Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.777-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
Y
I. Que a fs. 53/90, se presenta la actora e interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), contra la resolución N° 37/11 (DV RRR2), de fecha 20 de mayo 2011, suscripta por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la cual se le determina de oficio la materia imponible y se liquidan los saldos resultantes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) periodos fiscales 09/05 a 06/06 –ambos inclusive- por la suma $101.666,49.
Asimismo, en el marco del Expte. acumulado N° 35.777-I, a fs. 135/145vta., la actora interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 24 de octubre de 2011, suscripta por la Jefa (Int.) de la Dirección Regional Rosario II de la AFIP, por la cual se resuelve rechazar las compensaciones solicitadas por la apelante con saldos a favor de libre disponibilidad, respecto del IVA por los periodos fiscales 09/05 y 01, 03, 04 y 05/06 y se la intima al ingreso de la suma de $85.979,90, con más los accesorios previstos en el artículo 37 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
En primer lugar, manifiesta que la resolución puesta en crisis deviene en arbitraria toda vez que, a su entender, las conclusiones a las que ha arribado el juez administrativo resultan ajenas a los hechos y al derecho vigente, puesto que no ha proporcionado un detallado fundamento de las impugnaciones y cargos formulados que avalen la impugnación de los créditos fiscales computados en la declaraciones juradas del IVA, en contraposición a lo establecido en el art. 17 de la Ley de rito.
Indica que es una firma que interviene como mandataria o consignataria en la venta de cereales, que no elabora los productos, sino que los comercializa en carácter de comisionista. Asimismo, explica que la operatoria llevada adelante consiste en la compra de cereales a productores para la posterior entrega a sus clientes, bajo dos modalidades, las cuales son previamente convenidas y decididas con éstos, vendiendo cereales que ingresan a la planta o a través de la entrega directa al exportador, quien recibe en puerto la mercadería comprada por medio de su intervención con los productores, concentrando esta última modalidad un 35,75% de las operaciones efectuadas. Agrega que, en estos casos, es el productor quien directamente adquiere una carta de porte y la remite directamente al puerto junto con la mercadería vendida, sin que le quede a ella ejemplar alguno. Sostiene que, pese a que la operatoria comercial descansa sobre una negociación ágil, siempre la ha hecho en base a la buena fe, cumpliendo con todas las obligaciones formales y sujeto al estricto cumplimiento de las normas. Asimismo, explica que primeramente se reciben las órdenes de venta emitidas por los proveedores de cereales, a partir de las cuales procede a emitir la liquidación o Formulario 1116/C, cuyo documento instrumenta la operación, que siempre ha operado con productores existentes y que controla la inclusión o exclusión de los mismos en el Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG), a los fines de determinar cómo se deben practicar las retenciones correspondientes, las que en el presente caso fueron, al proveedor cuestionado, del 100% en el Impuesto al Valor Agregado.
Expresa que siempre canceló las operaciones conforme lo establecido en la Ley N° 25.345 (“Antievasión”) mediante cheques en pesos, nominativos, librados a nombre de los proveedores, como así también mediante sistema de pago electrónico al CBU informado por el sujeto y validado por la AFIP.
Por su parte, en lo que refiere al proveedor Elida Luján Grosso, sostiene que si bien el carácter de “prestanombre” fue asignado el 27/04/2004, es decir, antes que empezara a operar con ella, en ese sentido remarca que el único responsable de tal situación es el propio Fisco Nacional, puesto que es quien debe determinar la capacidad operativa de cada contribuyente y, en consecuencia, darle la baja como tal, hecho que a su entender no ha ocurrido, toda vez que aun así el organismo siguió entregándole cartas de porte, en los términos de la Resolución Conjunta (SAGPyA - ST - AFIP) N° 335-317-1880/2005.
A su vez, asegura que las operaciones no pueden ser impugnadas toda vez que el cumplimiento de las prestaciones – entrega del bien y pago del precio concertado -, se verifica con el ingreso del cereal a la planta del cliente/exportador. Asimismo, agrega que tampoco procede tal impugnación en atención que el proveedor cuestionado fue fiscalizado a los fines de establecer su inclusión en el Registro Fiscal de Granos. En lo que respecta a las modalidades de transporte utilizadas en las operaciones cuestionadas, aclara que no contrata los mismos, puesto que no asume el traslado, ni se responsabiliza por los vehículos que los vendedores utilizan, sino que únicamente controla el ingreso de las mercaderías con los datos que surgen de un contrato de compra que se elabora internamente en la firma, a partir del cierre de la operación telefónica, toda vez que es el productor quien remite directamente con la carta de porte, la mercadería al puerto de destino, siendo que esto último, a su entender, perfecciona y valida la venta realizada.
Advierte que el Fisco Nacional no puede sostener la inexistencia de las operaciones basándose en el hecho que los proveedores contratados no habrían cumplido correctamente con las obligaciones fiscales o que fueran difíciles de ubicar o que se haya mudado o haya dejado de operar al momento de llevarse a cabo la fiscalización, toda vez que ello no implica el hecho que no pudieron haber operado con ella.
Por otro lado, en el marco del expediente acumulado N° 35.777-I, señala que resulta nula la exigencia del Fisco Nacional de un importe cancelado con los saldos de libre disponibilidad toda vez que la determinación del impuesto se encuentra apelada, con efecto suspensivo, ante este Tribunal.
Cita doctrina y jurisprudencia. Acompaña prueba documental. Ofrece prueba informativa y pericial contable. Hace reserva de caso federal. Finalmente, la actora solicita se revoquen las resoluciones, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 102/107 vta. y a fs. 156/168, se presenta el Fisco Nacional y contesta los recursos interpuestos por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. En lo que respecta al Expte. acumulado N° 35.777-I, opone la excepción de incompetencia. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
A fs. 184/186 obra la sentencia de fecha 30/10/2012 de esta Sala “B”, en su anterior composición, en la que se rechaza la excepción de incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa.
A fs. 190, con fecha 18/03/2013, el Tribunal en Pleno resolvió la acumulación del Expte. N° 35.777-I al de referencia.
A fs. 198 se abre a prueba la presente causa, haciendo lugar a la prueba pericial contable y ordenándose el libramiento de los oficios dirigidos a la AFIP, al Banco de la Nación Argentina y al Banco Bisel Sucursal Peyrano.
A fs. 208/279 obra respuesta del Banco Macro S.A. (continuador de Banco Bisel) y a fs. 287/293 surge respuesta de la AFIP Agencia Sede Rosario. Por su parte, a fs. 308 se tuvo por desistido el derecho de la actora de producir el informe dirigido al Banco de la Nación Argentina.
Asimismo, a fs. 306/307, se acompañó el informe pericial contable.
A fs. 320, se clausura el período probatorio en las presentes actuaciones y se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B”.
A fs. 329/334vta obran agregados los alegatos producidos por la parte actora y a fs. 336/337 los alegatos del Fisco Nacional.
Finalmente, a fs. 338, se disponen los autos para el dictado de sentencia.
III. Que, en primer término, corresponde expedirse respecto al planteo de la recurrente en torno a que se dejen sin efecto las Resoluciones en crisis, por resultar arbitrarias atento no contener un detallado fundamento del cargo y las formulaciones, conforme lo estipulado en el art. 17 de la Ley de rito.
Cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En lo que se refiere a la invocación de falta del elemento causa de las resoluciones apeladas, debe recordarse que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el organismo fiscal, no resulta fundamento válido para la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
En efecto, no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos o vicios de las resoluciones apeladas, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos, por lo que este Tribunal no observa que las resoluciones apeladas carezcan del elemento causa.
Sentado el carácter restrictivo para la procedencia de las nulidades, cabe precisar que, respecto a lo estrictamente formal, las resoluciones discutidas en cuanto al acto administrativo en sí, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. En definitiva, se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal y excede el marco de la nulidad planteada. Por todo lo expuesto corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía S.A.”, 21/2/13).
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
En cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida al proveedor que declara el recurrente, para luego emprender el análisis relativo al mismo, teniendo en cuenta la prueba producida y lo alegado por la parte.
De conformidad con el informe final de inspección obrante a fs. fs. 734/741 del Cuerpo Principal N° 4 correspondiente al IVA de las actuaciones administrativas, el ajuste efectuado, tuvo su origen en las actuaciones remitidas por la Dirección Regional Junín bajo el Alcance SIGEA N° 11662-98-2008/1, en donde, como como consecuencia de las tareas desarrolladas por la División Fiscalización N° 1 en la OI N° 825007/3, la contribuyente Elida Lujan Grosso resultó incluida a la base Apoc como “prestanombres”, cuya fecha de detección fue 27/10/04, habiendo sido cargado al sistema el 18/05/06.
Por su parte, en la etapa de fiscalización, la contribuyente de autos aportó fotocopias de las cartas de porte y tickets de romaneo correspondientes a las entradas de trigo cosecha 05/06 y de soja cosechas 04/05 y 05/06, junto a un listado con los datos de las cartas de porte por las operaciones efectuadas bajo la modalidad de entrega directa a puerto (vide fs. 169/267 del Cpo. Ppal. N° 1 Impuesto al Valor Agregado de los antecedentes administrativos). Asimismo, mediante Acta F.4800 036 N° 0018365, la fiscalización dejó constancia de las tareas de cotejo entre Libros de Registraciones Rubricados y las operaciones detalladas en el Resumen de Cuentas Corrientes aportado en fecha 29/04/2008, en donde se hallaron las registraciones de las operaciones con el proveedor cuestionado (vide fs. 24/26 y fs. 310/311 de los AA.) y en fecha 23/02/2010 la firma presentó fotocopias de los Libro IVA Compras y Ventas, donde se observan las registraciones de las operaciones celebradas con Elida Lujan Grosso (vide fs. 640/695 de los AA.)
A su vez, circularizados los exportadores que surgen del detalle de las entregas directas a puerto y a los titulares de los camiones y acoplados que constan en las cartas de porte, la fiscalización recibió como respuestas de la mayoría no haber operado ni con la actora ni con la presunta proveedora, pues de las sesenta y ocho (68) cartas de porte respaldatorias de las operaciones, solo tres (3) fueron ratificadas por la respuesta recibida. A mayor abundamiento, tal como puede observarse del Informe obrante a fs. 74/79 de los Antecedentes Administrativos Cpo. II, la Orden de Intervención N° 825007/3, tiene como fundamento la investigación efectuada a la presunta proveedora por la División Investigación de la Dirección Regional Rosario I atento las diferencias detectadas en el operativo soja y en virtud de relacionar al mismo con presuntos comitentes apócrifos de la firma Puerto Nuevo SRL, entre los cuales se encontraba la Sra. Elida Lujan Grosso.
Asimismo, surge que de acuerdo a las actas 010 N° 38123 y N° 38124, la fiscalización actuante entrevistó a la Sra. Elida Lujan Grosso quien manifestó haberse inscripto como corredora de cereal en 01/04, con el objetivo de realizar dicha actividad a partir de su publicación en el Boletín Oficial como inscripta en el Registro Fiscal de Operadores de Granos en marzo de mismo año y que, una vez incorporada como tal le entregó toda la documentación a un señor de apellido Vitta, quién sería el gerente del Banco del Suquia de la Ciudad de Rosario, ya que le había propuesto hacerse cargo de la comercialización en su nombre y de sus obligaciones impositivas a cambio de una comisión por las ventas.
En dichos actuados, la Sra. Elida Lujan Grosso expresa que nunca realizó ningún tipo de contrato ni ningún tipo de operación relacionada con la actividad de venta de cereales, que no posee ningún tipo de documentación y que tomó conocimiento de sus movimientos impositivos una vez recibido el requerimiento fiscal.
Por otro lado, de la base de datos del propio organismo, se constató que la Sra. Elida Lujan Grosso se encuentra inscripta, con fecha de inicio 06/01/04, en la actividad principal de venta al por mayor de cereales y en el IVA desde el 09/06/03. A su vez, no posee bienes muebles ni inmuebles registrables ni empleados registrados y nunca efectuó pagos de ningún impuesto. En 08/04 se inscribió en la actividad de venta al por mayor de abonos y fertilizantes y maquinarias, la cual según la fiscalización no guarda relación con sus facturas por servicios de promoción y cobranzas.
Es así que, en el marco de la Orden de Intervención N° 825007/3, la fiscalización actuante concluyó que “… la contribuyente Élida Grosso es una prestanombre, que como ella mismo lo expresa, presta su nombre e inscripción en esta Administración para que se realicen diferentes operaciones con su CUIT a cambio del cobro de una comisión, por lo que se trata de operaciones simuladas. Asimismo, no posee capacidad operativa ni patrimonial para realizar las operaciones efectuadas en su nombre, además de manifestar ella misma no haberlas efectuado”
V. Que, según lo expuesto, la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto del proveedor Elida Lujan Grosso, se encuentra debidamente sustentada en la existencia concomitante de una serie de indicios graves, precisos y concordantes que llevan a realizar serios reparos sobre la validez de los comprobantes de compras, considerando la capacidad de la proveedora cuestionada para concretar efectivamente las operaciones de venta de granos a la recurrente.
Siendo así, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinada a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP-DGI y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última. Ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la adquisición de bienes por parte de aquella y el hecho de que la proveedora de los mismos haya sido efectivamente Elida Lujan Grosso. Esta equivalencia resulta imprescindible para considerar válido el cómputo de los créditos fiscales impugnados.
Según los indicios constatados por la fiscalización, la venta de granos no pudo ser efectuada por Elida Lujan Grosso, en tanto se ha constatado que carece de capacidad operativa y económica para la comercialización del volumen de granos bajo discusión.
Al respecto, cabe mencionar que el Organismo Fiscal realizó los ajustes por considerar que las operaciones cuestionadas no se concretaron con la proveedora insinuada. Es decir, las objeciones tratadas, se hacen valer únicamente para impugnar el crédito fiscal en IVA proveniente de las facturas observadas, pero no para considerar que la mercadería es inexistente, admitiéndose así su posterior venta, de tal manera que no se modifica el débito fiscal declarado por la actora. Es por ello además, que el Fisco Nacional no impugnó en la resolución recurrida y a partir de la fiscalización desarrollada, el costo deducido en el Impuesto a las Ganancias ni aplicó el instituto de las Salidas no Documentadas.
En consecuencia, la recurrente debió arrimar evidencia contundente que desacredite los graves indicios colectados por la fiscalización y así desvirtuar la falta de capacidad operativa y económica de Elida Lujan Grosso para proveer los granos comercializadas con la recurrente y con ello cumplir con el requisito de perfeccionamiento del hecho imponible de IVA en cabeza de dicha proveedora y, en ese sentido, como ha señalado la jurisprudencia que aborda esta materia “no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones” (conf. Sala III, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol. 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, Expte. N° 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros).
Asimismo, resulta insuficiente la afirmación de la actora respecto de la existencia de las operaciones cuestionadas. Cabe aclarar que, los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente al Organismo Fiscal, no se relacionan con los aspectos formales de la facturación aportada sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria refleje operaciones de venta de bienes que efectivamente haya sido efectuada por la proveedora impugnada por el Fisco Nacional.
En autos, para demostrar la validez de las operaciones, la actora argumenta que pese a estar excluido el proveedor del RFO (Registro Fiscal de Operadores de compra-venta de Granos) el Fisco Nacional le seguía entregando cartas de porte o que no era de su incumbencia investigar si la proveedora estaba –o no - incluida en la base APOC al momento de los períodos cuestionados. Ahora bien, no se puede desconocer que los controles que realiza AFIP se suceden tiempo después del momento en que acontecen los hechos, más si aquellos controles tienen que ver con aspectos sustanciales de los contribuyentes y no los meramente formales, lo cierto es que, tal como surge de los antecedentes administrativos, el proveedor cuestionado, en relación a los aspectos sustanciales, ya se encontraba incluido en la base Apoc al momento de efectuar las operaciones durante los periodos fiscales en crisis. (vide fs. 49 de los AA. Alcance N° 11662-168-2008/3 y fs. 73/79 del Cpo. Antecedentes II). No obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el Organismo Fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones con el proveedor impugnado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Independientemente de las afirmaciones de la actora, del informe final de inspección y en particular del informe obrante a fs. 74/79 de los Antecedentes Administrativos Cpo. II, se desprende con notoria evidencia, la total ausencia de la capacidad operativa y económica de la proveedora Elida Lujan Grosso. Toda vez que surge que la misma que no posee bienes muebles ni inmuebles registrables ni empleados, que nunca efectuó pagos en ningún impuesto y que, tal como expresara, una vez inscripta como corredora en el Registro de Operadores de Granos, entregó toda la documentación a un tal señor de apellido Vitta, quien a cambio de una comisión, le había propuesto hacerse cargo de la comercialización en su nombre y de sus obligaciones impositivas.
A su vez, cabe destacar que lo señalado por los peritos en el informe pericial obrante a fs. 306/307 en el sentido de que pese a que los libros y registros contables son llevados en legal forma y de manera cronológica, además que existe concordancia entre las facturas, los extractos bancarios y las retenciones bancarios, siendo que las mismas fueron canceladas mediante cheques a la orden del proveedor o mediante transferencia bancaria sistema DATANET a la CBU oportunamente informada por el proveedor y pese a contar la actora con fondos y/o saldos suficientes para afrontar el pago de las operaciones discutidas, todo ello, no logra demostrar en modo alguno “per sé” la realidad fáctica de las operaciones en cuestión con la proveedora cuestionada.
Así las cosas, debe señalarse que una factura o comprobante de compra puede válidamente ser considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque corresponde a una operación inexistente o porque –como sucede en estos actuados- refiere a una operación existente, pero el proveedor que surge del comprobante no es el real, dada su falta de capacidad operativa y económica. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA y g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo, situación esta última que no habría acaecido en los presentes actuados. Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron asentadas debidamente en los registros, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas." En tal sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo.
Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con el proveedor indicado en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles (…) Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, ello incluye la identidad del proveedor real, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito, como así también el hecho de haberse practicado retenciones impositivas.
En definitiva, la recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditada la realidad integral de las operaciones con Elida Lujan Grosso. Contrariamente, son palmarias las oscuridades e irregularidades que llevan irremisiblemente a reconocerles la entidad pretendida. Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de los créditos fiscales; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
En virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con el supuesto proveedor Elida Lujan Grosso de los bienes, este Tribunal considera que no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto.
VI. Que, no habiendo agravios concretos respecto de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, CITIBANK NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2023.09.14 15:43:21 ART Date: 2023.09.14 21:58:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.15 11:20:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.15 11:20:34 -03:00
Fin de la sentencia