Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que, a fs. 19/39 se presenta el contribuyente a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 60/2017 (DV RRME) de fecha 23/02/2017 y emanada del Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En virtud de la Resolución N° 60/2017 (DV RRME), por los períodos fiscales 10/2012 a 03/2013, la AFIP resuelve que el contribuyente deberá ingresar la suma de pesos dieciséis mil ochocientos dieciocho con ochenta centavos ($16.818,80) en relación al Impuesto al Valor Agregado y el monto de pesos veinticinco mil ciento cincuenta y dos con cincuenta y cinco centavos ($25.152,55), en concepto de intereses resarcitorios conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 11.683 y resuelve aplicar una multa por la suma de pesos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y seis con cuarenta centavos ($50.456,40) equivalente a tres veces el impuesto supuestamente evadido, en los términos del art. 46, 47 inc. b).
En primer lugar, la contribuyente manifiesta que se dedica a la confección de prendas textiles y ventas al por mayor y/o al por menor en gran parte del país. La confección se realiza en las plantas de San Luis y en la de Rosario. Los controles de calidad, packaging y despachos se hacen desde Rosario. La empresa vende a todo el país y los proveedores, en su mayoría son de Buenos Aires (Capital) y Pcia. de Buenos Aires.
Indica que, la empresa efectúa envíos, Rosario-Buenos Aires y viceversa, por ello, utiliza los servicios de transporte de “Rosario Cargas de Goro S.R.L.” en legal forma. Esta empresa continuó efectuando el servicio que por años efectuó la empresa Expreso Júpiter la cual cambió de dueños o se desmembró, lo cierto es que ante ello se nos ofreció el servicio de la empresa “Rosario Cargas de Goro S.R.L.”. Aclara que, pasados seis (6) meses, se les volvió a informar que había habido un cambio en la razón social, por lo cual, los servicios serían prestados por “Transporte Rosario Cargas S.R.L.”.
Destacando que en ningún momento entre las tres empresas que facturaron e hicieron el transporte hubo otra modificación que no fuera la razón social y su CUIT y que la actora brindo toda la documentación respaldatoria de las operaciones, que no solo implican la factura, sino los remitos, las guías de transporte, retenciones y pagos. La actora se agravia en primer término, por entender que la resolución en crisis atenta contra el derecho al debido proceso, negando la producción de la prueba ofrecida.
En segundo lugar, afirma que no existe norma tributaria que imponga en cabeza del contribuyente evaluar la capacidad operativa de quien le presta un servicio, máxime cuando el servicio fue prestado efectivamente lo cual asegura que está acreditado y es evidente.
En tercer término, hace referencia a la vulneración al derecho de propiedad ya que la contribuyente canceló los servicios de transporte en debida forma y se permite deducir el mismo no habiendo ajustado el Impuesto a las Ganancias.
Por último, se agravia por entender que se vulnera el principio de igualdad, toda vez que debió existir un control por parte de AFIP de los terceros contribuyentes que incumplen sus obligaciones fiscales y no pretender que la actora se haga cargo de las obligaciones fiscales de terceros.
Alega que, estando las facturas autorizadas por la AFIP, asentadas en las registraciones contables y no habiendo recibido impugnaciones al respecto, es evidente que no procede ajuste alguno, dado que ello por si solo demuestra la veracidad de la operación efectuada, el pago realizado que también encuentra respaldo en sus formas bancarias y retenciones efectuadas y declaradas ante el Organismo.
Así las cosas, describe que, la AFIP, parte de preconceptos, sustentados en hechos y circunstancias que debieron ser controlados por ella, y no pretender imponer el control a los demás contribuyentes.
En ese orden de ideas, indica que en oportunidad de la vista conferida, la actora ofreció prueba pericial, la cual fue rechazada, por ende fue limitada en su intención de probar, toda vez que, el Organismo Recaudador admite las pruebas colectadas por ella que refiere a cuestiones de terceros y dispares en el tiempo en relación al momento de haber contratado con ellos.
Sostiene que, no debe el contribuyente cumplir la función fiscalizadora que es propia y debe exigírsele al Organismo, dado que este solo cuestiona la capacidad operativa y/o económica del proveedor y no la existencia del gasto del servicio en sí mismo.
Siguiendo ese lineamiento, resalta que, el servicio fue prestado y la facturación fue válida, efectuada conforme a derecho con la autorización respectiva y oportuna dada por la propia AFIP, quien no puede desconocer la autorización otorgada manifestando que nos encontrábamos un contribuyente apócrifo y de tal modo impugnar el crédito fiscal originado en dichas operaciones.
A su vez, recalca que, en oportunidad de contratar el servicio, averiguó costos, destinos, trayectos, días de salida, plazos, es decir cuestiones inherentes al servicio de transportes sin considerar necesario ni obligatorio interrogar respecto de la titularidad de los camiones o la existencia de acreditaciones bancarias, menos aun cuando los pagos eran realizados con cheques y nunca hubo reparo alguno en ello.
Argumenta que, la utilización del crédito fiscal, ya pagado, no está condicionada al pago del impuesto al valor agregado por parte de quien percibió, al impugnarse el crédito fiscal que la parte ya abonó se le está exigiendo que ingrese el pago del impuesto de un tercero. Sosteniendo que la ley establece que el crédito se genera a partir de la emisión de la factura. Por tal motivo, resalta que la autorización para facturar la otorgó el Organismo, quién luego no fiscalizó de modo correcto al contribuyente, que ahora cuestiona.
Advierte que, quien hoy presta el servicio de transporte tiene el mismo domicilio, el mismo número de teléfono fijo de la prestataria anterior, manteniendo el nombre de fantasía anterior como nombre de la sociedad actual, identidad de muchos clientes e identidad de actividad, hay una situación de continuidad evidente, “Transporte Rosario Cargas de Goro S.R.L.” y “Rosario Cargas S.R.L.”, entendiendo que ello al menos amerita una investigación por parte del Organismo.
Señala que, a criterio de la AFIP es la parte la que debería demostrar, acreditar, de modo fehaciente que quien emitió la factura es quien prestó el servicio, y no existe modo para ello más allá de la documentación respaldatoria de cada servicio siendo ello lo que exige el Organismo.
En conclusión, afirma que, las operaciones con el proveedor “Transporte Rosario Cargas de Goro S.R.L.” se concertaron, se facturaron y se pagaron, conforme la documentación pertinente y legalmente exigida, con los pagos los respaldos del traslado de la mercadería con lo cual el circuito económico de salida de la mercadería, traslado, entrega y pago se halla completo.
Asimismo, reflexiona que el circuito económico es uno solo tal como la facturación que tiene o no validez y sus efectos en su caso les alcanzan a todos los impuestos o a ninguno, por lo tanto, la circunstancia de no haber determinado ajuste alguno respecto del impuesto a las Ganancias debe guardar coherencia con el crédito fiscal que se genera con respaldo de la misma documentación. Solicitando se revoque la resolución, con costas a la recurrida.
Con relación a las multas aplicadas, manifiesta que, no existió un obrar doloso, no ha mediado el elemento subjetivo en su accionar y afirma que la imputación penal que formula el Fisco Nacional adolece de sustento probatorio, no conteniendo una clara, circunstanciada y probada mención del dolo o intención deliberada de defraudar a la Administración.
Asimismo, reflexiona que no ha existido malicia o engaño por su parte, quien se halla sometido a este proceso por el solo hecho de haber contratado con proveedores que incumplen sus obligaciones fiscales, pero esa inadvertencia de su parte, que actuó de buena fe, no puede en modo alguno ser asimilado a una maniobra dolosa. Destaca que la Instrucción General N°6 del 30/07/2007 de la AFIP, señala en su punto 3.4.2.5 que en el caso de determinaciones de oficio sobre base presunta del art. 18 de la Ley N° 11.683, no corresponde encuadrar la conducta de los responsables en los términos del art. 46 de dicha ley, es dable concluir que podría haberse aplicado el art. 45 de la ley ritual. Toda vez que la prueba enarbolada por el Fisco Nacional se apoya en meras presunciones y a fin de evitar el enriquecimiento sin causa de la AFIP, solicita se deje sin efecto la multa aplicada y encuadrada en el art. 46 y 47 inc. b) de la Ley 11.683.
Finalmente, ofrece prueba documental y pericial contable, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal y solicita se revoque en todas sus partes la resolución apelada. Con costas.
II. Que, a fs. 53/71vta., se presenta el Fisco Nacional y contesta los recursos interpuestos por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos.
En cuanto al planteo de nulidad esgrimido por la recurrente, manifiesta que, es necesario realizar algunas aclaraciones que despejen cualquier atisbo de pretendida nulidad que pueda afectar el acto en crisis. En el presente caso no solo se han merituado las circunstancias que confluyen en la imposición del ajuste sino que la misma cuenta con el correspondiente fundamento y motivación, de un proceso ajustado a derecho.
De esta forma, asevera que al desarrollar los cargos de la vista se han identificado precisa e inequívocamente todos los aspectos que le dieron origen, asimismo el responsable tuvo acceso a los elementos fundamentales de los mismos. De ello se desprende que la determinación de la deuda del contribuyente no está ligada a un criterio del Organismo, sino que ella está sustentada en la debida fundamentación y la valoración de la prueba se ha realizado en base a la sana crítica del juzgador.
Señala que la actora está ejerciendo su derecho de defensa ante este Tribunal, lo que le garantiza plenamente el ejercicio de su derecho a probar por lo cual la nulidad resulta ser peticionada por la nulidad misma. Sosteniendo que, la actuación investigativa ha sido minuciosa, colectando abundante prueba que respalda la pretensión fiscal y entiende que la excepción de nulidad debe ser rechazada, con costas.
Finalmente, solicita se rechace el recurso intentado con expresa imposición de costas. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y hace reserva del caso federal.
III. Que, a fs. 84, se abrió a prueba de la presente causa haciendo lugar a la prueba pericial contable. En este sentido, a fs. 91/94 se encuentra agregado el informe pericial contable, a fs. 98/99esta agregada la impugnación de pericial realizada por el Fisco Nacional y a fs.104/106vta., el rechazo de impugnación presentada por la parte actora.
Por ello, a fs. 112, se clausura el período probatorio en la causa y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “B”.
A fs. 126/129vta obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la parte actora del derecho otorgado a fs. 117 Finalmente, a fs. 132 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la Litis.
De conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 170/174vta. de las actuaciones administrativas, el presente caso tiene su origen en información remitida por Dirección Regional Rosario, relativa a la aplicación de la Instrucción General N°748/05 (DO PYNF) a la firma Goro S.R.L., donde se observan operaciones entre esta usina y la contribuyente.
En primer lugar, con relación a las actuaciones se procedió a concurrir al domicilio fiscal de la contribuyente y se procedió a notificar el formulario F.8000. Se verificó el Impuesto al Valor Agregado, por los periodos de 10/2012 a 03/2013.
Indica que la actividad de la contribuyente se encuentra inscripta como fábrica de prendas de vestir y artículos similares de punto y venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.. Se analizaron los elementos aportados por la contribuyente: Fotocopia de Libro IVA Compras del 10/2012 a 03/2013, facturas del proveedor Goro S.R.L., Órdenes de pago a Goro S.R.L., pagos facturados a Goro S.R.L., copia de recibos de dicho proveedor N°1-545/561/581 y copias de las facturas N° 1/60 del 04/12/2012.
Describe que el origen de estas actuaciones son las operaciones de la contribuyente con la firma Goro S.R.L. que tiene CUIT inactiva, incluida en Base Apoc., sin capacidad económica, presentó DDJJ de IVA hasta el 08/2013 y del Impuesto a las Ganancias hasta el año 2012, no posee bienes registrables (inmuebles o automotores), que poseía un furgón Citroen Berlingo que fue vendido el 24/08/2011, ni acreditaciones bancarias desde el año 2011, nunca declaró empleados en relación de dependencia, ni realizó pagos de impuestos, a excepción de IVA periodo 02/2012 por pesos ciento siete con cincuenta y un centavos ($107,51).
Destaca que, en el domicilio fiscal declarado no conocen a la firma Goro S.R.L., en atención a ello, se procedió a dar con los integrantes de la sociedad, Rodríguez Marcelo Alejandro y González Héctor Daniel, logrando ubicar a este último el cual manifestó estar desocupado, nunca haber sido socio gerente de Goro S.R.L., dice conocer la firma porque lo contacto un persona llamada Cristian y a cambio de una compensación económica fue a tribunales con su DNI y firmo diversos papeles, lo mismo hizo en la DGI, le hacían llegar como compensación $5.000,- hasta que un día le informó que se vendió la empresa.
Por otro lado, informa que Goro S.R.L. facturó a la inspeccionada servicios de transporte de bultos a clientes y de bultos recepcionados por la inspeccionada. En cuanto a los pagos, según surge de las órdenes de pago aportadas, fueron realizados con cheques de terceros saldando pequeñas diferencias con efectivo o con cheques propios de la inspeccionada. Se aportaron solo cuatro (4) recibos que amparan facturas de las siete (7) facturas emitidas por el proveedor. Asimismo, se confeccionó papel “Facturas Observadas” (fs. 149) en el cual se determina el crédito fiscal a impugnar proveniente de la facturación de Goro S.R.L., en papel “Ajuste Crédito Fiscal” (fs. 150). Por otra parte, surge también que la contribuyente presentó multinota con fecha 25/09/2015 (fs.160/161) donde realiza una serie de consideraciones sobre los ajustes planteados y ratifica que “…no rectificaremos nuestras DDJJ de IVA por los períodos involucrados, ya que las mismas han sido preparadas sin errores…”.
Concluye que, la contribuyente no fue localizada en el domicilio fiscal, ya que el mismo se trata de una casa de familia, conforme lo manifestado por la persona que recibió a los actuantes en dicho domicilio indicando que reside allí hace más de siete (7) años y que no conoce a la firma Goro S.R.L., y que no cuenta con bienes propios (rodados, inmuebles, etc.) que posee facturas con CAI vigente hasta el 04/2014, sin capacidad económica y que el socio gerente manifestó que prestó a sabiendas su DNI para formar la sociedad a cambio de una compensación económica. Por lo que sugiere la carga de Goro S.R.L. en la base e-apoc.
Finalmente, indicando que, al no ser conformadas, se propone remitir las actuaciones a División Revisión y Recursos a efectos de proseguir el trámite de determinación de oficio.
V. Que, es dable destacar, que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
En primer término, procede expedirse sobre si la resolución apelada se ajusta a derecho respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente a lo largo de su escrito de inicio, cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma. Ello así, quien la invoca debe ofrecer elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si pretende que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En relación con lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
En cuanto a la no admisión de una prueba ello no puede considerarse como causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que en la alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en la primera instancia (CPCC art. 206). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en los arts. 155 y 156 de la ley de procedimeinto fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquimica SACIM” fallo del 5-7-77) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
En este sentido la doctrina de nuestro más Alto Tribunal (fallos 205:549; 247:52; 267:393, entre otros) ha expuesto que “cuando la restricción de la defensa ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esta restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional procura de justicia”. En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costasque aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con él a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
VI. Que, según lo expuesto, con respecto al ajuste en el Impuesto al Valor Agregado, a juicio de este Tribunal conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto del proveedor cuestionado se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad del proveedor declarado como quien ha comercializado los servicios. Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos. En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Por tanto, debe determinarse si las probanzas aportadas por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la prestación efectiva de los servicios de transporte por parte del proveedor que surgen de los comprobantes y su real representación en los créditos fiscales declarados.
Precisamente se ha producido en autos prueba pericial contable, la cual se encuentra agregada a fs. 91/94. En ese sentido, dicha prueba se limita a analizar determinados aspectos meramente formales respecto de los libros contables, por un lado, y a verificar la debida registración de las operaciones habidas con el proveedor cuestionado con más su documentación respaldatoria, así como también si a partir de la misma puede constatarse el circuito económico de las operaciones. No obstante, dicho ensayo resulta insuficiente para acreditar de forma fehaciente la existencia de tal proveedor y la participación en las operaciones cuestionadas.
En esta línea argumentativa, en cuanto a la pericial contable corresponde señalar que, le asiste razón al criterio esgrimido por el perito del Fisco Nacional por cuanto afirma que “La mera registración de las operaciones en modo alguno demuestra la realidad fáctica de las operaciones arriba señaladas”, “Si bien las facturas aquí cuestionadas cumplen con las formalidades dispuestas por el Fisco, no es menos cierto que la empresa Goro S.R.L. se encuentra incluida en la base de facturas apócrifas”.
Asimismo, corresponde destacar que, en el domicilio fiscal declarado, no conocen a la firma Goro S.R.L. y que el Sr. Héctor Daniel González (integrante de la Sociedad) manifestó que, encontrándose desocupado, fue contactado por una persona para que, presentando su DNI, firme diversos papeles en Tribunales y ante la DGI. En idéntico sentido, el Sr. González sostiene que nunca fue socio gerente de Goro S.R.L. y que conoce a la firma porque le hacían llegar una compensación económica de $5.000,- hasta el momento que le informaron que se vendió la empresa.
Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas al proveedor no confiable, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en un sinfín de argumentaciones que no hacen más que revelar su mero desacuerdo con las valoraciones realizadas por la fiscalización.
Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas..."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...’ Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”
Tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la existencia de tal proveedor y la participación en las operaciones cuestionadas, circunstancias que no ha demostrado al no presentar elementos de prueba que permitan evidenciar la real capacidad operativa, económica y financiera de este supuesto proveedor. El informe pericial contable y la prueba aportada en las presentes actuaciones resultan insuficientes para justificar el cómputo de los créditos fiscales.
En virtud de lo expuesto, no procede el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto. En consecuencia, cabe confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en todas sus partes en relación con el Impuesto al Valor Agregado determinado en las Resolución N° 60/2017 (DV RRME). Las costas se imponen a la actora.
VII. Que, no habiendo agravios, concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que resta tratar el aspecto sancionatorio, concretamente la multa impuesta en el Impuesto al Valor Agregado, conforme artículos 46 y 47 inciso b) de la ley de rito.
Cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11.683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
A su vez, el artículo 47 inciso b) de la ley de rito, prevé que “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas (…) b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución y que particulariza en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada, con costas.
2. Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de los miembros titulares de las Vocalías de la 5ta. y 6ta. Nominación, por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 4ta. Nominación. Regístrese y notifíquese. Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y archívese.
Date: 2023.06.23 16:02:57 ART Date: 2023.06.23 16:22:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.23 16:23:40 -03:00
Fin de la sentencia