes que pretende que los contribuyentes cumplan, está violando el derecho de defensa en juicio.
Reitera que el fisco Nacional se limita detallar un listado de incumplimientos atribuibles al proveedor impugnado, pero no ahonda en que este no se encontraba incluido en la denominada “Base Apoc” al momento de realizar las operaciones con su representada, ni en el hecho de que, al momento de contratar con su representada, tenía CUIT y CAI válidos y en estado activo o vigente.
Manifiesta que el resolutivo atacado omite cualquier tipo de consideración respecto de la conducta de su representada y que no se expresa sobre la base de qué elementos se considera que su parte actuó con intención de defraudar al fisco, y dice que tampoco se expresa en qué medida resulta aplicable la presunción prevista por el inciso “b” del art. 47 de la ley 11.683, que simplemente se enuncia, pero la cual –dice- no es explicada en su aplicación al caso concreto por parte del resolutivo fiscal.
Acompaña documental. Ofrece prueba informativa y pericial contable.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoque la determinación de oficio. Con costas.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que por IF-2023-37490581-APN-DTD#JGM contesta el recurso la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y, en consecuencia, que se confirme el acto apelado, con costas.
En primer lugar manifiesta que la responsable fue verificada por funcionarios fiscales a fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones frente al Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los períodos fiscales enero de 2017 a febrero de 2019.
Señala que el caso tuvo origen en el correo electrónico oficial N° 18/2019 (DI PYNF), donde la contribuyente, ante distintos cruces de información a disposición de la Administración y siempre en cumplimiento de sus funciones de control de obligaciones fiscales, se encuentra informada como usuaria de facturas electrónicas apócrifas, emitidas por usinas en proceso de constatación de capacidad operativa.
Sostiene que con motivo de la verificación practicada, se proyectaron liquidaciones rectificativas de Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero 2017 a febrero de 2019, y que en el transcurso de la inspección se requirió a la responsable el aporte de diversa documentación relacionada con el origen del cargo y que la firma después de solicitar prórroga, prestó colaboración dando cumplimiento al requerimiento realizado. Asimismo explica que en virtud de que LIPAR S.R.L. actuó como informante según R.G. 3865 se corroboró el cómputo de las facturas apócrifas en el Libro IVA Compras según el “Régimen Informativo de Compras y Ventas”.
Expresa que del análisis de los registros de compras, se detectó que la responsable resultó ser usuaria de facturas apócrifas emitidas por las firmas VALLE DEL CONLARA MINING S.A. (CUIT 30-71195729-0) y PONCE, DARÍO (CUIT 20-22140081-7) las cuales se encuentran incluidas en las usinas detectadas en primer término. Agrega que ante los ajustes y observaciones puestas a consideración de la fiscalizada en términos de pre-vista (fs. 342/351 Cuerpo de IVA, identificado como nro. 9 que se ofrece), y durante el transcurso de la verificación, el crédito fiscal proveniente de operaciones de compras registradas a VALLE DEL CONLARA MINING S.A. durante los períodos verificados fue rectificado durante febrero de 2020 por la inspeccionada, detrayéndolo del crédito fiscal consignado en sus declaraciones juradas originales, y dice que “no” así el crédito fiscal registrado durante los períodos inspeccionados emitidos por PONCE, Darío, no conformando los mismos.
En consecuencia, dice que la fiscalización impugnó los créditos fiscales de IVA computados, provenientes de las facturas registradas por la fiscalizada y emitidas por PONCE, Darío, proyectando declaraciones juradas rectificativas de Impuesto al Valor Agregado, considerando el débito fiscal declarado por la inspeccionada y el crédito fiscal que surge de detraer el impugnado correspondiente a las facturas apócrifas emitidas a nombre del Sr. PONCE, dándose inicio al procedimiento de determinación de oficio.
Señala que si bien no ha formulado descargo a la Vista en los términos del artículo 17 -la responsable formuló presentación antes de dicha vista el 16/02/22- y en el acto objeto de las presentes se tuvo en cuenta esa presentación previa.
Niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente, que no fueran materia de expreso reconocimiento en este responde o no surgieran de los antecedentes administrativos que se acompañan. Manifiesta que la actora fundamenta la alegada nulidad de la sanción con los mismos argumentos con que rechaza la cuestión de fondo, invocando respecto de aquella, cuestiones dogmáticas que no demuestran una vulneración de su derecho de defensa, sino con la mera discrepancia con el acto apelado, lo que constituye el objeto de la controversia.
Además indica que cuando la restricción del derecho de defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior. Entiende que para la declaración de nulidad del acto, el vicio denunciado debe ser susceptible de ocasionar un efectivo perjuicio a quien lo invoca, extremo que no se verifica en las presentes actuaciones.
Con respecto a los agravios de fondo, la representación fiscal expresa que por la actora insiste con la veracidad de las operaciones y del proveedor que supuestamente prestó el servicio que este involucra, o que no tuvo responsabilidad en el proceder de dicho proveedor, por lo cual dice que reitera los considerandos del Juez Administrativo en el acto apelado cuyas conclusiones –dice- las hace propias.
De este modo manifiesta que, se detectaron compras y sus créditos fiscales registrados durante los períodos inspeccionados, emitidos por PONCE, Darío; que se encuentra inscripto ante esta Administración Federal en varias actividades muy disímiles entre si, servicio de transporte automotor de cargas; fabricación de materias plásticas en formas primarias; venta al por menor de materiales de construcción; que no registra pagos de impuestos; que posee cuentas bancarias, siendo los últimos movimientos en el período 2016, por lo que no posee capacidad financiera para el desarrollo de la actividad comercial que facturó con LIPAR S.R.L., que no posee bienes registrables a su nombre; que no declara empleados en relación de dependencia; que conforme a la consulta al Sistema Registral - Padrón de Contribuyentes figura “Clave Activa, debe responder requerimientos pendientes”.
En ese orden, señala que Ponce, Darío en respuesta a los requerimientos efectuados por la inspección manifiesta que mediante presentación digital de fecha 02/07/2020 desconoce toda operación comercial con la empresa LIPAR S.R.L.
Sostiene que el 05/02/2021 se verificó mediante consulta al Sistema Registral que el contribuyente PONCE, Dario “ha sido incluido en base de contribuyentes no confiables” y que en julio de 2020 se lo incluyó en la base Apoc bajo la condición “sin capacidad operativa, económica y/o financiera”.
Entiende que el Juez Administrativo interviniente razonablemente concluyó que las supuestas operaciones realizada con el proveedor analizado resultaron apócrifas, no habiendo aportado la contribuyente prueba fehaciente que valide las operaciones en cuestión, dando lugar a la impugnación de los créditos fiscales con ellas respaldados computadas en las declaraciones juradas presentadas durante los periodos en trato.
De este modo, expresa que su mandante ha constatado que las facturas emitidas por el proveedor cuestionado, no merece fe alguna, y dice que la "realidad" indica que este no realizó operaciones con la actora. Agrega que en el caso, la contribuyente realizó operaciones marginales y generó facturación apócrifa, intentando luego volcar las registraciones generadas al circuito formal.
Indica que de los informes producidos respecto del proveedor cuestionado surge que nunca pudo prestar los servicios que se alegan prestados por él, y que el agravio sustentado en que la inclusión en la base de proveedores apócrifos tuviera lugar con posterioridad a las operaciones impugnadas no puede prosperar.
Considera que, para que la documentación respaldatoria resulte idónea y así habilitar el cómputo del crédito fiscal del adquirente, y/o la deducción del gasto, dicha documentación debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material, es decir, que no sólo debe reunir los requisitos formales previstos por las normas reglamentarias, sino que tienen que reflejar la real operación económica que pretenden documentar. Añade que el hecho de que la responsable haya cancelado las facturas impugnadas mediante cheques, no dota necesariamente de veracidad a las operaciones cuestionadas.
Esgrime que las presentes se reducen a una cuestión de hecho y prueba, por lo que la inexistencia de elementos conducentes a acreditar fehacientemente la existencia de las presuntas operaciones le impide a la contribuyente actora demostrar la aseveración de sus dichos y, por lo tanto, que pueda prosperar su pretensión. Respecto de los intereses manifiesta que la parte actora no se agravia puntualmente de la liquidación de intereses y señala que los mismos han sido liquidados según lo previsto por el art. 37 de la Ley ritual.
Por otro lado expresa que la voluntad de defraudar no sólo se vislumbra dentro de las presunciones del artículo 47 sino que las maniobras fueron a su vez descriptas en el acto apelado, y en los antecedentes administrativos, y que eso es la utilización de comprobantes y proveedores apócrifos, con el objetivo de justificar el cómputo de créditos fiscales espurios, maniobras verifican el elemento subjetivo del tipo doloso imputado.
Sostiene que a la parte actora le son imputables las consecuencias inmediatas del hecho ejecutado con discernimiento y libertad, es decir la sanción impuesta por la ley de rito.
Asimismo, entiende que el error excusable será excluyente de responsabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de la norma, ya sea por normas intrincadas o contrapuestas, o por criterios interpretativos diferentes que colocan al contribuyente en la posibilidad – razonable – de equivocarse al aplicarla, y no simplemente por la mera referencia que haga el administrado al respecto.
Acompaña documental y se opone a la prueba solicitada por la recurrente.
Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada. Con costas.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
III. El Tribunal resuelve mediante PV-2023-41121789-APN-VOCV#TFN, dar traslado de la oposición articulada por la representación fiscal en el punto V.a) de su escrito de responde a las medidas probatorias ofrecidas por su contraria a la recurrente por el término de cinco días; a lo cual la parte actora responde por RE-2023-44274964- APN-DTD#JGM y solicita se haga lugar las pruebas.
Asimismo, en atención al estado de autos el Tribunal resuelve por PV-2023-47980664-APN-VOCV#TFN requerir a las partes que manifiesten, en el término de cinco (5) días, si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley 11683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia este Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
En efecto, la actora responde por RE-2023-50881224-APN-DTD#JGM y manifiesta su voluntad de asistir a la audiencia prevista por el art 173 de le Ley 11.683 y la representación fiscal por IF-2023-52179997-APN- DTD#JGM manifiesta que no tiene interés en la realización de la mentada audiencia.
En consecuencia, el Tribunal por PV-2023-52948506-APN-VOCV#TFN resuelve fijar audiencia para el día 30 de MAYO de 2023 a las 13 horas, a los efectos de celebrar la audiencia prevista en el art.173 de la Ley 11.683. En fecha 30/05/2023 se celebra la audiencia y por PV-2023-61584907-APN-VOCV#TFN el Tribunal resuelve: en primer lugar, dejar aclarado que consultadas las partes respecto al proveedor VALLE DEL CONLARA MINING S.A. las mismas concuerdan que no se discute en las presentes actuaciones dicho proveedor, que solo se refieren al proveedor PONCE DARÍO, y por otro lado se resuelve que corresponde rechazar la prueba informativa, en función de versar sobre hechos no controvertidos y surgir de las actuaciones administrativas agregadas a la causa; y también rechazar la pericial contable en función de que los puntos de pericia propuestos por la parte actora se refieren o bien a cuestiones cuyo análisis corresponde a este Tribunal o cuestiones que surgen de las actuaciones administrativas. Ello así, se dispuso que las presentes actuaciones se resolverán con las constancias del expediente y la documental ya agregada, quedando la causa conclusa para definitiva.
IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2023-66051323-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2023-69769823-APN-VOCV#TFN los llama para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada. El presente cargo, conforme se desprende del informe final de inspección, es generado según correo electrónico donde la contribuyente se encuentra informada como usuaria de facturas apócrifas, emitidas por usinas en proceso de constatación de su capacidad operativa.
Se analizaron por la inspección las declaraciones juradas de IVA y la documentación aportada por el contribuyente, se efectuaron consultas a las Bases de Datos E-Fisco e Intranet, se circularizaron proveedores y se verificó la información de terceros.
El contribuyente había presentado las declaraciones juradas de IVA rectificativas correspondientes a los meses desde enero 2017 hasta febrero de 2019.
Sobre la base de los elementos obtenidos, consultando sistemas y con la documentación aportada por el contribuyente, se realizaron las tareas de fiscalización.
Con relación a los débitos fiscales el personal fiscalizador procedió a controlar la correlación de las facturas registradas en los libros IVA Ventas de los meses solicitados y aportados por la contribuyente, además se verificó que los totales mensuales registrados son coincidentes con los montos declarados en las declaraciones juradas IVA.
Con relación a los créditos fiscales la inspección procedió a realizar tareas de auditoria a efectos de determinar si la fiscalizada utilizó facturas de los proveedores apócrifos para computar créditos fiscales en las declaraciones juradas presentadas por el Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales bajo fiscalización. El Fisco solicitó a la contribuyente que aporte los Registros IVA Compras así como sus comprobantes respaldatorios.
Del cotejo de los indicadores del cruce de información la fiscalización observa que las usinas detectadas son: Valle del Connlara Minning SA y Ponce Darío.
Respecto del primero de ellos, el contribuyente dio conformidad a los ajustes propuestos por la inspección actuante, presentando las declaraciones juradas rectificativas IVA por los periodos fiscalizados. Por otro lado, surge del informe final de fiscalización que conforme la información relevada sistémicamente la firma efectuó en los periodos bajo inspección operaciones de compra con el contribuyente Ponce Darío, en proceso de constatación de su capacidad operativa por lo cual el actuante visitó el domicilio fiscal del proveedor observado, observándose que es una casa habitación perteneciente al señor Claveles Joaquín, no obstante la señora Funes Andrea en carácter de inquilina manifestó que no conoce al señor Ponce Darío.
Además surge de las actuaciones administrativas que las actividades declaradas por Ponce Darío son muy disimiles entre sí, servicios automotor de cargas, fabricación de materias plásticas en formas primarias, venta al por menor de materiales de construcción, servicios personales, venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, preparación y ventas de comidas para llevar.
Por otro lado, no registra pago de impuestos. Exterioriza declaraciones juradas de IVA por los periodos bases de inspección siendo la relación débito/crédito muy baja, arrojando saldo a favor de la AFIP pocos significativos. Registra declaraciones juradas de Ganancias por el periodo 2017. No posee bienes registrables a su nombre. No declara empleados en relación de dependencia. Según consta al Sistema Registral – Padrón de Contribuyentes figura “Clave Activa. Debe responder requerimientos pendientes” habiéndose realizado dichas consultas en diciembre de 2019. No existen consumos relevantes y tiene informado como sueldos en el año 2014 y 2015. Se observa en la facturación electrónica emitida en el año 2017 es de $16.819.771,22 y en el año 2018 es de $6.442.277,63 y no posee acreditaciones bancarias en esos periodos y que los conceptos facturados a la verificada en el periodo fiscalizado son servicios de fletes de materia prima a la planta Villa Praga, no existiendo -de acuerdo a los antecedentes consultados- rodados a efectos de la prestación del servicio.
En base a la información colectada de la base e fisco, surgió que el proveedor en proceso de constatación no posee bienes, equipamiento ni personal suficiente en la cuantía y calificación requerida para prestar los servicios en la magnitud de la facturación emitida respecto a Lipar SRL.
Atento la falta de respuestas a los requerimientos, la inspección concurrió al domicilio fiscal de Ponce Darío, quien manifestó (vide acta labrada en dicha oportunidad y que luce agregada a fs. 269/270 de las actuaciones administrativas aportadas (IF-2023-38372789-APN-DTD#JGM) que no realizó ningún tipo de operaciones con la firma Lipar SRL. También manifestó que nunca ha tenido una relación comercial con la fiscalizada ni con sus socios gerentes Parica Pablo y Chirino Lila. Manifestó que no tiene bienes registrables a su nombre ni cuentas bancarias para operar comercialmente. Agregó que es separado, tiene nueve hijos y trabaja como administrativo contable en el estudio del contador Luis Manzano. Añade que él actúa como mandatario aportando multinotas y otros elementos en la agencia San Luis por cuenta de terceros asumiendo personalmente las obligaciones que surjan de ello, es decir, “prestanombres”. Ratifica que no posee camión ni camioneta y que no tiene capacidad económica ni financiera ni patrimonial para haber efectuado los fletes de la materia prima, materiales, minerales a la planta Villa Praga por los periodos enero 2017 hasta agosto 2018 con la firma Lipar SRL.
También consultó el actuante a Ponce Darío cuál es su verdadera actividad a la fecha, atento que tiene declaradas diversas, a lo que respondió que hace changas entre las cuales es vender IVA para poder mantener las necesidades de él y de su familia.
Teniendo en cuenta la información sistémica como lo manifestado en el acta por el señor Ponce Darío, se constataron en los libros de la rubrada la registración de las operaciones realizadas con el proveedor observado Ponce Darío por lo cual el personal fiscal ajustó el crédito fiscal resultante de las mismas eliminándolo de las declaraciones juradas respectivas.
Ello así, se origina el ajuste para el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los periodos bajo fiscalización en la disminución del crédito en función de las inconsistencias detectadas.
VI. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de la resolución administrativa por vicios en su motivación y finalidad. Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada, por lo que procede rechazar el planteo de nulidad.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referido a la tacha de apócrifo del proveedor Ponce Darío.
Que entrando al análisis de la impugnación del citado proveedor, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando V de la presente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de un sujeto sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones en cabeza del proveedor impugnado por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real realización de las operaciones por aquel que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones con el proveedor cuestionado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Finalmente, es dable destacar que, en la declaración del proveedor Ponce Darío ante los funcionarios de la fiscalización (vide acta labrada en dicha oportunidad y que luce agregada a fs. 269/270 de las actuaciones administrativas aportadas (IF-2023-38372789-APN-DTD#JGM), el proveedor manifiesta que desconoce haber operado con la firma Lipar SRL ni con ninguno de sus socios, circunstancia que la actora no ha intentado siquiera desvirtuar, en el proceso.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar el acto apelado en cuanto determina el Impuesto al Valor Agregado. Con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que resta tratar el aspecto sancionatorio. Con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no solo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que, en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Que, por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determinan impuesto, intereses y aplica multa la que se reduce al mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la cual se imponen por su orden.-
Date: 2023.06.29 11:58:00 ART Date: 2023.06.29 14:46:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.29 14:58:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.29 14:59:44 -03:00
Fin de la sentencia