Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las multas aplicada en las Resoluciones N° DJRPM/1007/22 y N° DJRPM/1396/22, con costas.
I. Que mediante RE-2023-58497396-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° DJRPM/1007/22 y N° DJRPM/1396/22 ambas dictadas en fecha 25 de abril de 2023, por la División Jurídica de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P-D.G.I., en virtud de las cuales se dispuso aplicar sendas multas equivalentes al 100% del Impuesto a los Bienes Personales omitido por los períodos fiscales 2019 y 2021, con la reducción del art. 49 de la Ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones).
En primer lugar, en relación con el sumario DJRPM/1007/22 por el período fiscal 2019 manifiesta que, en el contexto pandémico atravesado durante el año 2020 y en atención a la edad avanzada de la contribuyente, fue recién para la fecha de noviembre de 2020 que retomó actividades de manera paulatina. Subraya que fueron cuestiones a tener en cuenta, junto con las sumas de dinero para el pago del impuesto, la incertidumbre generalizada y lo que describe como el “parate” que existió durante ese período en cuanto a la economía. Menciona que la actora efectuó la presentación de la correspondiente declaración jurada del período fiscal 2019, en fecha 29/03/2021, es decir dentro del plazo de verificación que se habría iniciado en el mes de noviembre de 2020 y notificado en diciembre de ese mismo año.
Luego procedió a integrar el saldo correspondiente al tributo adeudado en fecha 30/04/2021 y 03/05/2021. A continuación de lo expuesto, afirma que no consta acreditado el elemento subjetivo, debido a que no resulta correcto afirmar que existió negligencia, ni impericia o imprudencia por parte de la actora, sin quedar probada la culpabilidad, presupuesto necesario para la aplicación del artículo 45 de la ley 11.683.
Plantea que no se habría visto configurado el ilícito que se le imputa ya que, a su entender, habiendo integrado el tributo dentro del plazo de fiscalización, nos encontraríamos ante una violación a los principios de insignificancia y proporcionalidad, a lo que añade que no existiría lesión del bien jurídico protegido.
Finalmente, en torno al período fiscal 2019, señala que le corresponden los beneficios estatuidos por la ley N° 27.653. conf art. 6 inc. E. y en consecuencia de ello, la sanción deviene improcedente.
Respecto al sumario DJRPM/1396/22 alega que hubo un supuesto de error excusable. Expone que la obligación de ingresar el tributo, cuyo vencimiento era el 24/06/2022, quedó suspendida por sentencia judicial dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a raíz de una medida cautelar promovida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, “por lo menos” hasta el 16/07/2022. Destaca que el consejo venía presentando más de 7 pedidos formales al organismo para que se prorrogaran las fechas de vencimientos de las presentaciones de declaraciones juradas, atento que los aplicativos para dar cumplimiento con las mismas, fueron puestos a disposición por el Fisco con mínima antelación, lo cual provocó que los profesionales y por ende sus clientes/contribuyentes, no pudieran dar cumplimiento en tiempo y forma. Atento la suspensión y prórrogas de vencimientos, los cuales no tenían fecha definitiva toda vez que se trataba de una medida cautelar interpuesta por el Consejo, luego revocada por la Cámara.
Esgrime que durante esta “batalla” jurídica, la actora recibe intimación de pago en fecha 22/08/2022 por quince días para cumplir con la declaración jurada de 2021 del impuesto a los bienes personales, lo cual fue cumplido en fecha 09/09/2022, en legal tiempo y forma como destaca.
Así las cosas, pone de resalto que en fecha 26/08/2022, cuatro días después de la intimación que otorgaba un plazo de quince días, se le promueve y notifica una orden de intervención a la apelante, dentro del plazo otorgado por el Fisco Nacional.
A modo de corolario expone que, no sólo incurrió en error excusable sino que padeció una persecución por parte del Fisco y en adición, habiendo una medida cautelar en pugna, existía un estado de incertidumbre al efecto que conlleva a la imposibilidad de tener claro por parte de los contribuyentes desde que fecha y que fecha se reanudaba el cómputo del plazo para la presentación de la declaración jurada.
Cita jurisprudencia donde refiere la inaplicabilidad del art. 45 de la ley de procedimientos en la medida en que la omisión sea subsanada con anterioridad a la vista del art. 17 de la ley citada.
Finalmente, ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoquen los actos apelados y se dejen sin efecto las multas aplicadas, con costas.
II. El Fisco Nacional mediante IF-2023-105105147-APN-DTD#JGM contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar, en respuesta a los agravios de la actora, señala que la contribuyente voluntariamente aceptó la pretensión fiscal, implicando dicho acto el reconocimiento de los cargos formulados, no pudiendo luego alegar que dicha conformidad no representaba un reconocimiento de la materialidad de los hechos.
Expresa que, “ab initio” la conducta incurrida por la recurrente –omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas - es una conducta típica descripta por el artículo 45 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), la cual implica un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
Indica que, con la falta de presentación de las declaraciones juradas originales del Impuesto sobre los Bienes Personales períodos fiscales 2019 y 2021 al vencimiento de su plazo legal, dejando de ingresar el impuesto debido y efectuando la presentación con posterioridad al inicio de la fiscalización, ha quedado acreditado el aspecto material que se le imputa.
En relación al elemento subjetivo, sostiene que la conducta tributaria observada implicó una inobservancia de una mediana diligencia, que ha dado lugar a una omisión culposa.
Destaca que, en el caso en litigio, las declaraciones juradas presentadas por la recurrente, lo fueron en la medida que existió una actuación previa de esta Administración que impulso y estimuló a tal proceder, y que de no haber mediado una fiscalización, se hubiera mantenido una situación perjudicial al Fisco.
Alega que la actora no aportó prueba alguna para desacreditar lo verificado por el organismo fiscal resultando los argumentos de su escrito, evaluados a la luz de los elementos recolectados, meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara mi mandante, razón por la cual ha quedado demostrada la infracción impositiva de la contribuyente.
Menciona que ha quedado probado que presentó sus declaraciones juradas después de iniciada la inspección. En cuanto al planteo de la actora, donde invoca los beneficios otorgados por la Ley 27.653, destaca que tal como surge de los antecedentes administrativos de la causa, habiéndose verificado que la responsable no se encontraría comprendida dentro de los incisos a) a d) del artículo 12 de la RG Nº 5101/2021 (AFIP), sostiene que no ha cumplido con el requisito establecido en el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley 27.541, ello de conformidad con el criterio adoptado en el primer párrafo del artículo 48 de la RG N.º 5101/2021 (AFIP).
Por otra parte, en relación a la jurisprudencia citada por la actora en apoyo a su tesitura, que hace referencia a la IG 6/2007, al indicar que por la misma ha quedado establecido que no es procedente la aplicación de la sanción prevista en el art. 45 de la Ley procedimental cuando los responsables presenten la declaración jurada con anterioridad a la notificación de la vista, afirma que yerra la misma con su planteo. En ese sentido, indica lo establecido por el art. 49 de la citada ley. En relación con la oposición de error excusable, indica que no corresponde hacer lugar al mismo. En tanto a los efectos de la viabilidad del error excusable, se requiere que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en concordancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se atribuye la infracción tributaria. Cita jurisprudencia y doctrina.
Hace reserva de caso federal, efectúa oposición a la prueba y solicita se confirmen las sanciones apeladas, con costas.
III. Que, considerando el estado de autos, la prueba documental agregada por la actora al interponer el presente recurso y toda vez que la prueba ofrecida por la parte actora radicó en la incorporación de los antecedentes administrativos de la causa, los que fueran aportados por la representación fiscal; el 08/09/2023 el Tribunal mediante PV-2023-105873780-APN-VOCV#TFN se resolvió hacer saber a las partes que la presente causa se resolverá con las constancias de autos y sus actuaciones administrativas, quedando la misma conclusa para definitiva.
A través de PV-2023-115299853-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y mediante IF-2023-118415062-APN-VOCV#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que para entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde revisar los hechos constatados por la inspección actuante y expuestos en los antecedentes administrativos.
Que la actividad principal que desarrolla la actora es la de “Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.
Conforme surge del informe final de inspección, cuerpo M-1007-22, a fs. 3/8 por el período fiscal 2019, El origen del cargo fue suscitado en virtud de la detección de la falta de presentación de la declaración jurada del Impuesto Sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019, en fecha 26/11/2020, cuyo vencimiento original operaba en fecha 23/12/2020. Mediante multinota la actora solicita una prórroga para luego de la feria fiscal. Durante la fiscalización, la actora aportó toda la documentación requerida y se corresponde con los registros obrantes en la Base E-Fisco y la información obtenida mediante los sistemas informáticos.
En fecha 23/03/2021 se presenta la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales y el 25/04/2023 se resuelve aplicar multa, contemplada en el art. 45 de la ley 11.683 por omisión de presentación de declaración jurada en término con la reducción prevista por el art. 49.
Por su parte, conforme informe final de inspección, cuerpo M-1396-22 fs. 3 a 6, la fiscalización actuante detectó que la actora había omitido presentar las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales, por el período fiscal 2021 en término, generando un cargo el 25/08/2022 notificado el 26/08/2022. Conforme las constancias acompañadas a fs. 16/18 de RE-2023-58512745-APN-SGAI#TFN, se presentan las declaraciones juradas por el impuesto a los bienes personales período fiscal 2021, en fecha 09/09/2022 y son abonadas en fecha 22/09/2022.
En fecha 25/04/2023 se resuelve aplicar multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683 con la reducción prevista por el art.49 de la ley precitada.
V. Que, desarrollados los argumentos de las partes, corresponde en primer lugar a este Tribunal resolver si corresponde al caso particular la aplicación de los beneficios dispuestos en el art. 6 de la Ley 27.541 (texto según Ley 27.653).
Que, para un mejor análisis de la cuestión, cabe reseñar que la Ley 27.541 fue dictada a fines del año 2019 declarando la emergencia pública e incorporando un régimen de regularización exclusivamente en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, la Ley 27.562 y amplía la posibilidad de acogerse al régimen a otros sujetos.
Ello así, el artículo 8º establece que “Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior (…) y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”.
En el caso concreto, tal como señala el Fisco Nacional en las actuaciones administrativas, la apelante posee bienes en el exterior y estos no fueron repatriados conforme lo requiere la normativa reseñada a los efectos de acogerse a los beneficios establecidos por la ley 27.541 y sus modificatorias, circunstancia no negada por la parte actora.
Por su parte, el artículo 12 señala que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de julio de 2020, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este último artículo equipara la situación de los contribuyentes que en igual situación ya hayan abonado la obligación principal sin expectativas de algún beneficio de condonación.
Ahora bien, como puede observarse de la lectura del art. 8° los contribuyentes “podrán acogerse (…) al régimen de regularización y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo…”, luego se excluye a determinados sujetos de esos beneficios, sin hacer distinción de los otorgados en el art. 12 –establecidos en ese mismo Capítulo-. En otras palabras, si el sujeto es excluido del régimen no puede gozar de los beneficios que éste otorga ya sea acceso al régimen de regularización (art. 11) o las Condonaciones previstas en tal art. 12.
Por su parte, el nuevo texto modificatorio de la Ley 27.653 dispone en el art. 6° “A los efectos de la ampliación prevista por el artículo anterior, resultarán de aplicación todas las disposiciones previstas en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, con las siguientes excepciones y/o consideraciones: (...) e) El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de agosto de 2021, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal. De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen. Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de agosto de 2021, inclusive. Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de agosto de 2021 quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la mencionada entrada en vigencia. De tratarse de intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a anticipos no ingresados, la condonación procederá cuando la declaración jurada del período fiscal correspondiente se encuentre vencida al 31 de agosto de 2021 y presentada a la fecha de vigencia de la ley”.
En el caso concreto, si bien se encuentran cumplidos los requisitos del art. 6° (se apela una sanción correspondiente a una infracción sustancial cometida hasta el 31 de agosto de 2021 (período fiscal 2019), que no se encuentra firme ni abonada y la obligación principal ha sido abonada previo a la entrada en vigencia de la norma), conforme lo expuesto por la representación fiscal, la recurrente no cumple con los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley 27.541, ello de conformidad con el criterio adoptado en el primer párrafo del artículo 48 de la RG Nº 5101/2021 (AFIP)–posee bienes en el exterior- y no habiendo cumplido con los requisitos previstos por la norma (conf. “OSTRY SILVIA BEATRIZ s/recurso de apelación”, sentencia de esta Sala “B” del 19/04/21), corresponde concluir que la recurrente se encuentra excluida como sujeto habilitado para usufructuar el régimen bajo análisis, conforme el art. 8 de la Ley 27.541 y modif.
En consecuencia y teniendo en cuenta las constancias de autos, no corresponde otorgar el beneficio de condonación solicitado.
VI. Que habida cuenta del análisis que antecede, cabe expedirse respecto al fondo de la cuestión, correspondiendo a este Tribunal resolver si se ajustan a derecho las multas aplicadas, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. En 1998 y sus modificaciones).
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Corresponde continuar analizando la excusabilidad del error opuesta por la actora. Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de las infracciones previstas en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto no presentando las declaraciones juradas correspondientes en término, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar las multas aplicadas.
En efecto, la actora no acredita en autos la existencia de la medida cautelar impetrada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ni en qué fecha dejó de subsistir la misma. Tampoco acreditó cómo la pandemia le imposibilitó cumplir en tiempo y forma con la presentación de la declaración jurada respectiva, teniendo en cuenta que para ese año se habían flexibilizado las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, dando por finalizado el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dando lugar al Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, facilitando la libre circulación y tendiendo a la normalización del funcionamiento económico y social.
Que en cuanto a los argumentos de la actora por cuanto entiende que su conducta no encuadra en el art 45 de la ley 11.683 invocando la Instrucción General del año 19/92 emitida por el Organismo Fiscal, corresponde señalar que no resulta acertado el criterio de la recurrente ya que su conducta queda subsumida en el 2do párrafo del art. 49 de la ley 11.683 (texto según Ley 27430, norma de jerarquía superior y de fecha posterior a la instrucción citada) que dispone: “Si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa en el lapso habido entre la notificación de una orden de intervención y la notificación de una vista previa conferida a instancias de la inspección actuante en los términos del artículo agregado a continuación del artículo 36 y no fuere reincidente en las infracciones, previstas en los artículos 45, 46, agregados a continuación del 46 o 48, las multas establecidas en tales artículos se reducirán a un cuarto (1/4) de su mínimo legal”.
Que en función de todo lo expuesto y de las circunstancias de autos, no habiendo ofrecido prueba la actora que pudiera eximirla de la sanción aplicada, toda vez que no acredita la verificación de un error con entidad excusante, esencial, decisivo e inculpable y toda vez que la multa apelada fue adecuadamente ponderada por el juez administrativo, quien tuvo en cuenta la oportunidad en que el contribuyente ejerció su derecho a rectificar, por cuanto aplica la reducción prevista por el artículo 49 de la ley procedimental, y no encontrando mérito alguno para apartarse de lo resuelto por el Juzgador Administrativo, corresponde confirmar las sanciones apeladas, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las multas aplicada en las Resoluciones N° DJRPM/1007/22 y N° DJRPM/1396/22, con costas. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.10.17 13:04:15 ART Date: 2023.10.17 14:07:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.17 14:38:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.17 14:39:28 -03:00
Fin de la sentencia