Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la sanción, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que, a fs. 36/48, se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 162/2011 (DV MRR2) de fecha 05/02/2011, emanada de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro, de la Dirección General Impositiva (Administración Federal de Ingresos Públicos) mediante la cual se le determina la suma de pesos diecinueve mil doscientos catorce con noventa y cinco centavos ($19.214,95) por los períodos fiscales 10/2006 a 05/2008 -ambos inclusive- con relación al Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, se lo intima a ingresar en concepto de intereses resarcitorios conforme el artículo 37 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), el monto de pesos veinticuatro mil cuatrocientos once con sesenta y un centavos ($24.411,61). A su vez, se le aplicó una multa por la suma de pesos quince mil trescientos setenta y uno con noventa y seis centavos ($15.371,96), equivalente a un ochenta por ciento (80%) del impuesto omitido, en mérito de lo estipulado por el artículo 45 de la ley ritual.
En primer término, plantea que la resolución apelada es nula, en virtud del tratamiento que hizo de la prueba acompañada y ofrecida al momento de contestar la vista, que no fue tenida en cuenta por el ente recaudador. Asimismo, señala que la garantía de defensa en juicio ha sido gravemente conculcada a su respecto por no haber respetado el Fisco Nacional lo dispuesto en el artículo 1 inc. f) punto 1 y 2, y artículo 7 inc. d), de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.
Entiende que el procedimiento determinativo de oficio sobre base presunta resulta alternativo, supletorio y sólo opera en aquellos casos de inexistencia de elementos, registración contable con notorias diferencias, documentación que no resulte fehaciente o insuficiencias de diversas índoles que tornan imposible la apreciación inmediata de los hechos y bases imponibles.
Expone que las facturas en cuestión se encuentran registradas en su contabilidad y que reúnen todos los requisitos de la Resolución General 3419 (DGI). Señala que prestó colaboración en la inspección aportando los libros contables societarios, IVA compras y ventas, balances certificados y declaraciones juradas de IVA. Manifiesta que la operatoria está perfectamente documentada, en razón de que los comprobantes en cuestión documentan fehacientemente la compra de artículos de ferretería a la firma Establecimiento Mapic SRL. Razona que su cumplimiento se da en mérito de que la documentación es fidedigna y que incluye la constancia de recepción del pago mediante la emisión del recibo respectivo. A su vez, expresa que la inspección actuante no practicó una severa revisión de la operatoria comercial de la UTE, de sus compras, de sus erogaciones, ni de sus cobros y depósitos bancarios.
Esgrime que las facturas no son apócrifas, fueron recibidas de buena fe y que existieron las prestaciones implicadas. A su vez, informa que se tomaron los recaudos formales pertinentes, verificando la validez de los comprobantes emitidos por el proveedor Establecimiento Mapic SRL, a través de la página web del Organismo. Indica que no hay comprobantes falsos ni beneficiarios ocultos en virtud de que los pagos se aplicaron efectivamente a una contraprestación real. Por lo tanto, relata que se trató de un gasto incurrido debidamente documentado vinculado a operaciones gravadas y destinado a obtener, mantener y conservar la fuente productora de renta.
Detalla que, con relación a la multa aplicada por supuesta omisión, no se verificó conducta omisiva alguna a título de culpa. Asimismo, expone que la conducta infraccional endilgada no se encuentra configurada toda vez que el Impuesto al Valor Agregado que se le reclama resulta improcedente. Finalmente, la actora ofrece prueba pericial contable, documental y hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado.
II. Que, a fs. 68/85, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Solicita se rechace el recurso intentado con expresa imposición de costas.
En primer lugar, destaca que la conclusión arribada por el Juez Administrativo no es una presunción sino el punto final de un razonamiento acabado y sostenido por las innumerables pruebas que los funcionarios fiscalizadores han aportado al expediente, elementos que no han podido ser rebatidos fehacientemente por la actora. Esgrime que el acto administrativo se desarrolló en forma cabal, acorde a la norma que lo reglamenta. A su vez, expresa que la recurrente tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa y que las conclusiones arribadas resultan razonables en función de los hechos comprobados y la normativa aplicada.
Señala que los elementos que derivaron en la impugnación del crédito fiscal – por considerar inexistentes las operaciones contenidas en las facturas cuestionadas- provienen de un conjunto de hechos ciertos y claramente identificados.
Expone que “la impugnación de las facturas cuestionadas ha sido ponderada por el Organismo Fiscal, habiéndose demostrado la existencia concomitante de una serie de hechos comprados, graves y precisos, que llevaron a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva existencia de la venta de diversos artículos de ferretería por parte del sujeto emisor de la facturación observada. Ello no implica que la determinación haya sido sobre base presunta, por más que la encartada pretenda tergiversar los hechos y conclusiones del funcionario sentenciante” (sic).
Razona que, en el caso de autos, no se trasladó la responsabilidad a la recurrente de un proveedor no localizado, sino que es ella misma es la responsable por el cómputo en sus declaraciones juradas de conceptos que en la realidad fáctica no tienen sustento para resultar procedentes, al no poder acreditarse la real existencia del supuesto proveedor.
Detalla que, con relación al circuito de pagos, del análisis efectuado de los cheques aportados por la entidad bancaria, se constató que los mismos fueron cobrados por una firma (Agrobel Fruits S.A.), que carece de vinculación con la supuesta proveedora.
Por último, cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, a fs. 89, se ordenó la apertura a prueba de la presente causa, rechazando la oposición efectuada por el Fisco Nacional.
A fs. 98/101, se encuentra glosado el informe pericial contable ordenado en autos.
A fs. 124, se clausura el período probatorio en las presentes actuaciones y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”.
A fs. 136/138 obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional. No habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado a fs. 128.
Finalmente, a fs. 140 se llamaron los autos para sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Conforme se desprende del informe final de inspección glosado a fs. 103/110 del cuerpo principal de los antecedentes administrativos, la inspección se originó como consecuencia del análisis realizado a los usuarios de la empresa Establecimiento Mapic SRL, la cual se encuentra incluida en la base e-apoc desde el 10/10/2008 bajo la condición “sin capacidad económica”, observándose una operación en el mes de octubre del 2007 con la verificada.
De las tareas efectuadas por la fiscalización, respecto al proveedor Establecimiento Mapic SRL, se detalla que: 1) No pudo ser localizado en ninguno de los domicilios declarados ya sea el fiscal o comercial. 2) Respecto de los sujetos que figuran como integrantes de la firma, ha podido detectarse que se trata de monotributistas – carentes de solvencia patrimonial – incluso para constituir sociedad, declarando actividades completamente ajenas a la de integrantes de directorios. En uno de los casos, se realizó un contrato de cesión de cuotas, en el cual figuraba cediendo cuotas un sujeto que a la fecha de la citada cesión se encontraba fallecido. Se concluyó que los sujetos que figuraban como integrantes fueron utilizados como prestanombres pero, en la realidad de los hechos, no ejercían función alguna. 3) No posee bienes registrables afectados a la actividad comercial, ni aportó contrato de locación que permita acreditar la existencia de capacidad operativa para llevar a cabo la actividad declarada. 4) No posee empleados en relación de dependencia, así como tampoco la existencia de terciarización de actividades.
5. En relación al comportamiento fiscal, respecto del IVA fueron presentadas las declaraciones juradas con débitos y créditos similares, no verificándose pago alguno. Con respecto al Impuesto a las Ganancias, se presentaron sin movimientos no exhibiéndose activos declarados. 5) Respecto a los movimientos financieros se pudo advertir créditos y débitos casi concomitantes, es decir el mismo o el día siguiente de la acreditación de los fondos los mismos eran retirados en efectivo o pagados con cheque. 6) Con referencia al circuito de pagos, del análisis de los cheques aportados por la entidad bancaria involucrada, se ha podido constatar que los mismos fueron cobrados por una firma (Agrobel Fruits S.A.) que carece de vinculación con la supuesta proveedora. Se le libró requerimiento a Agrobel Fruits S.A. solicitando el motivo de la cobranza de los cheques endosados y el detalle de los artículos y/o servicios comprados a Establecimientos Mapic SRL. El apoderado de la empresa informó que fueron recibidos en un canje de valores. A su vez, indicó que ni la UTE ni la empresa apoc son proveedores o clientes de la firma y que no hay ninguna factura recibida que diera origen a los cheques recibidos.
V. Que, conforme lo expuesto, en primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado por la recurrente, adelantando que este argumento carece de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En efecto, para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada.
Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
En esa tónica, debe destacarse que en relación a lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Se observa que la resolución cumple con dichos requisitos al lucir motivada y fundada en sus argumentos. Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos. A su vez en atención a que, la recurrente manifiesta que la determinación de oficio fue realizada en base a elementos y hechos presuntos, cabe dejar en claro que la resolución apelada en autos referida a impugnación de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado fue confeccionada a partir de hechos ciertos y concretos. Asimismo, de las constancias de las presentes actuaciones no surge que se haya recurrido a base presunta. En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar que, si bien la actora artículo su defensa como excepción previa, sus argumentos se plantean como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma (vide precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013).
VI. Que entrando al análisis de la cuestión de fondo, respecto del Impuesto al Valor Agregado, corresponde señalar que con relación al proveedor Establecimiento Mapic SRL la impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que los bienes a los que ellas se refieren hayan sido adquiridos a tal proveedor, en cuanto se acredita entre otros, que se trata de un sujeto sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesaria para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
En el particular resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, corresponde que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, ésto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el Organismo Fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario, lo que no ha ocurrido en la presente causa. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Por último, se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el casode los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”
Cabe señalar que respecto del proveedor Establecimiento Mapic SRL, la recurrente ha ensayado como principales argumentos a fines de desvirtuar el criterio fiscal, el hecho de que no tiene responsabilidad por el control de regularidad de las facturas cuestionadas, que realizó los controles de las mismas mediante la página web del Organismo, que toda la documentación es válida y que las operaciones fueron realizadas obrando de buena fe. Pero lo cierto es que, de la prueba pericial contable ofrecida se desprende que las operaciones fueron registradas correctamente pero no demuestra la realidad de las efectivas compras de los bienes cuestionados con relación a dicho proveedor. Asimismo, no se pudo establecer quienes fueron efectivamente los beneficiaros finales de los cheques utilizados en el circuito de pagos. Por ende, no resulta acreditada en autos la compra de bienes de artículos de ferretería al Establecimiento Mapic SRL.
A mayor abundamiento, la actora no alcanza a evidenciar el circuito comercial desplegado para tener por existentes las operaciones impugnadas que permitan inferir que fueron efectivamente realizadas con tal proveedor. Asimismo, contó en distintas oportunidades con la posibilidad de demostrar con pruebas fehacientes las supuestas operaciones cuestionadas.
En conclusión, dado que la contribuyente no reúne los requisitos necesarios a fin de validar el cómputo de los créditos fiscales correspondientes a las operaciones de compras analizadas; y que además, no ha logrado sustentar la existencia de las operaciones con medios probatorios idóneos, contando con dicha oportunidad, se resuelve confirmar las impugnaciones efectuadas por el Fisco Nacional en la resolución recurrida sobre el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VII. Que, no habiendo agravios concretos con relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco Nacional como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que, resta analizar el aspecto infraccional de la resolución en crisis. Ahora bien, corresponde señalar que el tipo contenido dentro del artículo 45 requiere la culpa, la cual se presume, correspondiendo al contribuyente alegar y probar concretas y eficaces circunstancias exculpatorias si pretende ser eximido de la sanción. Específicamente, requiere para la configuración de la infracción que tipifica, la concurrencia de dos elementos: por una parte la omisión de pago de impuestos y, por otra, el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, siempre y cuando el Juez Administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa”, y en la medida que no exista error excusable.
Cabe señalar que la conducta incurrida por la actora en el caso de autos -omisión del pago de los impuestos determinados mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas- acredita el elemento objetivo requerido por la norma del artículo 45, la cual implica un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal. No obstante ello, tal como lo ha expresado la alzada en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (ver entre muchas otras, CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006).
Siguiendo esta inteligencia, será el contribuyente quien deba demostrar la existencia de circunstancias eximentes al acreditar la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente, como lo es el “error excusable” que le impidió contar con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta, lo que no aparece aquí justificado a la luz de las argumentaciones desarrolladas en el escrito de inicio ni en las actuaciones administrativas.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
Ello así, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas sobre factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. En virtud de lo expuesto corresponde confirmar la multa aplicada, con costas. Ello no obstante, se estima que la graduación de la pena en un 80% del impuesto omitido aparece excesiva, atento que de las actuaciones ninguna constancia indica que la actora contara con antecedentes en materia sancionatoria ni que hubiera obstaculizado o entorpecido la actividad de los inspectores actuantes. Estas circunstancias ameritan reducir el quantum de la pena a su mínimo legal.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la sanción, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.09.28 15:24:29 ART Date: 2023.09.28 15:26:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.28 16:36:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.28 16:36:24 -03:00
Fin de la sentencia