Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 134/12 DO (DV RRMP) apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
Y
I. Que, a fs. 79/98 se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76, inciso b) de la Ley N° 11.683 (t.o. 1.998 y mod.) contra la Resolución N° 134/12 DO (DV RRMP), de fecha 25/04/2012, emanada de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos en virtud de la cual se impugno parcialmente el crédito fiscal declarado por la suma total de pesos ciento dos mil trescientos ochenta y cuatro con treinta y seis centavos ($102.384,36) con respecto al Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales: 06/06 ($816,46), 07/06 ($2.451,61), 08/06 ($2.209,54), 09/06 ($9.606,91), 10/06 ($20.614,04), 11/06 ($19.060,86), 12/06 ($46.192,86) y 01/07 ($1.432,08).
La actora afirma que en cumplimiento de su objeto social prestó servicios al vender pescado al por mayor y elaboración de productos marítimos para ser comercializados, principalmente, en el mercado interno. Indica que adquirió bienes y contrató servicios, entre otros proveedores, de los cuestionados Horacio Enrique Pezzoni y Flounder S.A., cuyas operaciones que fueron objetadas improcedentemente en cuanto a su efectiva existencia y magnitud, dando lugar a los ajustes apelados en las presentes actuaciones.
Asimismo, confirma que, a través de la 0.I. 279.334, la División Fiscalización N° 2 de la Dirección Regional Mar del Plata inicio un procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de sus obligaciones en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2004 a 05/2007, en virtud del cual se suministró la totalidad de la documentación fiscal, contable, societaria y comercial.
De este modo, dice que el cómputo del crédito fiscal depende no solo del cumplimiento de requisitos formales sino también sustanciales en cuanto se establece la existencia del hecho imponible como causa eficiente de la obligación tributaria.
En este sentido, indica que, como comprador de buena fe, recibió y pagó las facturas que incluían el gravamen a dos proveedores que consideró "legítimos", afirmando que los emisores de los comprobantes fueron verificados en todas las bases disponibles en la página Web de AFIP con respecto a su inscripción en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA, que no integren el registro de facturas apócrifas, que el CAl de las facturas recibidas de cada proveedor fuera válido y que cumplan con las disposiciones en materia de los pagos a los proveedores por las operaciones realizadas. Es decir, alega que todas las consultas arrojaron resultados favorables en cuanto a la validez de los comprobantes y la inscripción ambos proveedores y, a pesar de ello, se enteró de las supuestas anomalías más de tres años después de la realización de las operaciones al momento de ser fiscalizado por el Organismo Recaudador quien impugnó el crédito fiscal, con argumentos poco sólidos.
En esta línea argumentativa, sostiene que vendió estos bienes a su principal cliente "INSER S.A.", quien los exportó, por lo que se encuentra acreditada la real existencia de los bienes objeto de las operaciones impugnadas y esto es reconocido por la AFIP-DGI, la cual no ha objetado la deducción del gasto de estas operaciones en el Impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, con respecto al marco de aplicación de las presunciones reguladas en la Ley N° 11.683, explica que la falta de fundamentación para habilitar un proceso de determinación efectuado en base presunta pone en evidencia la ilegalidad del procedimiento. Asimismo, indica que si a partir de algunos hechos o datos que la AFIP-DGI tiene por ciertos (aun cuando algunos no lo sean) se infiere o presume que el proveedor es apócrifo y que, por lo tanto, las operaciones comerciales cuestionadas son fácticamente irreales, lo que se está haciendo es un razonamiento lógico presuncional, aunque éste no esté expresamente regulado en la ley ritual. Destaca que los códigos de actividad que figuran en las constancias de inscripción emitidas son coincidentes con los conceptos facturados. Además, indica que realizó operaciones de compra y venta conforme el giro comercial que caracteriza su objeto, sin que la existencia de dichas operaciones haya sido cuestionada cumpliendo con todos los recaudos legales exigibles en el momento de realizarse el negocio.
De este modo, alega que, en última instancia, si alguno de esos terceros no cumplió con sus obligaciones, le fue revocada posteriormente su autorización por el organismo de contralor pertinente o fue incluido más tarde dentro de la base APOC, esa responsabilidad por su eventual incumplimiento no puede serle imputada ni trasladada dado que no era su función controlar la legalidad y la validez sustancial de los documentos y demás elementos presentados por sus proveedores.
Razona que las operaciones de compra existieron y todos los comprobantes se correspondían con un código de autorización de impresión otorgado por la AFIP. Argumenta que el hecho de que dos proveedores cuestionados hubieren mudado su domicilio sin informar al Fisco o no presentaran sus declaraciones juradas, no pueden ser argumentos utilizados en su contra.
Afirma que los indicios colectados por la autoridad fiscal y su valoración, como dato suficiente para invertir la carga de la prueba en cabeza del adquirente quien, para evitar las consecuencias, debería probar que el vendedor no es falso o ficticio. Por tal motivo, resalta que es conocida la postura fiscal en orden a la insuficiencia de la facturación y las obligaciones del adquirente que se encuentra obligado a adoptar todos los recaudos para verificar su autenticidad al recibir las facturas. En tal sentido sostiene que corresponde a Fisco Nacional controlar la idoneidad del proveedor y, si el resultado es negativo, permite suponer el carácter de apócrifo de la factura. Explica que los indicios de las facturas impugnadas referidos a incumplimientos de terceros no habilitan al Fisco a presumir la existencia de una relación de connivencia con los proveedores y de maniobras organizadas tendientes a la facturación de operaciones inexistentes ya que se advierte que están centrados en la situación fiscal de los proveedores y si un proveedor cumple o no (de forma total o parcial) con sus deberes materiales y formales de índole fiscal, este extremo debiera tenerle efectos neutrales.
Informa que la página oficial de AFIP publica los contribuyentes que emiten facturas apócrifas y quien está por adquirir un producto o contratar un servicio, puede saber previamente que el organismo podrá impugnar el comprobante que está por recibir si el vendedor o proveedor se encuentra en la "base APOC". Sin embargo, opina que, a la fecha del perfeccionamiento de las operaciones ninguno de los proveedores cuestionados figuraba en dicha base la cual no ha sido creada por ninguna norma y "no existe formalmente". A su vez, describe que tampoco hay un procedimiento que indique su funcionamiento, el delito o la sanción recibida aunque figurar en la "base APOC" resulta una "condena" a no trabajar, importa una tacha social y comercial gravísima, toda vez que es el mismo organismo fiscal quien públicamente lo rotula de emisor de facturas apócrifas.
A su vez, recalca que cuando el Fisco Nacional considera que la conducta fiscal de terceros constituye un indicio que justifica la aplicación de alguna de las presunciones contenidas en el artículo 18 de la Ley N° 11.683, no es susceptible de admitir prueba en contrario, ya que si el tercero decide no brindarla tampoco puede acceder al legajo fiscal de éste ya que dicha posibilidad está vedada expresamente por el artículo 101 de la ley de rito (secreto fiscal).
Asimismo, reflexiona que el "hecho cierto" tenido en vista por el organismo recaudador (falta de presentación de la declaración jurada de un proveedor o la presentación sin movimientos) puede ser interpretado en más de un sentido para arribar a otra conclusión probable en la cual la operación existió pero no fue declarada por dicho proveedor en sus propias declaraciones juradas.
Expresa que tanto Flounder S.A. (CUIT: 30-70884979-7) como Horacio Enrique Pezzoni (CUIT: 20- 16823410-
5. se encuentran inscriptos ante la AFIP en actividades vinculadas a la pesca, por lo cual existe concordancia con los conceptos facturados por ambos proveedores impugnados.
Declara que está acreditado en las presentes actuaciones que es válido el CAl de los comprobantes recibidos, coincidiendo en todos los casos con una autorización otorgada por la AFIP y que las facturas son formalmente válidas ya que se emitieron por un sujeto que no tenía prohibición para comercializar, con el objeto de documentar operaciones efectivamente realizadas siendo válidas para computar el gasto y el crédito fiscal del IVA abonado con ellas. Analiza que la fecha de carga a la Base Apoc de Flounder S.A. es el 22/08/2008, mientras que las operaciones de compra fueron durante los años 2005 y 2006. Afirma que, en cuanto a Horacio Enrique Pezzoni, se cargó a la Base Apoc el 11/08/2008 y las operaciones de compra fueron durante el año 2006. Por otra parte, asegura que, en referencia a la supuesta "incapacidad operativa" e insolvencia de ambos proveedores, entiende que le resulta una cuestión ajena y que se debería analizar las razones por las cuales fue inscripta por el Organismo recaudador y se le autorizó a emitir facturas "A' señalando que la Administración implementó una serie de requisitos patrimoniales previos a otorgar la autorización de la emisión de este tipo de facturas. Por ello, manifiesta que para intervenir en la compraventa de pescado y sus derivados, no se necesita contar con una estructura importante y no se les puede exigir que sean propietarios de bienes registrables ni cuentas bancarias. Afirma que quien procesa y vende pescado suele incluir en el precio final del producto hasta un mes de frío. Por lo tanto, índice que quien solo lo compra para revenderlo, ni siquiera necesita preocuparse por su conservación, pues cuenta con todo ese tiempo para colocarlo en el mercado (interno o externo). Por lo expuesto, la alegada inexistencia de bienes registrables en cabeza de los proveedores nada indica. Por lo demás, estima que con respecto a que el proveedor no se encuentra inscripto como empleador, es incorrecta la presunción del organismo recaudador respecto a que el proveedor no posee empleados ya que las estadísticas nacionales indican que existeun alto porcentaje de empleados no registrados evidenciando una posibilidad no considerada por el organismo referida a que el proveedor poseía empleados sin declarar, situación que tampoco le resulta oponible.
Apoya la idea que como sujeto tributario se encuentra obligado a responder por sus propias obligaciones, no así respecto de las que con los sujetos que contrata ya que la situación fiscal de terceros, incluyendo cuestiones formales como la declaración y actualización del domicilio fiscal debe ser informada por éstos a la Administración.
Asimismo, considera que cabe agregar que la Administración pretende impugnar un proveedor en base a una investigación efectuada con anterioridad y en el marco de otra fiscalización, con lo cual la pretendida impugnación carece totalmente de fundamentación, pues sólo se remite a los datos colectados en otra fiscalización.
Advierte que los bienes fueron necesariamente entregados ya que su destino fue la exportación efectuada por la firma INSER S.A. e intervino AFIP-ANA para acreditar la salida de los bienes del territorio nacional y sumado al cumplimiento de todos los requisitos legales para la adquisición de la mercadería, estando habilitado para deducir el gasto en el Impuesto a las Ganancias, computar el crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado y solicitar su reintegro, en atención a que no existe ninguna anomalía.
Por otro lado, aduce que la falta de declaraciones juradas de Horacio Enrique Pezzoni no le resulta oponible ya que el hecho de que un sujeto en particular posea en algún período mayor movimiento que en otros, créditos similares a sus débitos o incluso mayores a éstos, no descarta la existencia de estos últimos.
Destaca que no puede alegarse válidamente que sus créditos no existen, porque el proveedor posee saldo a favor en el IVA o no presenta alguna declaración jurada en término. Por lo tanto, dice que técnicamente es posible y que sin otro dato más que un simple movimiento en los saldos declarados en el IVA, no puede sostenerse válidamente que el crédito denunciado pueda ser impugnado.
De esta forma, asevera que los proveedores cuestionados se encontraban inscriptos como contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con anterioridad a la realización de las operaciones para el ejercicio de actividades vinculadas a la de proveer productos de mar cuyo destino fue la explotación de servicios necesarios para tal fin.
Destaca que los proveedores han presentado declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado en los períodos fiscales correspondientes a las operaciones cuestionadas o en períodos anteriores a los mismos, tal lo que surge de la información recabada de las Bases de Datos del Organismo Fiscal, por montos iguales o superiores a los correspondientes a las operaciones celebradas.
Aduce que los conceptos facturados por sus proveedores permitieron proveer a la firma INSER S.A. de bienes que a su vez fueron exportados, como consta en los permisos de embarque emitidos bajo el estricto control de AFIP-ANA a la fecha de salida de los bienes del país. Asimismo, indica que la Administración impugna el crédito fiscal pero no la deducción del gasto de las facturas impugnadas, por lo que se evidencia que ha constatado la compra efectiva de los bienes cuyas facturas pretenden ser impugnadas y su integración a la estructura productiva. Asiente que es así como la propia Administración reconoce la efectiva realización de tales operaciones, su afectación a la actividad gravada y con ello la habilidad para computar el gasto en el Impuesto a las Ganancias y por ende también el cómputo de los créditos fiscales.
Indica que en todas las operaciones se practicaron las retenciones de ley y se abonaron por los medios de pago autorizados por la Ley N° 25.345 y la R.G. (AFIP) NO 1.547. A su vez, considera que la prueba abortada es suficiente para verificar que las operaciones realizadas con los proveedores impugnados fueron efectivamente realizadas resultando deducibles los gastos incurridos por dichas operaciones, lo cual es reconocido por la AFIP- DGI y resultan computables los créditos fiscales derivados de las mismas operaciones.
Manifiesta que, desde el punto de vista contable, las operaciones fueron registradas en sus libros de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Código de Comercio y constituye un medio de prueba en las relaciones entre no comerciantes. En este modo, desde el punto de vista fiscal, los créditos fiscales de dichas facturas fueron incorporados a las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado y computadas las compras y los gastos en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por tratarse de gastos necesarios para la obtención de las ganancias gravadas generados por su actividad.
Cita doctrina y jurisprudencia. A su vez, solicita prueba pericial contable. Finalmente, la actora hace reserva del caso federal.
II. Que, a fs. 109/119, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos.
Cita jurisprudencia en respaldo de su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Impugna la prueba documental del apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, a fs. 131, se abrió a prueba de la presente causa haciendo lugar parcialmente a la producción del informe pericial contable el cual se encuentra agregado a fs. 141/146vta.
A fs. 161, se clausura el período probatorio en las presentes actuaciones y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “B”.
A fs. 167/168vta se encuentra agregado el alegato producido por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso del derecho otorgado a fs. 162.
Finalmente, a fs. 171 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis.
En cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida a los proveedores que declara el recurrente, para luego emprender el análisis relativo a los mismos, teniendo en cuenta la prueba arrimada y producida y lo alegado por las partes con respecto a las múltiples irregularidades detectadas en las operaciones impugnadas con Flounder S.A. (CUIT: 30-70884979-7) y Horacio Enrique Pezzoni (CUIT:
20- 16823410-5).
De conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 1703/1708vta del cuerpo IVA de las actuaciones administrativas, cabe mencionar que a los fines de continuar con la fiscalización del crédito fiscal declarado por la actora en el período Agosto de 2005 a Mayo de 2007, se procedió a cursar requerimiento para que exhiba los libros de IVA, las facturas, notas de débito, notas de crédito o documento equivalente recibidos y/o remitidos, los recibos de pago o cancelación de las facturas recibidas y/o emitidas, contratos con terceros de cualquier índole y subdiarios de caja y bancos.
Se efectuaron tareas con la finalidad de determinar la impugnación o no de los créditos fiscales que surgen de la registración de facturas de compra con los proveedores: Flounder S.A., Horacio Enrique Pezzoni y Micamar SRL, quienes fueron incluidos en la base E-Apoc en el transcurso de la verificación a raíz de fiscalizaciones realizadas por la División Fiscalización N° 3. En este sentido, a diferencia de lo ocurrido con Horacio Enrique Pezzoni y con Flounder S.A., no se impugnaron las operaciones con Micamar SRL.
En relación al proveedor Horacio Enrique Pezzoni (CUIT N°: 20-16823410-5) cabe indicar que se encontraba inscripto ante la AFIP bajo la actividad declarada de “Pesca continental fluvial y lacustre y venta al por mayor de pescado”. Fueron remitidas circularizaciones al proveedor al domicilio fiscal y al comercial, ambos fueron devueltos por el correo con la leyenda "cerrado- ausente- se dejó aviso de visita". Se efectuaron constataciones en estos domicilios con resultados negativos ya que no pudo ser localizado. Se incluyó al proveedor en la base APOC bajo el concepto de "contribuyente sin capacidad económica" surgiendo de las bases del organismo fiscal que no posee bienes registrables excepto un vehículo modelo 1969 con un valor de compra de $1.500. Para cancelar las operaciones no se utilizaron cheques propios sino de la firma Inser S.A. Se solicitaron fotocopias de anversos y reversos de cheques surgiendo que ninguno fue cobrado por el supuesto proveedor. Se circularizó a los beneficiarios de los cheques endosados y en las respuestas se observa que en todos los casos los cheques no fueron entregados por el presunto proveedor.
Por otra parte, el proveedor Flounder S.A. (CUIT N°: N° 30-70884979-7): se encontraba inscripta ante la AFIP bajo la actividad declarada de “Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres" y "venta al por mayor de pescado". Fue remitida circularización a la firma proveedora al domicilio fiscal y comercial el que fue devuelto por el correo con la leyenda "cerrado - ausente - se dejó aviso de visita". En su domicilio se dejó constancia que no pudo ubicarse a la firma en cuestión. La empresa no posee plantas de procesamiento de pescado y no está habilitada en SENASA con lo cual no se puede justificar la venta de pescado procesado a la recurrente. La contribuyente se encuentra incluida en la base e-apoc por el concepto de contribuyente "con irregularidades en la cadena de comercialización" con fecha 13/08/2008.
Con respecto a los medios de pago mediante los cuales se cancelaron las operaciones con Flounder S.A. se adjuntaron fotocopias de los recibos y órdenes de pago. Se solicitaron fotocopias de anversos y reversos de cheques utilizados -en gran medida de la firma Inser SA- surgiendo del análisis de los mismos que únicamente fue cobrado por el supuesto proveedor un cheque ($5.000.-) en tanto, en gran parte, fueron endosados por la firma supuestamente proveedora pero no cobrados por ésta y que incluso un cheque fue cobrado directamente por la firma fiscalizada.
V. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Según lo expuesto, a juicio de este Tribunal, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto a los proveedores Flounder S.A. y Horacio Enrique Pezzoni se encuentra debidamente sustentada en la existencia concomitante de una serie de indicios graves, precisos y concordantes que llevan a presentar serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad de los proveedores declarados como quien ha concretado las operaciones de venta de bienes y servicios consignadas en las facturas.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos. En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Por tanto, debe determinarse si las probanzas aportadas por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la prestación efectiva de los servicios por parte de los proveedores impugnados y su real representación en los créditos fiscales declarados.
Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en un sinfín de argumentaciones que no hacen más que revelar su mero desacuerdo con las valoraciones realizadas por la fiscalización. Tal es así que no surgen elementos que contraríen el criterio fiscal fijado en la resolución atacada en el informe pericial contable obrante a fs. 141/146vta.
Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios (entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas...."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’ Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara nuestro más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
En efecto, independientemente de las manifestaciones con relación a INSER SA y si bien ambos proveedores cuestionados se encontraban inscriptos ante la AFIP en actividades vinculadas a la compraventa de pescados y que incluso el CAI de las facturas era correcto, existe una clara omisión de evidencias suficientes que posibiliten tener por acreditada la realidad integral de las operaciones, siendo que son palmarias las oscuridades e irregularidades que obstan irremisiblemente a reconocerles la entidad pretendida en atención a estos supuestos proveedores sin capacidad económica suficiente para justificar las operaciones en crisis.
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la existencia de tales proveedores y la participación de ellos en las operaciones cuestionadas, circunstancias que no ha demostrado al no presentar elementos de prueba que permitan evidenciar la real capacidad operativa, económica y financiera tanto de Horacio Enrique Pezzoni como de Flounder S.A.
En definitiva, en virtud de lo expuesto, al no haberse aportado elementos que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con los proveedores cuestionados no procede el cómputo de crédito fiscal. En consecuencia, cabe confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en todas sus partes en relación con el Impuesto al Valor Agregado determinado en la Resolución N°. 134/12 DO (DV RRMP). Las costas se imponen a la actora.
VI. Que, no habiendo agravios, concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE
Confirmar la Resolución N° 134/12 DO (DV RRMP) apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.04.21 09:51:11 ART Date: 2023.04.21 11:13:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.21 11:17:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.21 11:19:04 -03:00
Fin de la sentencia