Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución n° 15/10 (AD CLOR), con excepción de las percepciones por el IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, recaída en el SIGEA n° 12272-327-2009, y en consecuencia, confirmar el cargo n° 09012LMAN002105Z por la suma de CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 113.642,06). Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 57% a cargo de la actora y en 43% un a cargo de la demandada.
I. Que a fs. 11/28, se presenta el Sr. SATURNINO BENITEZ mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 15/10 (AD CLOR), recaída en el SIGEA n° 12272-327-2009, por la que se confirma el cargo n° 09 012 LMAN 002105 Z, formulado en virtud de la falta de arribo de la mercadería objeto de la destinación suspensiva de tránsito terrestre registrada bajo el MANI n° 037569 J, amparada por el Tras n° 7015 N. Efectúa una reseña de los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Manifiesta que dicha resolución es arbitraria, irrazonable, antijurídica y, por ende, es nula. Expresa que el ATA cumplió con todas las obligaciones a su cargo. Indica que denunció el hecho de robo a la Aduana inmediatamente luego de haber tomado conocimiento.
Sostiene que no resulta razonable que se sancione a quien fue víctima de un delito. Se refiere al art. 777 del CA. Resalta el hecho de que el ATA no es el generador del hecho imponible, por lo cual no puede ser considerado deudor tributario principal. Hace referencia al principio de razonabilidad. Considera que hay una falaz pretensión de analogía con el art. 6 de la Ley 11.683. Sin embargo, expresa que el eximente de responsabilidad contemplado en el inc. a) de la mencionada ley es de aplicación analógica in bonam partem del cual opina que su aplicación siempre es bienvenida en un sistema de derecho respetuoso de las garantías y derechos individuales. Afirma que no existe ninguna norma que obligue al transportista o al ATA a tomar pólizas de caución por eventuales robos.
Sostiene la irregularidad de la liquidación tributaria. Expresa que la mercadería robada se encuentra amparada por los acuerdos de MERCOSUR y ALADI con los certificados de origen respectivos. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas II.- Que a fs. 41/61, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Expresa que la responsabilidad tributaria está determinada por la configuración del hecho gravado en el art. 311 del CA.
Asimismo, se refiere a los arts. 312, 315 y 780 del CA. Considera que el transportista o el ATA tenían la oportunidad de garantizar la operación a través de las garantías contempladas en las Resoluciones (ex ANA) n° 2336/91 y 244/97. Expresa que el robo no puede calificarse como imprevisible. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA n° 12272-327-2009 se inician, a fs. 1, con la copia de la Carta de Porte n° 06TRAAPY215. A fs. 5, obra el MIC/DTA n° 23103 y, a fs. 6 y 7, obra la consulta de la declaración sumaria del TRAS n° 007015 N y el aforo realizado mediante la Nota n° 332/09. A fs. 14, obra el cargo n° 09 012 LMAN 002105 Z. A fs. 92/99 vta., obra el Dictamen n° 453/09. Finalmente, a fs. 100/108 vta., en fecha 5/02/10, se dicta la Resolución n° 15/10 (AD CLOR), apelada en autos.
IV. Que, en primer lugar, la actora solicita se declare la nulidad de la resolución apelada por ser arbitraria, irrazonable y por falta de fundamentación. En relación a ello, se advierte que la nulidad planteada por la apelante se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, razón por la cual debe ser tratada con el fondo de la cuestión planteada en autos.
V. Que visto lo precedente, corresponde resolver a este Tribunal si se ajusta a derecho la resolución aduanera apelada por cuanto no hizo lugar a la impugnación articulada, y determinar si las condiciones fácticas traídas a estudio pueden eximir de responsabilidad tributaria a la recurrente o si, por el contrario, corresponde confirmar el cargo formulado en dicho concepto por el incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de tránsito. Es menester destacar que lo argüído como razón eximente de responsabilidad radica en el acaecimiento de un hecho ilícito que impidió el arribo de la carga a destino en el tiempo otorgado para ello por el servicio aduanero. Que, previo a analizar el cumplimiento de los mentados requisitos a los fines de determinar si el transportista y/o agente de transporte aduanero se encuentran exentos o no de responsabilidad, debe destacarse que, de las constancias obrantes en las actuaciones, surgen los siguientes datos: la firma transportadora aquí recurrente, en fecha 29 de noviembre de 2006 anoticia a la autoridad aduanera sobre la existencia de una denuncia policial –de fecha 26/11/06- por el supuesto robo del camión patente a ATC038 con semirremolque AVA991 que contenía la mercadería comprometida en la destinación suspensiva documentada por el MIC DTA 02013000 y la Carta de Porte CRT 06TRAAPY215 (conf. fs. 4/5 ref. act. adm.), el que habría tenido lugar el 25 de noviembre de 2006 (conf. fs. 11 ref. act. adm.) razón por la cual no podría cumplir con una de las obligaciones principales del mismo: arribar en el tiempo acordado a destino.
Sentado ello, y a los fines de dar respuesta al comenzar el considerando en desarrollo, corresponde traer a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Tevelam S.R.L. C/ DGA (TFN 22427- A)”, resuelto el 11 de diciembre de 2012, adonde fijó pautas interpretativas para analizar cuestiones como la aquí traída a debate.
Centralmente, sostuvo que si el beneficiario del régimen comunicado el siniestro a la aduana conforme lo establecido en el art. 308 del C.A., no habiéndose desacreditado por la Administración el hecho del robo con armas denunciado ni constatado o acreditado el incumplimiento de los deberes de custodia del transportista en su obligación primaria de arribar con la carga a destino cumpliendo con el régimen aduanero (v. considerando 12), no corresponde condenarlo al pago de los tributos exigibles en los términos del art. 315, segunda parte del Código Aduanero.
El mencionado art. 308 del C.A. establece que: “Cuando algún siniestro produjere el deterioro, destrucción o pérdida irremediable de la mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, la persona a cuyo cargo se encontrare en ese momento el medio de transporte debe dar aviso de inmediato al servicio aduanero y adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad de la mercadería y las condiciones que permitieren ejercer eficazmente el control aduanero”. (el resaltado me pertenece).
De la reseña de los elementos acollarados a la presente surge que la puesta en conocimiento del suceso ilícito denunciado como ocurrido el 25/11/06 a la Aduana tuvo lugar el 29/11/06, o sea cuatro días después de acaecido éste.
En este sentido corresponde realizar algunas consideraciones respecto del término “inmediato”, utilizado por el codificador en el art. 308 C.A. La Real Academia Española en su diccionario de la lengua, define el término inmediato como “que sucede enseguida, sin tardanza”.
De acuerdo a lo expuesto por el Dr. Pablo Garbarino en el expediente n° 27.438 caratulado “DELL AMERICA LATINA C/ DGA S/ APELACION” quien, refiriéndose a la inmediatez a la que se refiere el art. 308 del C.A., estimó que no puede superar las 24 horas, máxime si se tienen en cuenta los avances tecnológicos en materia de comunicación (telefonía celular, mensajes de texto, e mails y otros) desarrollados y universalizados desde la sanción del Código Aduanero vigente desde 1981.
Analizado ello, si bien es evidente que en caso de marras no se dio cumplimiento a lo requerido por el art. 308 del C.A. corresponde arribar a un temperamento confirmatorio de la resolución aduanera, pues es claro que el mismo día que se realizó la denuncia en sede policial debió comunicarse el suceso a la Aduana, o al menos al día siguiente, no condiciendo con lo esperable de una conducta diligente esperar a que pase 4 días para hacerlo. Esa negligencia sotera el argumento eximente empleado para justificar el incumplimiento al régimen autorizado por el Fisco pues afectó el correcto ejercicio del control que el servicio aduanero debe realizar como misión primaria.- Que, asimismo, téngase en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en el ya citado precedente TEVELAM si bien centra su análisis en la presunción de diligencia del sujeto activo de la obligación tributaria y, consecuentemente, en cabeza de quién recae la carga de la prueba en miras a desacreditarla, es clara e incuestionable -al referirse elípticamente a la obligación inserta en art. 308 del CA.- que “si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades en los términos del art. 308 del Código Aduanero, no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art.315...” (el destacado me pertenece) por lo que, dicho precedente es perfectamente aplicable a contrario sensu al caso de autos para concluir que el cargo efectuado por el servicio aduanero resulta conforme a derecho..
VI. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde referirse a la liquidación tributaria practicada en las actuaciones administrativas respecto de las sumas correspondientes a las percepciones por IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
En tal sentido, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”.
Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
VII. Conforme a lo expuesto precedentemente se practica la siguiente liquidación:
Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 314.580,11 Derechos de importación (12%) $ 37.749,61 Tasa de estadística (0,5%) $ 1.572,90 Base imponible IVA $ 353.902,62 IVA (21%) $ 74.319,55.
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS $ 113.642,06 + intereses En consecuencia, corresponde declarar que el monto adeudado por la recurrente conforme la liquidación realizada precedentemente asciende a la suma de CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 113.642,06), con más los intereses devengados desde el 09/10/09, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los artículos 794 del Código Aduanero.
Que, atento la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento de los restantes agravios vertidos por la actora.
Por ello, SE
Confirmar parcialmente la Resolución n° 15/10 (AD CLOR), con excepción de las percepciones por el IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, recaída en el SIGEA n° 12272-327-2009, y en consecuencia, confirmar el cargo n° 09012LMAN002105Z por la suma de CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 113.642,06). Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 57% a cargo de la actora y en 43% un a cargo de la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Roberto Aníbal Benítez, por Secretaría de Registro. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.02.01 17:51:18 -03:00 Date: 2023.02.01 18:16:26 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.01 18:16:27 -03:00
Fin de la sentencia