Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 764/12, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12039-1606- 2008, en cuanto impone la pena de multa a la firma PILAR PARTES SA. Con costas.
2Declarar que el recurso de apelación interpuesto en autos, en relación a la determinación tributaria intimada en la referida resolución, ha devenido abstracto. Sin costas.
I. Que, a fs. 35/41, se presenta la firma PILAR PARTES SA, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA 764, dictada en fecha 9 de marzo de 2012 en el marco de las actuaciones SIGEA 12039-1606-2008, por la cual se la intima al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, en relación con la destinación de importación temporaria DIT Nº 00 001 IT14 004373 W. Afirma que la Dirección General de Aduanas ha omitido tener en cuenta la documentación presentada para acreditar la exportación de la mercadería ingresada temporalmente mediante la DIT cuestionada, con excepción de 12.337 unidades, respecto las cuales se allanó al sumario. Que, por ello, abonó la suma de $ 54.902,45 en concepto de tributos, y la suma de $ 21.852,45 en concepto de multa, lo que se encontraría acreditado con la documentación agregada al expediente administrativo. Cuestiona que se le corrió vista de la imputación en marzo de 2009, es decir, diez años después de la oficialización de la DIT, por lo cual no tiene obligación de contar con la documentación correspondiente a dicha operación, conforme lo dispuesto por la Res. ANA 3432/84. Que por ello no se encontraba en condiciones de ejercer su derecho de defensa en juicio. Impugna la liquidación practicada por el Área de Procedimientos Técnicos Aduaneros. Cuestiona el apercibimiento previsto del art. 1112 CA, manifestando que no puede ser suspendido en el Registro de Importadores y Exportadores por una medida cautelar dictada en marzo de 2002, por la que el juez interviniente en su concurso preventivo, ordenó a la AFIP-DGA que se abstuviera de disponer medidas sancionatorias contra la firma apelante por infracciones o deudas anteriores a la presentación en concurso. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia haciendo lugar al recurso interpuesto en todos sus términos.
II. Que, a fs. 51/55 y vta., la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Niega todos y cada uno de los hechos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su reconocimiento o que surjan de las actuaciones administrativas. Manifiesta que, como surge de la documental glosada, la firma no regularizó la situación de la mercadería ingresada temporalmente al amparo de la DIT en cuestión, y que por ello se la condena en los términos del art. 970 C.A. Que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la firma importadora. Que no cumplió con dicha obligación, y merece por ello reproche infraccional. Sobre la supuesta violación a las medidas cautelares dictadas en el concurso preventivo, manifiesta que la causa que motiva el fallo aduanero apelado no es anterior al concursamiento de Pilar Partes S.A., por lo que no resulta alcanzada por las medidas cautelares en cuestión, invocadas por la actora. Y agrega que, decretada la apertura de un concurso preventivo, los procedimientos administrativos no se suspenden y corresponde continuar con su procedimiento para determinar la medida de lo imponible, la extensión de la obligación tributaria y aplicar las multas que correspondan. Respecto a los cuestionamientos sobre la liquidación practicada por el área técnica, sostiene que la misma resulta correcta, conforme normativa vigente al momento imponible. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas N° 12039-1611-2008, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-1606-2008 se inician, a fs. 1 con el Acta de Denuncia 143/2003 de fecha 01/04/2003. A fs. 4, obra carpeta de la destinación 00 001 IT14 004373 W. A fs. 16 se liquidan los tributos y multa. A fs. 17 se encuentra impresión de pantalla de la póliza N° 236.742 por el importe de U$S 80.000.-
A fs. 18 y vta. se instruye sumario, se corre vista de todo lo actuado a la firma importadora y se cita a la aseguradora. A fs. 24 se agrega la cédula librada a la compañía de Seguros notificada el 11/02/2009. A fs. 25, se agrega la cédula librada a Pilas Partes SA, notificada en 20/03/2009. A fs. 26/27 y 31/34, ambas firmas presentan sus descargos, y se glosa unido por cuerda la documentación aportada por la importadora. A fs. 85/86, mediante Nota 960/12 (SE PRTE), se determina la mercadería en infracción. A fs. 87 se reliquidan los tributos y multa. A fs. 92/95 y vta., se dicta la Resolución DE PRLA 764/2012 de fecha 09/03/2012, apelada en autos.
IV. Que corresponde determinar si se ha configurado en la presente causa la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., norma que en su apartado 1) expresa: “… que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, se gún el caso, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al 30% del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada”. Que no resulta controvertido en autos que mediante la destinacion de importación temporaria 00 001 IT14 004373 W, la firma importadora PILAR PARTES S.A. documentó el ingreso de mercadería – partes de vehículos automotores, por un total de 66.677 unidades – al amparo del régimen previsto en el decreto 1439/96, autorizándose un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó en 06/08/02.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa – Res. ANA 127/92 y sus modificatorias –, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de exportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA, oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que, bajo tales premisas, corresponde a los beneficiarios de regímenes preferenciales, como el de la especie, la obligación de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, esto es el certificados de tipificación y clasificación, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación.
Que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los documentos aduaneros que permitan la acreditación de la reexportación para consumo en término de la totalidad de la mercadería (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
En el presente caso, la importadora, al momento de contestar la vista conferida en el sumario administrativo, acompaño copias de las destinaciones de exportación que se encuentran unidas por cuerda a las mismas, más los correspondientes Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC), acreditando el cumplimiento parcial del régimen y allanándose en relación a las unidades que han quedado pendientes de reexportar. En virtud de ello, efectúa el pago proporcional de $54.902,45, en concepto de tributos, más la suma de $ 21.852,45, en concepto de multa. Dichos pagos fueron oportunamente afectados y se encuentran contemplados en la resolución cuestionada. Ahora bien, conforme el análisis de dicha documentación, el Fisco consideró que, del total de la mercadería importada bajo la operación de importación temporal, la firma sólo logró acreditar la reexportación de 9.216 unidades, por lo que se encontraría en infracción un remanente de 57.461 unidades, todo ello conforme la Nota Nº 960/12 (SE PRTE) de fs. 85/86 del sumario administrativo.
La importadora cuestiona la determinación de la cantidad de la mercadería en infracción, sosteniendo que la misma es sensiblemente menor, y que ello quedó demostrado con la documentación aportada en las actuaciones administrativas.
V. Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que la forma de acreditar la salida de la mercadería introducida temporariamente, es dejando constancia en el cuerpo del permiso de embarque respectivo que la mercadería allí documentada coincide con la importada previamente en forma temporaria, de modo que el servicio aduanero se encuentre en condiciones de efectuar el debido control.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que del análisis de la documental unida por cuerda al sumario administrativo, se advierte que le asiste razón a la Aduana, toda vez que de la compulsa de los permisos de embarque y los CTC involucrados, la apelante no logra demostrar la reexportación de la totalidad de la mercadería y precisamente menos aún de las cantidades que afirma que han quedado en infracción.
Que corresponde destacar que, de la lectura del recurso de apelación, la importadora ni siquiera es clara en relación a las unidades que, según afirma, no habría cancelado en tiempo y forma; a fs. 35 vta de las presentes actuaciones la firma manifiesta que “sencillamente, no comprende mi parte cómo es que el Juez Administrativo arriba a tamaña conclusión; por cuanto mi parte – al contestar la vista – acompañó documentación que acredita la reexportación de – prácticamente – la totalidad de la mercadería ingresada mediante la DIT N° 00 001 IT14 004373 W en trato, con excepción de 12.337 unidades, por las que se allanó al sumario”.
Luego se observa, a fs. 38, que la importadora incurre en una contradicción al señalar que que las unidades en infracción son menores, cuando expresa que “(...) mi mandante solo dejó sin reexportar la cantidad de 3.804 unidades de la importación efectuada mediante la DIT N° 00 001 IT14 004373 W...”
Por tanto, toda vez que la actora no ha aportado nueva documentación que respalde las afrimaciones efectuadas en su presentación, cabe concluir que se encuentran, en autos, suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero respecto de la no reexportación de la totalidad de la mercadería importada temporariamente por lo que se concluye que la firma importadora PILAR PARTES SA ha incurrido en la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
VI. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VII. Que corresponde tratar los agravios esgrimidos por PILAR PARTES S.A. en relación a su estado concursal y la imposibilidad de suspenderlo en el Registro de Exportadores.
La firma importadora comunica a este Tribunal que se encuentra atravesando un proceso concursal y que, con fecha 19 de junio de 2001, el juez del concurso dispuso el levantamiento de la suspensión del Registro de Importadores.
Además expresa que, en el marco del proceso mencionado, la firma habría solicitado al Juez del concurso, el 6 de marzo de 2002, el dictado de una medida cautelar por la cual se habría dispuesto que AFIP-DGA debía abstenerse de establecer suspensiones en el Registro de Importadores y Exportadores, motivo por el cual sería improcedente el apercibimiento del artículo 1122 del C.A.
Que de la compulsa de la prueba producida en las presentes actuaciones surge que Juzgado de Primera Instancia Comercial 6, Secretaría 12 de esta ciudad, en 12 de junio de 2012, habría decretado la quiebra de la firma, por lo que se han librado reiteradas intimaciones instando a los síndicos intervinientes a comparecer en autos y a manifestar si mantenían interés en la prueba oportunamente ofrecida, las que nunca fueron contestadas, motivo por el cual se dio por decaído su derecho a producir la prueba informativa (fs. 84).
No encontrándose entonces acreditado lo denunciado por la actora en relación a la medida cautelar que impediría a la DGA aplicar las previsiones del art. 1122 C.A. al caso, corresponde desestimar los planteos efectuados al respecto.
VIII. Que, en cuanto a los tributos, a fs. 113 se practicó la correspondiente liquidación y, a posteriori, la garante Chubb Argentina de Seguros SA acreditó el pago de los mismos, conforme constancias de fs. 115/116, motivo por el cual corresponde declarar que el agravio relativo al reclamo tributario devino abstracto.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 764/12, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12039-1606- 2008, en cuanto impone la pena de multa a la firma PILAR PARTES SA. Con costas.
2. Declarar que el recurso de apelación interpuesto en autos, en relación a la determinación tributaria intimada en la referida resolución, ha devenido abstracto. Sin costas.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y a los contadores públicos Augusto Luis Fiorillo y José Julio Bugueiro, y Dr. Oscar José Pezzana, por Secretaría de Registro. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.10.31 18:46:50 -03:00 Date: 2023.10.31 19:56:33 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 19:56:33 -03:00
Fin de la sentencia