Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto de ambos períodos, con costas.
I. Que, a fs. 47/63vta., se presenta la actora e interpone un recurso de apelación en los términos del artículo 76 inc. b) de la Ley N° 11.683 (y sus modif.) contra la Resolución N° 26/12 (DV RRES) emitida el 07/03/2012 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la Dirección General Impositiva de l8a Administración Federal de Ingresos Públicos en virtud de la cual se le determina el Impuesto a las Ganancias en las sumas de $841.732,78 (pesos ochocientos cuarenta un mil setecientos treinta y dos con setenta y ocho centavos) y $1.891.515,45 (pesos un millón ochocientos noventa y un mil quinientos quince con cuarenta y cinco centavos), por los periodos fiscales 2002 y 2003, respectivamente. Asimismo, se lo intima a ingresar en concepto de intereses resarcitorios conforme el artículo 37 de la ley ritual el monto de $5.763.984,43 (pesos cinco millones setecientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro con cuarenta y tres centavos). A su vez, se le aplica la multa por las sumas de $1.913.273,76 (pesos un millón novecientos trece mil doscientos setenta y tres con setenta y seis centavos) equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del impuesto evadido por cada uno de los periodos fiscales ajustados (artículo 45 de la ley de rito).
En primer lugar, manifiesta que el origen de los actuados se vincula con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 23/06/2011 “HOMAQ SA c/ Poder Ejecutivo Nacional y/o Ministerio de Obras Públicas. Adm. Fed. Ing. Púb. (AFIP) y/o Poder Legislativo Nacional S/ Amparo” en la que se dispuso rechazar la acción de amparo entablada en el año 2003 con el objeto que se declarase la inconstitucionalidad de toda norma que se opusiera a la aplicabilidad del régimen del ajuste por inflación impositivo fijado en el artículo 39 de la Ley N° 24.073, el artículo 4 de la Ley N° 25.561 y el artículo 5 del Dto. N° 214/02.
Señala que dicho rechazo se sustentó en la imposibilidad de producir en una acción de amparo un peritaje contable que permitiese verificar la información contenida en la certificación del contador público aportada en carácter de prueba documental, a fin de acreditar la afectación constitucional de su derecho de propiedad en cuanto a la confiscatoriedad, producida por la falta de aplicación del ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2002.
Argumenta que la Ley del Impuesto a las Ganancias contempla la aplicación del ajuste por inflación en la determinación de la ganancia neta imponible como sistema de corrección de las distorsiones que produce dicho fenómeno económico en la situación patrimonial y los resultados del ejercicio de las empresas. En este sentido, describe el marco normativo de las disposiciones que prevén el ajuste impositivo por inflación.
Sostiene la ilegitimidad de la Resolución 26/12 en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Dto. 1397/79 ya que a la fecha de su dictado el Fisco Nacional carecía de facultades para determinar el Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2002 y 2003, por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 56 de la ley, sin que hubieran mediado en el transcurso del mismo causales de suspensión o de interrupción que extiendan dicho lapso temporal.
Agrega que, se encuentran prescriptas las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago del impuesto y para imponer sanciones por los periodos fiscales 2002 y 2003. En esta línea, interpreta que, conforme lo dispuesto en el artículo 57 de la ley procedimental, el cómputo se inició el 1° de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del plazo general para la presentación de las declaraciones juradas, esto es 01/01/2004 para el periodo fiscal 2002 y el 01/01/2005 para el periodo fiscal 2003 los cuales expiraron el 01/01/2010 y 01/01/2011, respectivamente.
Asimismo, alega que a la fecha que se notificó la corrida de vista que prescribe el artículo 17 de la ley ritual (05/01/2012) el Fisco Nacional ya no se encontraba habilitado para reclamar obligaciones por los periodos fiscales 2002 a 2003, ni para aplicarle ninguna multa.
A su vez, opina que no se verificó ninguna de las causales de suspensión contempladas en la normativa tributaria vigente y que de ningún modo debe aplicarse las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto de la prescripción de cosas y acciones en general teniendo una regulación especifica en la ley ritual. Por ende, considera que no le resulta oponible ni tampoco ha tenido efecto alguno en el plazo de prescripción las actuaciones judiciales sustanciadas con motivo de la acción de amparo intentada toda vez que la ley no le ha otorgado efectos suspensivos o interruptivos de la prescripción resultando un principio general aplicable restrictivamente en esta materia.
Destaca que, en cuanto al periodo fiscal 2003, no realizó ninguna acción judicial vinculada a dicho ejercicio y, por ende, el Fisco Nacional no se encontraba imposibilitado legal ni judicialmente para fiscalizar y, eventualmente, determinar y sancionar por una presunta omisión en el ingreso del referido gravamen. Indica que el único impedimento que podría eventualmente alegarse habría sido la sentencia dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes el 21/04/2004 que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad de las normas que impidieron la aplicación del ajuste por inflación en el ejercicio 2002, convalidando de esta manera sus declaraciones juradas que en tiempo y forma había presentado.
Afirma que, si bien es cierto que este decisorio fue revocado por la Excma. Cámara con fecha 07/06/2007, el Recurso Extraordinario que interpuso contra ésta poseía efectos suspensivos, por lo que hasta que no fue resuelto éste, hecho que aconteció recién el 23/06/2011, el Organismo Recaudador podría eventualmente haber alegado que se encontraba impedido de impugnar la declaración jurada original en la que se aplicó el ajuste por inflación. Sin embargo, opina que si pretendía ampararse en lo dispuesto por el art. 3980 del Código Civil debió haber dictado y notificado la resolución determinativa de oficio dentro del plazo de tres meses contados a partir de la sentencia de la Suprema de Justicia, es decir con anterioridad al 23/09/2011, circunstancia que no aconteció, lo cual le impide invocar los beneficios que contempla el referido artículo y omitir el cómputo de períodos de tiempo en los que corrió el plazo de prescripción sin suspensiones ni interrupciones de ninguna naturaleza y/o especie.
Arguye que la medida cautelar dictada el 19/07/2003 abarcaba solo al periodo 2002 y hasta tanto se dicte la sentencia sobre la cuestión principal la cual fue dictada el 21/04/2004. Advierte que la propia Cámara asi lo entendió el 23/12/2008 al declarar inoficioso todo tratamiento de los agravios vertidos por la representación fiscal contra la precautoria otorgada y declarar abstracto el recurso de apelación.
Añade que resulta errada la interpretación que formula el Fisco Nacional en la Resolución 23/12 cuando expone que “el reinicio de los plazos debe computarse desde el cese de la medida cautelar dispuesta por interlocutorio de fecha 12/12/11 y notificada a Homaq S.A. el 19/12/11 resolución que se encuentra firme y consentida, al no haber interpuesto recurso alguno contra este decisorio, recobrando esta Administración sus facultades para determinar las diferencias que nos ocupan.”
Entiende que la solicitud del levantamiento de la medida cautelar formulada por la AFIP que motivó el interlocutorio del 12/12/11 estuvo orientada a subsanar la inactividad de mas de tres meses. En este sentido, manifiesta que: 1) el 21/04/2004 se dictó sentencia sobre la cuestión de fondo haciéndose lugar a la acción de amparo y declarándose la procedencia de la aplicación del ajuste por inflación en la declaración jurada del periodo fiscal 2002; 2) el 07/06/2007 la Cámara de Apelaciones revocó esa sentencia y rechazó la acción de amparo, razón por la cual jamás podría reputarse vigente una cautelar que disponía lo contrario a lo allí decidido Y 3) el 23/06/2011 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en contra de la acción de amparo, pero no por no encontrarse afectados los derechos y garantías constitucionales invocadas sino porque la certificación contable resultó a criterio del Tribunal insuficiente, siendo que a posteriori el Fisco Nacional se valió de los datos allí volcados para confeccionar la resolución que motiva el presente recurso.
Por otra parte, la recurrente señala la improcedencia por razones de ilegitimidad con respecto al criterio del Organismo recaudador que impugnó la aplicación del ajuste por inflación aplicado en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2002, así como el quebranto que computó en el ejercicio inmediato siguiente, en orden a salvaguardar su derecho de propiedad tutelado en la Constitución Nacional. Por otro lado, alega que la pretensión fiscal vulnera el principio de legalidad en materia tributaria (artículos 4, 17, 19 y 75 incisos 1 y 2 CN) desde el momento en que la alícuota efectiva que se aplica excede con creces a la del 35% legalmente prevista.
Recuerda que el principio de legalidad en materia tributaria implica que existe una zona de reserva a favor del Poder Legislativo que es indelegable y que el hecho imponible, la base imponible los sujetos pasivos y la alícuota sólo pueden crearse por ley formal y material.
Asimismo, invoca la vulnerabilidad del derecho de propiedad (artículos 14, 17 y 20 CN) y señala que por la no aplicación del ajuste por inflación en el Impuesto determinado en ambos periodos arrojan sumas que de ningún modo se compadecen con los verdaderos resultados obtenidos en el periodo fiscal 2002 que arrojó un quebranto de $5.006.679,89, más las penas pecuniarias que le imponen.
Plantea la violación al principio de no confiscatoriedad (art 17 CN) ya que entiende que las sumas pretendidas por el Organismo Fiscal resultan confiscatorias.
Sostiene la inconstitucionalidad por violación del principio de capacidad contributiva y razonabilidad (artículos 4, 14, 16, 17, 28 y 33 CN) afirmando que el hecho generador en el Impuesto a las Ganancias se fundamenta en la capacidad contributiva que surge de las ganancias y que dicho impuesto al caer sobre los ingresos resulta directamente afectado en condiciones inflacionarias por su forma de determinación.
Respecto a los intereses sustenta su improcedencia con fundamento en la ausencia de prestación principal y por inexistencia de mora culpable, por haber eventualmente incurrido en error excusable en la interpretación de las normas tributarias involucradas y eximentes de responsabilidad.
Por último, se agravia de las sanciones aplicadas, manifestando su ilegitimidad y su improcedencia por cuanto no se da el elemento subjetivo requerido desde la óptica infraccional para la aplicación de penas de naturaleza tributaria. En subsidio, esboza que corresponde disponer la eximición de la pena aplicada con arreglo a la figura del error excusable prevista en el artículo 45 in fine de la ley, con fundamento en la complejidad de las normas tributarias involucradas y sus disímiles interpretaciones.
Finalmente, ofrece prueba pericial contable, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. En definitiva, solicita se revoque en todas sus partes la resolución determinativa apelada, con costas.
II. Que, a fs. 75/99, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos.
Manifiesta que de los antecedentes administrativos surge que la actora se dedujo improcedentemente el Impuesto a las Ganancias en concepto de ajuste por inflación por el periodo fiscal 2002 y, en consecuencia, computó improcedentemente quebrantos de ejercicios anteriores para el periodo fiscal 2003.
Señala que, con relación a la prescripción alegada por la actora, la medida cautelar que le ordenó abstenerse de ejercer las facultades de fiscalización y determinación que la ley de procedimiento tributario constituye un acto que impide el cómputo del tiempo útil de la prescripción de la obligación fiscal mientras duren sus efectos. Por ende, opina que mientras estén vigentes los efectos suspensivos de la medida cautelar decretada y hasta el momento en que el Juzgado decidiera que había cesado su operatividad, la prescripción queda suspendida durante el lapso en que por disposición legal (judicial) no pudo ejercerse la acción fiscal.
Sostiene que los efectos de la suspensión del cómputo de la prescripción se traducen en la imposibilidad de impugnar el -supuesto- quebranto impositivo del ejercicio 2002 en su imputación al periodo 2003, toda vez que era dicho resultado impositivo el que se encontraba discutido en instancia judicial.
Agrega que, la prescripción de los quebrantos, se computan de forma distinta a la determinación de un impuesto a ingresar, aquellos dependen de la modificación de la situación impositiva previa que generó dicho quebranto. Señala que el levantamiento de la medida cautelar fue dictado el 12/12/2011 y notificado el 19/12/2011, fecha en la cual cesó el impedimento judicial.
Manifiesta que la recurrente pretende que se le otorgue una carta de exención de indemnidad a aquellas personas que, utilizando mecanismos judiciales que están fuera del procedimiento fiscal para discutir cuestiones atinentes al impuesto, luego se amparen en la propia ley de procedimiento tributario sosteniendo que no se han operado las causales de suspensión que dicha norma tiene implementados. Concluye que la prescripción planteada no puede prosperar y así lo solicita.
En cuanto al fondo de la cuestión, resalta que no es posible aplicar el ajuste por inflación que hacía alusión el Título VI de la ley del gravamen y que, por ello, los contribuyentes no están legalmente autorizados a corregir por inflación sus resultados impositivos. Menciona que, en el presente caso, no se puede aseverar que se esté en presencia de inflación en los términos reseñados por los economistas, porque no se trata de un incremento generalizado, apreciable y persistente del nivel de precios y que solo hubo en la Argentina una alteración de los precios relativos, cuyos efectos se vieron en los primeros cuatro meses de 2002 lo cual no debe ser confundido con un proceso inflacionario.
Destaca que la normativa cuestionada debe ser analizada dentro del contexto histórico indicando que dentro de un proceso inflacionario la Ley N° 21.894 y luego Ley N° 23.260 modificaron el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, incorporando un mecanismo de ajuste por inflación para la determinación de la ganancia neta imponible conforme artículos 94 a 9 de la ley del gravamen. Afirma que dicho ajuste impositivo por inflación se aplicaba a sociedades, empresas y explotaciones comerciales y luego, en 1991, se sanciona de la Ley N° 23.928 de convertibilidad para dar fin a un proceso inflacionario y, en consecuencia, el mecanismo de ajuste por inflación contemplado en el Título VI de la ley de Impuesto a las Ganancias careció de operatividad. Finalmente advierte que, con la sanción de la Ley N° 25.561 se da fin al régimen de convertibilidad pasándose a un mercado libre de cambios y dice que en ningún momento el Poder Ejecutivo Nacional dictó una norma que habilitara el ajuste por inflación impositivo, por lo tanto, es erróneo que el decreto 1269/02 haya habilitado el ajuste por inflación, ya que no se ha dictado norma que lo habilite. En este sentido, manifiesta que en este caso no resulta una mera cuestión de interpretación del plexo normativo vigente ya que resulta clara en el sentido de que el ajuste pretendido carece de operatividad.
En otro orden, sostiene que el ajuste por inflación es un índice de actualización de los valores nominales, que impositivamente no es deducible, toda vez que no representa una efectiva erogación ni equivale a un gasto presumido o presumible. Considera que el impuesto adeudado se determinó conforme a las normas y que de ningún modo resultó confiscatorio para la recurrente.
En cuanto a los intereses, señala que se aplicaron correctamente los establecidos en el artículo 37 de la ley de procedimiento tributario.
En lo que respecta a la multa, manifiesta que la omisión de impuesto verificada se tradujo en una detracción en el tributo que debía ingresar el apelante oportunamente en las arcas fiscales y al producirse un daño económico injustificado derivado de la merma de la recaudación del impuesto provocando que el juez administrativo consideró de carácter culposo dicha omisión. Con relación a la excusabilidad del error, añade que no quedó probado que la recurrente haya actuado con prudencia al tomar las medidas necesarias para no omitir el pago del tributo correspondiente Finalmente, cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba pericial contable y hace reserva del caso federal. Solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, a fs. 107, se abrió a prueba de la presente causa haciendo lugar a la prueba pericial contable y ordenándose el libramiento de un oficio dirigido al Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes. En este sentido, a fs. 114/119vta se encuentra agregado el informe pericial contable y a fs. 133 obra la contestación del oficio oportunamente ordenado por intermedio del cual se adjuntó la causa caratulada: “HOMAQ SA c/ Poder Ejecutivo Nacional y/o Ministerio de Obras Públicas. Adm. Fed. Ing. Púb. (AFIP) y/o Poder Legislativo Nacional S/ Amparo” (Expte. N° 4499/04) que figura como cuerpo de prueba de las presentes actuaciones.
Por ello, bajo la a fs. 179, se clausura el período probatorio en la causa y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “B”.
A 187/191vta y a fs. 193/196 obran agregados los alegatos producidos por la parte actora y por el Fisco Nacional, respectivamente.
Finalmente, a 197 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
En cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional al ajuste debatido en las presentes actuaciones.
De conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 44/47 del primer cuerpo de las actuaciones administrativas, la recurrente se encuentra inscripta en la AFIP en la actividad principal de construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte.
Tras la apertura de la inspección, los procedimientos de auditoria se limitaron al motivo que originó a la verificación y que resultan del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Homaq SA c/ Poder Ejecutivo Nacional y/o Ministerio de Obras Públicas – Administración Federal de Ingresos Públicos y/o Poder Legislativo Nacional s/ Amparo” por intermedio del cual se desestimó el ajuste por inflación aplicado por la actora en su balance impositivo.
De este modo, se compulsaron libros, documentación y/o registraciones. Tampoco se circularizaron a bancos ni a proveedores ni se examinó su contabilidad.
A su vez, se analizó las declaraciones juradas de ganancias de los ejercicios fiscales 2002 y 2003 con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el informe especial del perito contador presentado en el expediente judicial.
Se impugnó la aplicación del ajuste por inflación por parte la recurrente en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias ejercicio fiscal 2002 mientras que en el ejercicio fiscal 2003 se procedió a impugnar el quebranto que fuera traslado del ejercicio anterior como consecuencia de la aplicación del ajuste por inflación. De los ajustes se observa que superan la condición objetiva de punibilidad según lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley Penal Tributaria N° 24.769.
V. Que, por razones de lógica precedencia corresponde tratar en primer término los planteos de prescripción articulados por la recurrente.
En primer momento, cabe señalar que las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los impuestos tienen un plazo de prescripción de cinco (5) años al encontrarse el contribuyente de autos inscripto ante la AFIP, conforme las disposiciones del artículo 56 de la Ley N° 11.683. Asimismo, en virtud del artículo 57 del mismo texto legal, el término de cinco años se computará desde el 1º de enero siguiente al que se produzca el vencimiento del plazo para la presentación jurada e ingreso del gravamen -en el caso particular la recurrente cierra sus ejercicios fiscales en Octubre de 2002 y Octubre de 2003.
En este orden de ideas, si a ello se agregase el plazo de suspensión de un año establecido en la Ley N° 26.476 (BO 24/12/2008), el término de prescripción correspondería encontrarse vencido el 01/01/2010 para el periodo fiscal 2002 y el 01/01/2011 para el periodo fiscal 2003.
Sin embargo, sobre el particular y tal como ya fue expuesto en los relatos, con fecha 19/03/2003, en el marco de la causa caratulada “HOMAQ SA c/ Poder Ejecutivo Nacional y/o Ministerio de Obras Públicas. Adm. Fed. Ing. Púb. (AFIP) y/o Poder Legislativo Nacional S/ Amparo” (Expte. N°117/03) se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y ordenar a la demandada (AFIP) que se abstenga de iniciar el procedimiento determinativo previsto en los artículos 16 y ss de la Ley N° 11.683 y/o reclamo administrativo o judicial respecto de las obligaciones fiscales de la recurrente en concepto de impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2002, hasta tanto se dicte una sentencia sobre la cuestión principal. (vide Cuerpo de prueba fs. 52).
Asimismo, corresponde destacar la sentencia de fecha 21/04/2004 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes por la cual se hace lugar a la demanda de la actora y declara la inconstitucionalidad de la aplicación al caso particular de los artículos 39 de la Ley N° 24.073, 4 de la Ley N° 25.561 en cuanto modifica el artículo 10 de la Ley N° 23.928 y del 5to del Decreto N° 214/02 con respecto a la suspensión de la aplicación afectiva del Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Asimismo, autoriza a la actora a presentar su declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2002 reflejando en su base imposible la realidad económica fijada por el juez de primera instancia (vide Cuerpo de prueba fs. 127/129vta).
Sin embargo, con fecha 07/06/2007, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dicto sentencia por la cual se revoca la resolución de primera instancia en cuanto a la procedencia de la acción intentada por la actora (vide AA fs. Cuerpo de prueba fs. 170/172vta). Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 23/06/2011. (vide Cuerpo de prueba fs. 230/230vta) la cual se notificó al Fisco Nacional el 30/06/2011 y a la actora el 01/07/2011 (vide cedulas obrantes en el Cuerpo de prueba a fs. 232/232vta y a fs. 233/233vta). Posteriormente frente a un pedido de aclaratoria respecto de las costas, la Corte Suprema lo desestima el 18/10/2011.
Por otro lado, el 12/12/2011, a solicitud de la representación fiscal, se ordenó el levantamiento de la medida cautelar dictada oportunamente en atención al carácter provisorio o interino de toda medida cautelar y en consonancia con las resoluciones judiciales dictadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vide AA fs. 64).
Resulta relevante reiterar que la Resolución Determinativa N° 26/12 (DV RRES) fue dictada el 07/03/2012 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
VI. Que, señalado lo expuesto en el considerando anterior, la cuestión controvertida radica en la aplicación a la especie del artículo 3980 del Código Civil, que previo a la reforma de la Ley N° 26.994, establecía: “Cuando en razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses. Si el acreedor no hubiere deducido demanda interruptiva de la prescripción por maniobras dolosas del deudor, tendientes a postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo.”
En cuanto a la dispensa por imposibilidad de obrar la doctrina entiende: “No se trata de un caso de suspensión de la prescripción, por cuanto ésta se produce ipso iure por una causa legal, cuya existencia el juez sólo se limita a comprobar, sino de una dispensa que el juez puede conceder en virtud de una imposibilidad grave de obrar. Este impedimento no detiene el curso de la prescripción cumplida, sólo extiende el plazo para interponer la acción por el término de tres meses. La doctrina que establecía que la imposibilidad de hecho debía consistir en un acontecimiento grave de carácter general -una catástrofe meteorológica, una epidemia, etc.,- fue modificada por la jurisprudencia, que extendió dicho concepto a situaciones propias del individuo, no solo de situaciones de hecho, sino también de derecho. La imposibilidad de obrar puede ser anterior al nacimiento de la acción o sobreviniente, pero ella debe existir en el momento de vencerse el plazo, toda vez que la ley refiere a la prescripción cumplida durante el impedimento (BORDA, G.A., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, t. II, ps. 32/3, SPOTA, A.J., Tratado de Derecho Civil, t. I, Parte General, Vol. 3.8, ps. 324/6)”, extractado de Santos Cifuentes, Código Civil Comentado y Anotado, Tomo III, ps. 633/634.
Asimismo, cabe destacar que la Sala III de la CNACAF en la causa “Beltop S.A. Del 29/05/2014, expresó: “…cabe comenzar por recordar que el citado artículo 3980 del Código Civil no importa supuesto de suspensión alguno, sino que establece el instituto de la dispensa de la prescripción cumplida, el cual es de interpretación restrictiva, razón por la que la facultad que se le confiere a los jueces debe ser ejercida con la máxima prudencia (CSJN: Fallos: 313:173 y 334:62).”
“Puntualmente, la norma autoriza a los jueces a liberar de las consecuencias de una prescripción cumplida cuando en razón de dificultades o imposibilidad de hecho se hubiera impedido temporalmente el ejercicio de una acción, siempre que el interesado hiciera valer sus derechos en el plazo de tres meses contados a partir de la cesación de tal impedimento (conf. esta Sala, Causa 14.846/96, in re "Larrabeiti Yañez Anatole Alejandro y Otro c/ Estado Nacional s/ proceso de Conocimiento", del 04/11/2004).”
Sobre el particular la CNACAF, Sala II, en una cuestión similar a la discutida en estos autos, expuso el 05/09/2013 en la causa “La Lluvia S.A.”: “Sobre la interpretación que cabe otorgar al artículo mencionado, esta Cámara ha entendido que "[l]as circunstancias que autorizan la suspensión del plazo de caducidad, son las mismas a las que se refiere el art. 3980 del C.C. para la prescripción cumplida a quien se haya impedido temporalmente el ejercicio de una acción, en razón de dificultades o imposibilidad de hecho. Ella sólo resulta procedente ante impedimentos imprevisibles o insuperables, cuya apreciación debe ser juzgada con el mismo criterio que se utiliza para tener por configurada la fuerza mayor (Cám. Civil, Sala L, 'Varone, José V. с/ Romolo Laura A.M. s/ sucesión-escrituración", del 24/04/97)" -cfr. CNCAF, Sala I, in re "Galiana Enrique - Beneficio Litigar sin gastos y otros c/ B.C.R.A. -Resol. 155/00 (expte. 100.183/97 Sum Fin 921)", expte. 13.018/01, del 25/09/2003-.”
En otros de sus párrafos el mencionado fallo expresa que: “También el Alto Tribunal ha sostenido el carácter excepcional de la dispensa, así como el perentorio del plazo establecido por el art. 3980, al señalar que "[e]l instituto de la dispensa de la prescripción por reglar situaciones de carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y la facultad conferida a los jueces (art. 3980 del Código Civil) debe ser ejercida con la máxima prudencia, debiendo ponderarse las 'dificultades o imposibilidades de hecho' con relación a la persona misma del demandante (Fallos: 314:862; ver asimismo, Fallos: 313:173)”. “… Se desprende de lo hasta aquí expuesto, en síntesis, que la norma del art. 3980 prevé, para los casos en que el acreedor se ha visto impedido de ejercer su acción, la dispensa de la prescripción cumplida durante tal impedimento. Y es el juez de la causa quien tiene la facultad -que debe ser ejercida con suma prudencia- de otorgar dicha dispensa, prevista para casos excepcionales y siempre que el mencionado acreedor hiciera valer sus derechos dentro del término de tres meses.”
En este sentido, corresponde resaltar que el mismo razonamiento fue seguido por esta Sala “B”, en su actual composición, en la causa caratulada: “BARBUY TEAM S.A. S/ APELACIÓN” cuya sentencia del 14/11/2018 fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en su pronunciamiento de fecha 06/10/2020.
Reseñados los fallos y la doctrina respecto de la materia, surge en claro que la norma bajo análisis no establece un plazo de suspensión de la prescripción como pretende argumentar el Fisco Nacional y tampoco es posible concluir, como aquél interpreta, que dicho impedimento sólo fue superado al momento de la notificación del levantamiento de la medida cautelar resuelta el 12/12/2011.
En efecto, resulta de cardinal importancia señalar que las medidas cautelares tienen, ante todo, carácter provisional (Fallos: 327:5068). Es decir que subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron, conforme con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dado, pues, que las medidas cautelares constituyen un anticipo de la garantía jurisdiccional, y se hallan encaminadas a asegurar el resultado práctico de otro proceso, parece claro, que aquéllas caducan con motivo de la sentencia que, en ese proceso, desestima la pretensión deducida por quien las obtuvo (Lino Enrique Palacio, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Ed. Abeledo-Perrot, 18ª edición, Buenos Aires 2004, pág. 773). Por lo tanto, en las presentes actuaciones, en atención de lo hasta aquí expuesto, es dable inferir que con el dictado de la sentencia de fecha 23/06/2011 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y, en consecuencia, rechazó la acción impetrada por la parte actora, desapareció todo obstáculo para que el Fisco Nacional ejerciera las facultades que la ley de procedimiento tributario le otorga a fin de determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por esa ley. Es que no puede dudarse que, con la resolución de la CSJN que concluyó que no le asistía derecho al contribuyente en cuanto a la pretensión de fondo incoada, la medida cautelar perdió eficacia al desaparecer el sustento que legitimaba su vigencia, la verosimilitud del derecho. Por ende, el plazo de tres meses fijado conforme la interpretación del artículo 3980 del Código Civil de la Nación comenzó a regir a partir de dicho momento. Es decir que, sin perjuicio de la resolución de fecha 12/12/2011 en la cual se levanta la medida cautelar, el cómputo del tiempo útil de la prescripción de la obligación fiscal produjo efectos a partir de la notificación de la sentencia de nuestro Máximo Tribunal que puso fin a los efectos suspensivos de la medida cautelar decretada a fin de que el Fisco Nacional se abstenga de ejercer las facultades de fiscalización y determinación que la ley de procedimiento tributario.
VII. Que, conforme lo indicado en el considerando precedente, en autos la prescripción por el período fiscal 2002 comenzó a correr el 1º de enero de 2004 -recordemos que la actora cierra el ejercicio fiscal el 30/10/2002 y presentó su declaración jurada el 09/04/2003- y existiendo una dispensa de la prescripción en virtud de la medida cautelar otorgada a la contribuyente el día 19/03/2003 hasta el pronunciamiento de la CSJN de fecha 23/06/2011 y notificado al Fisco Nacional el 30/06/2011. En consecuencia, a partir de la notificación de dicha resolución y por aplicación del artículo 3980 del Código Civil, el Fisco Nacional contaba con tres meses para iniciar las acciones tendientes a la determinación exigir el pago de los tributos así como lo referido a la aplicación de sanciones.
Del informe final de inspección obrante a fs. 44/46 AA, surge que comenzó la fiscalización y se notificó dicho inicio el día 29/12/2011 y al otro día se dio por finalizada dando origen al acto apelado de fecha 07/03/2012, con lo cual se pone de manifiesto, con suma claridad, que el Organismo Fiscal inició acciones con posterioridad al plazo acordado en el artículo 3980 CC, por lo cual está impedido de hacer valer la dispensa que el mismo otorga, máxime si se tiene en cuenta que el instituto de la dispensa es de carácter excepcional, de interpretación restrictiva, debe ser utilizado con prudencia por los jueces y es un plazo perentorio, ello también de conformidad con el criterio expuesto en el considerando precedente.
En virtud de todo lo expuesto, con relación al ajuste discutido por el periodo fiscal 2002, no cabe más que concluir que las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago del impuesto prescribe por el transcurso de cinco años e incluso teniendo en cuenta la suspensión prevista en la Ley N° 26.476 al momento de emitir el acto determinativo esas facultades se encontraban fenecidas.
VIII. Que, con relación al período fiscal 2003, cuyo plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2005 - recordemos que dicho ejercicio fue cerrado el 30/10/2003 y su declaración jurada presentada el 07/05/2004- y finalizó el 01/01/11 -considerando la suspensión prevista por la Ley N° 26.476-, cabe concluir que las facultades del Fisco Nacional también se encontraban prescriptas.
Con respecto al argumento del Fisco Nacional en el sentido de que la imposibilidad de impugnar el –supuestoquebranto impositivo del ejercicio 2002 afecta la determinación del año 2003, en razón de su traslado y cómputo pertinente, cabe mencionar que, a los fines del análisis de confiscatoriedad por este tema, el mismo no debe considerar los quebrantos de ejercicios anteriores que se generen justamente por el ajuste de inflación suspendido, como sucede en este caso. No obstante, y aun siguiendo la postura del Fisco Nacional, cabe remitirse a las conclusiones arribadas en el Considerando anterior respecto del periodo fiscal 2002.
En definitiva, con relación al período fiscal 2003, las acciones y poderes del Organismo Fiscal para determinar y exigir el pago del Impuesto a las Ganancias se encontraban prescriptos.
IX. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo de prescripción opuesto por la actora respecto de ambos períodos y establecer que de acuerdo con la forma en que se resuelve la presente deviene abstracto el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en la causa.
Por ello, SE RESUELVE:
Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto de ambos períodos, con costas. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.04.21 13:08:11 ART Date: 2023.04.21 17:42:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.24 12:20:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.24 12:22:05 -03:00
Fin de la sentencia