Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.025-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada, en tanto determina impuesto y accesorios, con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 24/30vta. el Sr. Marcelo Vidal interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 46/2010 emitida por la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI que le determina la materia imponible en el impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2007, en la suma de pesos trece mil trescientos veintitrés con diecinueve centavos ($13.323,19) con más la suma de pesos seis mil novecientos diez con veintinueve centavos ($6.910,29) y le aplica una multa por la suma de pesos diez mil seiscientos cincuenta y ocho con cincuenta y cinco centavos ($10.658,55) tipificando su conducta conforme con lo establecido por el artículo 45 de la ley Nro. 11.683.
En primer lugar, plantea la nulidad de la resolución apelada en tanto ha dispuesto en el punto 5 de su parte resolutiva “la suspensión de la intimación de pago prevista en el segundo párrafo del art. 17 de la ley 11.683, en cumplimiento de la medida cautelar de no innovar de fecha 02.03.09, hasta tanto se obtenga resolución definitiva”. Frente a ello, sostiene que se establecen ciertos requisitos especiales para el acto de la determinación de oficio, cuya inobservancia acarrea la nulidad, y entiende que los citados requisitos no se encuentran cumplidos en el acto que apela. Concluye que la AFIP pretende asignar la categoría de acto administrativo a una acción híbrida no prevista por la ley, sino prohibida por ésta.
Respecto al fondo de la controversia, expone que el ajuste que practica el Fisco Nacional encuentra su origen en los ingresos que el actor percibe por su condición de Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán. Sostiene que, contrariamente a lo pretendido, se encuentra amparado por lo dispuesto en la Acordada Nro. 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara inaplicable el artículo 1, inc. a) de la ley 24.631, en cuanto deroga las exenciones del artículo 20, inciso p) de la ley 20.628 para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Explica que fueron, la ley de contabilidad Nro. 5566 primero y luego su modificatoria, la ley Nro. 6970 –ambas provinciales- las que garantizaron a los miembros del Tribunal de Cuentas la intangibilidad de sus remuneraciones al establecer que gozarán de las mismas prerrogativas que los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Pone de manifiesto que aquellas prerrogativas tienen amparo constitucional a partir de la reforma constitucional ocurrida en el año 2006, cuando se incorporan los artículos 78, 79 y 80, mediante los cuales no sólo se los equipara a los vocales de la Corte provincial, sino que, además, se les reconoce las mismas prerrogativas, incompatibilidades e inamovilidad y permanencia en los cargos, al igual de las que gozan aquellos.
Por lo merituado, asegura que la equiparación de los Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, deviene incontrovertible por ser expresión manifiesta del constituyente del año 2006 a través de los citados artículos 78, 79 y 80 de la Constitución de Tucumán. En consecuencia, sostiene que sus remuneraciones no se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias como equívocamente lo determina el organismo fiscal.
Finalmente, se opone a la multa aplicada, entendiendo que no se encuentran configurados los elementos del tipo que se le endilga.
Cita jurisprudencia, formula reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 51/58vta. la representación fiscal contesta el recurso.
Que por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas al recurrente. Acompaña los antecedentes administrativos y hace reserva de caso federal.
III. Que a fs. 71/79 la actora pone en conocimiento de este Tribunal la sentencia dictada por el Juzgado Federal de Tucumán Nro. 2, en la que se declara inaplicable al caso del Sr. Marcelo Vidal el artículo 1, inciso “a” de la ley 24.631, en cuanto deroga la exención del artículo 20, inciso “p” de la ley de impuesto a las ganancias.
Que a fs. 80 se asigna a la referida sentencia el carácter de hecho nuevo y se confiere traslado a la representación fiscal, quien lo contesta a fs. 87 e informa que el pronunciamiento no se encuentra firme. Seguidamente, a fs. 94 se libra oficio al Juzgado Federal Nro. 2 de Tucumán a los fines de que se sirva corroborar lo informado por la demandada.
Ello así, a fs. 95 se ordena agregar a los autos, la contestación del oficio en el cual se adjunta la sentencia emitida por la Cámara Federal de Tucumán, que confirma el fallo de la primera instancia, informando que el expediente se encuentra remitido al archivo, como asimismo la sentencia emitida en fecha 30 de junio por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual considera que el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional en la causa “VIDAL, Marcelo c/ Estado Nacional” - cuya denegación originó la queja de la demandada- no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la decisión que motiva los agravios, y en consecuencia, se rechaza el recurso intentado por la representación fiscal. En el mismo acto, se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “B”.
Finalmente, a fs. 105 se ponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que por cuestiones de lógica precedencia, corresponde en primer lugar dar tratamiento al planteo de nulidad incoado por el recurrente.
Se agravia en tanto entiende que el Fisco Nacional ha emitido la resolución administrativa con inobservancia de las previsiones contenidas en el artículo 17 de la ley N° 11.683, la que dispone que el acto determinativo debe intimar al pago de la deuda ajustada. Que ello no obstante, no es lo que ocurre en el caso, desde que el punto 5) de su parte resolutiva dispone suspender la referida intimación. Que es el mismo recurrente quien explica que la intimación es suspendida en virtud de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Tucumán Nro. 2, en el marco de la acción de inconstitucionalidad incoada oportunamente.
Que así las cosas, se advierte que la nulidad interpuesta carece de fundamentación y no expone en términos claros cuales son los derechos que se han visto lesionados o que ha dejado de ejercer la actora, en virtud del acto administrativo que impugna.
En oposición, se observa que la suspensión de la intimación de pago contenida en el acto, se debe al cumplimiento de la manda judicial notificada en el marco del proceso judicial en curso, consecuencia de la acción iniciada por el Sr. Vidal.
Que así ello, cabe recordar que “...la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que ‘las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)”. (vide CNACAF, “DADEA, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y Expte. N° 35.025-I 4 civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Lo cierto es que, reseñadas las constancias de la causa, no se advierte la afectación de los principios y derechos constitucionales del recurrente, debiendo por ello rechazarse el agravio de nulidad expresado. Que aun cuando el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue aquél articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual -vide petitorio del escrito de apelación- ni entendió el suscripto que hubiera que darle ese tratamiento, toda vez que se lo articuló como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual, no corresponde una imposición de costas autónoma para su rechazo.
En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “FERIOLI, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto a “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (Fallos 336:70).
V. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la procedencia del recurso interpuesto. Que como se ha reseñado, el recurrente considera que las remuneraciones que percibe como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán se encuentran exentas del impuesto a las ganancias en atención a lo resuelto por la Acordada Nro. 141/96 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que adhiere a la Acordada Nro. 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo dispuesto en la ley Nro. 6970 (B.O.TUC. 14/10/1999) y, asimismo, en virtud de lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Constitución provincial, los que le confieren las prerrogativas de inamovilidad e independencia en sus funciones, como la intangibilidad de sus remuneraciones.
Por su parte, el Fisco Nacional sostiene que, efectuada la consulta a la dependencia máxima asesora en materia legal de ese organismo, la misma dictamina que ninguno de los dos cuerpos de acordadas les confiere beneficio alguno a los miembros del Tribunal de Cuentas de Tucumán, en tanto no pertenecen al Poder Judicial.
Que tal como se encuentra delimitada la controversia, se observa que la cuestión nuclear a decidir radica en determinar si la Acordada del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación a la que adhiere la Acordada emitida por la Corte Suprema de Tucumán resulta aplicable a los miembros del Tribunal de Cuentas provincial, cargo que desempeña el recurrente y un hecho respecto del cual no existe disputa entre las partes.
En ese aspecto, cabe mencionar que con la sanción del artículo 1 inc. a) de la ley Nro. 24.631, se dispuso la derogación del inciso p) del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias, y de tal manera, quedó sin efecto la exención en el tributo de la que gozaban los jueces y funcionarios judiciales, como asimismo los miembros del Tribunales de Cuentas y de los Tribunales Fiscales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada Nro. 20/96 declarando la inaplicabilidad a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación de la norma que dispuso la derogación arriba citada. A la mencionada Acordada adhirió la Corte Suprema de Tucumán mediante la emisión de la propia Acordada Nro. 141/96, la que resulta citada por el recurrente de autos en su defensa contra la determinación de oficio en el impuesto a las ganancias que impugna, recordando que la intangibilidad de sus remuneraciones posee amparo constitucional en virtud de lo establecido en los artículos 78, 79 y 80 de la Constitución provincial, reformada en el año 2006.
Que en lo que aquí interesa, cabe referir que el Tribunal de Cuentas de Tucumán, conforme surge de la ley provincial de contabilidad Nro. 6970 (B.O TUC 14/10/1999), es una entidad autárquica en el orden administrativo y financiero que desempeña una función jurisdiccional en la órbita de la administración pública, jurisdicción que ejerce en forma plena, toda vez que no se encuentra limitado al mero examen de derecho cuya interpretación pueda hallarse controvertida, sino que su conocimiento comprende el análisis de los hechos sobre los cuales versan los actos administrativos traídos a su órbita de control. A tal efecto, el artículo 120 de la citada ley provincial dispone “El Presidente y los Vocales del Tribunal de Cuentas gozarán de las mismas prerrogativas y sus remuneraciones no podrán exceder en todo concepto a la gozan los Vocales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Es incompatible el desempeño de los cargos con el ejercicio profesional. Asimismo, se aplicarán las incompatibilidades que establecen las leyes respectivas para los Magistrados del Poder Judicial. En caso de inhabilidad, impedimento o ausencia serán reemplazados, cuando sea necesario integrar el Tribunal en la forma que se determina en la presente Ley. El Presidente deberá excusarse cuando se juzgue las rendiciones de cuentas del Tribunal.
Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán aceptar ni desempeñar comisiones o funciones públicas encomendadas por ningún otro organismo del Estado. Podrán llevar a cabo estudios e investigaciones de su especialidad como asimismo ejercer la docencia en todos sus grados.
El Tribunal podrá deliberar con la presencia del Presidente y un (1) Vocal. Sus decisiones podrán ser adoptadas con el voto de la mayoría de los miembros presentes en el acuerdo, teniendo doble voto el Presidente en caso de empate”.
A su turno, en el año 2006 se aprueba la reforma de la Constitución de Tucumán, en la cual se recepta la equiparación de los miembros del Tribunal de Cuentas a los ministros de la Corte Suprema provincial, contenida en la ley local, conforme se transcribe precedentemente. Ello así, se dispone:
Artículo 78 - “El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo y fiscalización del empleo de recursos y del patrimonio del Estado en los aspectos legales, presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales. Goza de plena independencia y autonomía funcional y de legitimación activa y pasiva en materia de su competencia. Dicta su propio reglamento de funcionamiento y de procedimientos para el ejercicio de sus facultades. Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas”.
Artículo 79 – “El Tribunal de Cuentas se integra con tres vocales con título universitario de Contador Público Nacional o de Abogado, con un mínimo de treinta y cinco años de edad, diez años de ejercicio profesional, computándose para ello tanto la actividad privada como pública, y residencia inmediata de dos años en la Provincia. Son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura por mayoría absoluta y removidos por juicio político. Gozan de las prerrogativas, remuneraciones e incompatibilidades de los miembros de la Corte Suprema. Los vocales son inamovibles y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta”.
Artículo 80 - Son sus atribuciones y deberes, sin perjuicio de los demás conferidos por ley:
1. El control preventivo de todo acto administrativo que implique empleo de fondos públicos. Cuando advierta transgresiones legales o reglamentarias deberá realizar observaciones de carácter formal oposición al acto, suspendiéndose su ejecución. El acto observado por el Tribunal de Cuentas solo podrá cumplirse mediando insistencia, por decreto firmado en acuerdo de ministros, si se tratara de un acto emitido por el Poder Ejecutivo. En los ámbitos de los poderes Legislativo y Judicial, la facultad de insistencia corresponde a sus respectivos presidentes. La observación efectuada por el Tribunal de Cuentas será informada por éste a la Legislatura. Cuando la observación emane de contados fiscales delegados, el trámite será determinado en la ley. 2°) El control de los procesos de recaudación de los recursos fiscales y del empleo de fondos públicos, cualquiera sea su origen, ingresados al presupuesto provincial o cuya ejecución esté a cargo de la Provincia.
3. El control concomitante y posterior de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas.
4. Informar a la Legislatura sobre la Cuenta General del Ejercicio que anualmente presente el Poder Ejecutivo.
5. Ejercer jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente en sede administrativa promoviendo los juicios de cuentas por falta o irregular rendición de cuentas y los juicios de responsabilidad por hechos, actos u omisiones susceptibles de ocasionar perjuicio fiscal, a fin de determinar la responsabilidad patrimonial, formular los cargos fiscales que resultaren, establecer el monto del daño al patrimonio fiscal, y aplicar las sanciones que establezca la ley. La Corte Suprema tendrá competencia originaria y exclusiva para entender la revisión judicial de los actos administrativos ejecutados de conformidad y con la aprobación del Tribunal de Cuentas”. Que de las normas constitucionales transcriptas, como asimismo lo dispuesto en la ley provincial de contabilidad emerge -más allá de las manifestaciones vertidas por el organismo fiscal- que se le ha atribuido al Tribunal de Cuentas funciones jurisdiccionales administrativas plenas, se ha resguardado y garantizado su independencia y autonomía funcional, se le asignó la tarea de evaluar técnicamente la legalidad de los actos administrativos que dispongan gastos con fondos públicos o de la aplicación concreta que de los caudales públicos hagan los tres poderes del Estado.
Que tampoco hay dudas de que las prerrogativas otorgadas a los miembros de la Corte Suprema como integrantes del Poder Judicial, son también concedidas a los Vocales que conforman el Tribunal de Cuentas.
Que en este orden del relato, es dable advertir que para la interpretación de las normas en pugna corresponde remitirse a la doctrina legal sentada por nuestro Máximo Tribunal en “SZELAGOWSKI, Ricardo C. c/ Estado Nacional-AFIP” de fecha 28/09/2010 (Fallos 333:1841) (ver también “Fernández Arias c/ Poggio” (Fallos 247:656) ratificado -en lo sustancial- en “Angel Estrada y Cía. S.A”, sentencia de fecha 05/04/2005), en la que se dijo que, más allá de la ubicación del funcionario dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, los tribunales administrativos reconocen su razón de ser y sustento constitucional en la medida en que sean creados por ley; su independencia e imparcialidad estén asegurados; el objetivo tenido en cuenta por el legislador haya sido razonable y que sus decisiones estén sujetas al control judicial amplio y suficiente.
En el referido precedente, la Corte hace hincapié en que la equiparación de aquellos funcionarios que no necesariamente forman parte del Poder Judicial radica en el carácter de las funciones que cumplen dentro del órgano jurisdiccional que integran, e interpreta que aquellas prerrogativas otorgadas no lo son en miras de la persona sino de la institución, encontrándose estrechamente vinculadas con el principio de control recíproco de los poderes, en tanto ejercen –entre otras funciones- un verdadero control de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos que llegan a su conocimiento.
Que en el caso de autos, conforme surge de las normas locales transcriptas precedentemente, el ordenamiento jurídico de la provincia de Tucumán ha previsto y amparado constitucionalmente una serie de garantías a los fines de preservar la independencia de los Vocales del Tribunal de Cuentas, teniendo presente que su órbita el control involucra los gastos públicos y la utilización de los fondos de la provincia, e inclusive su presupuesto.
Que asimismo, obra acreditado en autos que así lo ha entendido el Juzgado Federal de Tucumán Nro. 2 para el caso del recurrente (ver fs. 71/78 de autos), en el pronunciamiento recaído en la causa “VIDAL, Marcelo c/Estado Nacional s/Inconstitucionalidad”, (Expte. Nro. 5150/08), luego confirmado por la Cámara Federal de Tucumán en sentencia del 03/12/2014 (ver fs. 97/100 de autos), que declaró inaplicable al caso del Sr. Marcelo Vidal el articulo 1 inc. a) de la ley 24.631, en cuanto deroga la exención del artículo 20, inc. p) de la ley de impuesto a las ganancias, remitiéndose a los precedentes de la Corte Suprema antes citados.
El juez analiza el caso particular del Sr. Vidal y explica que la defensa sostenida por el actor en los autos radica en la índole de las tareas que tiene asignadas, en la relevancia institucional de la función que ejerce y en las garantías de independencia y estabilidad de que goza en el desempeño de aquella, lo que permitiría equipararlo, en su concepto, a un funcionario judicial en cuanto a la intangibilidad de sus remuneraciones, y que por ende, impediría que se las grave con el impuesto a las ganancias pues concurrirían a su respecto las mismas razones de raigambre constitucional que obstan a que se aplique sobre las remuneraciones que perciben los jueces.
Que precisamente, de la lectura de las normas locales que rigen la creación del Tribunal de Cuentas de Tucumán y de la figura de los Vocales que lo integran, emerge sin lugar a dudas que tienen sus retribuciones equiparadas a las del Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia, y gozan de las garantías de independencia e inamovilidad que le otorgan las normas locales en términos similares a las previstas para los jueces, asistiendo razón al planteo intentado por el recurrente en los presentes autos. En tal sentido, a criterio de esta Sala no caben dudas de que la equiparación prevista en el artículo 79 de la Constitución de Tucumán, dentro del contexto del ordenamiento jurídico provincial, supone la institución de una garantía para preservar la independencia de los Vocales del Tribunal de Cuentas, no en razón de su persona, sino en mira de la institución que ejerce una función que no puede estar sujeta a presiones externas, en orden a las responsabilidades funcionales de índole constitucional y legal asignadas a los integrantes del Tribunal de Cuentas y su íntima vinculación con el principio de control reciproco de poderes.
Que finalmente, corresponde señalar que este Tribunal Fiscal ha sentenciado casos similares, considerando que los Vocales de los Tribunales jurisdiccionales se encuentran amparados constitucionalmente en la intangibilidad de sus remuneraciones en razón de la equiparación que se realiza con respecto a los miembros de los poderes judiciales (ver “GASPARRINI, Gerardo s/ Apelación” Expte Nro. 48.779-I y acumulados, sentencia del 28/03/2022, Sala “A”, confirmada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en sentencia de fecha 06/06/2023).
Por lo merituado, corresponde revocar la resolución recurrida por encontrarse exentas del impuesto a las ganancias las remuneraciones percibidas por el Sr. Vidal en su carácter de Vocal del Tribunal de Cuentas de Tucumán.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada, en tanto determina impuesto y accesorios, con costas al Fisco Nacional. Regístrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada en el expediente papel. Date: 2023.11.14 15:33:38 ART Date: 2023.11.14 15:57:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.14 17:28:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.14 17:28:32 -03:00
Fin de la sentencia