Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-121088431-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nº 104/2021 (DVSRRI), de fecha 20/5/2021, en cuanto determina impuesto con más intereses resarcitorios. Con costas.
2Declarar nulas, de nulidad absoluta e insanable, a las Resoluciones Nros. 286/2021 (DV SRRI) y 287/2021(DV SRRI), ambas de fecha 07/10/21. Con costas.
I. Que mediante RE-2021-54105008-APN-SGAI#TFN, RE-2021-121080768-APN-SGAI#TFN y RE-2021-
121106417-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 104/2021 (DVSRRI), de fecha 20/05/2021, N° 286/2021 (DV SRRI), de fecha 17/11/21 y N° 287/2021 (DV SRRI), de fecha 17/11/21, dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas al Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 08 a 12/2015; 02 a 05, 07 a 09 y 11/2016 estableciendo el importe a pagar a favor de la AFIP por $ 3.664.639,61 con más intereses resarcitorios de $ 7.306.990,39, una multa de $1.875.858,34 y una multa del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015 de $1.375.245,36.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, manifiesta que Papelera Paysandú es una compañía que forma parte del grupo NOA, propietario de un gran conglomerado de empresas que se dedican al reciclaje de productos, y desarrollo de materias primas aptas para la industria.
Añade que en Septiembre del año 2003 adquirió el 100% del paquete accionario de Papelera Paysandú una planta de fabricación de papel reciclado sita en la localidad bonaerense de Wilde.
Sostiene que es una empresa que ofrece trabajo a cientos de vecinos del distrito, y además brinda soluciones para el sector industrial, al ocuparse de la correcta disposición final de sus desechos y reincorporarlos al proceso productivo. Asimismo, la compañía adquiere una importante serie de productos –objeto de reciclajecompletamente necesarios para el desarrollo de su actividad comercial, por lo que a fin de cumplir con la entrega de los productos a sus clientes, compró materiales –en este caso, cartón corrugado-, para efectuar el reciclaje del producto y luego comercializarlo.
Afirma que en el presente caso, los proveedores contratados, que fueron, según el mismo, erróneamente tachados de apócrifos por la AFIP, son: MARBESSA METALES Y AFINES –CUIT Nª 30-71152384-3 y LPG CONSTRUCCIONES SRL -CUIT Nª 30- 71239256-4.
Manifiesta que dichos proveedores se encontraban debidamente inscriptos y aptos para operar, bajo el régimen de la Resolución General N° 2849, que tuvo como fin regularizar la actividad de los agentes recicladores de materiales (papel, cartón, vidrio, plástico, entre otros) y cuya vigencia operó desde el año 2010. Argumenta que teniendo en cuenta la fecha de reglamentación por parte de la AFIP en aquel entonces, cuya entrada en vigencia operó a partir de junio de 2010, sumado a la informalidad económica de la operatoria en cuestión, resulta ilógico pretender catalogar a dichos proveedores (en su mayoría personas físicas) como apócrifos, por el solo hecho de no reunir los mismos requisitos formales que una sociedad regularmente constituida.
Añade que resulta insoslayable pretender que quienes son encargados de recolectar productos reciclables en la vía pública, y teniendo en cuenta la informalidad de la actividad económica en cuestión, se pretenda que cuenten con el nivel organizacional y la infraestructura de una sociedad regularmente constituida.
Por lo que, entiende que queda de manifiesto la vulneración del derecho de defensa cuando se pretende que un contribuyente formule un descargo sobre la información de un proveedor, que no se encontraba incluido en la base E-APOC a la fecha de realización de las operaciones cuestionadas, ni tampoco estaba imposibilitado a facturar. Máxime, cuando también se ha aportado en la contestación de vista un detalle especifico de la facturación y remitos de cada proveedor.
Ratifica que Papelera Paysandú cumplió con todos y cada uno de los requisitos enunciados, para poder registrar en su contabilidad las erogaciones que fueren documentadas por dichos proveedores, y a su vez, poder computarse el crédito fiscal resultante de las facturas emitidas, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley IVA.
En cuanto a la determinación impugnada, la actora manifiesta que se le cuestiona, en primer lugar, el cómputo del crédito fiscal en el IVA, respecto de las facturas emitidas por los proveedores Marbessa y LPG, por la venta de cartón corrugado. Ello por cuanto dichos proveedores, fueron ingresados en la Base Apoc por la AFIP, con posterioridad al registro de dichas operaciones; en segundo lugar, la veracidad de las operaciones concertadas, y arbitrariamente desestima el régimen dispuesto por la RG 2849, en tanto estos se encontraban en el registro de comercializadores de materiales a reciclar; en tercer término, la capacidad económica de los proveedores, como también, si poseían bienes registrables, empleados en relación de dependencia, el modo en que ejercían sus actividades, y la supuesta falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo. Cuestiones estas, entiende, que resultan ajenas a su responsabilidad, y conforme quedaría demostrado con el aporte de la prueba documental, los proveedores han existido en la realidad y efectuaron la venta de materiales en calidad de acopiadores /recicladores; Se pone en tela de juicio, la veracidad de las facturas emitidas por los proveedores que se encontraran habilitados.
Plantea la nulidad absoluta e insanable de todo el procedimiento llevado a cabo por la AFIP, fundamentado en la carencia de causa, motivación y de apreciación de aspectos sustanciales del proceso y la ilegítima y arbitraria prescindencia de la prueba ofrecida en el descargo.
En cuanto a la carencia de causa, motivación y de apreciación de aspectos sustanciales del proceso, manifiesta que los supuestos antecedentes de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la Administración para el dictado de la Resolución, mediante el cual impugna las erogaciones computadas por Papelera Paysandú, versarían sobre: (i) la supuesta falta de medios económicos, financieros y capacidad operativa comercial de Marbessa y LPG; (ii) la supuesta falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo; (iii) inclusión tardía en la Base Apoc; (iv) falta de bienes registrables; (v) supuesta informalidad en el modo de desarrollar la actividad comercial; (vi) no poseer características de empresa en marcha; (vii) desconocimiento del régimen dispuesto por la RG 2849. Al respecto, resalta que dichos proveedores impugnados se encontraban legal y formalmente inscriptos ante la propia AFIP, y que no le es imputable a Papelera Paysandú, en absoluto, ninguna obligación respecto de la verificación de la capacidad económica y/o financiera de los mismos.
Por lo que, afirma que tampoco resulta razonable, que la AFIP intente imputarle supuestos de hechos que emergieron de la fiscalización llevada a cabo a dichos proveedores, como tampoco de las declaraciones que efectuaron los mismos al momento de ser contactados en su domicilio fiscal, añadiendo que la AFIP prescindió de los hechos reales, para fundar aparentemente la presente determinación impositiva sobre cuestiones ajenas a la actora, es decir falsa causa.
Sostiene que esto es así, ya que no hay otra forma de documentar la entrega de mercaderías que no sea a través de un remito y/o tickets de pesaje de mercadería, por lo que, no se entiende porque se aparta de la prueba esbozada en sede administrativa e incurre en un rigorismo formal excesivo, que ni la propia normativa lo solicita. En lo relativo al requisito de motivación, manifiesta que no debe perderse de vista que la necesidad legal de fundar el acto administrativo no constituye una exigencia vacía de contenido, ya que el propósito de la norma (art. 1º, ap. f), inc. 3), LPA) radica en garantizar el derecho de los administrados haciendo que sea factible conocer las razones que indujeron a emitir el acto. Ello así, por cuanto los principios republicanos imponen la obligación a la Administración de dar cuenta de sus actos, cumpliendo los recaudos exigidos para permitir que éstos puedan ser impugnados por quienes vean afectados sus derechos; y la necesidad de que los jueces cuenten con los datos indispensables para ejercer la revisión de su legitimidad y razonabilidad. Lo expuesto exige que, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, los órganos administrativos satisfagan con mayor razón el imperativo de una motivación suficiente y adecuada a sus decisiones.
Es por esto que entiende que no puede sino considerarse viciado el acto, ya que, si éste se ha dictado con prescindencia de las formas, y resulta carente de motivación y contenido, no resulta legítimo. La falta de motivación equivale a falta de fundamentación normativa y fáctica, y hace por lo tanto nulo al acto en razón de su arbitrariedad.
Respecto a la planteada ilegitimidad y arbitrariedad del accionar fiscal, expresa que la AFIP omitió deliberadamente responder a los argumentos vertidos por su parte, al no expedirse ni hacer ninguna referencia sobre lo oportunamente planteado por su mandante en el descargos efectuado oportunamente, en otras palabras, el Fisco Nacional “presumió por presumir” pero contrariando la ley fiscal y sin exponer los fundamentos legales que permitan sostener el criterio que pretende imponer.
Que considera viciado al acto, ya que, si éste se ha dictado con prescindencia de los hechos que habían de darle origen (o que confirmarían la improcedencia de su dictado), o se funda en hechos inexistentes, en este caso, negando los hechos existentes, no puede más que sostenerse que el acto en responde es nulo de nulidad absoluta e insanable.
En cuanto a la impugnación de los proveedores advierte que la inclusión de dichos proveedores como apócrifos, fue realizada con posterioridad a los períodos fiscales impugnados por la AFIP y que al momento de efectuarse el cómputo del crédito fiscal, se encontraban plenamente inscriptos y con su CUIT vigente, como también el CAI de sus facturas, operando bajo el régimen de recicladores, reglado por el RG 2849, agrega que por cada uno de los proveedores, tomó el recaudo de realizar una verificación de los antecedentes fiscales de aquellos, utilizando las herramientas brindadas por el propio Fisco Nacional a esos efectos.
Destaca el estado de indefensión en que encuentra el universo de los contribuyentes que, en el futuro, tras consultar la base de datos Apoc, eventualmente comercie con los precedentemente nombrados proveedores, cuando la propia AFIP no informa confiablemente sobre la situación de los mismos. Ello sin contar que el día de mañana la AFIP también podría pretender, como en este caso, que se hagan cargo de los impuestos que los inhibidos no tributaren.
Menciona la jurisprudencia que entiende aplicable al caso, a saber los autos caratulados “LDC Argentina S.A. c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” (Expte Nº 67.841/2019), la CNACAF Sala II, considerando que dicho precedente presenta idénticas características con el caso de marras, quedando de manifiesto la improcedencia y arbitrariedad del reclamo fiscal.
Asevera que el Fisco Nacional procedió a impugnar de manera errónea y arbitraria, las erogaciones computadas por si, por el solo hecho de que los proveedores apócrifos, fueron incluidos en la Base Apoc de forma tardía, para así deducir de forma ilógica, la supuesta inverosimilitud de las operaciones concertadas.
Por otra parte, sostiene que no puede invocar –arbitrariamente- como parte del resolutorio, que al Juez Administrativo no le incumbe el análisis de la prueba en forma íntegra, cuando toda la prueba que fuere aportada en sede administrativa, fue a pedido de una fiscalización cursada por el propio Fisco, y que la documental, acredita la existencia de las operaciones de compra de cartón con dichos proveedores, a través de la puesta a disposición de documentos que la normativa exige, que no es más que, los remitos y tickets.
Reitera que Papelera Paysandú tampoco puede hacerse responsable por lo que, supuestos representantes de los proveedores aquí cuestionados, declararon con motivo de una fiscalización que se les haya cursado –con posterioridad para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuando las operaciones aquí cuestionadas –es decir la compra de cartón- se encuentran acreditadas mediante la instrumentación de remitos, en donde se detalla el concepto de la mercadería, y a su vez, los sujetos existían y se encontraban debidamente inscriptos, bajo el régimen de la RG 2849. Por lo que, el Fisco Nacional, no puedo pretender desconocer la propia normativa que dictó en años anteriores.
Sostiene que conforme ha reiterado la jurisprudencia nacional, la Base Apoc, carece de una norma de creación y sustento normativo. Concluye que la AFIP no puede extender de manera abusiva con un criterio absolutamente subjetivo, la carencia de capacidad financiera u operativa por parte del prestador, deslindando su tarea de control que solo le corresponde a ella, en cabeza de los contribuyentes.
Añade que no se comprende que otros requisitos adicionales requiere el Fisco Nacional, para determinar la procedencia del cómputo de una erogación, toda vez que, se ha dejado constancia que se han utilizado las herramientas, que el propio Organismo, pone a disposición de los contribuyentes, para efectuar las constataciones correspondientes.
Que en subsidio, se agravia por la falta de aplicación del instituto de correcciones simétricas atento al ingreso del impuesto por vía de retención prevista en el último párrafo del artículo 81 de la LPT, al que el Fisco Nacional no le ha hecho lugar en sede administrativa.
Afirma que el Fisco pudo advertir el monto de las retenciones practicadas a dichos proveedores cuyas sumas fueron debidamente ingresadas, las cuales no fueron tomadas como pago a cuenta al momento de efectuar los ajustes practicados.
Manifiesta que siguiendo el razonamiento del Fisco, no habría hecho imponible alguno en cabeza del supuesto emisor del documento, en virtud de estar frente un supuesto caso de proveedor apócrifo, por lo que no se presentaría obligación tributaria alguna sobre este, es decir, si no hay hecho imponible, no puede admitirse un anticipo de una obligación tributaria inexistente. Por lo tanto, al ser inexistente la operación detectada por el Fisco, esos fondos ingresados formalmente a las arcas públicas como retención no revista tal naturaleza. Que en el caso bajo análisis, el Fisco podrá advertir que conforme surge del listado de retenciones online, Papelera Paysandú ha retenido e ingresado a la AFIP , sumas de dinero correspondiente a ambos proveedores, que por resultar presuntamente apócrifos, no son generadores del hecho imponible tanto en el impuesto a ganancias, como en el impuesto al valor agregado, por lo que, las retenciones ingresadas carecen de causa y por ende, corresponden ser compensadas con los ajustes efectuados, en virtud de la aplicación del artículo 81 LPT. Sostiene que al haber sido la supuesta retención practicada dentro del marco de una operación inexistente o simulada, el contribuyente tiene derecho a computar los importes ingresados contra los impuestos reclamados. Así lo entendió ese Tribunal Fiscal de la Nación, en los autos “Villalonga Furlong SA” Sala D - 14/6/2000, Expte.
15.787-I.
Manifiesta que el Fisco Nacional por un lado, desconoce el Crédito Fiscal computado por la Sociedad, pero por otro lado, nada dice sobre el carácter de las retenciones ingresadas, es por ello que solicita que de confirmarse los ajustes efectuados, se proceda a reliquidar los mismos a fin de computar los montos ingresados en concepto de retenciones en la respectiva resolución determinativa de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 81 de la Ley N° 11.683.
Afirma que en el presente caso se dio una injusta aplicación de multas por inexistente defraudación fiscal. En primer término manifiesta que su aplicación no encuentra sustento fáctico alguno, ya que no ha podido fundar en la Resolución determinativa de oficio la supuesta conducta dolosa que se endilga, utilizando meras presunciones que no han sido constatadas en la realidad de los hechos. Máxime, cuando pretende sancionar a la contribuyente, como consecuencia del incumplimiento e irregularidades incurridas por los proveedores en discusión, (como ser falta de capacidad económica y/u operativa) que bajo ningún punto de vista le son imputables a Papelera Paysandú.
Respecto al elemento objetivo necesario para la configuración del artículo 46 de la LPT, argumenta que para que el elemento objetivo del tipo se encuentre configurado se necesita que el contribuyente presente declaraciones juradas engañosas u ocultaciones maliciosas al Fisco, lo que dice, no sucedió en la realidad. Por el contrario, la contribuyente presentó en tiempo y forma las correspondientes declaraciones juradas del IVA respecto de los períodos fiscales cuestionados en la Resolución, sin omitir ni falsear ningún dato. Por el contrario, dice que ha demostrado haber actuado con la mayor diligencia, pues cumplió con el deber impuesto por la AFIP. Por otro lado, en cuanto al elemento subjetivo, sostiene que el supuesto fáctico descripto en la norma no se condice con su accionar, toda vez que ha cumplido con las condiciones exigibles por la normativa vigente para la contabilización y acreditación de las operaciones concertadas, sin animosidad alguna de querer defraudar al Fisco Nacional.
Añade que en cada requerimiento fiscal siempre ha demostrado su buena voluntad, diligencia y predisposición, aportando toda la documental requerida, sin animosidad de faltar a deberes formales y/o materiales. Sostiene que la conducta de Papelera Paysandú en relación a las operaciones aquí analizadas se encuentra claramente desprovista de dolo, circunstancia que permiten a su criterio, colegir que no se encuentran reunidos los elementos configurativos de la infracción de defraudación con que el Fisco Nacional pretende sancionar a la actora.
Por lo que manifiesta que la AFIP no posee ninguna prueba para sostener su acusación y, de esta manera, busca invertir la carga de la prueba sobre Papelera Paysandú obligando a la contribuyente que deba demostrar que no incurrió en dolo, tornando dicha situación en una prueba de imposible cumplimiento. La inversión de la carga de la prueba en materia sancionatoria es improcedente y no tiene razón de ser. Ya lo tuvo dicho la sala A del ese Tribunal en los autos “Saucedo S.R.L. s/ Apelación”.
Argumenta que el Fisco Nacional debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente probable o conjetural. La vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presuntivo tiene que ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta.
Añade que la presunción del inciso c) del artículo 47 de la LPT, que dio origen al presente sumario admite prueba en contrario y alcanza para desvirtuarla, que en ningún momento, ha consignado datos inexactos, por el contrario, ha cumplido con sus obligaciones fiscales presentando en tiempo y forma las declaraciones juradas de los impuestos aquí cuestionados y colaborando con la AFIP en todos sus requerimientos y proceso de fiscalización. Manifiesta que en el presente caso en ningún momento se mencionan específicamente cuales son las inexactas a los que hace referencia el Fisco, aquí se deja de manifiesto la generalidad e imprecisión que adopta el Fisco Nacional a la hora de describir los hechos fácticos en los que basa su acusación.
Añade que el accionar de la empresa jamás puede ser encuadrado bajo las conductas descriptas precedentemente toda vez que no existe contradicción alguna entre los libros, registraciones, documentos, etc. de Papelera Paysandú con los datos surgentes de las declaraciones juradas del IVA, en los períodos fiscalizados. Que, en subsidio y para el supuesto caso que el Tribunal entienda que no ha existido defraudación y pretenda reencuadrar el tipo comisivo descripto en el artículo 45 de la LPT, con sustento en la viabilidad de la recalificación legal reconocida en varios precedentes de ese Tribunal como V. “Dicca I.C.S.A" expte. Nº 8707-I, "Ricciuto, Nicolás" expte. Nº. 13.453-I del 28- 07-94, "Rosencovich, Alejandro", expte. Nº 13.540-I del 24-05-94 y "Buccheri, Mario" expte. Nº 13.123-I del 20-03-95, Cofirene Banco de Inversión, de fecha 12-02-99, entre otros.
En efecto, para el supuesto caso que se reencuadrara la figura en omisión fiscal, señala que tampoco comprendería aplicar esta sanción, ya que se configuraría la existencia de error excusable como causal de absolución previsto en dicho artículo.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia revocándose las resoluciones recurridas. Con costas.
II. Que mediante IF-2021-80831734-APN-DTD#JGM, IF-2022-29023529-APN-DTD#JGM e IF-2022-
26076771-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que, en consecuencia, se confirmen la resoluciones apeladas, con costas.
El Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la actora que no sean objeto de aceptación expresa o surjan de los antecedentes administrativos.
En cuanto a los agravios del ajuste manifiesta que en la Resolución apelada se ha impugnado el crédito fiscal computado por el contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado que surge de las supuestas operaciones realizadas con los proveedores Marbessa Metales y Afines SA y LGP Construcciones SRL - CUIT 30-71239256- 4.
En cuanto al proveedor Marbessa Metales y Afines S.A, manifiesta que se contactó al Sr. Godjikian -titular del inmueble cuyo domicilio corresponde al domicilio fiscal del proveedor-, manifestando que nunca firmó contrato alguno de alquiler con la firma citada y que desconocía a los Sres. Corral Bessa Lucas Jeremías, al Sr. Márquez Cristian Gonzalo o al Sr. González Jase Antonio.
Añade que la firma Imprenta Megacopy SRL, en el cual se detallan el total de los trabajo realizados a las firma Marbessa Metales y Afines SA, adjuntando asimismo, fotocopias de las Solicitudes de Autorización de Impresión Constancia Informativa y de los modelos de factura correspondientes a dichos trabajos y de donde se obtuvieron domicilios alternativos y con esto señala que se ha constatado que el domicilio comercial de la firma Marbessa Metales y Afines SA, declarado por internet, el de la calle Burelas Nº 1559, de la localidad de Gerli - Provincia de Buenos Aires también es inexistente.
Seguidamente, señala que contactó con el Sr. Corral Bessa (Presidente de Marbessa Metales y Afines SA), quien, le manifestó que se encontraba trabajando como albañil en una obra, sita en la calle Pedro Lagrave Nº 526 de la localidad de Pilar- Provincia de Buenos Aires, manifestando verbalmente que desconocía a la firma, procediendo la actuante a exhibirle al Sr. Corral Bessa la consulta sistémica de AFIP relaciones de un contribuyente del Cuit Nº 30-71152384-3, donde surge que el Sr. Corral Bessa Lucas Jeremías, figura como integrante de la sociedad con el cargo de Presidente , con fecha de asignación 09/09/2010, a cuya consulta el Sr. Corral Bessa manifiesta desconocer dicha designación , desconociendo también a los Sres Márquez Cristian Gonzalo Cuil Nº 20- 31175078-0 (Director Suplente) y al Sr. González Jase Antonio Cuil Nº 20-28395768-4 (Administrador de Relaciones de Clave Fiscal), manifestando finalmente que trabaja de albañil y que nunca firmó nada, y que jamás tuvo contacto alguno con las personas citadas, suscribiendo junto con la actuante dicha acta.
Agrega que en el domicilio legal de la firma Marbessa Metales y Afines SA·, sito en la calle Sarmiento Nº 767 Piso 2 Opto F de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se contactó al Sr. Ezequiel Biagini, quien se identificó mediante DNI Nº 28702337, manifestando ser empleado del estudio contable que allí funciona, quien ante la consulta de la inspectora acerca de que si conoce a la firma Marbessa Metales y Afines SA, el Sr. Biagini, respondió que no la conoce, no obstante ello procedió a consultar sus archivos, manifestando que a dicha sociedad no la conoce y que no figura en sus archivo, dejando plasmado todo lo actuado en F. 8400 Nº 0710002016086416501 y que en el domicilio alternativo que surge del Padrón Completo del Sistema Efisco, sito en la calle Salta Nº 517 de la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, se verificó que tampoco existe la altura Nº 517.
Por ello, manifiesta que de las tareas realizadas y de los descriptos en la Vista conferida se consideró que la firma Marbessa Metales y Afines SA Cuit Nº 30-71152384-3 encuadra dentro del punto 2.2.3. De la Instrucción General 748 "Tabla de Condición" como "Usina de única actividad venta de facturas" atento a no haberse constatado de manera alguna la existencia de mercaderías, ni capacidad operativa / financiera para haber prestado los servicios facturados" y fue cargada en dicha base de proveedores APOC.
En cuanto al proveedor LPG Construcciones S.R.L, manifiesta que fue localizado el Socio Gerente Hugo Gamboa quien manifestó que solo posee documentación respaldatoria de los periodos 2013 y 2014, que denuncia que fue engañado por el abogado Pablo Diego Díaz, quien le solicitó la clave fiscal y los balances a fin de introducirlo en un negocio de construcción que el Sr. Gamboa desconoce la facturación realizada y pone a disposición las operaciones de facturas electrónicas obtenidas en "Comprobantes en Línea" luego de haber blanqueado su clave. Que luego de circularizar a servicios de internet se desprende que los equipos de los cuales se llevó adelante la impresión de las facturas citadas coinciden. Que el Sr. Gamboa aportó copia de la denuncia presentada en la Mesa de Entradas de Tribunales II Fuero Penal. Asimismo la fiscalización actuante informa que las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias 2012 a 2015 fueron presentadas en cero, que no posee empleados en relación de dependencia y que no posee movimiento de acreditaciones bancarias. Siendo cargada en la base eApoc como "Usina Empresa Desactivada" ya que corresponde a una empresa real que ha discontinuado su actividad sin tramitar la baja, siendo utilizada al solo efecto de facturar crédito fiscal no legítimo. Por su parte, en cuanto al proveedor Soset S.R.L, resalta que los períodos 01/2015 a 02/2015 en los cuales se encuentran registradas las operaciones observadas a SOSET S.R.L., fue objeto de verificación en la Causa 8289/2015 Registro Fiscalnet, que tramita ante la Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario, mediante 01 1.370.683 y Resolución DV SRR1 N.º 188/2016 de fecha 11/08/2016 y que la fiscalizada procedió a rectificar las declaraciones juradas con fecha 03/2017 detrayendo los créditos de esas operaciones según consta a fojas 674 del cuerpo de IVA , no correspondió incluir nuevamente dichos ajustes.
Añade que de las tareas y elementos reunidos pudo concluirse que las firmas Marbessa Metales y Afines SA y LPG Construcciones SRL nunca tuvieron capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones que pretende haber realizado y agrega que habría tenido como objetivo emitir facturación falsa a terceros "usuarios", como en el presente caso, toda vez que ellas deben reputarse como inexistentes en la realidad de los hechos. Ello así, como resultado de ello la representación fiscal consideró que el aquí apelante no reflejó en las declaraciones juradas presentadas por los períodos fiscales 01/2015 a 11/2016 su real situación económica, incluyendo créditos fiscales por supuestas compras por las cuales no ha probado fehacientemente las mismas, dado las constataciones efectuadas, a través de los distintos medios utilizados por el área fiscalizadora. En cuanto a la nulidad alegada, manifiesta que puede observarse que en todos los actos que conforman el procedimiento determinativo, se expusieron en forma clara y precisa las causas que motivaron su dictado. En la resolución apelada se describen los fundamentos de porqué se consideran apócrifos a los proveedores observados que culminaron en la impugnación d los créditos fiscales computados.
Por otra parte, destaca que tampoco le asiste razón al apelante en cuanto a la nulidad peticionada por no respetarse el debido proceso adjetivo pues durante el procedimiento determinativo de oficio este tomó vista de las actuaciones, ofreció y aporto prueba, contesto la vista, etc., todo ello con el propósito de no vedar, ni imposibilitar su derecho de defensa.
Añade que en la Resolución objeto de apelación, se efectuó un análisis pormenorizado de las pruebas solicitadas por el contribuyente.
Sostiene que los hechos se encuentran comprobados, por lo tanto existe en favor de esta DGI una prueba “prima facie” que el contribuyente debe desvirtuar, y que es una manifestación de la presunción de legitimidad del acto administrativo, confirmando los cargos formulados en la vista, en virtud que el responsable se limitó a plantear su disconformidad solicitando nulidades y alegando vulneraciones de sendos derechos en forma indeterminada, sin arbitrar los medios de prueba idóneos a fin de desvirtuar el ajuste practicado por la fiscalización. Agrega que el contribuyente es el titular del “onus probandi”, no correspondiendo al Fisco probar sino al propio responsable. Es por ello que a los fines de rebatir la presunción aplicada por este Organismo, conforme las normas vigentes, las probanzas que debió arribar- al momento de dársele vista del procedimiento iniciado- tenían que estar revestidas de naturaleza tal que pudieran constituir elementos de convicción suficientes para admitir sus dichos.
Al respecto, señala que la representación fiscal no ha basado sus conclusiones en meras presunciones, sino en hechos fehacientemente probados por las fiscalizaciones actuantes en uso de facultades que le son propias y otorgadas por ley, que arrojan legitimidad a todas sus conclusiones. Esta presunción de legitimidad es precisamente lo que, entiende, no ha logrado desvirtuar el accionante al no haber aportado prueba alguna de sus dichos, siendo sus argumentos meramente dogmáticos.
Sostiene que la responsable no refleja en las declaraciones juradas presentadas por los períodos fiscales 08/2015 a 11/2016 su real situación económica, incluyendo créditos fiscales por supuestas compras por las cuales no ha probado fehacientemente las mismas, dado las constataciones efectuadas, a través de los distintos medios utilizados por el área fiscalizadora.
Reitera que las firmas MARBESSA METALES Y AFINES SA y LPG Construcciones S.R.L. nunca tuvieron capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones que pretende haber realizado y sí habría tenido como objetivo emitir facturación falsa a terceros "usuarios", como en el presente caso, toda vez que ellas deben reputarse como inexistentes en la realidad de los hechos, por lo que se cuestiona es que los proveedores emisores de las facturas no tenían la capacidad operativa, económica y financiera para haber llevado adelante dichas operaciones.
Entiende que no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal que incumpla lo estipulado en el art. 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto tampoco es admisible el planteo efectuado por el apelante en relación a los pagos realizados a los proveedores, pues los mismos no son suficientes para demostrar que efectivamente los bienes y/o servicios fueron provistos por tales proveedores, de igual manera en cuanto a lo planteado respecto a las retenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos efectuadas al momento de efectuar el pago a los proveedores. Así las cosas, sostiene que aunque la obligación de retener haya existido, que la retención se haya efectuado y que se haya ingresado con dinero de un tercero; para el adquirente representa un pago a cuenta de la obligación tributaria de ese tercero, con independencia de quien resulte ser el verdadero vendedor.
En cuanto a la inclusión de los proveedores en la base E-Apoc expresa que se tiene que tener en cuenta que no solo se objetaron los proveedores por encontrarse estos incluidos en base E-Apoc sino también por verificarse durante el curso de fiscalización deficiencias en el circuito físico de los supuestos bienes, en el circuito financiero de los pagos, el apelante en ningún momento ha respondido a la Fiscalización -pese al requerimiento efectuadocon quien se contactaba a efecto de adquirir las mercaderías, aun cuando no se trata de operaciones aisladas o con sujetos de poca relevancia o por montos insignificantes.
Añade que a partir de 1/1994 por la RG 3798, los adquirentes de efectos y servicios están obligados a comprobar la situación de revista fiscal de sus proveedores, mediante la recepción de la declaración jurada F. 576, debidamente suscripta por el responsable, la que acredita la inscripción y los demás datos que la norma dispone. Manifiesta que en el presente caso, la Administración agotó todos los medios que tenía a su alcance para poder obtener información directa sobre las operaciones presuntamente efectuadas por las proveedoras cuestionadas, sin obtener ningún dato que acredite la materialidad de los mismos. Consecuentemente, afirma que no existe lugar a dudas la procedencia de la determinación de oficio efectuada.
Respecto al planteo subsidiario de la actora sobre el cómputo de retenciones establece que en este caso no corresponde hacer lugar a las correcciones simétricas dado que en el caso el agente de retención no tiene legitimación ya que “los agentes de retención solo se encuentran autorizados a demandar la repetición de los impuestos regidos por la ley 11.683 en los supuestos en que el cumplimiento del deber que la legislación les impone ha derivado en un perjuicio patrimonial (Fallos 306:1548; 324:920), y en el caso resulta claro que la actora no ha demostrado, como le correspondía, la existencia y acreditación de tales extremos. Máxime si se tiene en cuenta que en su escrito de defensa reconoce que realizó operaciones de compra de materia prima que generaron créditos fiscales en el IVA que fueron computados en sus propias declaraciones juradas del impuesto y sobre las cuales practicó las retenciones del citado tributo en oportunidad de pagarles a sus proveedores”. En relación a los agravios relativos a las sanciones con sustento en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Tributario, afirma que según su entendimiento, la actora contó en todo momento con los elementos necesarios a los fines de confeccionar las declaraciones juradas en debida forma y así ingresar el impuesto en su justa medida demostrando con su conducta el deber general de colaboración que le incumbe a todo ciudadano. No obstante ello, manifiesta que a su juicio, la actora optó por observar una conducta engañosa, incurriendo en la ocultación maliciosa de su realidad tributaria, realizando erogaciones sin documentación real de respaldo, teniendo pleno conocimiento de los hechos y de las consecuencias defraudatorias de sus actos, que ha perjudicado al Fisco con liquidando el impuesto de una forma que no se corresponde con la realidad, declarando un gravamen menor al real. Agrega que en todo momento tuvo conocimiento del tributo que debía ingresar, pero no obstante ello, decidió declarar crédito fiscal/gastos falsos para disminuir el monto de I.V.A. y el Impuesto a las Ganancias a ingresar.
Sostiene que basado en las presunciones del artículo 47 c), no existen dudas que entre las declaraciones juradas originales presentadas y los libros y elementos documentales que sirven de base, existen graves contradicciones. Que las presunciones de fraude, enumeradas a lo largo de cinco incisos, en el artículo 47 de la ley ritual, son “iuris tantum”, es decir, admiten prueba en contrario. No obstante, y teniendo en cuenta que ni las presunciones legales ni las judiciales invierten la carga de la prueba, queda a cargo del imputado la prueba tendiente a acreditar la eximente que invoque, circunstancia ésta que, entiende, no se da en la presente causa.
Respecto a los intereses resarcitorios intimados indica que en el caso de autos, no se verifica circunstancia alguna que le haya impedido al contribuyente cumplir con su obligación tributaria, no existiendo en consecuencia razón alguna para eximirlo de dicho pago. En consecuencia, solicita que sean confirmados los intereses resarcitorios, basándose en la doctrina de fallos "Ika-Renault" en autos "CITIBANK N.A.", sentencia del 1° de junio de 2000. Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia confirmándose las resoluciones recurridas. Con costas.
III. Que mediante IF-2023-73913218-APN-VOCIV#TFN el Tribunal en Pleno resuelve acumular los expedientes EX-2021-121088431-APN-SGAI#TFN y EX -2021-121108415-APN-SGAI#TFN al EX-2021-54109146-APN- SGAI#TFN.
IV. Que mediante PV-2023-95120085-APN-VOCV#TFN, El Tribunal hace saber a las partes que la causa se resolverá con las constancias de autos y de las actuaciones administrativas, quedando conclusa para definitiva V. Que en atención al estado de la causa por PV-2023-110927609-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2023-117425048-APN-VOCV#TFN los llama para sentencia.
VI. De los antecedentes administrativos y la resolución apelada surge que la contribuyente es una sociedad anónima, que sus principales actividades declaradas son la fabricación de papel y cartón, excepto envases. Que los antecedentes administrativos surgen que la fiscalización tuvo su origen en las solicitudes provenientes de la División Fiscalización 3, Dirección Regional Sur a efectos de verificar y determinar las deudas tributarias, atento haberse detectado que la contribuyente es usuaria de facturas de las firmas Marbessa Metales S.A , LPG Construcciones S.R.L y Soset S.R.L, las cuales se encuentran incluidas en la base E-apoc como usina de única actividad venta de facturas, usina empresa desactivada y sin capacidad económica, respectivamente. Que en cuanto al proveedor Marbessa Metales S.A, surge de los informes correspondientes a la inclusión en la base de datos e apoc que fue localizado quien fuera el presidente de la firma, el Sr. Lucas Jeremias Corral Bessa, en una obra en construcción, manifestó que se desempeñaba como albañil y desconocía tanto de la firma como al director suplente. Además surge de dicho informe que los pagos efectuados por todo concepto a la administración federal de ingresos públicos no poseen relación alguna con el monto de ventas declarados, que no posee bienes registrables, que no surgen consumos relevantes de ningún tipo y que posee domicilio fiscal inexistente, desconociendo en los domicilios fiscales alternativos a la firma. Asimismo, según base de datos la firma declara 2 empleados bajo relación de dependencia hasta 03/2015, no verificándose personal en periodos posteriores. Que luego de haber notificado a la firma del inicio de la fiscalización, posteriormente a haber solicitado una prórroga, se hizo presente la Sra. Tanco Maria Fernanda, DNI: 18.285.758, en su carácter de autorizada de la firma Papelera Paysandú, manifiesta que los pagos se efectuaron con cheques de terceros no pudiendo informar si corresponden a cheques propios o no de los clientes, salvo el caso de Papelera del NOA que se maneja con cheques propios.
Que en cuanto al proveedor Soset S.R.L, surge que el mismo no ha sido impugnado dado que los períodos 01/2015 a 02/2015 en los cuales se encuentran registradas las operaciones observadas a SOSET S.R.L., fue objeto de verificación en la Causa 8289/2015 Registro Fiscalnet, que tramita ante la Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario, mediante 01 1.370.683 y Resolución DV SRR1 N.º 188/2016 de fecha 11/08/2016 y que la fiscalizada procedió a rectificar las declaraciones juradas con fecha 03/2017 detrayendo los créditos de esas operaciones según consta a fojas 674 del cuerpo de IVA , no correspondió incluir nuevamente dichos ajustes.
En cuanto al proveedor LPG Construcciones S.R.L, surge que fue localizado el socio gerente Hugo Gamboa quien manifestó que solo posee documentación respaldatoria de los períodos 2013 y 2014, que denuncia que fue engañado por el abogado Pablo Diego Díaz, quien le solicitó la clave fiscal y los balances a fin de introducirlo en un negocio de construcción, que el Sr. Gamboa desconoce la facturación realizada y pone a disposición las operaciones de facturas electrónicas obtenidas en “Comprobantes en Línea” luego de haber blanqueado su clave. Que el Sr. Gamboa aportó copia de la denuncia presentada en la Mesa de Entradas de Tribunales II Fuero Penal. Asimismo la fiscalización actuante informó que las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias 2012 a 2015 fueron presentadas en cero, que no posee empleados en relación de dependencia y que no posee movimiento de acreditaciones bancarias.
Que se consultó al Departamento de Concursos y Quiebras sobre si el contribuyente registra procesos falenciales, que mediante mail, informa que la firma Papelera Paisandú S.A.I.C., no registra antecedente alguno que indique que se encuentre en estado concursal y/o falencial en la jurisdicción de CABA y Gran Buenos Aires. Que Papelera Paysandú S.A.I.C. aportó detalle de los kilos de productos terminados facturados y de las cantidades de materias primas adquiridas para su elaboración en relación a los períodos fiscales 2015 y 2016, entre las cuales se encuentran las respectivas a los proveedores observados.
Al respecto, el área fiscalizadora verificó que en el año 2015 los kilos de materias primas detalladas superan un 31,26% los kilos de productos elaborados comercializados. En el 2016 esa diferencia asciende un 41, 44%. Se constató que en el caso de impugnar las compras analizadas los márgenes de rentabilidad bruta de ambos períodos se mantendrían dentro de los índices promedio de la actividad correspondientes al ámbito de la Agencia N°12, en la cual se ubica el domicilio fiscal y comercial de la firma inspeccionada.
Al revelar las DDJJ del Impuesto a las Ganancias de dichos años fiscales se verificó que las mismas arrojaron quebrantos de $-51.746,08 y $-740.787,08, correspondientes a los períodos 2015 y 2016 respectivamente. El contribuyente aportó fotocopias de las órdenes de pago respectivas a las operaciones realizadas con Marbessa Metales y Afines S.A, detectándose que la mayoría de los pagos se realizaron con cheques de terceros. Se circularizaron las entidades bancarias intervinientes, solicitándoles copias de anverso y reverso de dichos instrumentos de pago, verificándose que ninguno de ellos fue endosado por el proveedor observado y que en algunos casos fueron cobrados por mutuales.
En razón de ello, se determinaron las liquidaciones del Impuesto a la Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado, con más intereses por el período fiscal 2015 y 2016, aquí apeladas, quedando diferida la aplicación de sanciones derivadas de dichos pronunciamientos.
Que el área Penal Tributaria dependiente de la División Jurídica de la Dirección Regional Sur mediante nota 349/2021 (STP DI SUR) manifestó que no correspondía formular denuncia a la ley 27.430 por no superar el mínimo penal del impuesto IVA 2015 $1.078.056, 38 y Ganancias 2015 $687.622,68 al haber receptado la aplicación universal del principio de la ley más benigna, a la luz de los fallos “Vidal Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción de ley 24.769” CSJN (expte CPE 601/2016/CS1) y “Palero Jorge Carlos s/ Recurso de Queja” CSJN del 23/10/2007, en función de resultar la interpretación que respeta las decisiones de política criminal y economía plasmadas en la ley. Razón por la cual dicha área entendió que correspondía proceder a la aplicación de las sanciones pertinentes que fueron oportunamente diferidas.
Por lo que la administración fiscal resolvió mediante la Resolución 287/2021 (DV SRR1) aplicar a la contribuyente Papelera Paysandú S.A.I.C una multa graduada en dos veces el monto del impuesto al Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 08/2015 a 12/2015, por hallarla incursa en la figura descripta en los artículos 46 y 47 inciso c) de la ley 11.683 (T.O en 1998 y sus modif.). Y mediante la Resolución 286/2021(DV SRR1) aplicar a la contribuyente una multa graduada en dos veces el monto del impuesto al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2015, por hallarla incursa en la figura descripta en los artículos 46 y 47 inciso c) de la ley 11.683 (T.O en 1998 y sus modif.).
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio.
Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que aquellos proveedores impugnados hayan sido los verdaderos proveedores de cartón corrugado cuyos créditos fiscales se encuentran controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Asimismo cabe dejar sentado que la recurrente debió haber probado la capacidad productiva -patrimonial y operativa- de los proveedores de cartón corrugado involucrados, como ser documentación suficiente que acredite los domicilios reales de los mismos, la existencia de mercaderías, entre otros.
Ahora bien con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que los mismos estaban autorizados para operar en el Registro Fiscal de Recicladores, reglado por la RG 2849; en modo alguno permite tener por acreditada la materialidad de las operaciones impugnadas por el Fisco Nacional respecto de los proveedores impugnados. Cabe advertir que la incorporación al mentado Registro Fiscal, no implica eximir a los integrantes del mismo de controles fiscales, pues en esa inteligencia, de comprobarse irregularidades, la AFIP, puede proceder a su exclusión, tal como aconteció con los proveedores cuestionados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
En lo que se refiere a la defensa planteada por la actora en referencia a las retenciones practicadas a los proveedores cuestionados y la utilización de correcciones simétricas, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion -en la causa ADM Argentina SA c/EN – AFIP – DGI- Resol. 24/08 25/08 (DV Dy R2) s/ Dirección General Impositiva, del 10/03/2015- ha puesto en evidencia que la existencia de retenciones practicadas no constituye un elemento capaz de acreditar la veracidad de las operaciones.
Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Al respecto, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA”, el 25/8/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo en atención a que las retenciones ingresadas constituyen un anticipo del gravamen en cabeza de su proveedor.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar la Resolución 104/2021 en cuanto determina Impuesto al Valor Agregado. Con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que, en atención al modo en que se resuelve en el Considerando VII que antecede, corresponde abocarse al tratamiento de las multas impuestas a la recurrente en el marco de los expedientes EX-2021-121108415- -APN- SGAI#TFN y EX-2021-121088431- -APN-SGAI#TFN, sanción que fuera enmarcada en los arts. 46 y 47 inciso c) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Que mediante las resoluciones 240/2021 (DV RSS1) de fecha 07/10/2021 y 104/2021 (DV RSS1) de fecha 20/05/2021 el Fisco Nacional formuló reserva, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 24.769, de la eventual instrucción de sumario para la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). No obstante la denuncia penal por el delito de evasión fiscal nunca fue formalizada por la demandada en razón de un cambio de criterio del Área Penal del organismo recaudador que, en función del fallo “VIDAL” (del 28/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia, decidió no formular finalmente la denuncia por no superar el monto mínimo establecido por la Ley 27430.
Conforme lo expuesto precedentemente corresponde señalar que a la fecha del dictado de los actos determinativos antes referenciados, ya se encontraba vigente la Ley N° 27430 (B.O. 29/12/2017) circunstancia esta que invalida la reserva legal efectuada por el juez administrativo, resultando en consecuencia nulas la resoluciones apeladas en autos por las cuales se le intenta aplicar multas a la recurrente.
Ello así atento que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificatorias) el cual dispone que “(c)uando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen...”.
En ese orden, no puede convalidarse la apertura posterior del sumario infraccional mediante el dictado de la Resolución N° 131/2021(DV SRR1) de fecha 24/06/2021 y la Resolución N° 132/2021 (DV RSS1) de fecha 24/06/2021, que concluyeron con el dictado de las Resoluciones Nros. 286/2021 (DV SRRI) y N° 287/2021 (DV SRRI), aquí apeladas. Por el contrario, no cabe más que concluir que la posterior apertura de los sumarios infraccionales, no se ajustaron a derecho, y por ende, tampoco lo fue su consecuencia, esto es, los actos administrativos sancionatorios.
En esta inteligencia, se ha sostenido que “(u)n acto administrativo resulta nulo, de nulidad absoluta e insanable cuando presenta vicios de tal entidad o gravedad que impiden la existencia de alguno de sus elementos esenciales (arts. 7, 8, 14 y 15 a contrario, Ley N° 19.549 -Adla, XXXIIB, 1752-)” (CNFed., Sala II Contencioso Administrativo, noviembre 13- 1979.-Rodríguez Blanco de Serrao c. Resolución Ministerio del Interior). Por su parte, el artículo 7 de la Ley N° 19.549 establece que son requisitos esenciales del acto administrativo entre otros, la causa: deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación: deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto.
En esa tónica, el caso traído a examen encuadra en las prescripciones del artículo 14, de la Ley Nº 19.549 que establece: “El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta. b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado”.
Cabe tener en cuenta que, por un lado, el Fisco debe propender a resguardar debidamente el derecho de defensa por ante su sede, y por otro lado, es preciso destacar que la función del Tribunal Fiscal es realizar un control de legitimidad sobre los contenidos de las resoluciones apeladas ante su instancia jurisdiccional. En casos como el de autos, el acto recurrido no contiene los elementos mínimos para que puedan ser evaluados en su legitimidad por esta instancia jurisdiccional, por lo que no corresponde ya su revocación sino decretar, directamente, la nulidad del mismo. Es en esos casos donde la doctrina de la "subsanación" aplicada por el Tribunal en distintas oportunidades siguiendo precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe encontrar su justo límite para no terminar privando de sentido a todas las garantías que, indudablemente, enmarcan el procedimiento determinativo en sede fiscal (en tal sentido, TFN, Sala “B” in re “Ledesma, Julio César”, sentencia del 28/3/04).
En esa tónica, no toda nulidad administrativa es susceptible de ser convalidada en instancias procesales sucesivas conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 205:549; 247:52; 267:393, entre otros. Algunas revisten tal entidad que resultan de imposible subsanación posterior, puesto que admitir lo contrario, importaría asumir que la Administración Fiscal se encuentra facultada a disponer de las formas y requisitos legales y procesales a su libre discrecionalidad o arbitrio, convirtiendo en letra muerta a la ley adjetiva tributaria y a las garantías constitucionales que inspiraron su dictado, conclusión que repulsa a un ordenamiento jurídico tributario donde la sumisión a la ley es un deber inexcusable impuesto tanto a los contribuyentes como a la propia Administración.
En consecuencia, corresponde reputar como nulas, de nulidad absoluta e insanable, a las Resoluciones Nros. 286/2021 (DV SRRI) y 287/2021(DV SRRI), ambas de fecha 07/10/21, apeladas en autos, con costas. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución Nº 104/2021 (DVSRRI), de fecha 20/5/2021, en cuanto determina impuesto con más intereses resarcitorios. Con costas.
2. Declarar nulas, de nulidad absoluta e insanable, a las Resoluciones Nros. 286/2021 (DV SRRI) y 287/2021(DV SRRI), ambas de fecha 07/10/21. Con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.10.17 13:07:43 ART Date: 2023.10.17 14:08:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.17 14:39:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.17 14:40:14 -03:00
Fin de la sentencia